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Historia

LA GUERRA CIVIL DE 1860 EN EL ESTADO DE ANTIOQUIA UN APORTE DESCRIPTIVO Y DOCUMENTAL

JONNI ALEXANDER GIRALDO JURADO

MONOGRAFÍA DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE HISTORIADOR UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS DEPARTAMENTO DE HISTORIA MEDELLIN 2003

INTRODUCCIÓN Desde varios análisis de la historia política se ha concebido que la actual violencia colombiana tiene parte de sus raíces en los conflictos suscitados en el siglo XIX, los cuales hallaron canales de expresión en las numerosas guerras civiles entre caudillos, facciones y partidos políticos en las diferentes regiones de la Confederación Granadina y al interior de cada una de ellas. Estas guerras civiles constituyeron un hito clave en el proceso de formación del Estado y de la sociedad colombiana, pues le dieron a ésta última un carácter violento el cual continúa perviviendo en nuestra sociedad como un proceso evolutivo de larga duración en la historia de Colombia. De esta forma, la resolución de los conflictos expresados en las guerras civiles no condujo a la construcción de una cultura política moderna, por el contrario se reafirmaron las prácticas políticas tradicionales basadas en las relaciones de clientela. Se puede decir que se reafirmó una mentalidad excluyente, tradicional y conservadora por parte de la clase dirigente política. Incluso en la actualidad estos comportamientos tienen vigencia y se aprecia con ello una de las continuidades históricas que – desde el siglo XIX, inclusive desde la colonia – asisten al estilo político contemporáneo de nuestro país. En Antioquia el desarrollo de estas contiendas tuvo características peculiares dado el grado de autonomía regional de las decisiones políticas y la necesidad del orden que requería el proyecto económico y político de la elite política regional. Se debe observar que el Estado de Antioquia irá a la guerra civil de 1860 – 1862 por motivos diferentes a la de los demás Estados que constituían la Confederación Granadina convirtiéndose este Estado en un aliado firme del gobierno conservador hasta el final de la guerra. Así, el Estudio de las guerras civiles en Colombia viene en aumento y vale la pena dar un aporte, desde la perspectiva regional, a dichos estudios. De ahí que el propósito general de este trabajo sea el de presentar una descripción general de una coyuntura política como fue la guerra civil de 1860 – 1862 en el Estado de Antioquia y responder a las preguntas básicas de cómo y porqué participó Antioquia en dicha guerra. Teniendo en cuenta que para la elaboración de este estudio se utilizaron fuentes de carácter oficial como la prensa, sobre todo el Boletín Oficial y algunos documentos del Archivo Histórico de Antioquia como

los informes del gobernador, además de otras fuentes, este trabajo se podría encasillar en una historia institucional, pues las fuentes así lo muestran. Pero más allá de ser una historia institucional, el trabajo trata de contraponer otras versiones de aquellas personas que eran opuestas al gobierno, las cuales tienen su punto de vista muy particular sobre la coyuntura en mención, y ese es el caso del liberal Felipe Pérez a quien se acude constantemente en este trabajo. De esta forma, este trabajo aporta en una primera instancia a darle un orden cronológico de la guerra civil sobre la cual no se poseen sino solamente descripciones muy generales que sólo tocan temas muy puntuales referidos a ese gran problema que es la guerra civil, y en una segunda instancia, este estudio pretende darle forma historiográfica a un suceso que tiene unos antecedentes, unas causas, un desarrollo y unos efectos claros tanto en la política regional como nacional. Esta aclaración hay que hacerla, pues el presente estudio adolece del tratamiento de una teoría sobre la guerra o una teoría política que ayude a la mejor compresión del problema en lo que tiene que ver con las relaciones de poder. Claro que a lo largo del trabajo se hace referencia a puntos importantes que tiene que ver con la cultura, la política, la economía y la sociedad antioqueñas. Así, la presente monografía se compone de dos partes: La primera presenta un primer capítulo en donde se muestra un balance historiográfico sobre las principales fuentes bibiográficas del siglo XIX y XX que de una u otra manera narraron la guerra civil en estudio. En el segundo capítulo se presenta un contexto nacional de la guerra, la geopolítica nacional, los antecedentes y las causas generales que desataron la confrontación en determinados espacios del territorio neogranadino. Esta parte introduce temas esenciales para entender el problema como lo es la elección presidencial de 1857 en la Confederación Granadina, la elaboración de la constitución nacional de 1858, la promulgación de las leyes reformatorias de aquella constitución de 1859 que para muchos fueron la causa principal del conflicto, y por último, el mostrar cómo y porqué se levantaron contra el gobierno nacional los primeros Estados en 1859 en respuesta a las medidas introducidas por el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez y denominadas por éstos como de intervencionismo político y militar. La segunda parte de esta monografía se compone de un tercer capítulo que presenta los antecedentes y causas de por qué el Estado de Antioquia decide participar en la guerra civil. Así, se muestra al lector un aparte sobre la aparente paz que cobijaba al Estado de Antioquia teniendo presente los testimonios de algunos liberales como Pascual Bravo, quien era opuesto al gobierno conservador de Rafael María Giraldo, el cual decía que al interior del Estado de Antioquia existían unas desigualdades sociales que no hacían de este territorio un “edén” de paz y progreso como lo sostenían reiteradamente los conservadores. También en este capítulo, se presenta un aparte sobre el debate que llevó

a la intervención de Antioquia en la guerra civil y que se denominó “la neutralidad de Antioquia”. Aquí, tanto liberales como conservadores expusieron a través de la prensa y las hojas sueltas sus opiniones políticas de conveniencia sobre sí Antioquia debía o no participar en la guerra defendiendo el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez. El cuarto capítulo se centra en mostrar el inicio y el desarrollo de la guerra en Antioquia, el cómo participaron los ejércitos antioqueños en la confrontación y por qué lo hicieron. Este capítulo es el más extenso de la monografía, pues allí se anotan todas las batallas que sostuvo la tercera división antioqueña a lo largo de la guerra tanto en el territorio antioqueño como en el Estado del Cauca. Además se muestra por dónde y cuándo penetraron los ejércitos liberales costeños del caudillo liberal Juan José Nieto al territorio antioqueño conociéndose este tipo de acciones por parte de los conservadores como “invasiones”. Pero además de mostrar los datos de las batallas y el movimiento bélico, este capítulo intenta cubrir de forma general, con datos de fuentes secundarias, el movimiento de la guerra en el ámbito nacional tratando de mantener la contextualición general del problema, destacando las medidas legislativas que adoptó el gobierno conservador al sancionar y penalizar a los rebeldes liberales, y presentando los Pactos de Unión que fueron aquellos arreglos de los liberales en unión de varios Estados de la Confederación para lograr el derrocamiento del gobierno conservador. Por último, este capítulo termina con la descripción del Pacto de la Aldea de María (cerca de Manizáles) en donde el Estado de Antioquia después de la derrota militar en Santa Bárbara de Cartago capitula en esta aldea frente a los ejércitos liberales quedando la gobernación de Antioquia en manos de Tomás Cipriano de Mosquera. El quinto capítulo habla de la post guerra en el Estado de Antioquia y de cómo el general Mosquera instaura el régimen liberal acudiendo a una serie de medidas legislativas con el fin de excluir a los conservadores, y sobre todo, castigando a la Iglesia católica por su intervención en asuntos políticos, y el llamado para reunir a una convención nacional constituyente en Ríonegro con el propósito de poner en marcha el segundo pacto de unión que pusiera en práctica los idearios liberales. El sexto y último capítulo, muestra cómo el gobierno liberal del general Mosquera, una vez instaurado en el poder el 18 de julio de 1861 en Bogotá, expide una serie medidas que ha denominado la historiografía nacional como medidas atentatorias contra la Iglesia o “cuestión religiosa”. Aquí se hace una reseña histórica de los antecedentes que llevaron a la confrontación entre la Iglesia y Estado en ésta guerra civil y cómo se plasmó toda una maquinaria política de parte del gobierno de Mosquera para desestabilizar a la Iglesia católica en Antioquia desterrando a los curas que no se sometieran a su régimen. Estas medidas, como se verá, incidirían la caída inminente del régimen mosquerista en el Estado de Antioquia.

1.

BALANCE HISTORIOGRÁFICO

Sobre la guerra civil de 1859 – 1862 se puede afirmar que no existe una amplia literatura histórica; la existente, se remite a publicaciones del siglo XIX y del siglo XX, que la narraron de manera partidista, teniendo en cuenta que algunos de sus cronistas la vivieron y construyeron de ella un punto de vista, que para la época tuvo su validez. Esa validez, la daba el hecho de la adscripción a un partido político, el conservador o el liberal. Los escritos del siglo XX relativos a dicha guerra son también muy escasos debido a que apenas se están empezando a realizar estudios específicos sobre nuestras contiendas bélicas del siglo XIX. Uno de los textos más representativos de ésta guerra es el del escritor, periodista geógrafo y político liberal Felipe Pérez, quien escribió los Anales de la revolución1. En dicha obra, publicada en 1862, Pérez muestra su versión del desarrollo de los acontecimientos de la guerra desde su génesis, es decir, analizando la política neogranadina desde la administración de Manuel María Mallarino en 1855 hasta la toma de Bogotá, capital de la Confederación Granadina, por Tomás Cipriano de Mosquera en julio de 1861. Este autor dio a la luz dicha historia, al parecer, por un deber de partido ya que quería mostrar la “verdad” de los acontecimientos e intenciones de los protagonistas de la guerra, demostrando que el único culpable de la revolución que desangró al país fue el presidente de la Confederación Mariano Ospina Rodríguez (1857 - 1861) y su círculo político conservador. En la narración de los acontecimientos, Pérez señala la continua renuencia que tuvo este partido a aceptar la instauración de la federación en la Nueva Granada, política ésta que venía siendo liderada por el ala gólgota o radical del partido liberal, es decir, “la doctrinaria”, que para los conservadores era peligrosa ya que sólo veían en ella ensayos utópicos que serían funestos para la república. Esto se muestra más claramente cuando Pérez se refiere a los preámbulos de la guerra en el Estado de Antioquia señalando que allí existían dos elementos políticos totalmente antagónicos: Uno “viejo, bárbaro, enteramente colonial, inmoral y guerrero representado por el gobernador Giraldo y su círculo sanguinario y pertinaz” y, el elemento “nuevo, civilizador, esencialmente demócrata, honrado y pacífico representado por los ciudadanos”2. En su opinión, el primer elemento lo representaban los conservadores que detentaban el poder en el Estado de Antioquia, liderado por el gobernador Rafael María Giraldo y su gabinete ejecutivo, entre quienes se encontraban el Secretario de Gobierno Demetrio Viana y

1 2

Pérez, Felipe. Anales de la revolución. Imprenta del Estado de Cundinamarca. Bogotá, 1862 Ibíd. Pp. 255 – 257

algunos individuos que empezaban a tener un protagonismo en la política regional como Marceliano Vélez y Pedro Justo Berrío. El segundo elemento es el referido a los representantes del partido liberal antioqueño, siendo uno de los principales el periodista Camilo Antonio Echeverri, el que sería el futuro gobernador del Estado después de la Convención constituiente de Ríonegro, Pascual Bravo, también el literato Juan de Dios Restrepo (Emiro Kastos), además de los diputados liberales integrantes de la legislatura provincial. Pérez hace también una crónica de la famosa Neutralidad de Antioquia, es decir, de la no-intervención inicial de esta sección de la república en la guerra, afirmando que el elemento nuevo (el liberal) hizo hasta lo imposible por prevenir de la guerra, al Estado de Antioquia y a la nación. También, se refiere a la Esponsión de Manizales (capitulación y armisticio) cuando los ejércitos conservadores antioqueños de la tercera división granadina sostuvieron y perdieron una batalla en esa ciudad con las tropas liberales o “federalistas” de Tomás Cipriano de Mosquera, gobernador del Estado del Cauca. Allí, Pérez afirma que Mosquera tuvo un acto de caridad con la nación al no hacerle un mal a la República, levantando la bandera de la paz cuando ya se veía derrotado por las tropas conservadoras antioqueñas acantonadas en Manizales. Estos aspectos son expuestos, desde la óptica liberal, por Felipe Pérez para quien el partido conservador le hizo a la república una traición al conducirla a en una terrible guerra civil. Otro de los textos destacados para el estudio de la guerra del 60 es el escrito por Ángel Cuervo Cómo

se evapora un ejército. Recuerdos personales3, editado en París en 1900. Este bello texto tiene un alto peso literario; el autor pone de manifiesto la incompetencia ejecutiva de Mariano Ospina Rodríguez para sostener las leyes de la República. Cómo se evapora un ejército es la metáfora que el autor aplica a un destacado ejército confederado de aproximadamente 6.000 hombres, el cual, para la época era casi imposible que fuese derrotado, pero las incompetencias militares, el desgano de las tropas para pelear, las agrestes condiciones geográficas de la República para movilizar los elementos de guerra y las tropas, la artillería pesada en condiciones de guerra irregular (guerrillas) son aspectos que Ángel Cuervo resalta como decisorios para la derrota conservadora. Las referencias a la guerra en el Estado de Antioquia son exiguas, pues centra su atención en la narración de los movimientos de las tropas de Mosquera para llegar a la capital de la república. La vida cotidiana en la guerra, la composición de un ejército, sus costumbrec en la guerra, la deserción y la religiosidad son puntos relevantes de este texto.

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Cuervo, Ángel. Cómo se evapora un ejército. Editorial Cosmos. Bogotá, 1953

Otra visión conservadora de la guerra del 60, está plasmada en la obra de Ectanislao Gómez Barrientos Don Mariano Ospina y su época. Páginas de historia neogranadina (1849 a fines de 1863)4 publicada en 1913. Gómez Barrientos hace una apología del presidente de la confederación Granadina Mariano Ospina Rodríguez a lo largo de su vida pública y del impacto de su administración en la guerra civil. En ella, se presenta una narración de los principales acontecimientos que se sucedieron en esta guerra en los ámbitos nacional y regional. Este autor detalla las principales batallas, pero más que eso, se detiene a hacer un bosquejo del “mal” que le produjo a la República las medidas tomadas por Mosquera con los decretos de Tuición y Desamortización de Bienes de Manos Muertas, con lo que en su opinión, dejó al país en el más completo caos, sin moral ni religión y entregado a una partida de “forajidos” revoltosos. La posición adoptada por Gómez Barrientos frente a la revolución liberal se ve reflejada en estas palabras referidas a los decretos contra la Iglesia: Sí, el general Mosquera es el editor responsable de tan inicuos decretos, esa responsabilidad debe ser compartida por todo el partido liberal, que lo apoyó para la subversión de 1860, confirmándolo en el cargo de Supremo Director de la Guerra, y en el oficio de presidente, que lo premió con grandes honores, inclusive la de gran maestre de la masonería, de que él se ufanaba5. Sin lugar a dudas, esta obra es sumamente completa porque toca aspectos políticos, sociales, culturales y económicos del período. Además, permite hacer una cronología sobre la guerra en el Estado de Antioquia. De otro lado, uno de los compendios más completos de historia política del siglo XIX fue escrito por el historiador Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia6, publicado en Bogotá (Imprenta Arboleda y Valencia) hacia el año de 1918. La reedición de esta obra fue hecha en 1990 por el Banco Central Hipotecario en doce tomos. Los últimos tres tomos muestran parte del período de nuestro interés (1860 – 1861) en donde se narran aspectos de la presidencia de Mariano Ospina Rodríguez, la administración de los Estados federales, los primeros levantamientos armados en el Estado de Santander y los inicios de la guerra civil en el país. Se relatan además, rasgos importantes del gobierno confederado, el enfrentamiento Mosquera – Ospina, el convenio o la esponsión de Manizales y sus consecuencias por no

Gómez Barrientos, Estanislao. Don Mariano Ospina y su época. Páginas de Historia neogranadina (1849 a fines de 1863). Tomo II. Imprenta de Gaceta Antioqueña. Medellín, 1915. 5 Ibíd. P. 476 6 Arboleda, Gustavo. Historia Contemporánea de Colombia. Tomos X, XI y XII. Banco Central Hipotecario. Bogotá, 1990. 4

haber sido aprobada por el presidente Ospina. Debe decirse que Gustavo Arboleda es un historiador cuidadoso, utiliza fuentes pertinentes de la época como diarios, memorias, prensa, folletos y la bibliografía existente sobre el tema hasta el momento de producción de su obra. El tratamiento dado a la narración de la guerra civil pasa por el interés de mostrar y sopesar las fuentes liberales, conservadoras y eclesiásticas, dando lugar a una compilación de acontecimientos que permiten elaborar una cronología de la guerra. Así, éste autor narra tópicos de la política antioqueña y la sintonía entre los gobiernos de Rafael María Giraldo y Mariano Ospina Rodríguez. Trata los debates sobre la neutralidad antioqueña frente a la guerra, las principales batallas que afrontó el Estado en el año de 1860 y presenta los textos completos de los tratados de paz en Manizales. Una de las fuentes más consultadas para el tema en cuestión es el Diario de la guerra civil de 1860 y

otros sucesos políticos de José María Quijano Otero. Este manuscrito “permaneció inédito en la biblioteca de la quinta de Bolívar, de donde fue rescatado por el historiador Eduardo Posada, su primera y hasta ahora única edición fue hecha por entregas en el Boletín de Historia y Antigüedades hacia 1930”7. Esta es una visión conservadora pues Quijano Otero participó en la guerra con el ejército confederado y fue hecho prisionero por Mosquera. Este diario está nutrido por las noticias que le llegan al autor a la ciudad de Bogotá un tanto retrasadas, de gran parte de la República y referidas a la guerra. Su cronología empieza el 26 de junio de 1861 y llegaban hasta el 12 de agosto de 1863, aunque también se refiere a un período de la guerra civil de 1876. El relato de Quijano Otero sobre los acontecimientos de la guerra civil es expresado de manera desconsoladora, toda vez que ve en la cabeza del gobierno (Mariano Ospina Rodríguez), la fuente inagotable de errores y desaciertos que llevaron al gobierno central y al partido conservador a la inminente derrota a manos de los liberales. Sobre el Estado de Antioquia, Quijano Otero, informa sobre los rumores de levantamiento en dicho Ectado, la victoria del ejército antioqueño en Carolina, las incursiones rebeldes de Juan José Nieto por el nordeste del Estado y las principales batallas que allí se dieron; hace por último, un balance de la derrota de la tercera división antioqueña en Santa Bárbara de Cartago. En dicho diario también muestra el autor la necesidad que tuvo Mosquera de ser reconocido como beligerante por el gobierno de Ospina y el estado de guerra civil latente que vivió la Confederación Granadina, quedando en un lamentable estado de alteración del orden público. De ahí que el mal manejo que le dio el gobierno a la guerra, sea fuertemente criticado por este autor.

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Quijano Otero, José María. Diario de la guerra civil de 1860 y otros sucesos políticos. Editorial Incunables. Bogotá, 1982.

Por la misma línea política conservadora se encuentra también la obra de José Joaquín Guerra quien fue miembro de la Academia colombiana de Historia y publicó en 1952 los Estudios históricos8 por medio del Ministerio de Educación Nacional, en cuatro volúmenes. Su recopilación va desde la disolución de la Gran Colombia pasando por la administración del 7 de marzo (gobierno de José Hilario López) y la descripción de las reformas liberales de la década del cincuenta. Sobre la guerra civil de 1860 – 1862, este autor expone un capítulo denominado “Drama sangriento y Comedia jocosa” referido a los principales acontecimientos políticos por los cuales el gobierno conservador fue víctima de una “tiranía” revolucionaria que lo dejó en el más completo caos. La lectura hecha por Guerra es bastante sintomática y da a entender con su libro que estuviera haciendo un acto de reminiscencia para con el partido conservador. Su postura es muy conservadora y, juzga directamente a los actores liberales encabezados por Mosquera, de haber lanzado al país a la guerra. Al referirse a posibles pretextos para la explosión de la guerra, dice: Causas o motivos de

verdadero peso para lanzar el país en los horrores de una revuelta, no los hubo; pretextos sí sobraron, de carácter más personal que político, y en los cuales se traslucían la ambición, el egoísmo, las pasiones exaltadas, el rencor de los que se veían excluidos de toda participación en el gobierno, o mejor dicho, en los destinos públicos9. Seguidamente, este autor se detiene en los actos legislativos que fueron piedra de escándalo en el país (ley de elecciones y ley orgánica de hacienda nacional) para afirmar que lo que hizo la revolución liberal fue simplemente violar la constitución y las leyes de la República. Este texto es muy rico en datos sobre la guerra y las disposiciones legales que se adoptaron en el conflicto bélico. Sobre Antioquia es poco lo que dice ateniéndose sólo a la Esponsión de Manizales, al decreto de sujeción del Estado de Antioquia al gobierno de los Estados Unidos de Colombia y, a algunos movimientos de la tercera división antioqueña en el Estado del Cauca. Si bien, el trabajo histórico de José Joaquín Guerra es de tendencia conservadora y muy defensiva de la figura de Mariano Ospina Rodríguez y su gobierno, cuatro años después de haberse publicado los Estudios

Históricos, el historiador payanés Antonio J. Lemos Guzmán, publicó una apología del caudillo caucano y ex presidente de la Nueva Granada, el general José María Obando, titulada Obando. De Cruzverde a

Cruzverde10. Este trabajo recibió el premio nacional “Guillermo Valencia” en 1956, del cual se tienen ya cuatro reediciones, la última realizada en 1995 por la editorial Planeta. Además de relatar los principales

Advertencia al lector. 8 Guerra, José Joaquín. Estudios Históricos. Biblioteca Popular de Cultura Colombiana. Editorial Kelly. Bogotá, 1952 9 Ibíd. P. 200 10 Lemos Guzmán, José Joaquín. Obando, de Cruzverde a Cruzverde. Colección Biblioteca Caja Agraria. Bogotá, 1978

acontecimientos de la vida histórica de Obando y su participación en el gobierno granadino, lo interesante para el estudio que nos compete es lo referido al final de la vida del caudillo cuando decide participar al lado de su más enconado enemigo, el general Tomás Cipriano de Mosquera, en la guerra civil de 1860 - 1862 defendiendo la federación a la edad de sesenta y seis años. Lemos presenta distintas versiones según las cuales se reconciliaron los dos caudillos, versiones que pasan por el apoyo que le brindó Mosquera a Obando al rechazar la dictadura del general José María Melo en 1854 cuando su gobierno fue víctima de un golpe de estado por parte de éste, y otras que pasan por la búsqueda de reconciliación entre los dos caudillos hecha por amigos de ambos, como Manuel de Jesús Quijano, Julián Trujillo, Ramón Mercado y el cura Fernando Racines en casa de Mosquera. Un obstáculo principal que tenía Mosquera para llevar a cabo su empresa revolucionaria era el general Obando, a quien logró seducir y ponerlo a su favor ya que, según Lemos, Obando “era un hombre, también fuerte, también de temperamento imperioso y de gran prestigio popular” y por eso es que Mosquera decide adherirlo a su causa. Una vez subsanadas las rencillas entra ambos, en opinión de Lemos, se dedicaron a la tarea de defender la federación que consagraba la carta constitucional de 1858. Mosquera, como gobernador del Estado del Cauca, decidió sancionar el decreto de 8 de mayo de 1860 separando esa sección del resto de la confederación Granadina, desconociendo el gobierno de Mariano Ospina por haber violado la constitución nacional, aprobando varias leyes que iban en detrimento de la soberanía de los Estados, como la de elecciones y orgánica de hacienda nacional. Lemos expone la primera jornada de armas que tuvo Obando en el sitio del Derrumbado (Estado del Cauca) el 22 de febrero de 1860, al lado del general Mosquera, enfrentando los ejércitos conservadores comandados por el intendente de hacienda nacional en el Cauca Pedro José Carrillo, saliendo este último derrotado. Luego, Obando seguiría su correría por el sur de la república controlando, para la causa de la federación, ese territorio del cual era ya “una imagen de veneración” por parte de los habitantes de Pasto y Popayán. Así, el relato de Lemos muestra cómo los ejércitos de Mosquera lograron obtener un triunfo estratégico en Manizales con la llamada esponsión, ya que después de ese tratado que no aprobó el presidente Ospina, aquel se situó en el alto Magdalena controlándolo y allanando el camino hacia la toma de la capital. Una vez Mosquera llegó al puerto de Honda, emprendió su ascenso hacia la sabana de Bogotá obteniendo un triunfo sobre las fuerzas conservadoras de Pedro Gutiérrez Lee en el campo de Subachoque o Campo Amalia, el 25 de abril de 1861. Con dicha victoria, Lemos relata que el general Obando iría hacia ese lugar a reunirse con Mosquera para desplazarse juntos a la capital. En el trayecto de La Mesa a Subachoque, Obando fue emboscado por una división del ejército conservador en Cruzverde donde cayó asesinado producto de once lanzazos que recibió en momentos en que había un armisticio entre los dos ejércitos. Los liberales relatan de

una manera trágica la muerte de Obando, y Lemos no es la excepción, al decir que éste fue ultrajado y que su cuerpo moribundo fue profanado. De esta forma, Lemos presenta una sinopsis de la efímera intervención del general Obando en la guerra civil de 1860 – 1862. La historiografía expuesta hasta el momento, muestra visiones liberales y conservadoras de la guerra que poseen una riqueza en datos e interpretaciones aún discutibles, las cuales son imprescindibles para elaborar nuestro estudio y presentar nuevas perspectivas para el análisis de la guerra. Un estudio novedoso, que se funda en nuevos presupuestos de historia social, es el del historiador inglés Roger Brew, quien presenta una tesis Doctoral en la Universidad de Oxford en el año 1971. Es inédita y reposa en la Fundación Antioqueña para los Estudios sociales (FAES). Se titula Aspectos políticos de Antioquia, 1850 – 186511, y versa específicamente en su capítulo denominado Antioquia en la guerra civil de 1860 – 1862, sobre el tema objeto de este estudio. Brew, señala que Antioquia estaba mal equipada para afrontar la guerra producto de la diferentes crisis económicas que sufrió la región en años anteriores a la guerra y, más específicamente la del año 1858. También dice el autor que los conservadores perdieron la guerra debido a la incapacidad económica de Antioquia para proveer de hombres, dinero y armas a tantos frentes a la vez, lo que estuvo asociado al bloqueo económico que sufrió la región por los ejércitos liberales en distintos puntos de sus fronteras y en los territorios tributarios del río Magdalena. Este capítulo, además de exponer algunos acontecimientos importantes durante la guerra en Antioquia, posee un especial valor por los análisis de la vida social, el reclutamiento en la geografía antioqueña, la guerra y cómo ésta afectó económicamente al Estado, a los propietarios, comerciantes y gentes del común. El reclutamiento forzoso produjo en el Estado de Antioquia una parálisis en varios sectores de la economía como la minería, el comercio de carne y la agricultura, lo que llevó, incluidas las contribuciones directas de guerra, a crear un estado alarmante de crisis económica en Antioquia. Brew se basó para este estudio sobre todo en fuentes primarias, como fondos del Archivo Histórico de Antioquia (Secretaria de Gobierno, actas de juntas y sesiones de la Asamblea, informes, municipios y empleados militares, entre otros), prensa de la época, “La Gaceta Oficial de Antioquia”, “El Boletín Oficial de Antioquia”, “El Constitucional de Antioquia”, “El Porvenir”, “El Pueblo” y “El Alcance de Medellín”, fuentes secundarias y archivos personales.

11 Brew, Roger. Aspectos Políticos de Antioquia 1860 - 1865. Tesis doctoral Universidad de Oxford 1971. Traducción provisional e interna realizada por el profesor Jaime Mondragón. Departamento de Humanidades. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Colombia (Seccional Medellín).

Dentro de esa perspectiva de historia regional, Gustavo Bell Lemos elaboró una compilación de escritos del caudillo Juan José Nieto, los cuales resultan de suma importancia para nuestro estudio. Dicho compendio titulado Juan José Nieto. Selección de textos políticos - geográficos e históricos12, es el testimonio de uno de los principales protagonistas de la guerra civil de 1859 – 1862. Juan José Nieto fue un militar ilustrado, defensor de las ideas liberales. Pues, precisamende, ese pensamiento y principio lo llevó a “Regenerar” los Estados de la costa atlántica (Bolívar y Magdalena) del gobierno conservador instaurado allí, gobierno que por demás – decía Nieto – estaba en manos de “una oligarquía que atentaba contra las garantías individuales”. En esta compilación de textos escritos por Nieto, sobre geografía e historia, hay que destacar para el objeto de nuestro estudio, el “Bosquejo Histórico de la revolución que regeneró el Estado de Bolívar” que data del año 1862. En este documento, Nieto hace un recuento de los acontecimientos y motivaciones que lo llevaron a encabezar la revolución en los Estados de Bolívar y Magdalena. Su narración muestra los inicios de cómo los conservadores se tomaron el poder político en Cartagena en 1854, hecho que llevó a los “patriotas” a emprender la posterior revolución que “regeneraría la costa” a partir de 1859. Ese momento culminante llega después que el congreso de la Nueva Granada expide en 1859, varias leyes que atentaban contra la constitución nacional, es decir, contra al pacto federal. Desde ese instante, Nieto decide emprender una campaña militar de cuatro meses y catorce días, tomándo primero el cuartel general de Cartagena el 26 de julio de 1859, para concluir con la toma de la ciudad de Barranquilla el 9 de diciembre del mismo año y la consecuente instauración del gobierno liberal en el Estado de Bolívar. Los meses siguientes serían la continua defensa de Nieto por sostener las instituciones federales, para luego marchar sobre el Estado del Magdalena en una campaña de cuatro meses que daría por resultado el derrocamiento del gobernador y general conservador, Julio Arboleda, en Santa Marta el 13 de diciembre de 1860. Este Bosquejo Histórico esta plagado de una rica información geográfica y de los principales actores que acompañaron a Nieto en su empresa regeneradora, como él la denominaba. Nieto sostuvo en su escrito que la motivación para atacar al gobierno conservador de Juan Antonio Calvo (gobernador del Estado de Bolívar) y al de Mariano Ospina Rodríguez (presidente de la confederación) era porque creía firmemente que las leyes de 1859 atacaban la soberanía de los Estados. También, Nieto relata las operaciones militares que emprendió sobre el Estado de Antioquia, enviando un batallón comandado por el coronel Ramón Santodomingo Vila. Esta campaña militar fue siempre infructuosa para la causa de Nieto, al verse siempre contenido por los ejércitos del gobernador del Estado de Antioquia Rafael María Giraldo. Por lo expuesto, el

Nieto, Juan José. Selección de textos políticos – geográficos e históricos. Selección, compilación y presentación: Gustavo Bell Lemus. Ediciones Gobernación del Atlántico (Colección Historia). Bogotá, 1993

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Bosquejo Histórico es una fuente muy pertinente, y además porque permite sopesar la versión conservadora con la liberal que Nieto presenta de la guerra civil. Por su parte, el sociólogo Orlando Fals Borda elaboró un trabajo de historia regional titulado Historia

Doble de la Costa. El presidente Nieto13, que explora los orígenes del caudillismo costeño representado en la figura de Juan José Nieto (Baranoa, 24 de junio de 1804 – Cartagena 16 de julio de 1866). Este trabajo está enmarcado dentro de la línea de historia social y regional, es de un gran aporte en el campo metodológico para nuestro estudio, ya que no solamente se trabaja aquí la historia regional, sino también, la nacional haciendo de ella una interesante contextualización del biografiado. El libro pasa por diferentes etapas de la historia colombiana en el siglo XIX; aquí nos acercaremos a lo pertinente de la guerra civil de 1860 – 1862, en donde Juan José Nieto fue protagonista principal, al encabezar la revolución liberal en el Estado de Bolívar en 1859, derrocando al entonces gobebnador conservador Juan Antonio Calvo. Fals Borda presenta una tesis de tipo económico para justificar el levantamiento armado en Cartagena el 26 de julio de 1859 contra el gobierno conservador, afirmando que la naciente burguesía de las provincias sabaneras costeñas dependientes del comercio del tabaco, fue la que impulsó a Juan José Nieto por el camino de la revolución, ya que aquella no se sentía representada por la burguesía comercial cartagenera. Esta tesis esta predeterminada por su autor quien se inspira en el materialismo histórico. Siendo precavidos con lo anterior, Fals Borda relata los principales acontecimientos de la revolución en los Estados de Bolívar y Magdalena encabezados por Nieto, y toca lo pertinente a las campañas de este caudillo contra el Estado de Antioquia en su ánimo de derrocar el gobierno conservador dirigido por el gobernador Rafael María Giraldo. Las fuentes utilizadas por este autor son una Bibliografía secundaria, fuentes primabias como las de archivos de diferentes ciudades y pueblos de la costa, prensa regional y fuentes orales de descendientes familiares directos del caudillo Nieto. Sobre uno de los actores más importantes de ésta guerra, Mariano Ospina Rodríguez, poseemos un estudio realizado por Doris Wiss De Gouzy denominado Antología del pensamiento de Mariano Ospina

Rodríguez14, editado por el Banco de la República en 1990. Wiss tuvo en cuenta los informes del presidente de la Confederación granadina al Congreso Nacional de 1860 y 1861, en los cuales éste detalla los acontecimientos de alteración del orden público que enfrentó la República en esos momentos. Explica cómo fueron, desde su punto de vista, injustificados los alegatos en contra de la reforma de una parte del 13

Fals Borda, Orlando. Historia Doble de la Costa. El presidente Nieto. Tomo II. Carlos Valencia Editores. Bogotá, 1981

articulado de la constitución de 1858. Ospina presenta en sus informes la situación de los diferentes Estados de la Confederación, los que se encontraban alterados por la rebelión y, justificaba su administración y buen proceder en la intervención para sofocar el levantamiento conservador en el Estado de Santander. Estos informes de Ospina aportan mucho al estudio de esta guerra porque muestran un panorama de la República, las diferentes incursiones armadas en el país, las leyes que se dieron hasta que Ospina fue presidente y su posición intransigente frente a la guerra. Al parecer, su visión legalista y de apego a la constitución, no lo dejó obrar de manera ecuanime, lo que le falió las críticas tanto del partido liberal como del conservador. En dichos informes existen referencias al Estado de Antioquia, el cual en opinión de Ospina, dormía el sueño de una paz que sólo se vio alterada en agosto de 1860. Informan también estos textos acerca de la neutralidad de Antioquia y del total aproximado de hombres que componían tanto la tercera división antioqueña como las tropas de Mosquera en el momento de enfrentarse en Manizales. Sobre la bibliografía contemporánea, también contamos con las Memorias de la Segunda Cátedra Anual

de Historia “Ernesto Restrepo Tirado”. Las guerras civiles desde 1830 y su proyección en el siglo XX15. Este seminario reunido en el Museo Nacional de Colombia en 1998, tuvo el propósito fundamental de presentar diferentes guerras acaecidas en el país a lo largo del siglo XIX y su impacto en los conflictos del XX, a través de artículos que muestran aspectos sociales de las mismas. Sobre la guerra de 1859 – 1862, aparece un artículo del historiador Alonso Valencia Llano denominado Tomás Cipriano De Mosquera y la guerra en el

Cauca entre 1859 y 1862. Este artículo es corto pero sustancioso. El autor da una mirada panorámica a la guerra en el Estado del Cauca siguiendo la figura de Tomás C. de Mosquera y su constante rivalidad con el presidente de la Confederación Granadina, Mariano Ospina Rodríguez, lo que a la luz de la historiografía referida por Valencia, se ve como una de las motivaciones para que la guerra estallara. Ospina no aprobaba una nueva forma de gobierno federal que extendiera la soberanía a los Estados y, más específicamente al Estado del Cauca, a donde envió agentes nacionales (Intendentes de Hacienda Nacional) hostiles a ese gobierno para limitar su autonomía presumiendo que Mosquera compondría un ejército de 3.000 hombres. Esta situación es vista por Valencia Llano como determinante para que el caudillo caucano se lanzara a la guerra, declarándola al gobierno central. La referencia hecha al Estado de Antioquia esta dada por la esponsión de Manizales, allí el autor señala que con la desaprobación de aquel tratado, el gobierno perdió 14

Wise de Gouzy, Doris. Antología del pensamiento de Mariano Ospina Rodríguez. Banco de la República. Bogotá, 1990.

Memorias de la II Cátedra Anual de Historia “Ernesto Restrepo Tirado”. Las guerras civiles desde 1830 y su proyección en el siglo XX. Museo nacional de Colombia. Bogotá, 1998

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toda posibilidad de alcanzar la paz para la República, toda vez que Ospina creía segura una victoria sobre Mosquera, animado por los triunfos conservadores en Santander (Batalla del Oratorio) y la organización de un ejército nacional comandado por Leonardo Canal para rodear y someter al Estado del Cauca. Finalmente, conocemos un trabajo de síntesis histórica, inédito, titulado Antioquia en las guerras

civiles del siglo XIX. ¿Cuál fue el comportamiento de los dirigentes antioqueños en las guerras civiles del siglo XIX? Una mirada de larga duración16, del historiador Luis Javier Ortiz Mesa. Este estudio presenta una mirada panorámica del siglo XIX antioqueño y el papel que jugó su clase política en las diferentes contiendas civiles decimonónicas. La tesis del profesor Ortiz con respecto a la dirigencia antioqueña en la guerra, es que dicho grupo adoptó una actitud política de carácter defensivo frente al continuo estado bélico de la república. Esa actitud se explica por la mentalidad pragmática que tuvieron los dirigentes antioqueños frente al conflicto, es decir, a la adopción del federalismo en su concepción práctica, implantado en el territorio antioqueño con el fin de no perjudicar la industria, el comercio, la minería, la agricultura, la ganadería y en sí, el trabajo, con lo cual se obtendría una resultante paradójica que sería un “federalismo conservador” o, sí se quiere, un conservadurismo libre cambista o progresista. Esta tesis es sustentada por el papel de “comodín” que jugó la región antioqueña para el Estado granadino a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en su rol de defensora de las instituciones y la constitución frente al ataque liberal o, en su rol conciliatorio frente a estos mismos, siempre que no estuviera en juego la economía regional, la región y la religión. Esta sería la tesis del espíritu “transaccionista” que ha expuesto tan bien la socióloga María Teresa Uribe17. Tanto liberales como conservadores eran comerciantes, hacendados mineros y hombres de industria que ponían sus énfasis en el rédito económico. Así mismo, el profesor Ortiz Mesa presenta un estado del arte de la política nacional como consecuencia de la guerra civil de 1860 – 1862 al señalar que los conservadores antioqueños por razones económicas, partidistas, religiosas y regionales respaldaron el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez en contra del caudillo Tomás Cipriano de Mosquera, quien fue el promotor y cabeza de la revolución en el ámbito nacional. Además, sostiene el autor, que esta fue la única guerra del siglo XIX en la que triunfó el bando rebelde. Comenta seguidamente, que al perder los conservadores la guerra, los liberales tomaron un botín precioso que consistía en propiedades de la iglesia, toda vez que esta institución se unió al partido conservador en una actitud defensiva frente al gobierno liberal en Antioquia, al cual derrocarían Ortiz Mesa, Luis Javier. Antioquia en las guerras civiles del siglo XIX. ¿Cuál fue el comportamiento de los dirigentes andioqueños en las guerras civiles del siglo XIX? Una mirada de larga duración. Texto que hace parte del informe que el grupo de investigación 16

“Guerras civiles, Religiones y Religiosidades en Colombia 1840 – 1902” presentó al CINDEC de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Medellín, 2001. 17 Tomado del texto: La territorialidad del conflicto y de la violencia en Antioquia.

posteriormente los conservadores liderados por una de las figuras de la política regional, Pedro Justo Berrío en 1864. Ortiz afirma que el triunfo conservador sobre el liberal en 1864 y la consecuente caída de Pascual Bravo, permitió que este partido sobreviviera “en un mar de Estados liberales” en la república. Finalmente, Ortiz presenta la vición de uno de los personajes del partido conservador, José María Quijano Otero, quien a través de un diario narró la guerra civil de 1860 - 1862, mostrando el descalabro conservador a escala nacional. Pero más allá de esto, lo que resalta Ortiz es la concepción que tenía Quijano Otero frente a los antioqueños y su política, tachándola de “egoísta” para con el partido conservador y la nación, al querer estos solamente preocuparse por su terruño. Con esto, Ortiz interpreta a Quijano Otero mostrando que en el momento que Mosquera deja encargado del poder en el Estado de Antioquia a los liberales Antonio Mendoza y Pascual Bravo, el liberalismo “se dividió aún más, mientras que el conservatismo se unificó para acceder al gobierno a través de la guerra”, es decir, se terminó imponiendo el federalismo conservador en Antioquia en medio de un gobierno liberal. Además de los estudios expuestos, existen otras fuentes que permitirán ampliar el espectro de la guerra y realizar una lectura de ella que aporte elementos nuevos para su comprensión. Las demás fuentes que se utilizarán en este estudio son, folletos misceláneos, prensa del siglo XIX, tanto oficial como de oposición, y documentos del Archivo Histórico de Antioquia del Fondo Gobernación, tales como los informes del gobernador Rafael María Giraldo a la legislatura provincial.

2. ANTECEDENTES, MOTIVACIONES Y RAZONES DE LA GUERRA CIVIL 2.1 La elección presidencial para el período 1857 – 1861 La guerra civil de 1860 – 1862 en la Confederación Granadina fue la tercera en número de muertos del siglo XIX que produjo un total aproximado de 6.000, después de la guerra de 1876 – 1877 que arrojó 9.000 muertos y la guerra de los Mil Días con un saldo aproximado de 80.00018. Dicha confrontación fue caracterizada por la historiografía de la época como una lucha frontal entre liberales y conservadores; los Deas y Gaitán Daza, Malcolm, y Fernando. Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia. Fondo financiero de proyectos de Desarrollo y Departamento Nacional de Planeación. Tercer Mundo Editores. Santa Fe de Bogotá, 1995. Pp. 201

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primeros buscaron imponer una forma de gobierno que le permitiera a la república tener una política moderna con autonomía de los Estados y una descentralización administrativa del poder central; los segundos querían mantener una forma de gobierno centralista con tópicos federales, con excepciones como el caso antioqueño. Las causas principales de ésta confrontación bélica han sido reducidas, en términos generales, a factores políticos. Dos son las tendencias predominantes para explicar la guerra: La primera es la que hace de ella la historiografía conservadora para la cual “la ambición de poder” que tenía el caudillo y general del Estado del Cauca Tomás Cipriano de Mosquera, lanzó la república entera en una guerra sin precedentes para obtener el poder político e imponer un gobierno lleno de utopías y ensayos del sistema liberal representado en la federación y la soberanía de los Estados. Los conservadores creyeron ver en el general Mosquera un personaje resentido con “la clase política” al no poder acceder por la vía del sufragio popular a la presidencia de la Confederación Granadina para el período 1857 – 1861, desatando la guerra civil en una clara desobediencia de la constitución y las leyes de 1859. La otra explicación, la sostienen historiógrafos liberales al señalar que el principal promotor y revolucionario fue el presidente de la Confederación, el conservador Mariano Ospina Rodríguez (1857 – 1861), quien siempre estuvo en contra de la instauración de la federación plena en la república, aunque esta estuviera de cierto modo consagrada en la constitución nacional de 1858, constitución que por lo demás, fue conculcada (violada) – decían los liberales – por el presidente Ospina al expedir las leyes de 1859: Sobre elecciones, orgánica de hacienda nacional y otras más que atentaban flagrantemente contra la autonomía de los Estados federales. Este fue el argumento y razón por el cual los liberales no tuvieron, según ellos, otra salida que entrar en guerra civil contra el gobierno de Ospina al ver que éste era intransigente en materia política y que pretendía a toda costa desprestigiar a los liberales con una fallida federación inapropiada para el país. De acuerdo a la primera explicación que hace de la guerra civil la historiografía conservadora19, la primera causa fueron las elecciones presidenciales para el período 1857 – 1861 en donde la “culpa” recae en un individuo único, responsable y movido por pasiones personales: la persona de Tomás Cipriano de Mosquera como único responsable de promover la guerra, “movido por su ambición de poder”. El resultado de esa elección fue desfavorable para Mosquera, quien representaba una candidatura mixta del “Partido Nacional”; obtuvo un total de 32.000 votos, superado por los 82.000 votos del candidato liberal, Manuel Murillo Toro, quien a su vez perdió la presidencia de la Confederación con el candidato conservador Mariano

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Especialmente las obras ya citadas de Estanislao Gómez Barrientos, Ángel Cuervo y, José Joaquín Guerra.

Ospina Rodríguez – a la postre presidente de la Confederación Granadina –, quien obtuvo 92.000 votos20. Esta elección presidencial marcó en Mosquera un posible resentimiento con el gobierno de Ospina, según los conservadores, una de las razones que lo llevaría posteriormente a atacarlo. Cabe decir, que en materia de elecciones presidenciales en la Nueva Granada, estas siempre tuvieron una gran intensidad o de violencia política provocadora de desordenes que dejaría el camino preparado para posteriores guerras civiles entre los partidos liberal y conservador. Según la tesis de Eduardo Posada Carbó, quien analizó las elecciones presidenciales de 1875, afirmaba que “después de todo, la intensidad del proceso electoral, en una lucha larga y duramente disputada que exaltaba los sentimientos partidistas, la que conducía a confrontaciones violentas”21. El trabajo de Posada Carbó intenta aportar al descuidado campo de la historia electoral del país, un elemento analítico como el de “elecciones y violencia” mostrando que las contiendas electorales culminaban, en la mayoría de los casos, en conflictos de orden público o, si se quiere, en guerras civiles, llegando a establecerse una relación directa entre confrontaciones civiles y procesos electorales. Sí bien es cierto, que una vez realizada la elección presidencial de 1857 no se desató la guerra civil inmediatamente, si hubo intentonas revolucionarias posteriores en Estados federales como los de Magdalena y Santander en 1859. Estas elecciones fueron vistas por algunos conservadores letrados como Estanislao Gómez Barrientos, José Joaquín Guerra y Ángel Cuervo, como el principio de todo desorden para que luego fuera se desatara la guerra. Señalaban que el deseo de poder y de lucro era la firme intención del candidato “independiente” (Mosquera), a quien ninguno de los dos partidos aceptó en sus filas, sobre todo el concervador, el cual, mediante la celebración de una junta privada de diputados realizada el día 20 de febrero de 1856 en Bogotá, eligió como su candidato para la presidencia a Mariano Ospina Rodríguez. Así, Mosquera “descontento de que la junta de Senadores y Representantes conservadores no le hubiese dado la prioridad, hizo proclamar su candidatura por algunas personas a quienes denominó ‘Partido Nacional’”22. Gómez Barrientos corroborando la anterior afirmación, citaba una carta de José María Plata dirigida al doctor Rito Antonio Martínez, en la cual el destacado representante liberal manifestaba que: Valencia Llano, Alonso. Tomás Cipriano De Mosquera y la guerra en el Cauca entre 1859 – 1862 en: Memorias de la II Cátedra Anual de Historia “Ernesto Restrepo Tirado”. Las guerras civiles desde 1830 y su proyección en el siglo XX. Museo nacional de 20

Colombia. Bogotá, 1998. pp. 94. Los resultados de Ángel Cuervo son: Por Ospina 96.600, por Murillo 79.400 y, por Mosquera 32.700, mientras que Estanislao Gómez Barrientos da otras cifras cercanas: 96.735 votos por Mariano Ospina Rodríguez, 79.411 votos por Manuel Murillo Toro y, 32.713 votos por Tomás Cipriano de Mosquera. 21 Posada Carbó, Eduardo. Elecciones y guerras civiles en la Colombia del siglo XIX: La campaña presidencial de 1875 en: Revista Historia y Sociedad. No 4. Universidad Nacional (seccional Medellín). Medellín, diciembre de 1997. P. 91. 22 Estanislao Gómez B. Op. Cit. P. 263

Para considerar a Mosquera excluido de la elección me fundo en que los dos grandes partidos del país están contra él y en favor del respectivo candidato que han preconizado. Mosquera sí hubiera sido más moderado en su conducta, si hubiera tenido principios e ideas conocidos, y no hubiese reducido toda su vida pública de 1854 para acá, a ganar votos, y nada más, podía haber contado con el sufragio de un gran número de personas que quieren libertad juntamente con la seguridad y el orden, y que forman la gran mayoría en cada uno de los dos partidos; pero Mosquera ha dejado de dar seguridad a todos y no tiene la confianza de ninguno23 Por su parte, José Joaquín Guerra retrataba así las elecciones presidenciales y la división del partido conservador: Merced a esa política de moderación, y que hoy se llama de “abstención al gobierno”, pudieron verificarse libremente las elecciones de 1857, no obstante que el ensayo del sufragio universal hubiera podido producir naturales trastornos. Así lo reconocen también los escritores liberales que presenciaron después vergonzosos desmanes de sus mismos copartidarios. Los conservadores se dividieron, como acostumbraban a hacerlo cuando están en el poder: Unos, la gran mayoría, lanzaron la candidatura de Don Mariano Ospina; otros, en número no muy crecido, la del general Tomás Cipriano de Mosquera, que aunque conservador entonces de indiscutibles méritos, trataba de formar un tercer partido de miras modernas, sin extremos banderizos, el Partido Nacional. Los liberales votaron en masa por el doctor Manuel Murillo, apóstol de las más exageradas ideas, cuyo nombre había vuelto a adquirir popularidad entre la fogosa juventud, no obstante sus fracasos en la administración del 7 de marzo, de que había sido nervio y cerebro. En completa calma y por número superior de votos que hasta los adversarios reconocieron como auténticos, triunfó el candidato de la mayoría conservadora.24 Ángel Cuervo confirmaba el resentimiento de Mosquera una vez excluido de la colectividad conservadora que no lo quiso nombrar como candidato de ese partido señalando su recelo por el señor Ospina Rodríguez. “El estado de ánimo” de Mosquera lo expuso así Cuervo: “[...] A levantar su carácter en aquellos días tristes ayudó también el despecho de ver a Don Mariano Ospina en un puesto que creía él pertenecerle, y el odio tremendo que le inspiraba; y como las pasiones se acumulaban en él con tremenda fuerza galvánica fue tiempo adelante nuevo y poderoso aguijón para sobreponerse a todo y a todos”25. Cabe Ibíd. P. 266 Guerra, José Joaquín. Op. Cit. Pp. 193 25 citado en Estanislao Gómez Barrientos. P. 268 23 24

decir que la historiografía citada en este estudio esta matizada por una alta carga de contenidos y afirmaciones moralizantes como “pasiones”, “recelos”, “odios”, “ambición de poder”, “estado de ánimo”, “fracasos”, etc., en donde las explicaciones de los problemas políticos están mediados por causales de tipo personal y moral y no por las que uno pudiera enunciar como causales de fondo, es decir, aquellas en donde se muestre un problema de corte político, social, económico y cultural. Por ejemplo, el historiador Germán Colmenares dice que Las evaluaciones más sistemáticas de esta historiografía tienden a poner de relieve aspectos puramente circunstanciales de su construcción. Aunque ninguna historiografía, sea cual fuere el continente o país, puede defenderse siempre de la sospecha de que sus temas centrales estuvieron inspirados por el deseo de pronunciarse en un torbellino de circunstancias locales y pasajeras, la acusación de un marcado subjetivismo parece ajustarse de manera más protuberante a la historiografía latinoamericana. Algunos ven en ella una representación nacional recortada, pues constituía exclusivamente la expresión de los puntos de vista de una elite restringida. A tan esencial limitación se agregan otras que van estrechando más y más la intención original de los historiadores hispanoamericanos del siglo XIX. Por ejemplo, estos habrían abogado por la ideología política de un grupo, cuando no exhibían justificaciones más mezquinas, de tipo familiar o personal26. Así se caracterizó la historiografía decimonónica hispanoamericana la cual era escrita por hombres, que si bien eran muy ilustrados, a la vez eran hombres representantes de una elite política en donde su único interés era servir a la propaganda de su partido político o clase social. Sobre esta falta de “profundidad” en los análisis de contexto de la historiografía del siglo XIX, Colmenares analiza la marcada línea que caracterizó esta historiografía que a todas luces siempre se basó en incorporar los modelos de análisis europeos (liberal o conservador) del momento, adecuándolos a las circunstancias de una cultura tan particular como la hispanoamericana. Eran las convenciones ideológicas impuestas desde Europa, las que incorporaban los letrados hispanoamericanos para hacer sus análisis de la historia, yuxtaponiendo esos modelos a las condiciones de contexto tan particular de cada país. Esto afirma Colmenares: Los historiadores hispanoamericanos del siglo XIX emplearon las convenciones que dominaban entonces en la historiografía europea. Dichas convenciones se originaban en una renovación de las formas de representación frente a la ilustración y al neoclasismo, y traducían, como retórica, un contexto ideológico 26

Colmenares, Germán. Las convenciones contra la cultura. Ensayos sobre historiografía hispanoamericana del siglo XIX. Tercer

y cultural europeo. Por esto la recepción de tales convenciones propone dos problemas. Uno, su análisis como formas particulares de figuración de la realidad. Otro, el de un posible conflicto entre convenciones destinadas a representar una realidad cultural extraña, de la cual hacían parte, y la realidad específica de hispanoamérica. El riesgo de emplearlas consistía en que las convenciones se revelaran más fuertes que la realidad que debían transmitir, que los esquemas figurativos o los patrones de una narrativa distorsionaran realidades sociales y culturales que requerían un desplazamiento de esas convenciones para su comprensión27. Esta aclaración vale hacerla teniendo en cuenta que este trabajo está sustentado en fuentes de este corte partidista, y las causas de la guerra que exponen historiógrafos como Felipe Pérez y Estanislao Gómez Barrientos, no dicen la “verdad” de fondo, y se ve más una imposición de querer mostrar razones de tipo personal y moral que de fondo, pues a lo largo de esta monografía se verá la polaridad política y la continua desligitimación mutua de los bandos en guerra, además de mostrar no sólo las causas morales y de tipo personal, sino también, las de tipo político esencialmente. Siguiendo con el relato, cabe decir que Mosquera tuvo una larga trayectoria con tendencias y grupos de lo que más tarde se conformaría el conservatismo, siendo éste presidente de la República de 1845 a 1849, cuando después de ayudar a los protoconservadores a sofocar la rebelión de los supremos, adquirió un prestigio bajo aquellas banderas. Esto afirmaba Cuervo: Don Mariano Ospina era sin duda el representante más caracterizado de los principios conservadores y dignos de tal cargo por sus virtudes cívicas, los altos destinos que había desempeñado y su claro y cultivadísimo talento. Don Manuel Murillo, alma de la administración del 7 de marzo, campeón de las ideas ultraliberales que sostenía con intransigencia en la tribuna y en la prensa, estaba llamado a representar a sus copartidarios; y en fin, El general Tomás Cipriano de Mosquera, que no pudiendo tolerar que los conservadores no lo designasen a él, lo hizo por su cuenta, apoyado en individuos que no tenían bandera política definida o se dejaban alucinar con lo mucho que les prometía de progreso y engrandecimiento nacional...28

Mundo Editores. Santafé de Bogotá, 1997 27 Ibíd. P. 21 (introducción) 28 Cuervo, Ángel. Op. Cit. P. 41

Aquí, Ángel Cuervo ensalza a Ospina, se opone a Murillo como representante del partido liberal “utópico” y termina descalificando a Mosquera como un simple ambicioso del poder que no alcanzó por la vía de una convención nacional conservadora. Es del caso señalar que Mosquera después de haber perdido las elecciones fue designado presidente del Congreso, Gobernador del Estado del Cauca y, posteriormente, bajo las banderas liberales, comenzó una oposición sistemática contra el gobierno de Ospina. Era tanta la animadversión que producía el general Mosquera en una buena parte de los conservadores, que no dudaban en afirmar que el último interés con respecto a la nación que movía al caudillo caucano era el “deseo” y “ambición” de partido para obtener el poder político. Estos eran los calificativos moralizantes, recursos e instrumentos de los partidos en contienda para deslegitimar al opositor ante la opinión pública nacional. El 1° de abril de 1857 se inicia la administración de Mariano Ospina Rodríguez con un programa político acorde con su pensamiento conservador en donde daba preeminencia al fortalecimiento de las leyes, como al poder central y del poder ejecutivo; a la sana moral representada en una educación regentada por los jesuitas y al orden en todas las esferas de la sociedad. Su programa político consistía en “Orden sin despotismo, libertad sin desenfreno, ilustración sin impiedad y progreso sin utopías ni engaño. [...] En moral, trabajo e ilustración; en religión, el evangelio; en política, leyes que, consultando las costumbres, la riqueza y la civilización del país, tengan por base la conveniencia real y positiva del pueblo. Recta administración de justicia, economía en los gastos, fuerza y energía en la autoridad para cumplir y hace cumplir la constitución y las leyes... ”29. Su programa político era bastante ortodoxo de acuerdo a la doctrina conservadora y en contra vía de los avances que habían logrado las reformas liberales de mediados de siglo, en donde Mosquera fue partícipe siendo presidente de la República entre 1845 y 1849.

2.2. La Constitución de 1858 La constitución de 1858 fue el resultado del proceso que se venía gestando en los dos partidos políticos con sus propuestas federativas las cuales empezaron a dar sus primeros frutos con la creación, el 27 de febrero de 1855, del Estado de Panamá por un acto adicional a la constitución de 1853; luego, en 1856, con la creación del Estado de Antioquia “por medio de una ley basada en un acto adicional a la 29

Guerra, José Joaquín. Op. Cit. P. 194

constitución (ley del 11 de junio de 1856), y, posteriormente, con la creación en 1857 de los Estados de Boyacá, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Magdalena y Santander. Con esta división político administrativa de la República, la constitución de 1858 proclamó la denominada Confederación Granadina, que sería la consumación del ideario liberal en lo referente a la descentralización administrativa. Esta constitución tenía unas orientaciones consistentes en mantener la autonomía de cada una de las regiones mediante un sistema federal, realidad construida en buena parte del territorio y, la adopción de un cuerpo heterogéneo para gobernar el país que reflejara la conjunción de ideas entre los partidos liberal y conservador. Una vez sancionada la nueva carta política, el presidente del Senado de la República, Tomás Cipriano de Mosquera, y don Juan Antonio Marroquín, Presidente de la Cámara de Representantes, procedió a firmar la puesta en vigencia de la constitución con una alocución alegórica a la libertad y la federación. Esto expresaban: Hoy termina la revolución iniciada el 20 de julio de 1810: Han triunfado por fin vuestras virtudes cívicas. La federación está constituida. El pueblo que nos mandó a perfeccionar la organización federal de la República juzgará sí sus delegados han cumplido con su misión. La discusión de este espacio sagrado ha sido detenida y animada, y al fin sancionada en el Congreso la Constitución de 1858 con el aplauso de todos los Senadores y Representantes. Se han conciliado todas las opiniones, y desde hoy tenéis, conciudadanos, el vínculo de unión que hará la felicidad de la Confederación. Bogotá, 22 de mayo de 1858.30 Según Felipe Pérez – liberal radical y defensor del federalismo –, el congreso que expidió la constitución federal era de mayoría conservadora, pero esa propuesta política (el federalismo) fue pedida y aceptada por los bandos políticos, ya que era un “clamor nacional”31. Por eso, los liberales y, en especial Pérez – que según palabras de otro relator y testigo presencial de la guerra, el conservador José María Quijano Otero, decía que aquél fue “el historiador asalariado del régimen de Mosquera” – señalaba que la única ligazón existente entre el Estado central y los recién constituidos Estados Federales eran las leyes relativas a: relaciones exteriores, organización y servicio del ejército permanente, crédito nacional, extranjeros, rentas y gastos, uso del pabellón y escudo de armas de la república, tierras baldías y, las normas atinentes sobre pesos, pesas y medidas oficiales; lo demás, era de competencia exclusiva de los Estados federales en donde el gobierno central no debía intervenir, toda vez que cada uno de estos se regía 30

Ibíd. Pp. 195 – 196

por una constitución particular que les otorgaba autonomía sobre el poder central. De esta forma, Pérez señalaba como prohibiciones de los Estados federales el vender mercancías a países extranjeros, fomento de la esclavitud, intervención en religión, impedimento del comercio de armas y municiones, adopción de contribuciones al comercio exterior, imposición de deberes a funcionarios públicos nacionales y gravámenes tributarios a los efectos y propiedades de la confederación, entre los más importantes. Y, mostraba las obligaciones comunes entre ambos, las cuales se reducían al fomento de la instrucción pública, el servicio de correos, la concesión de privilegios para la apertura del libre cambio y las mejoras de la infraestructura vial de la nación32. Según lo anterior, los liberales veían en la federación el ideario de la libertad, alcanzado por una sociedad que vivió siempre a la sombra de gobiernos arbitrarios y tiránicos como los conservadores, representados más explícitamente, en el “régimen de doce años” que comprendió las administraciones de José Ignacio de Márquez (1837 – 1841), Pedro Alcántara Herrán (1841 – 1845) y Tomás Cipriano de Mosquera (1845 – 1849). Por ello, teniendo presente las obligaciones y prohibiciones de los Estados federales con respecto al poder central que presentaba Felipe Pérez, el régimen federal se enmarcaba en la teoría expuesta por uno de los liberales franceses más representativos del siglo XIX como lo fue Pierre J. Proudhon. Este filósofo definía el federalismo en el marco de un Estado moderno liberal en el que “lo que constituye la esencia y el carácter del contrato federativo, es que en este sistema los contrayentes – jefes de familia, municipios, cantones, provincias o Estados – no sólo no se obligan sinalagmáticamente (bilateralmente) y conmutativamente, los unos para con los otros, sino que también se reservan individualmente al celebrar el pacto, más derechos, más libertad, más autoridad, más propiedad de la que ceden”33. Sostenía este autor además, que el pacto federal era una oposición a cualquier tipo de gobierno o régimen que se parezca a una monarquía o Estado dictatorial: “[...] el sistema federativo es el opuesto al de jerarquía o centralización administrativa o gubernamental, por el que se distinguen Ex Aequo las democracias imperiales, las monarquías constitucionales y las republicanas unitarias. En la federación los atributos de la autoridad central se especializan y se restringen, disminuyen en número, obran de una manera menos inmediata; son, sí puedo atreverme a hablar así, menos intensos a medida que la confederación se va desarrollando por medio de la accesión de nuevos Estados”34. No cabe duda que Pérez y los liberales

Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 10 Ibíd. P. 19 33 Proudhon, Pierre J. El principio federativo. Editorial Sarpe. Madrid, 1995. P. 90 34 Ibíd. Pp. 93 - 94. 31 32

doctrinarios o gólgotas conocían esta teoría, la cual adoptaron en la Nueva Granada. Estos la ejecutaron en la constitución del 22 de mayo de 1858 al pié de la letra, o por lo menos así parece, la teoría expuesta por Proudhon en la idea de la autonomía Estatal sin interferencia del Estado central. Los conservadores por el contrario, aunque firmaron la constitución, más luego optaron por ponerle cortapisas a una oleada federal sin restricciones para fortalecer el gobierno central, apelaron igualmente al statu quo manifestando que esas ideas liberales iban en contra del Estado fuerte y centralizado, de ahí, la polarización política entre los dos bandos políticos. Los liberales por defender e imponer la federación plasmada en la constitución, teniendo Estados federales soberanos, sin intervención del gobierno central dentro y entre ellos; y los conservadores defensores del gobierno Ospina por reformar la carta federal de 1858 con leyes fuertes de intervención en 1859. Aunque hay que decir que dentro del partido conservador existían adeptos por el sistema federal tal como ocurrió con la región antioqueña, donde se impuso en su territorio, después de acabada la guerra civil, un federalismo conservador. Sobre el sistema de gobierno federal, el historiador Gustavo Arboleda comentaba como lo entendía el general Mosquera, cómo se entendió en los Estados Unidos de Norteamérica, y de qué manera se constituyó en nuestro caso, con lo cual se puede percibir sus diferencias y desajustes cuando se aplican a distintas realidades. En su concepto, la ejecución de esta forma de gobierno no se realizó enteramente como la doctrina norteamericana lo planteaba. De las peculiaridades de la Colombia de entonces, Gustavo Arboleda decía: La teoría del gobierno federal, tal como la comprende y explica el ciudadano general Mosquera no es nueva en él. Desde enero de 1856 que subíamos juntos el Magdalena en vía para el Congreso de aquél año, tuvimos la ocasión de combatir la errónea idea de que la forma federal entre nosotros pudiera recibir el mismo movimiento de la fundada por los Estados del Norte de América en 1778. Allí, le decíamos, la federación subió del Estado para el gobierno general: Entre nosotros bajará del gobierno general para el Estado. Allá fueron soberanías que se unieron y constituyeron una gran soberanía central; acá es la soberanía central que se divide en ocho porciones territoriales, a las que entrega parte de su soberanía; allá pudieron llamarse estados soberanos e independientes, porque dieron a la Unión toda la soberanía que tiene; acá no pueden llamarse tales, sino en tanto que la Confederación les reconozca terminantemente la soberanía que quiso darles. Allá los Estados fueron PADRES de la Confederación; acá son HIJOS de ella. 35 35

Arboleda, Gustavo. Op. Cit. P. 52

La federación en Colombia obedecía más a una moda, o sí se quiere, a esas convenciones ideológicas impuestas de las que habla Germán Colmenares en donde los representantes del liberalismo, en este caso el general Mosquera, quería imponer un sistema de gobierno tal cual como se había establecido en el país del norte, pero que por su naturaleza histórica en la Confederación Granadina era muy difícil de establecerse, pues la tradición de los gobiernos conservadores le apostó siempre a la unidad de una república, a sí fuera ésta tuviera un alto peso de las regiones. Más adelante se verá que tanto conservadores como liberales al adoptar un sistema federal el cual implica un gobierno liberal, en el sentido estricto de la palabra, adoptó un federalismo con un poder de control del gobierno central sobre los diferentes Estados. Esto pasaría en la guerra civil de 1860 – 1862, y en el período de los diferentes gobiernos liberales entre 1863 y 1886, lo que produciría una serie de revueltas civiles. El debate sobre la soberanía de los Estados fue el arma que utilizaron siempre tanto liberales como conservadores, de acuerdo a quien estuviera ejerciendo el poder y sometiendo a los demás. De esta forma, la cita de Gustavo Arboleda es bastante explícita para manifestar que la adopción de la federación por parte de Mosquera obedecía más al que él tenía por la constitución y las leyes de la república plasmadas en la carta de 1858 que le daba el carácter de federal al territorio granadino y que, según él y los demás Estados liberales (Bolívar, Santander, Magdalena y Cauca) el presidente Mariano Ospina Rodríguez violó flagrante y directamente. Mosquera fue siempre de una tradición militar desde las guerras de independencia, oscilando su posición política entre conservadores y liberales. Para ese momento (el de la guerra civil) él no pertenecía ni al bando del conservatismo ni al del liberalismo gólgota o radical (doctrinario), era, si se puede decir, un draconiano, es decir, simpatizante de las ideas liberales pero con una raigambre militar. Al abrazar Mosquera la causa del federalismo (Estado moderno y liberal) fue más un producto, según expresaban los liberales, de la intromisión que hizo el gobierno central en el Estado federal del Cauca por él regentado, que violaba el pacto federal. 2.3. Las controvertidas leyes de 1859 No alcanzaba a cumplirse un año de la puesta en acción de la constitución nacional que hasta ese momento mantenía una “cierta” concordia entre los partidos políticos, cuando el congreso granadino, de mayoría conservadora, y presidido en ambas cámaras por individuos de esa colectividad, como Julio

Arboleda (Senado) y Joaquín Posada Gutiérrez (Cámara de Representantes), expidió varias leyes con la sanción del presidente de la república, Mariano Ospina Rodríguez, que suscitaron reacciones del partido liberal. Tales leyes, según argumentaba dicho partido, atentaban contra la soberanía y autonomía de los Estados de la Confederación y no respetaban el pacto federal plasmado en la constitución de 1858, ya que permitían la intervención del gobierno central en los gobiernos de cada uno de los Estados. Este hecho fue el detonante principal, o “chispa incendiaria” para que se desatara la guerra civil, toda vez que a esas leyes se opusieron seis de los ocho Estados granadinos: Magdalena, Bolívar, Santander, Cauca y Panamá, todos ellos de filiación liberal, quienes pedían la derogatoria de las leyes, y el Estado de Antioquia, si bien era presidido por los conservadores, pedía una reforma de las mismas. Los Estados de Boyacá y Cundinamarca defendían la política conservadora del presidente Ospina, convirtiéndose estas dos secciones en los bastiones del gobierno. Las leyes motivo de discordia fueron: •

La del 23 de febrero de 1859 sobre fuerza pública nacional para el próximo año

económico. •

La del 28 de marzo de 1859: Que mandaba a pagar cierta deuda a Julio Arboleda.

La del 8 de abril de 1859 sobre elecciones.

La del 30 de abril de 1859 que prorrogaba el término de las leyes de presupuesto y de pié

de fuerza para el caso de reunirse el congreso. •

La del 10 de mayo de 1859 que organizaba la Hacienda Nacional.

La del 12 de mayo de 1859 sobre organización e inspección de la fuerza pública de los

Estados. •

La del 14 de mayo de 1859 aclarando el artículo 49 de la constitución.

La del 15 de mayo de 1859 adicional y reformatoria de la orgánica del poder judicial de la

Confederación.

Ley del 23 de febrero de 1859, sobre fuerza pública nacional para el próximo año

económico rezaba en su artículo primero que “en caso de conmoción interior a mano armada y en el de invasión interior, o en el de que por motivo grave se crea amenazada por extranjeros la libertad o

independencia nacional, el ejército podrá elevarse al pié de fuerza que sea necesaria para mantener el orden, la integridad del territorio y el honor de la república”36. En opinión del liberal Felipe Pérez, el gobierno de Ospina, trataba de impedir con esta ley una posible alteración del orden público, elevando si fuera necesario, el pié de fuerza, cuando la política federal pretendía precisamente lo contrario, disminuirlo. Además, Pérez, como fiel representante de la opinión liberal nacional, recriminaba esta ley que facultaba al gobierno para que en tiempos de paz hiciera reclutamiento voluntario y forzoso. Esto no fue bien visto por la oposición liberal, que adujo que con esa fuerza armada el gobierno central intervendría en cada Estado para dirimir cualquier confrontación política y conservar el orden público, ocasionando dicha medida, el tan temido intervencionismo del gobierno central. •

Ley del 28 de marzo de 1859, que mandaba a pagar una deuda a Julio Arboleda, obedecía

a las reclamaciones que hiciera el general caucano al gobierno nacional de Ospina Rodríguez por las expropiaciones sufridas en la rebelión de 1851, ordenadas por la administración del general José Hilario López en las haciendas “Aznenga” y “La Bolsa” en Popayán. El gobierno de la Confederación ordenó indemnizar al general Julio Arboleda con la suma de $164.813.80cs. Los liberales leyeron esta ley como un “favor” de Ospina para quien en el 51 (Arboleda) había sido un rebelde del gobierno liberal de López; por tanto no merecía consideraciones pecuniarias. Por su parte, Felipe Pérez sostuvo que el gobierno de Ospina protegía de esa forma al que sería el mentor militar de esa administración en tiempos de guerra civil. •

Ley del 8 de abril de 1859 sobre elecciones fue la que más desató la furia de los liberales

que veían en ella, la intervención directa del gobierno central en la política de cada uno de los Estados. Esta ley contenía 21 capítulos que le daban una reorganización total al sistema electoral. Allí se estipulaba, entre otras disposiciones, la división territorial de la Confederación granadina en círculos y distritos electorales, la conformación de Consejos, Juntas y jurados electorales nombrados por el gobierno central, el registro del censo electoral de los ciudadanos inscritos para sufragar, y otras concernientes al proceso electoral tanto para presidente de la república, como para los representantes al congreso nacional. Como esta ley es bastante extensa y el propósito no es hacer un análisis 36

Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia desde el año de 1821, hecha conforme a la ley 13 de 1912. Obra publicada bajo la dirección del honorable consejero de Estado Dr. Ramón Correa por comisión de la Sala de Negocios Generales del Consejo. Tomo XVIII. Años de 1858 y 1859. Imprenta Nacional. Bogotá, 1930. P. 228

exhaustivo de ella, sino solamente hacer mención de lo que de ella se impugnaba y fuera motivo de disenso político entre los partidos liberal y conservador, se debe decir que el artículo 6° del capítulo 2 referente a la conformación de los consejos, juntas y jurados rezaba: “en cada distrito habrá un consejo electoral compuesto de nueve miembros, que se serán nombrados cada dos años: tres por el Senado, tres por la Cámara de Representantes y tres por el Presidente de la Confederación”37. Felipe Pérez señaló que este artículo le quitaba autonomía a los Estados e impedía que cada uno de ellos llevara a cabo las elecciones tal como lo estipularan sus respectivas constituciones estatales, y no por orden del gobierno central. El debate se centraba en el nombramiento que hiciera el presidente de la república de los miembros de los consejos, juntas y jurados electorales, recayendo seguramente en personas con filiación conservadora para tomar ventajas sobre el partido liberal y limitarle sus posibilidades de acceso al poder político nacional, regional y local. Pérez afirmaba que dicha ley era inconstitucional porque en ningún artículo de la constitución se facultaba para que los escrutinios fueran hechos por empleados del gobierno. Las elecciones, decía Pérez, eran de competencia de los Estados y no del gobierno central38. Vale decir, el partido liberal y los Estados donde ejercía el poder político como Bolívar, Magdalena, Cauca y Santander, especialmente, veían un serio peligro para sus intereses políticos en el hecho de que el gobierno Ospina promulgara una ley de elecciones en donde éstas fueran regidas y controladas por aquel y no por los Estados federales. Los liberales consideraban que con ese acto se vulnerarían las atribuciones políticas ejercidas hasta ese momento en cada uno de los Estados con predominio liberal, pasando posteriormente, a un control gubernamental conservador apoyado en una ley electoral que le permitía intervenirlos y debilitarlos: “a largo plazo el propósito del gobierno central en Bogotá era reformar la ley electoral y desbaratar la estructura de poder local donde ella protegía a los opositores. Este fue el propósito de la reforma electoral de la Confederación en 1859 efectuada por Mariano Ospina y diseñada para derribar los bastiones liberales”39. •

Ley del 30 de abril de 1859, que prorrogaba el término de las leyes de presupuesto y de

pié de fuerza para el caso de reunirse el congreso. Los liberales eran muy susceptibles a las leyes que facultaban elevar el pié de fuerza por que estaban inclinados hacia la disminución del ejército dando prioridad en todo momento a las instituciones republicanas que se opusieran a un Estado dictatorial considerado como despótico. El artículo 2º de esta ley expresaba que “en caso de subversión del orden 37

Ibíd. P. 263 Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 142 39 Brew, Roger. Op. Cit. P. 44 38

general en la confederación, que haga necesario el empleo de la fuerza para mantener o restablecer el imperio de la constitución y de las leyes generales, podrá el poder ejecutivo ordenar que se haga en dinero sonante el pago de las rentas y contribuciones cuya entrada en dinero a las arcas públicas sea a su juicio indispensable para atender a las necesidades de la confederación”40. La oposición a esta ley por parte de los liberales se fundaba en que el gobierno de Ospina se valía de la ley para hacer uso de la fuerza armada y sofocar una “posible” revolución general o subversión del orden público que impidiera la reunión del congreso granadino de 1860. El partido liberal, y especialmente Felipe Pérez, sostenía que eso sólo era una falacia de Ospina para poderle sacar recursos pecuniarios a los Estados y hacerles la guerra41. El artículo 3º de la ley facultaba al gobierno para cerrar los puertos que estuvieran habilitados en la Confederación, abrir los que estuvieran cerrados al comercio exterior y “tomar todas las providencias que estime necesarias para asegurar la renta de aduanas”42. Con ello, el gobierno central podría tomar para sí los recursos de varios Estados como Bolívar y Magdalena, que proporcionaban rentas de aduanas procedentes de los puertos de Santa Marta y Cartagena. Estos dos Estados eran opuestos al gobierno y ese hecho se consideraba por las autoridades de dichas secciones como un acto de intervencionismo del gobierno en ellos. Para ese momento, el Estado de Bolívar estaba presidido por el conservador Juan Antonio Calvo, pero su gobierno tenía ya las horas contadas toda vez que el caudillo liberal Juan José Nieto se aprestaba a dar un golpe de cuartel en Cartagena para derrocarlo. Mientras tanto, el Estado de Magdalena desde el año de 1857, estaba bajo el control liberal al mando del jefe superior José María Sajo. Es decir, esta ley terminaba confirmando en el ambiente una tensa calma por el avenimiento de una posible revolución contra el gobierno de parte de los liberales la cual debía ser prevenida por el gobierno central. •

Ley del 10 de mayo de 1859, por la cual se organiza la hacienda nacional. El artículo 20

de esta ley rezaba que “cada uno de los Ectados establecidos o que se establezcan en la Confederación, formará, cuando el poder ejecutivo lo juzgue necesario, un distrito de hacienda, regido por un funcionario con la denominación de intendente”. Seguidamente, el parágrafo 4º de este mismo artículo establecía que “el poder ejecutivo podrá, si lo juzga conveniente para la mejor administración de la hacienda nacional, formar un distrito de hacienda del territorio de dos Estados, o bien del de uno y una parte del otro”. Por último, el artículo 21 señalaba que “el intendente es en el distrito de hacienda, 40

Codificación Nacional. Op. Cit. P. 336 Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 143 42 Codificación nacional. Op. Cit. P. 336. 41

así como en el respectivo Estado, el agente del gobierno general en todos los negocios atribuidos a este por la constitución y las leyes de la Confederación”43. Con esta disposición legal – según la opinión liberal –, el gobierno de Ospina buscaba tener “agentes” políticos (los intendentes) para que garantizaran el cumplimiento de las leyes de la república en cada uno de los Estados federales, considerándose tal medida, como otra forma directa de intervencionismo por parte del gobierno central en los gobiernos seccionales. Dichos intendentes, como se verá más adelante, eran en la mayoría de los casos, militares comisionados por el gobierno central para ejercer las funciones ordenadas por la ley. De allí la queja del partido liberal, que consideró problemático que aquellos comisionados pudieran comandar fuerzas militares con el único fin de derrocar los gobiernos liberales donde estuviesen establecidos. Los casos más palpables de intendentes de hacienda que tomaron parte en acciones militares contra los Estados liberales fueron: Leonardo Canal en el Estado de Santander, quien comandó tropas conservadoras para intentar derrocar el gobierno del liberal Vicente Herrera; y, el caso del intendente del distrito de hacienda del Estado del Cauca, Pedro José Carrillo (Guardaparques nacional), quien encabezó junto con Pedro Prías, la fallida contrarrevolución contra el general Tomás Cipriano de Mosquera en dicho territorio. Además de lo anterior, lo contemplado en el parágrafo 4º del artículo 20 era delicado ya que facultaba al gobierno para formar un distrito de hacienda entre dos Estados no sólo era catalogado – decía Felipe Pérez – de intervencionismo gubernamental, sino que también era una clara muestra de violación del territorio de los Estados, que fueran en este caso objeto de la norma. •

Ley del 12 de mayo de 1859, sobre organización e inspección de la fuerza pública de los

Estados. Si bien esta ley estaba en concordancia con las mutuas obligaciones del gobierno general y de los Estados federales en cuanto a la organización de la fuerza pública, los liberales no aceptaban que el gobierno conservador controlara las tropas o la fuerza armada de los Estados con gobiernos liberales. Era un contrasentido para los liberales pensar que el ejército de un caudillo como Juan José Nieto en Bolívar o Tomás Cipriano de Mosquera en el Cauca, ambos liberales y firmes opositores de Ospina Rodríguez, dejaran que sus tropas fueran comandadas o dirigidas por jefes u oficiales conservadores nombrados por el gobierno. El artículo 2º de esta ley decía que “Corresponde al gobierno general la suprema inspección de la fuerza pública municipal de los Estados; y cuando esté a disposición del gobierno general, debe el poder ejecutivo reorganizarla como convenga al servicio que se le destina,

43

Codificación nacional. Op. Cit. P. 336

pudiendo nombrar libremente los jefes y oficiales”44. Al igual que la ley orgánica de Hacienda Nacional que facultaba al poder ejecutivo para nombrar intendentes de hacienda en cada uno de los Estados, esta norma en su carácter estrictamente militar, facultaba al presidente para nombrar inspectores “que podrá ser un general, o el jefe del ejército de la Confederación”45. La ley representaba un claro intervencionismo – según los liberales – del gobierno general en los Estados por medio de otro “agente”, en este caso militar, que podría ejercer las funciones de “espía” delatando información sobre la logística castrense de aquellos Estados, que representaban un peligro de subversión del orden público ya que la ley los facultaba para ello (artículo 4º). Felipe Pérez manifestaba al respecto que “los Estados organizarían la fuerza armada y el gobierno dispondría de ella a su arbitrio”, con lo que este autor terminaba concluyendo que el gobierno de Ospina buscaba a toda costa militarizar la república entera haciéndole creer a la opinión pública que se iba a declarar la guerra al Ecuador. Para Pérez, el gobierno conservador quería borrar al partido liberal como su más firme opositor político, promoviendo la revolución desde arriba46. Otra cosa bien distinta sostenía el Presidente de la Confederación en su informe al congreso de 1860, al afirmar que no veía una falta a la constitución al sancionar esa ley, ya que “las atribuciones 5ª y 20ª del artículo 43 de la constitución disponen que para la defensa de la Confederación i para el mantenimiento del orden general en ella, el poder ejecutivo haga uso de la milicia de los Estados”47. •

Ley del 14 de mayo de 1859, que aclaraba el artículo 49 de la constitución. Ese artículo le

dada varias atribuciones a la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia del poder judicial del Estado. La ley modificaba tres de las diecisiete atribuciones que eran materia de intervención de la corte en instancias posteriores a las decididas por los tribunales o jueces de los Estados: La principal era la 9ª que decía en la constitución lo siguiente: “Decidir en última instancia de toda controversia que se suscite en un Estado en que se hallen interesados uno o más ciudadanos de diferentes Estados, o extranjeros, siempre que cualquiera de las partes quiera intentar aquel recurso de la sentencia pronunciada por el respectivo tribunal o juez de Estado”48. La ley49 no solamente aclaró el numeral 9º del artículo 49 de la 44

Ibíd. P. 401 Ibíd. p. 401 46 Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 147 47 Wise de Gousy, Doris. P. 140. El artículo 43 de la constitución decía: "Son atribuciones del presidente de la Confederación: 5ª. Declarar la guerra cuando la haya decretado el congreso, y dirigir la defensa del país en el caso de una invasión extranjera; pudiendo llamar al servicio activo, en caso necesario, la milicia de los diferentes Estados. Y, la 20ª: Velar por la conservación del orden general, y cuando ese orden sea turbado emplear contra los perturbadores la fuerza pública de la Confederación o la de los Estados en: Pombo y Guerra. Op. Cit. pp. 68 - 70 48 Pombo y Guerra. Op. Cit. p. 72 45

constitución, sino que también amplió las atribuciones de la corte al asignarle el conocimiento de las “sentencias interlocutorias” con lo cual la corte quedaba facultada para interferir sobre varias etapas del proceso y no solamente sobre la sentencia definitiva. De forma que, si una de las partes en litigio consideraba que se le estaba causando “gravamen irreparable” por parte de un juez o tribunal de un Estado, este podía recurrir a la corte suprema para que esta interviniera antes de que terminara el proceso. Como se puede apreciar, esta ley implicaba una acentuación del poder de la Corte Suprema, máximo órgano judicial de la república, en detrimento de la autonomía de que gozaban los tribunales y jueces estatales. Por ello, los liberales vieron en esta norma un ataque a la independencia de la rama judicial. •

Ley del 15 de mayo de 1859, adicional y reformatoria de la ley orgánica del poder judicial

de la Confederación, ratificaba lo sancionado en la ley del 14 de mayo, sobre todo en lo relacionado con ejercer las atribuciones que determinaban los incisos 9º y 10º. No siendo este un trabajo de análisis jurídico, me limitaré a mostrar los artículos que, a mi modo de ver y teniendo como precedente el temor del partido liberal por el intervencionismo del gobierno general en los Estados, suscitaron protestas. El artículo 5º de esta ley daba potestad a la Corte Suprema para “conocer en sala de tres Magistrados, de los recursos de hecho, cuando los tribunales o jueces de los Estados hayan negado el recurso de última instancia de que trata el inciso 9º del artículo 49 de la constitución. La corte decidirá sobre el recurso de hecho, en vista de los autos originales, cuando verse sobre sentencia definitiva...”50. Aquí se podría entender que la corte sin importarle las razones que dieran los tribunales y jueces de los Estados para negar un recurso de última instancia, decidiría el proceso y la controversia del o los procesados; esto le daría más poder a la máxima instancia jurídica del gobierno la cual estaría facultada por esta ley para intervenir en los procesos judiciales de los Estados, no permitiéndose una descentralización de la justicia en la Confederación Granadina. Los artículos 12 y 13 de esta ley eran explícitos en cuanto al poder del ejecutivo para suprimir los distritos judiciales de los Estados, y la Corte Suprema, para anular “las sentencias definitivas que pronuncien los tribunales y juzgados de los Estados”51. Es decir, que la 49

La atribución 9ª quedó aclarada en la ley así: "Decidir por lo que resulte de los actuado, en una instancia posterior a las de o la de los Estados, de toda controversia civil o criminal en que ese halle interesados uno o más vecinos de diferentes Estados, o extranjeros, siempre que cualquiera de las partes quiera intentar aquel recurso de la sentencia pronunciada por el respectivo tribunal o juez del Estado. Esta disposición comprende tanto las sentencias definitivas como las interlocutorias que tengan sentencia definitiva o aparejen gravamen irreparable por la definitiva y los autos de sobreseimiento" en: Codificación Nacional. Op. Cit. P. 405 50 Ibíd. P. 406 51 Ibíd. P. 407

Corte Suprema de Justicia tendría la potestad para poder intervenir y decidir en todos los procesos judiciales de la confederación, sobreponiéndose a los dictámenes de los jueces o tribunales Estatales o, a su autonomía sí se quiere, cayendo esta medida en un intervencionismo judicial que no era compatible con el sistema federal. Con la promulgación de estas leyes por parte del gobierno se establecía una polarización y un antagonismo latente y palpable entre los partidos políticos de la confederación, toda vez que el partido conservador, y en este caso el gobierno por él representado, creían que la ley los facultaba para obrar en bien de los intereses de la república no violando e irrespetando la constitución nacional. Los liberales por el contrario, creían ver en el gobierno conservador la ilegitimidad a toda prueba, ya que no consultaba la opinión del pueblo de las mayorías que reclamaban por una federación que diera libertad de gobernar a cada Estado como bien lo quisiera, expresándose el tan temido intervencionismo del gobierno central en los Estados. Felipe Pérez señalaba que el presidente Ospina no obedecía a los dictámenes de la soberanía del pueblo porque el “que tiene soberanía, tiene la legitimidad”52. Según este mismo autor, Ospina implantó un gobierno de hecho cuando promulgó la ley de elecciones que menoscabó la soberanía de los Estados y por ello ese gobierno era ilegítimo, al no brindársele la oportunidad al pueblo de elegir libremente53. Estas posturas de Pérez, como se ha mencionado anteriormente, hacían parte de la actitud política moralizante que tenía cada bando para poder deslegitimar a su contrario. No se debe olvidar, citando la ley de elecciones, que ella misma es explícita cuando dice que el presidente y los representantes al congreso serán elegidos por el voto directo de los ciudadanos de cada Estado, por tanto lo que allí estaba en juego más que la interpretación de la norma – ya que cada cual la interpretaba según su conveniencia – era la lucha de fuerzas por el control del Estado, deslegitimándose los partidos políticos mutuamente a través de la prensa. Si es cierto que entre los puntos que ligaban al gobierno y los Estados estaba el de la fuerza pública y la capacidad para elevarla, a disgusto del partido liberal, también lo es, que allí no existía tal ligazón en lo referente al poder judicial, siendo este ramo competencia de lo estipulado por las constituciones de los Estados. Según esto, las leyes sobre fuerza pública obedecían a los dictámenes del pacto federal (constitución), más las que hacían referencia al ramo de la justicia, no. El efecto que produjo las leyes de 1859 para el partido liberal fue de tal envergadura que no se hicieron esperar las réplicas escritas en periódicos liberales, folletos y hojas sueltas en tonos bastante 52

Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 271

desafiantes para con el gobierno de Ospina. Una muestra representativa se encontró en una hoja suelta publicada en Zipaquirá, dieciocho meses después de aprobadas las citadas leyes, por el liberal – radical Dámaso Guzmán denominada “Mi opinión”. Allí, Guzmán explicaba las razones por las cuáles el conservatismo le declaraba la guerra a la república, y cómo esa preocupación política se debía por una parte, a la sanción de las leyes que Guzmán y otros liberales – radicales se oponían a las leyes mencionadas las cuales consideraban inconstitucionales; y por otra parte, la posición contra el progreso, tanto económico como político, que practicaba el partido conservador. Así se expresaba Guzmán: ¿Será un crimen, un delito, atacar la voluntad soberana del pueblo? ¿Será un crimen un delito imperdonable, atentar contra la federación? Respondan los conspiradores; y por qué se hace guerra a muerte a la federación? Porque en Nueva Granada existe un partido político adorador del centralismo; porque en Nueva Granada, siempre ha de haber un estorbo, impidiendo la marcha del progreso. Pero ahora se pregunta: Las leyes inconstitucionales, aborto de los congresos mencionados, tienden a erigir al centralismo y a desbaratar la federación? Sin duda. La federación consiste, en hacer al pueblo soberano, y este tener derecho de constituirse y gobernarse, como a bien tenga. Pero expedir una ley de ELECCIONES como la vigente, es quitarle al pueblo de cada Estado, el derecho de elegir sus representantes como mejor le parezca. Esto es anti federal, anti republicano. Expedir una ley como la de INTENDENTES, es ponerle un tutor al pueblo de cada Estado; es ponerle un observador seguro a sus movimientos; en una palabra, es ahogar su libertad. Esto es anti federal, anti republicano. Expedir una ley como la de ORDEN PÚBLICO, es maniatar a los gobernantes de los Estados, vulnerando descaradamente sus derechos, que las constituciones de los mismos Estados le conceden. Esto es anti federal, anti republicano. 53

Ibíd. P. 271

Expedir una ley como la de EXPROPIACIÓN, es echar por tierra la garantía solemne que la constitución federal concede a los granadinos. Esto es anti federal, anti republicano. No sigamos más adelante: La prensa en el transcurso de un año ha demostrado patentemente la inconstitucionalidad, la criminalidad de todas estas leyes54 Lo cierto fue que la ley de elecciones y de organización de la fuerza pública de los Estados irritó al general Mosquera porque consideraba que con dichas disposiciones se violaba la autonomía de los Estados. Según Valencia Llano, “la ley de elecciones, la ley de estudios y la ley mediante la cual creó intendentes nacionales en los Estados, que fueron consideradas como intervenciones, porque el presidente de la República dejaba a los Estados sin la potestad de establecer los estudios y el derecho de organizar el sufragio, al mismo tiempo que les impedía disponer de la fuerza pública; de esta manera quedaba eliminada la autonomía que la constitución consagraba”55. Todo este entramado político que dirigía Ospina fue criticado y rechazado por algunos conservadores como José María Quijano Otero y Ángel Cuervo, quienes narraron a su manera la guerra civil y acusaron al presidente de darle demasiadas prerrogativas a la propuesta federativa, cuando, por el contrario, su pensamiento fue siempre contrario a ella. Por su parte Ospina era conservador, ortodoxo rayando con lo clerical, y ponía como eje de su gobierno ante todo, el orden y sometimiento irrestricto a la ley tal como los liberales adujeron en su momento. Estas eran posiciones que no tenían nada que ver con la política y doctrina liberal. Por eso, Ángel Cuervo, exponía la solución a un posible conflicto que la mayoría vislumbraba pero que el presidente o, no lo entendía, o no lo quería solucionar por su intransigencia política y por su deslizamiento ambiguo hacia la federación: El llamado a hacer entrar a los pueblos en razón y afirmar el dogma conservador, era del presidente de la República, que con su influjo incuestionable y su voz autorizada, acaso hubiera logrado encarrilar la opinión, y un esfuerzo suyo en favor del centralismo bastara para afianzarlo sólidamente; pero por desgracia el señor Ospina se inclinaba a la federación, bien por estar convencido de que era preciso 54 Guzmán, Dámaso. Mi opinión. Zipaquirá, 22 de octubre de 1860. P. 9. en: Folletos Misceláneos Vol. 125. Sala de Patrimonio Documental. Biblioteca U. DE. A. 55 Valencia Llano, Alonso. Op. Cit. Pp. 95 – 96

exasperar el mal para que brotara la salud o bien por complacer a algunas secciones de la República; lo cierto es que tomó el camino contrario a sus ideas personales o históricas y dejó que el país se lanzara en un mar, ya por nuestra desgracia conocido, lleno de escollos y de tempestades56. Si bien para Ángel Cuervo el presidente Ospina respaldó la federación, ésta tenía limitaciones expresas en las leyes ya citadas. Sin embargo, Cuervo deja ver la falta de uniformidad entre los mismos conservadores con respecto a la federación, los matices existentes dentro del partido, y sus dudas con respecto a la posición del gobierno de Ospina. Sobre esto, Felipe Pérez sostenía la hipocresía del presidente Ospina mofándose de él y de su gabinete ejecutivo, ya que veía en ellos unos “gólgotas disfrazados”, cuando eran y habían sido siempre unos “godos recalcitrantes y retrógrados”57. Decía Pérez que Ospina defendió la federación para que esta misma, al transcurrir el tiempo, se cayera por sí misma y viera todo el país cual había sido el error de ensayar ese sistema político. Así que pareciera entenderse que la aceptación del presidente por el sistema federal se debió más bien a su convicción de que no duraría mucho, más que a una convicción política. Su biógrafo, Estanislao Gómez Barrientos, cita una carta de Ospina dirigida al general Pedro Alcántara Herrán en el mes de marzo de1855, cuando apenas se empezaba a instaurar el sistema federal en la república, manifestándole su escepticismo por el federalismo, corroborando lo expresado por Pérez. Esto decía Ospina: Yo deseo vivamente la federación, únicamente para ver si es posible facilitar asilo en algunas provincias de la república a las víctimas de la reforma social en el resto. Todas esas locuras del socialismo tienen que verse en forma de leyes en la Nueva Granada, y hasta que eso no haya sucedido no espero orden ni juicio, ni cosa parecida. Establecida la federación, el ensayo podrá hacerse en una parte de la república, y será menos costoso58 Como puede colegirse, Ospina reaccionaba contra la “reforma social” impulsada por los liberales de mediados del siglo XIX, contra “esas locuras del socialismo” y proponía ensayar “una federación” parcial y limitada territorialmente. Muy bien lo decía Estanislao Gómez Barrientos quien criticaba el espíritu de la carta del 58 y defendía de paso la posición de su biografiado Ospina Rodríguez: “Las ideas anárquicas entonces dominantes entre los políticos de la Nueva Granada acerca de una libertad individual exagerada, Cuervo. Op. Cit. Pp. 6 Felipe Pérez. op cit. Pp. 127 – 129 58 Citado en Gómez Barrientos, Estanislao. Op. Cit. P. 247 56 57

contribuyeron notablemente a que, al escribir la constitución federal, fuesen desatendidas las sabias indicaciones del presidente Ospina. Triunfó la infantil y caprichosa imprevisión, la obstinada terquedad de algunos magnates anarquistas e influyentes en el congreso de 1858; y de allí los frutos amargos de desmoralización y anarquía que produjo en la Nueva Granada el ensayo de la federación desconcertada, confirmado luego por las instituciones del 63, todavía más utópicas que las del 58 y más productoras de trastornos y revueltas continuas”59. Como se puede apreciar, estos documentos citados reflejan el antagonismo que se expresó al principio de este estudio: La oposición entre varios bandos en conflicto por defender políticas conservadoras o liberales, en este caso, por defender un federalismo con limitaciones que era el de Ospina y una parte del partido conservador, otros conservadores no aceptaban más que un centralismo; y un federalismo con amplias libertades tanto del individuo como de los Estados con un alto poder de autonomía sostenido y defendido por el partido liberal y muy especialmente por Tomás Cipriano de Mosquera; es decir, numerosos conservadores luchaban porque el Estado central no perdiera su poder de CONTROL político, económico y social sobre sus gobernados, mientras que los liberales querían debilitar el Estado central y gradualmente emanciparse de él. Así que lo que se tenía en juego era una lucha de fuerzas por el control del Estado central: Los conservadores fortaleciendo éste, mientras que los liberales luchaban por darle autonomía a los Estados federales con un mínimo de control de aquel sobre estos. Por ello, el liberal Felipe Pérez afirmaba que la guerra fue iniciada por Ospina, quien siempre había argumentado que “del exceso de moral nace el remedio”, es decir, “del orden y la autoridad,” ya que Pérez consideraba a Ospina como un “tutor” y no como un “administrador”60. Así, se llegó a los inicios de la llamada “revolución de tres años” o “la revolución federal”. Lo dicho por Pérez entró a hacer parte del prontuario de causas que desataron la guerra civil recayendo, en opinión de aquel, las responsabilidades en Ospina y su partido. Claro que, otra fue la visión del historiador conservador José Joaquín Guerra quien afirmaba todo lo contrario de lo expuesto por Pérez al sostener que el partido liberal había sido el encargado de llevar a la República al temible caos y anarquía que tanto quería evitar. Así se expresaba Guerra de los liberales: Más como no podían decir que iban a ensangrentar y arruinar la República, para arrebatarle el poder a un hombre justo, y solo por el placer de mandar ellos, inventaron dos cosas: 1° que el señor Ospina era o aspiraba a ser tirano por cuanto había propuesto un proyecto de ley de elecciones que no les gustó, y 59

Ibíd. P. 357

que nunca se practicó, pues aunque cuando llegó a ser ley en 1859, se modificó a gusto de la oposición en 1860; 2°, que la constitución era malísima, porque aunque sancionaba de hecho la soberanía de los Estados, no había quedado bien definido aquello, no diciéndose en ninguna parte de un modo claro y terminante que los Estados eran soberanos. Y sin más razón ni más discusión, con estas dos invenciones y la gritería de costumbre de falta de libertad, nos fuimos a los cañonazos61. Comenzaba pues un duelo entre bandos en el terreno militar, en el cual, los argumentos constitucionales y partidistas cederían ante los nuevos argumentos de la guerra civil. 2.4. Antecedentes regionales de la guerra civil: Los casos de los Estados del Magdalena, Santander, Bolívar y Cauca (1859 – 1860) En la primera etapa de la guerra civil, es necesario referirse a los pronunciamientos de los rebeldes, al estado de tensiones en las regiones y a los acontecimientos sucedidos dentro del proceso bélico. Esos primeros pronunciamientos nacieron de los disensos muy particulares en cada Estado, entre liberales y conservadores. •

Estado del Magdalena:

Los sucesos de alteración del orden público en este Estado de la costa atlántica, son anteriores a la promulgación de las leyes de 1859, pero es necesario reseñarlos para tener una idea del conflicto político que se empezaba a gestar en los albores de la administración Ospina. El 15 de septiembre de 1857, se instaló en Santa Marta la Asamblea Constituyente del Estado del Magdalena con veinte diputados, y nombró como gobernador al liberal José María Sojo. El problema comenzó cuando entre los días 16 y 17 de septiembre algunos diputados conservadores como Andrés Obregón, José Romero, Juan Francisco Fuentes, José de la C. Lozano, Marcelino Valverde, José María Goenaga, José J. López y Juan A. Araujo, como minoría en la Asamblea, decidieron retirarse del recinto protestando contra las impugnaciones hechas por los liberales de la Asamblea, quienes denunciaron fraudes electorales para la elección de diputados en los círculos de Guamal y Ríohacha donde ganaron los conservadores. Los liberales decían que las elecciones

60 61

Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 29 Citado en Guerra, José Joaquín. Op. Cit. P. 149

para diputados registradas en Guamal eran ilegales porque no realizaron el conteo de votos de acuerdo a la ley, es decir, presentándose fraude electoral62. En el distrito de Guamal se eligió un diputado conservador que serviría de peso en la Asamblea para que recayera la elección de gobernador en alguno de ese partido. Por estos sucesos los diputados conservadores dirigieron una queja al presidente Mariano Ospina Rodríguez quien les respondió con una resolución de respaldo. Fue allí cuando se polarizó un antagonismo entre liberales y conservadores. Felipe Pérez decía que la protesta de los conservadores se reducía al resentimiento de estos por no haber ganado las elecciones en el Estado del Magdalena y no tener una mayoría en la Asamblea Constituyente63. Con estos hechos, los conservadores Marcelino Valverde (jefe militar), José J. López (alcalde), José María de Arenas, Luis Peñalver, Miguel Valdeblanques y otros como José L. Barceló (quien sería nombrado como contador de la aduana de Ríohacha) y José L. Hincapié (contador de la aduana de Santa Marta) se pronunciaron contra el gobierno del Estado del Magdalena en el distrito de Ríohacha – de filiación conservadora – el 7 de noviembre de 1857. Allí, estos pronunciados redactaron una acta en donde denunciaban que la Asamblea Constituyente era ilegítima, que sus actos también y que por tanto se mandaba a sus habitantes a desobedecerla; seguidamente, decían que debían apoyar la protesta de los ocho diputados conservadores retirados de la Asamblea; se exhortaba a las gentes de Ríohacha a independizarse del resto del Estado del Magdalena hasta que el congreso de la república resolviera el caso; también, pedían restablecer las antiguas leyes que regían la provincia hasta antes del 15 de septiembre de 1857, y por último, dicha acta contenía el sentimiento para poder adherir y admitir a los pueblos que aprobaran el pronunciamiento, llamando al Señor Juan Freile para que se encargara del mando civil de la provincia64. El 21 de noviembre de 1857 se promulgó una ley en el Estado del Magdalena por la cual se nombraba una comisión de tres personas para celebrar una alianza permanente con el Estado vecino de Santander “para sostener y defender la integridad del territorio de los respectivos Estados, su soberanía y su existencia política en la región”65. Días después el Jefe Superior del Estado, José María Sojo, envió una fuerza armada al mando del coronel Gabriel Vega quien reunió 700 hombres, se tomó por la fuerza el poblado de Ríohacha y batió completamente a los rebeldes conservadores que lideraba Valverde, a quienes

Pérez, Felipe. Op. Cit. Pp. 48, 50 y 61 Ibíd. p. 50 64 Ibíd. P. 67 65 Ibíd. P. 72 62 63

el gobierno del Estado concedió amnistía general66. Con ello la rebelión conservadora en el Magdalena no duró mucho tiempo quedando el control político en manos de los liberales quienes ya estaban consolidados en la Asamblea Constituyente. Las pugnas por el poder y el control político en cada uno de los estados entre liberales y conservadores tenían un precedente con este pronunciamiento conservador en el Magdalena •

Estado de Santander:

Este Estado67 se encontraba regido por los liberales radicales a la cabeza de Manuel Murillo Toro, quien fue elegido como gobernador por la Asamblea Constituyente del Estado en 1857. Murillo había sido partícipe del gobierno liberal de José Hilario López y uno de los más importantes doctrinarios de esa colectividad, cuando asistió como Senador al Congreso de 1858 que expediría la constitución, dejando encargado en el ejercicio de la gobernación al joven liberal Vicente Herrera en el mes de enero de ese año. Es a este último a quien corresponde la trama de la revolución conservadora contra el gobierno liberal radical de Santander a principios del año 1859. La Asamblea Constituyente del Estado de Santander la integraban 35 diputados elegidos popularmente, con una duración de un año, mientras que el presidente del Estado duraría dos y los Magistrados del Tribunal cuatro. El presidente de la Asamblea Constituyente era Francisco Javier Zaldúa y entre las medidas que adoptó la corporación con mayoría liberal estaban: La abolición de la pena de muerte, el indulto general de toda clase de reos a quienes se les siguiera causa criminal, el traslado de la capital del Estado de Pamplona (centro conservador) a Bucaramanga (liberal), la supresión del estanco de aguardiente, medida que fue en desmedro de las rentas públicas – según los conservadores –, la implantación del librecambio que produjo la caída de precios de los principales productos de Santander como el tabaco, la quina, el café, los sombreros y otros68. Estas medidas ocasionaron el rechazo del partido conservador contra la administración de Murillo Toro por considerarlas nocivas para la buena marcha del Estado, y sobre todo, porque se lesionaban los intereses económicos de los propietarios conservadores que se resistían a la implantación de medidas económicas librecambistas, además de aducir que el gobierno liberal radical de Santander hacía un abuso del poder. Lo anterior se consideró por los conservadores como el preludio de la revolución en Santander además de otras razones Ibíd. P. 69 El Estado de Santander lo integraban las provincias del Socorro y Pamplona, la de Vélez y los distritos de Aspasica, Brotaré, Buenavista, Carmen, Convención, La Cruz, Ocaña, Palma, Pueblo Nuevo, San Antonio, San Calisto, San Pedro y Teorama pertenecientes antes a la de Ocaña. Tenía una población aproximada de 400 mil habitantes y una extensión territorial de 2.800 km2. (Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 73) 68 Ibíd. P. 75 y 106 66 67

por ellos expuestas, como: “la suma del poder liberal depositado en la asamblea, las elecciones de los miembros de esta, la pretendida supresión de algunos distritos y el impuesto directo”69. Liberales como Felipe Pérez, responsabilizaron a la prensa conservadora del Estado como la encargada de prender la “tea de la discordia”, en especial, los periódicos “La Voz del Norte”, “El Porvenir”, “El Catolicismo” y “La Patria”. Pero además de las luchas por el poder y control político del Estado de Santander entre liberales y conservadores, en el año de 1858 hubo un hecho que ocasionó la suspicacia del partido liberal contra el gobierno general, ese hecho fue la entrega de armas pertenecientes al gobierno y que se encontraban en Santander. El gobernador Manuel Murillo propuso al gobierno general que recogiera esas armas (2.000 fusiles), y para ello, el presidente Ospina comisionó al señor José Vicente Mogollón el 7 de diciembre de 1858. Mogollón – según Pérez – actuó maliciosamente entregando las armas recogidas a los conservadores de las poblaciones de Guaspotá, Simacota, el Socorro y San Gil70 para cometer varios asesinatos en las poblaciones de Charalá, Guapotal y Simacota71. Posteriormente el presidente Ospina comisionó a un tal oficial Rueda quien logró recoger unos 150 fusiles los cuales le fueron robados a su paso por Pamplona, importante centro conservador. Dice Pérez que tanto Mogollón como Rueda entregaron las armas a los conservadores de Santander de una u otra forma. Con esto se sembraba un manto de dudas sobre el papel del gobierno en este asunto, al que los liberales de Santander denunciaron por la cooperación de Ospina para con los conservadores del Estado, acabando mediante una “revolución”, con el gobierno liberal radical de Santander. Pérez sostenía que el gobierno general pecó en tres puntos sobre la entrega de armas: 1. El no haberse juzgado por parte del gobierno al comisionado Mogollón por la repartición de las armas a los conservadores, las que no trajo a Bogotá. 2. El haber permanecido estático el gobierno general frente al robo de los fusiles al oficial Rueda y, 3. La conducta de Leonardo Canal quien se lanzó de lleno en la rebelión conservadora contra el Estado de Santander con anuencia del gobierno general72.

Ibíd. P. 104 “Nota del gobernador Vicente Herrera al presidente Ospina el día 6 de abril de 1858” citado en Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 109 71 “Nota de Manuel Murillo Toro al presidente Ospina el 8 de julio de 1858” citado en Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 109 72 Ibíd. P. 110 69 70

Leonardo Canal era para ese entonces el Intendente de Hacienda para el Estado de Santander, a quien por una comunicación oficial del gobierno general del 18 de marzo de 1858, se le ordenó recoger las armas del Estado y tenerlas en su poder. La reseña de los acontecimientos parciales referidos a la rebelión conservadora en el Estado de Santander, es tomada en gran parte de la obra de Felipe Pérez ya ampliamente citada. Dice este autor que con la alarma de revolución en dicho Estado, el gobernador Vicente Herrera, encargado a partir de enero de 1858, dispuso por decreto del 1º de febrero de 1859 que se formara una fuerza militar de 1.000 hombres así: 300 en los distritos de Cincelada, Charalá y Ocamonte, 400 en todo lo que componía el distrito judicial de Vélez, 100 en Suáita y 200 en Ocaña, quedando como jefes de esa fuerza el coronel Antonio María Díaz, Salustiano Vargas Vega, Rudecindo López y Pedro Jacobo Jácome. Las causas de esta rebelión las resumía así Pérez: [...] a fines de febrero i a principios de marzo estalló la revolución en Pamplona, Málaga y Girón. Eran los promotores de ella algunos empleados nacionales; i el pretesto de que se valían era el decantado vicio de las instituciones de Santander, la quitada de la capital de Pamplona i su traslación a Bucaramanga, las rencillas locales de Málaga, los antiguos odios departido de Girón, la supresión del estanco de aguardiante, i la abolición de empleos. Esto mismo le daba alimento nutrido i partidarios73. El gobernador Herrera culpaba al presidente Ospina de promover esa rebelión desde el palacio de gobierno lo que le valió una nota de reconvención de parte del secretario de gobierno, Manuel Antonio Sanclemente, el 23 de marzo de 1859. Este la dirigió a la Corte Suprema de Justicia para que se le exigiera a Herrera responsabilidad por delitos de grave injuria al presidente Ospina y su abuso de autoridad. Sobre la complicidad del presidente de la Confederación en la rebelión de Santander, según la impugnación que le hacían los liberales radicales de allí, Estanislao Gómez Barrientos cita en su obra varias cartas de Ospina, en las cuales él mismo esperaba que no sucediera el levantamiento armado en Santander, pero además, creía él (Ospina) que el sistema federal allí implantado se caería por su propio peso a pesar de argumentos individuales y del lenguaje de inculpaciones, pues ambos alegaban sus razones, ambos justifican posiciones, pero ambos van a la guerra en una lucha de fuerzas. Esto cita Gómez del fragmento de una carta de Ospina al general Pedro Alcántara Herrán, el 15 de marzo de 1859: 73

Ibíd. P. 151

Contra toda mi esperanza se ha realizado el alzamiento que se temía en Santander contra el gobierno del Estado. No se sabe bien la extensión que él ha tomado, ni los medios de resistencia que se le está oponiendo. Las noticias son como sucede en tales casos, muy contradictorias74. Y más adelante este mismo autor cita un escrito de uno de los protagonistas de la revolución en Santander, Adolfo Harker quien para defender el honor del presidente Ospina, atacado por sus opositores, publicó en el año de 1883 un artículo en el periódico “El conservador” en donde sostenía que Ospina no tuvo relación alguna de complicidad con la rebelión en favor de los conservadores de Santander. Esto decía Harker: La verdad es que a parte de las razones que el señor Ospina tuvo como magistrado integérrimo, título que la historia le reconocerá, mal que les pase a sus encarnizados enemigos – para negar todo auxilio a la revolución de Santander, tuvo una como político – consideraba él tan perniciosa las doctrinas radicales, que creía necesario para que el país las conociese y así se desacreditasen, que se ensayasen durante algún tiempo en alguna sesión de la república. Contrariando estas ideas del señor Ospina, estalló la revolución de 1859 en Santander, cuando apenas empezaban tales doctrinas a dar los resultados por él previstos. Ya el gobierno (de aquel Estado) había llegado a tal desprestigio que con un poco de paciencia de parte de los conservadores, habría caído al simple empuje de la opinión sin el derramamiento de una sola gota de sangre en Santander...75 Lo expresado por Harker, más allá de una polémica de culpabilidad o de defensas personales sin salida, revela diferencias en la concepción de las doctrinas, prácticas e instituciones entre conservadores como Harker o Gómez Barrientos y liberales como Herrera y Pérez. El 7 de marzo de 1859 el gobernador Herrera repele a los rebeldes conservadores que comandaba el cabecilla Juan José Márquez en la población de Girón, tomando prisioneros a Adolfo Harker, Blas Hernández, Aníbal García Herreros (secretario del Intendente Leonardo Canal), Arístides Herreros, Ezequiel Canal y otros más, a quienes se les dio después la libertad. En ese encuentro entre tropas liberales y conservadoras le fueron incautados a los conservadores 83 fusiles. Estos sumaban como 150 hombres de

74 75

Citado en Gómez Barrientos, Estanislao. Op. Cit. P. 367 Citado en Gómez Barrientos, Estanislao. Op. Cit. P. 371

San Gil, mientras que la fuerza de Herrera sólo era de 7076. “Márquez marchó para el Socorro, donde se unió a Franco, y estos dos cabecillas lanzaron allí el 2 de marzo una proclama para explicar su actitud. Combatían acremente el sistema imperante en el Estado y ofrecían convertirlo en una Arcadía si triunfaban”77. Según la prensa conservadora, esta rebelión era encabezada por gente “oscura y sin precedentes honrosos” pero lo cierto es que, al parecer, estos dos oficiales rebeldes conservadores no gozaban de mucha credibilidad allí. Gustavo Arboleda manifestaba que ambos eran “oscuros soldados, no vecinos ni residentes del Estado, por consiguiente sin prestigio y sin partido, sin intereses de patriotismo y sólo animados de mezquinos intereses de bandería, acaso meros mercenarios”78. Estos eran los calificativos que aparecían en la historiografía oficial, la cual siempre se la había aplicado a los rebeldes no reconociéndolos como beligerantes. La alteración del orden público siempre funcionó tanto para conservadores como para liberales y es por eso que la presente guerra civil fue estigmatizada como una rebelión de bandería por aquellos que se encontraban en el poder, en este caso por el gobierno conservador. El mismo Arboleda, citando a Felipe Pérez, decía que “Márquez no era sino un instrumento y todo el mundo se reía de sus proclamas no porque fueran malas, sino porque todo el mundo sabía que no

acertaría a leerlas siquiera”79. Entre los días 10 y 11 de marzo hubo una reunión de los rebeldes conservadores de Pamplona, Málaga y San Gil en la población de Piédecuesta, constando estos como de 400 hombres, con la única finalidad de atacar la capital Bucaramanga. El 12, el gobernador Herrera decidió viajar a Ocaña para levantar una fuerza numerosa y poder defender el Estado de la amenaza conservadora. Herrera viajaba sólo con algunos empleados de la secretaría, y al llegar a Suratá en la noche, fue asesinado allí por los conservadores dirigidos por Márquez que lo venían persiguiendo. El rebelde conservador Régulo García Herreros, se dijo, fue el que le dio muerte a Herrera propinándole un “machetazo en la cabeza”, con lo que luego los otros soldados conservadores lo remataron con una descarga de fusil80. Nueve días después, desde la población de Suáita, el gobierno de Santander le enviaba una comunicación al gobierno general en donde le informaba del nombramiento del tercer designado para la gobernación, el señor Evaristo Azuero, quien asumiría el cargo de presidente del Estado.

Ibíd. Pp. 152 – 153 Arboleda, Gustavo. Op. Cit P. 265 78 Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 266 79 Ibíd. P. 266. Felipe Pérez manifestaba con respecto a Juan José Márquez, que este era un analfabeta. 80 Ibíd. Pp. 154 – 157 76 77

Ya era evidente la situación de desorden público en Santander y la lucha por el control del Estado entre liberales y conservadores. Es así, como se presenta un encuentro de armas entre ambos bandos el 22 de marzo de 1859 en Guepsa. Las tropas liberales estaban comandadas por Clodomiro Ramírez y las rebeldes conservadoras por Habacuc y Benito Franco. Las primeras obtuvieron la victoria, dándose el siguiente parte en opinión: 45 rebeldes muertos y 23 soldados heridos más 2 oficiales, 132 prisioneros entre oficiales y soldados y gran cantidad de armamento incautado (130 fusiles, 170 fornituras de chispa y mil fósforos de fusil, más 500 de escopeta). Por los liberales hubo un jefe muerto (Clodomiro Ramírez) y otro herido, 12 soldados muertos y 17 heridos81. Dice Pérez que de Bogotá salían por la vía de Vélez las armas y municiones para la defensa del gobierno de Santander las cuales eran remitidas por Manuel Murillo, pero el gobernador de Cundinamarca, Pedro Gutiérrez Lee, hacía lo posible para impedir la ayuda militar a aquel Estado ya que incautaba las armas en la frontera de ambos Estados poniendo prisioneros a los soldados que se dirigían allí. El 29 de abril en la colina del Oratorio cerca de la población del Socorro, las fuerzas liberales comandadas por el coronel Domingo Triana, Vicente Gómez, Morales, Navas, el capitán Menéndez, Rudecindo López y otros, vencieron a las tropas conservadoras de Juan José Márquez, Blas Hernández y Eusebio Mendoza. La guerrilla pamplonesa de Márquez la componían 900 hombres aproximadamente82. Seguidamente, ese mismo día se presentó otro combate en la ciudad de San José de Cúcuta en donde las fuerzas liberales del batallón Ocaña comandadas por Pedro Quintero Jácome, Foción Soto, Rafael Gallardo y Basilio Villamizar, derrotaron a las tropas conservadoras del cura Francisco Romero, Régulo Herreros y Cenón Salas en un combate de tres horas resultando 12 muertos rebeldes, 53 prisioneros y 51 fusiles incautados a estos83. El 8 de mayo en San Andrés, las fuerzas liberales comandadas por Santos Gutiérrez, “El Tuso”, con 600 hombres, vencieron a las guerrillas conservadoras de García Rovira las cuales eran comandadas por Alejandro Latorre y Eugenio Escobar. Allí hubo 6 muertos, 4 heridos, 47 prisioneros y 25 fusiles como saldo desfavorable para los conservadores, según Felipe Pérez 84. Uno de los principales actores de la guerra civil fue el intendente de Hacienda Nacional en Santander, el general Leonardo Canal, quien – según Pérez – conspiraba contra aquella sección de la confederación comandando las últimas guerrillas que aún quedaban en ese territorio. Para el mes de junio de 1859, el gobernador encargado Eustorgio Salgar, remitía al presidente de la república varias denuncias

Ibíd. P. 157 Ibíd. P. 168 83 Ibíd. P. 178 84 Ibíd. P. 170 81 82

que comprometían la conducta del intendente Canal por su apoyo decidido a la rebelión conservadora. El gobierno le respondió a Salgar con una resolución en la que le manifestaba la destitución de Canal y en su reemplazo se nombraba a Liborio Escallón, además de decirle que todas las denuncias que se hicieran tenía que estar dirigidas al procurador Bartolomé Calvo. Canal fue absuelto de todo cargo por el gobierno general y emprendió este una correría por los Estados de Boyacá y Cundinamarca para intentar de nuevo una invasión al Estado de Santander. Más si como lo anterior fuera poco – decía Pérez – el procurador Calvo denunciaba la conducta de Salgar ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de leso embuste y lesa

calumnia contra el presidente de la república85. Mientras las denuncias, destituciones y nombramientos caldeaban el ambiente regional y nacional, el 10 de junio de 1859, Manuel Murillo Toro renunció a la presidencia del Estado de Santander por considerar que no había estado al frente de la gobernación en los momentos de la lucha por la defensa del territorio. Decía Murillo que “ese puesto lo legitimaba la opinión pública” y terminaba señalando que las leyes de 1859 violaban directamente la soberanía de los Estados Federales. Después de estos primeros avances de los conservadores, el Estado de Santander aumentó su armamento y su pié de fuerza hasta tres mil hombres, por decreto de Salgar, con el fin de abrir campaña militar contra el Estado de Boyacá debido a su ayuda con los conservadores de Santander. En Boyacá se refugiaban los rebeldes vencidos de Santander lo que les daba nuevos bríos para recuperarse aumentando armamento y hombres. Así, una vez restablecido el orden en Santander, el gobernador Salgar ordenó guarnecer varias poblaciones como las conservadoras de Málaga y Pamplona, y trasladar la capital al Socorro mientras las fuerzas conservadoras esperaban en Boyacá con un contingente de 900 hombres para atacar de nuevo. El 29 de agosto de 1859 en La Concepción se presentó un combate de siete horas entre las fuerzas liberales de Santos Gutiérrez, Domingo Triana, Pedro Quintero Jácome, Velandia, Foción Soto y Belisario Guerrero entre otros contra las tropas conservadoras comandadas por Melchor Corena, Leonardo, Ezequiel y Pedro León Canal, Miguel Francisco Canal, Eusebio Mendoza, Salustiano Ortiz, Pedro Salas, Juan de Dios Ramón y el presbítero Andrés Blanco86. Según Felipe Pérez, el triunfo de los liberales sobre los conservadores fue costoso ya que a los primeros les fueron heridos todos sus oficiales, mientras que a los 85

Ibíd. P. 182

otros, su cabecilla Juan José Márquez cayó muerto. Dicho combate fue recio presentándose un total aproximado de 200 muertos y 80 heridos entre ambos bandos87. Seis meses duró la revolución conservadora en el Estado de Santander hasta el combate de La Concepción. El gobierno liberal de aquel Estado se fortaleció hasta el punto que en las elecciones para la Asamblea Constituyente, salieron elegidos en su gran mayoría los soldados y oficiales que combatieron en esa última batalla. Entre los principales se encontraban: Santos Gutiérrez, Pedro Quintero Jácome, Aquileo Parra, Rudecindo López, Manuel Plata Azuero, Antonio María Pradilla, Salvador Camacho Roldán, Manuel Ancízar y otros más88. El 30 de septiembre de 1859, el gobernador Salgar ordenó reducir la fuerza pública del Estado a 225 hombres. En el mes de noviembre se reunió la segunda Asamblea Constituyente del Estado. Allí, Salgar pidió, entre otras cosas, perdón absoluto para los rebeldes, reforma del derecho de asociación armado, creación de cabildos o cuerpos municipales y una reforma de la ley electoral. De acuerdo a esa petición de la primera autoridad del Estado la asamblea promulgó las siguientes disposiciones: Reforma de la constitución estatal, creación de departamentos electorales, organización de la fuerza pública para atender a la seguridad del Estado, arreglo de la administración pública y un decreto de amnistía amplia y generosa en donde se comprendieran todos los hechos punibles cometidos en el Estado durante el 20 de febrero y el 30 de septiembre de 1859, exceptuándose a los empleados de hacienda y reos de delito común, entre otras89. Esa misma asamblea por decreto del 26 de noviembre de 1859 declaró unas las leyes nacionales como violatorias de la Constitución Nacional, por lo tanto, le solicitaba al próximo congreso legislativo de la confederación su derogatoria. El gobierno conservador de Ospina Rodríguez, según sus críticos, incluso de su propio partido, sólo quería socavar el gobierno federal santandereano ya que temía a toda costa que los ensayos y las utopías políticas se practicaron en la Confederación Granadina. El conservador José María Quijano Otero, señaló el origen de aquel levantamiento armado, y como siempre, terminaba culpabilizando de los males de la república al presidente de la Confederación. Esto decía: 86

Ibíd. P. 267 Ibíd. P. 200 88 Ibíd. P. 208 89 Ibíd. P. 216 87

A mi modo de ver, la revolución principió con la invasión del Estado de Santander, que otros han llamado levantamiento de aquel Estado. Yo sé de una manera positiva que la expedición de Márquez fue hecha por el gobierno; que las armas que llevaban eran de propiedad nacional; en una palabra, que aquella era una revolución oficial. Santander triunfó, y el gobierno entonces invade aquel Estado con un numeroso ejército, y después de triunfos y reveses se decide la suerte de aquella sección de la República en el campo del Oratorio, donde obtuvo el gobierno una victoria que valía tanto como una derrota y esto fue obra de Don Mariano Ospina.90 Por el contrario, es paradójico ver la percepción que tenía Ospina sobre aquel levantamiento, en un informe presentado al congreso de 1860, afirmaba que Un alzamiento promovido y sostenido, no por gente baldía que buscaba en él medros pecuniarios, sino por propietarios y labradores pacíficos, para quienes la guerra es un azote destructor, que no puede ser apetecido sino cuando se juzga indispensable para alcanzar paz y seguridad, envuelve en sí un cargo grave contra las instituciones y los gobernantes. Estos y sus copartidarios han juzgado que podían declinar la responsabilidad moral que sobre ellos pesaba, imputando al gobierno federal, sin fundamento ni prueba alguna, que había fomentado una rebelión [...]91. Ospina se defendía de los cargos hechos por el gobierno liberal de Santander sobre su papel en la rebelión, y sostenía que el responsable de los sucesos de aquel Estado, era el gobierno liberal radical, única causa por la que se levantaron los propietarios conservadores y los labradores ya que las medidas legislativas adoptadas por la Asamblea liberal de Santander lesionaban sus intereses económicos al tratar de implantar medidas tales como la supresión del estanco de aguardiente y un solo impuesto directo sobre capitales y rentas. Ángel Cuervo percibió aquella rebelión, un motivo para que los Estados federales vieran con malos ojos al gobierno, y culpó a los liberales de promover la anarquía y el desorden porque “el hecho es que en los Estados se comenzó a mirar al gobierno general con desconfianza y que los liberales se convirtieron donde querían en enemigos irreconciliables que no se aplacaban ni con las concesiones que en beneficio de la paz les hacía el Congreso”92. Quijano Otero, José María. Op. Cit. P. 31 Wise de Gouzy, Doris. Op. Cit. P. 151 92 Cuervo, Angel. Op cit. Pp. 8 90 91

Estado de Bolívar:

Tanto en el Estado de Magdalena como en el de Santander se levantaron en armas los conservadores contra sus respectivos gobiernos liberales presentándose la lucha por el control político estatal entre ambos partidos. Ahora, la situación se invertía y fueron los liberales del Estado de Bolívar acaudillados por el general Juan José Nieto en el mes de julio de 1859, quienes se levantaron en armas contra el gobierno conservador de Juan Antonio Calvo hasta entonces presidente de aquel Estado. Con estos sucecos, la situación de orden público de la Confederación Granadina se complicaba yéndose frontalmente el gobierno nacional ante este hecho de armas, deplorándolo como se utilizaba en la época, como un atentado contra la autoridad pública y las instituciones legalmente establecidas allí. En su informe al Congreso de 1860, decía el presidente Ospina lo siguiente: El triunfo de la rebelión contra el orden legal es un acontecimiento en sumo grado deplorable en todo el país regido por instituciones que establecen la alternabilidad en todos los puestos públicos, la responsabilidad legal de todos los mandatarios, la libertad de la imprenda y el sufragio universal para la elección de todos los altos funcionarios; un hecho semejante muestra que el país esta aún muy atrasado para ser regido en paz por instituciones libres.93. El gobierno conservador de Juan Antonio Calvo tenía una fuerte oposición política del partido liberal que acaudillaba Juan José Nieto en el Estado de Bolívar. Nieto representaba grupos sociales diversos como artesanos, negros y grupos indígenas, pero además, a la naciente burguesía sabanera costeña dedicada al cultivo de tabaco que ya empezaba a tener conflicto con la oligarquía conservadora. El sociólogo costeño Orlando Fals Borda comenta que uno de los motivos para que se declarara la revolución liberal en el Estado de Bolívar, fue que la naciente burguesía de las provincias sabaneras, dependiente del comercio de tabaco, impulsó a Juan José Nieto en el camino de la revolución, ya que esa clase socioeconómica no se sentía representada por la burguesía comercial cartagenera. Aunque el argumento de Fals Borda es discutible, lo expone del siguiente modo:

93

Wise de Gouzy, Doris. Op. Cit. Pp. 155

El descontento general con las maniobras políticas del gobernador Calvo, al estallar en 1859, ofreció a esta burguesía sabanera la oportunidad de hacerse presente por primera vez en Cartagena como fuerza definitoria. Para ello apeló y utilizó a Nieto como dirigente de prestigio en la oposición, y le ofreció el apoyo de grupos armados en las sabanas, principalmente de Chinú, San Antero, Momil y el Carmen. Una vez desatada la reacción liberal en Bolívar, el conflicto adquirió resonancia nacional y llevó a una cadena de efectos de carácter primordialmente político. Se trataba en efecto, de defender la supremacía formal del gobierno general, entonces presidido por el patriarca conservador don Mariano Ospina Rodríguez, cuya política se dirigía a reforzar mecanismos de control centralizantes. En esto, por supuesto, se enfrentaba a los intereses regionales federalistas que habían ganado un “round” con la aprobación de la constitución de 185894. Aquí, este autor expresa un latente antagonismo político entre liberales y conservadores frente al sistema federal que le podría brindar una autonomía regional a esa burguesía comercial costeña, pero que con los mecanismos de control del gobernador Calvo expresados en las leyes reformatorias de 1859 que sancionó el presidente Ospina, los comerciantes liberales se sentían “maniatados” para ejercer la economía de librecambio. Fals Borda afirma que uno de los principales mecanismos de control del gobierno general para con el Estado de Bolívar, además de las leyes de elecciones y de la orgánica de hacienda nacional, fue el control de las aduanas de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, que estaba avalado por la ley del 30 de abril de 1859 que prorrogaba las de presupuesto y pié de fuerza. El artículo 3º de la ley, autorizaba al poder ejecutivo para cerrar o abrir los puertos considerados necesarios para el comercio internacional y así poder obtener las rentas de las aduanas para el fisco central con el fin de allegar recursos pecuniarios para la defensa de la Confederación. Fals Borda sostiene que tal “como ocurrió en la guerra civil de 1840, ahora vuelve a aparecer la rapiña por las aduanas costeñas de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta”95 toda vez que los encargados de regular esas rentas eran los intendentes de hacienda, mal vistos por los liberales por su función veedora y de control ya que “estos funcionarios no eran sino agentes del gobierno general con miras a fiscalizar y controlar las autoridades locales y asegurarle entradas al fisco central, en perjuicio de las rentas estatales y provinciales. Nada podía irritar más a los grupos regionales que este tipo de medida que, era esencialmente inconstitucional”96. Según esta tesis de Fals Borda, el problema se reducía a que la Fals Borda, Orlando. Op. Cit. P. 137A Ibíd. p. 137A 96 Ibíd. P. 137A 94 95

burguecía comercial tabacalera podría ver menoscabados sus intereses económicos con el control de los puertos costeños por parte del gobierno central, quedando las rentas de las aduanas para éste y no para el Estado de Bolívar. Por ello, esa burguesía recurrió al caudillo Nieto con el fin de derrocar el gobierno conservador y así, el partido liberal pudiera tomar el control político que garantizara el laissez faire. El caudillo Nieto escribió en el año de 1862 una reseña de la revolución liberal en el Estado de Bolívar por él comandada en la que relató paso a paso el movimiento de “regeneración” política; allí afirmaba que su principal motivo para lanzarse en la rebelión había sido el no poder aceptar que el partido conservador usurpara el poder del Estado en el año de 1854 con la ayuda de algunos liberales; además adujo también, la oposición a las leyes de 1859 que consideraba represivas. Esto decía Nieto: Desde que con la ayuda de algunos liberales, cuyos motivos me abstengo de calificar, volvió al poder el partido conservador el año de 1854, en la antigua provincia de Cartagena; desde entonces quedó fijo el pensamiento de la revolución en los patriotas. Robusteciose más con el sistema administrativo que los contrarios adoptaron, cuando se creó el Estado de Bolívar. Muy bastarda había sido la manera con que el partido conservador asaltara el poder; y habría sido tolerable, sin las leyes de represión que adoptó para sostenerse. El día 12 de septiembre de ese mismo año, se frustró una tentativa, por la indiscreción de uno de los comprometidos. Entre aquellas leyes figuraba la de elecciones, en cuyo molde se vaciara la que en 1859 dictó el congreso de la Confederación, que la hizo conmover. Representamos a la Asamblea Legislativa de Bolívar varios ciudadanos, pidiendo la derogatoria - el más cínico desdén fue la contestación - quedó sobre la mesa. Un diputado llamó la atención de la Asamblea sobre que aquel desprecio podría excitar a la rebelión, pero otro diputado rechinando los dientes y apretando los puños contestó: “ojalá se revuelvan los liberales; eso es lo que queremos para aplastarlos”.

No había, pues, más remedio que entrar de lleno en la labor. El diputado a que aludo, no hace hoy uso ni de sus dientes, ni de sus puños97. Según esto, el mismo caudillo Nieto consideraba como prioritaria la recuperación del poder político del Estado de Bolívar por parte del partido liberal para defender la constitución federal de 1858 y la autonomía del Estado frente al gobierno general de Ospina. También, afirmaba que las leyes de 1859 eran represivas y por tanto había que derogarlas. Así lo demuestra Felipe Pérez al referirse en su obra, al discurso que pronunció el caudillo Nieto ante la Asamblea constituyente del Estado Bolívar en el año de 1859, una vez asumió al gobierno, cuando expresaba las justificaciones que tuvo para levantarse contra el gobierno de Calvo; entre ellas estaba: La organización viciosa del Estado de Bolívar, el sistema de gobierno irónico, la mala administración de justicia, la disminución de libertad de imprenta, la relajación del sistema electoral, la muerte del derecho de sufragio y la imposición de la oligarquía a la república98. El 3 de julio de 1859 el caudillo Juan José Nieto convocaba a los habitantes de Cartagena a una reunión popular en las galerías bajas de la Casa Consistorial, para protestar por las leyes expedidas en el congreso de la república en los meses de abril y mayo de 1859. El 25 de julio fue la víspera del golpe al cuartel general de Cartagena en donde se tramaría el “plan revolucionario”. Este se encontraba localizado en las afueras de las murallas de Santo Domingo. Al día siguiente (26 de julio), y con la colaboración de un integrante de la banda de música del cuartel, el general José de las Nieves León, se realizó el ataque sorpresivo por parte de la tropa de Nieto. Allí, tomaron el armamento y se apoderaron del cuartel sin ninguna baja ya que ni la banda de música o la tropa del gobernador Calvo se encontraban allí. Con este hecho, Calvo fue depuesto de la gobernación e instaurado el nuevo gobierno liberal. Nieto manifestaba que “como complemento de la revolución, se reunió e hizo su pronunciamiento el pueblo, el cual me confirió el gobierno provisorio del Estado, que confirmaron los demás, obedeciendo mi autoridad. Entonces empezó mi faena especial, en cuyos primeros días trabajaba enfermo. Nombré de secretario al inteligente e infatigable patriota Sr. Juan Antonio de la Espriella; y como las oficinas públicas fueron cerradas y abandonadas por sus jefes, hubo que crearlo todo – y se creo”99.

Nieto, Juan José. Op. Cit. P. 51 – 52 Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 240 – 241 99 Nieto Juan, José Juan José. Op. Cit. Pp. 62 – 63 97 98

El 10 de agosto de 1859 el general Juan José Nieto sancionaba un decreto por el cual se establecía en cada distrito del Estado de Bolívar un Concejo Municipal para reemplazar las inoperantes municipalidades, es decir, comenzaba a sustituir las viejas instituciones conservadoras por las liberales100. El 15 del mismo mes, Nieto ordenaba ocupar las oficinas nacionales del Estado para evitar así una contrarrevolución por parte de los intendentes de hacienda de cada distrito. El gobierno del Estado dictó un auto de detención contra el intendente de hacienda nacional, Pedro Navas Azuero, quien, según el general Nieto, conspiraba contra el movimiento revolucionario101. Ante estos hechos, el presidente Ospina, nada contento con los sucesos de Bolívar, decretó el 3 de septiembre a la Confederación Granadina en estado de guerra aduciendo la turbación del orden general, los atentados que sufrió el intendente de hacienda de Cartagena por el gobierno de Nieto, la continua expedición de actos atentatorios contra la constitución por parte de “los revolucionarios liberales”, y porque se fraguaba un plan de subversión general contra el orden establecido102. Así las cosas, el día 12 de septiembre, Ospina decretaba la declaración de guerra al Estado de Bolívar ordenando el cierre de los puertos de Cartagena y Sabanilla103. Los conservadores del Estado de Bolívar se resistían a perder el poder político y el control de los puertos y municipalidades, por eso entre los días 29 y 30 de septiembre sucedió un conato de contrarrevolución en Barranquilla por parte del Prefecto de la población de Soledad, Manuel Comas. Antonio González Carazo y las fuerzas de Nieto que regresaban de las cercanías de Mompox, hicieron huir a los conservadores104. El 15 de septiembre salió una expedición militar del caudillo Nieto desde la población de Calamar a orillas del río Magdalena hacia Mompox con cuatro compañías distribuidas así: La primera a órdenes del teniente José de las Nieves León, la segunda a manos de Federico Capella, la tercera con José Ángel Benavides y la cuarta con el teniente Manuel Cotes. El día 30 ocupó el general Nieto a Mompox con sus tropas federales a las que denominaba “ejército regenerador”, compuesto en su gran mayoría de negros. Allí se encontraba refugiado el gobernador depuesto Juan Antonio Calvo junto al general Joaquín Posada Gutiérrez, quienes resistían con una tropa de 400 hombres. Al primero, Nieto le dirigió una comunicación intimándolo a rendición como lo habían hecho Cartagena, Sinú, Sabanalarga, Sabanilla, Carmen y Magangué, faltando sólo Mompox y Corozal. Calvo desatendió la oferta y respondió con fuego contra las tropas de Nieto lo que produjo que este se lanzara sobre Mompox con 210 hombres en una combate de 31 Fals Borda, Orlando. Op. Cit. P. 141A Ibíd. P. 142A 102 Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 227 103 Fals Borda, Orlando. Op. Cit. P. 142A 104 Nieto, Juan José. Op. Cit. P. 167 100 101

horas “sin muchos muertos”. La victoria fue para Nieto y sus tropas quedando 50 muertos y 20 heridos conservadores y 20 liberales muertos105. Al final de esta incursión sobre Mompox, manifestaba Nieto lo benigno que había sido con los habitantes de Mompox, a través del indulto que les expidió a los prisioneros y rebeldes conservadores, pero que estos no conocían los límites de su rebeldía: Este triunfo que los enemigos tenían como imposible, dio mucha importancia a la revolución aumentando su prestigio. Al día siguiente de ocupado Mompox, puse en libertad todos los prisioneros; y tres días después expedí un indulto sin ninguna restricción. Ninguna medida de clemencia ha bastado para obtener la reconciliación de los contrarios momposinos. Varios actos posteriores de crueldad y bandalaje cometidos por ellos, han demostrado ser los rebeldes más tenaces e incorregibles. Aunque raras, no faltan excepciones106. El general Joaquín Posada Gutiérrez luego de la derrota de Mompox por las fuerzas de Nieto, huyó con una tropa hacia Barranquilla la cual tomó sin ninguna resistencia el día 1° de noviembre de 1859. El 1º de diciembre, el oficial liberal Cabeza, sitió el cuartel general de Soledad intimando a rendición al gobernador Rodríguez de la Torre y a las tropas del general Posada Gutiérrez. Para el día 6, las tropas de Cabeza fueron reforzadas por las de Nieto que habían arribado a Cartagena con las tropas del ejército regenerador, batiendo en Soledad a las fuerzas conservadoras del general Posada Gutiérrez. En ese encuentro salió herido uno de los oficiales subalternos de Nieto, el coronel Ramón Santodomingo Vila, quien posteriormente lideró las tropas costeñas que incursionarían en el Estado de Antioquia. Dos días después, el 8 de diciembre, el general Nieto ocupó Barranquilla con su “ejército regenerador” donde se encontraba con toda su fuerza el general conservador Posada Gutiérrez, derrotándolo. Con este triunfo de Nieto se daba por terminada la campaña regeneradora o revolucionaria liberal emprendida el día 26 de julio107. El 16 de diciembre de 1859 se instaló en Cartagena la Asamblea Constituyente del Esdado de Bolívar la cual debía regenerarlo. Para el 12 de enero de 1860 ésta expidío una nueva constitución en donde promovió a Nieto a general y lo nombró presidente del Estado Soberano de Bolívar hasta el 1º de enero de 1861. La constitución fue publicada doce

Ibíd. P. 71, Pérez. Op. Cit. Pp. 232 – 233 Ibíd. P. 71 107 Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 237, Nieto, Juan José. Op. Cit. P. 75 y, Fals Borda, Orlando. Op. Cit. P. 140A 105 106

días después108. Comentando después la revolución liberal en el Estado de Bolívar, José Joaquín Guerra comparaba los levantamientos en los Estados de Santander y Bolívar, y desde su mirada conservadora, dejaba ver el origen del desorden republicano al que tanto aludían los conservadores: Al propio tiempo que en Santander se lanzaban los conservadores a la guerra contra las instituciones radicales, en Bolívar atacaban y derrocaban los radicales al gobierno conservador para conferirle el mando supremo a Juan José Nieto, jefe de los revolucionarios. En un Estado los conservadores combatían la dictadura para implantar el régimen legal; en el otro los radicales combatían el régimen legal para implantar la dictadura. No se olvide este detalle al averiguar, con la historia en la mano, cuál de los dos partidos ha sido entre nosotros más amigo de los gobiernos absolutos”.109 Guerra justificaba el accionar del partido conservador, como igual lo hacían los liberales contra el accionar de sus contrarios, cuando se encontraban en el poder, pero esta no era la esencia del asunto, cada bando político al perder su dominio en cada región o localidad deslegitimaba a su adversario ante al opinión pública y la sociedad en general, utilizando argumentos moralizantes que avalaran sus acciones y estigmatizantes que desacreditaran las del contrario. Como se ha señalado, lo dicho por Guerra era la expresión del antagonismo de los partidos políticos por defender sus políticas y descalificar las del contrario. José Joaquín Guerra en este caso manifestaba que el partido liberal era el más propenso a los gobiernos absolutos. El tono de esta afirmación, delata claramente la posición de “buenos” y “malos” a que acudían estas colectividades para descalificarse y deslegitimarse mutuamente indistintamente de cual de los dos estuviese en el poder. Sobre este problema el historiador Fernán González en un artículo sobre la guerra de los Supremos110 (1839 – 1841) afirma que en esa confrontación se empezaron a delimitar y configurar los partidos políticos con base en las lealtades locales, regionales y familiares que le darán un nuevo matiz a la historia política colombiana, toda vez que “muchas de las adscripciones y amistades políticas forjadas en el calor de la contienda durarán toda la vida,

Fals Borda, Orlando. Op. Cit. P. 147A Guerra, José Joaquín. Op. Cit. Pp. 211 110 González, Fernán. La Guerra de los Supremos en: Para Leer la Política. Ensayos de Historia política colombiana. Tomo 2. CINEP. Bogotá, 1997. 108 109

lo mismo que las correspondientes enemistades y odios tanto personales como políticos. En esta guerra se inicia en parte, la cadena de los llamados ‘odios heredados’...”111. Ciertamente, a partir de la guerra de los supremos, el lenguaje político y su contenido belicoso son cada vez más fuertes. Por eso no era grato que J.J. Guerra, historiador conservador contemporáneo, utilizara la afirmación de “gobierno absoluto” para abrogársela a los liberales haciéndolos ver como despóticos. Igual cosa aconteció con los discursos liberales, en este caso, los de Felipe Pérez, quien en su obra no se cansa de descalificar y deslegitimar al presidente conservador Mariano Ospina Rodríguez, diciendo que su gobierno no era legítimo porque no consultaba la soberanía del pueblo, que violaba la constitución nacional, y además, que abusaba de la autoridad al considerarse más que un administrador un, “tutor”, por el excesivo control al que recurrió mediante las leyes de 1859 para ejercerlo sobre los Esdados federales. Fernán González considera que tanto en la guerra de los supremos como en las venideras “no se va ha configurar un campo común de identidad nacional, donde se confronten pacíficamente los conflictos entre grupos y personas, sino que la política se va a identificar con la confrontación amigo – enemigo, sin posibilidad de compromiso. El contrario queda necesariamente desprovisto de toda legitimidad y la confrontación será de estilo maniqueo, con la lucha entre el bien y el mal absolutos, sin matices ni degradaciones”112. Este planteamiento de Fernán González es de gran utilidad para analizar los discursos citados en este estudio y ver que tanto liberales como conservadores acudieron en todo momento a esas argucias discursivas que llenarán de contenido la actividad política al calor de la guerra civil. •

Estado del Cauca:

Esta amplia sección de la Confederación Granadina era la más extensa del territorio nacional; comprendía las provincias del Atrato, San Juan, Quindío, Tuluá, Buenaventura, Cali, Buga, Palmira, Caloto, Barbacoas, Túquerres, Caldas y Pasto. El general Tomás Cipriano de Mosquera, protagonista principal de la guerra civil, entraría a asumir la gobernación de dicho Estado el 17 de enero de 1858 por elección de la Asamblea Constituyente como en todas las otras secciones de la república, pero el partido conservador por medio de las elecciones obtendría mayorías en la Legislatura. El 4 de febrero el general organizó la guardia del Estado, emprendió viaje a la capital de la república para asistir a las sesiones del congreso y luego regresó y reasumió el mando el día 2 de agosto. Los motivos de disenso entre el gobernador Mosquera y el

111 112

Ibíd. P. 85 Ibíd. P. 86

gobierno general estuvieron matizados por dos aspectos: La negativa del primero sobre las disposiciones del ejecutivo en materia de control político del gobierno general sobre los Estados federales, y en un segundo aspecto, el desconocimiento y crítica que hiciera el general Mosquera a la controvertida ley de elecciones de 1859 la cual consideraba inconstitucional. Sobre el primer aspecto hay que decir que el 14 de septiembre de 1858 el gobernador del Estado del Cauca envió una comunicación al presidente Ospina en la que le manifestaba su total desacuerdo y desobediencia a su circular del 31 de agosto “en que se califica a los gobernadores de los Estados como agentes del poder ejecutivo, y que como tales agentes deben entenderse directamente con los respectivos secretarios del Estado de la Confederación”113. Por supuesto, esta determinación del gobierno general no le agradó a Mosquera quien veía como se supeditaba su poder político al del gobierno central, de ahí que adujera las siguientes razones: Que si bien el presidente de la Confederación para dictar dicha circular se basaba en el artículo 45 de la constitución nacional que permitía crear cualquier cargo o empleo en donde se facultaban agentes del gobierno para que ejecutaran e hicieran cumplir las disposiciones de este, ello quebrantaba el principio de la soberanía de los Estados ya que el presidente “no puede menguar en nada, ni la autoridad constitucional ni la representativa de los Estados”114. Mosquera se fundamentaba en el artículo 1° de la constitución nacional que reconocía la soberanía de los Estados y en el artículo 10° que imponía el deber al presidente de cumplir y hacer cumplir aquella, los decretos y órdenes del presidente y mandamientos de los tribunales; además para que se cumplieran las órdenes del presidente de la Confederación en los Estados – seguía argumentando el gobernador – era necesario que versaran sobre los negocios establecidos por el artículo 15 de la constitución que le otorgaba algunas competencias al gobierno, y el artículo 43 que le otorgaba algunas atribuciones al presidente. Mosquera reconocía por esas atribuciones que la constitución le reconocía a Ospina al decir que este podía crear nuevos cargos de secretarios, pero al propio tiempo argumentaba que en la misma constitución “en ninguna de estas disposiciones previene que los gobernadores de los Estados sean agentes vuestros, y que como tales dependan de los secretarios de Estado, ni estos empleados nacionales tienen una representación superior a la de los jefes de los Estados, que tienen el poder supremo ejecutivo en sus respectivos territorios y en este ramo ejercen una parte de la soberanía del Estado”115. La controversia estaba en que Mosquera no aceptaba ser súbdito de Ospina y mucho menos de sus secretarios porque consideraba su poder de forma Arboleda, Guatvo. Op. Cit. Tomo X. P. 49 Ibíd..P.49 115 Ibíd. P. 49 – 50 113 114

absoluta en el Estado del Cauca ya que así lo establecía la constitución de 1858. Además, decía Mosquera en la respectiva comunicación al presidente, “que la constitución del Cauca al erigir el Estado declaró en su capítulo 1° del Estado y su soberanía las partes de que se componía, y el artículo 2°, señaló los negocios de competencia del gobierno general, que está de acuerdo con el artículo 15 de la Confederación, y por el 3°, declaró que los negocios no enumerados en el segundo sean de competencia de la legislatura del Estado, sin dependencia ni subordinación a ningún otro poder”116. Además, Mosquera sostenía allí mismo que el artículo 68 de la constitución del Estado del Cauca disponía que para que los ciudadanos comunes y corrientes obedecieran las disposiciones ejecutivas en su Estado, estas debían ser acordadas entre el gobernador, y por lo menos, el dictamen de uno de sus secretarios, con lo que aquellos no estarían obligados a obedecerlos. Esto quería decir que el gobernador “debe y tiene que despachar todos los negocios generales, con uno de sus secretarios, para que sea obedecida y cumplida su orden”117 y no en acuerdo con los secretarios del gobierno general. Todo este enredo legislativo dejaba sin autoridad al gobierno general el cual tendría que supeditarse a los mandatos de la constitución del Cauca. Esa prioridad de la constitución seccional sobre la nacional era la defensa y motivo para Mosquera desobedecer al gobierno general, toda vez que – sostenía éste – había “jurado defender y sostener la constitución del Estado, debe hacerlo hasta con el sacrificio de su vida, si fuere necesario, y esta constitución no puede ser derogada por ningún poder sobre la tierra, si no emana del mismo pueblo que se la dio, por medio de sus representantes...”118. Terminaba manifestando Mosquera al presidente Ospina en la referida comunicación, que esa orden llevaría explícitamente un peligro de guerra civil ya que con sus medidas se pretendía invadir la soberanía de los Estados; además, informaba al presidente que en el Cauca ya se habían levantado negocios que no eran del “resorte” del gobierno general y que por tanto se reservaba informarlos al gobierno. Por último, reprochaba Mosquera la circular de Ospina por ver en ella manifiesto el poder y superioridad que se le daba a los secretarios del gobierno general sobre la autoridad de los gobernadores, más en este caso sobre él mismo. Teniendo en cuenta lo anterior, el gobernador del Cauca pedía a Ospina la derogatoria de esa circular por no encontrarse en concordancia con sus principios y porque tenía ante todo que cumplir el juramento frente a la constitución caucana119. Por tal motivo, Mosquera expidió un decreto orgánico del

Ibíd. P. 50 Ibíd. p. 50 118 Ibíd. P. 50 119 Ibíd. P. 51 116 117

Consejo de Estado del Cauca, el 18 de noviembre del 1858 según el cual “sería presidido por el gobernador o en su defecto por el procurador, y cuando el primero, de acuerdo con la constitución federal, tuviese que cumplir órdenes emanadas del gobierno de la Confederación, lo haría por medio de sus secretarios”120, es decir, le daba poder a sus secretarios para que se entendieran con el presidente para no hacerlo él directamente en una clara posición de desafío al gobierno general. De otro lado, para el historiador Gustavo Arboleda, los debates políticos más candentes al iniciar el año de 1859 en el Estado del Cauca fueron: La campaña electoral para gobernador del Estado en el primer período constitucional, la agitación derivada contra las leyes del último congreso (1859) las cuales fueron tachadas por los opositores del gobierno como de inconstitucionales, y las temibles desconfianzas que abrigaban los conservadores sobre la paz pública por la actitud secesionista y de oposición del general Mosquera frente al gobierno de Ospina. En las elecciones para gobernador del Estado, el general Mosquera representaba al Partido Nacional o mosquerista, como lo llamaban sus antagonistas políticos el cual “era una mezcla de hombres de todas las opiniones y de todos los partidos, y que no tenía ningún programa, excepto su propia conveniencia, y que tal partido se denomina Siete oros, al cual habían ingresado sujetos que antes se llamaban conservadores, liberales, draconianos, melistas, que aceptaban todas las ideas y pensamientos del general, entre ellos la independencia de ese Estado soberano121. Otros candidatos eran los representantes del partido conservador como Manuel María Mallarino y Vicente Cárdenas y el candidato del partido liberal Edmigio Palau. Mosquera continuó como gobernador gracias a la victoria electoral del 6 de marzo de 1859122. “El 29 de abril el general Mosquera dictó un decreto orgánico de las secretarias de Estado y del despacho del gobernador por el cual reformaba los decretos del 18 de enero y 18 de noviembre de 1858; por el nuevo dispuso que cuando el gobernador tuviera que entenderse con el congreso, con una sola de las cámaras federales, con la corte suprema o con el poder ejecutivo general, lo haría dirigiéndose a los secretarios de esas corporaciones o a los secretarios de Estado de la Nación; y que cuando el mismo gobernador tuviera que hacer cumplir la constitución y las leyes nacionales o las órdenes del presidente de la república o de alguna otra de las autoridades de la Confederación, lo haría por conducto de los

Ibíd. P. 49 Citado en Arboleda, Gustavo. Op. Cit. Vol X. P. 347 122 La Legislatura del Estado se reunió el 18 de julio e hizo el escrutinio de votos eligiendo como presidente al general Mosquera con 18.264 votos contra los 14.977 del Dr. Palau en: Arboleda, Gustavo. Op. Cit. Vol. XI. P 72 120 121

secretarios de la gobernación”123. Para el 18 de abril de 1859 cuando el congreso promulgó la ley de elecciones, el general Mosquera la rechazó tajantemente convirtiéndose este acto en otro motivo más para desmejorar las relaciones entre el gobierno y el Estado del Cauca, un tanto ya deterioradas desde antes. En un escrito del mes de febrero de 1859 Mosquera atacaba el proyecto de ley de elecciones, diciendo: “Quiere el presidente crear corporaciones especiales para presidir las votaciones y preparar las elecciones variando así el sistema federal. Y ¿Cómo propone el secretario que se formen los jurados? Nombrándolos dos cada cámara, dos la corte suprema, dos el presidente y uno el procurador general de la Nación. He aquí demostrado el absurdo de tal proyecto de ley, que es necesario inventar el modo de elegir esa corporación por oídos y noticias vagas, y su resultado sería lo que dijeran los senadores y representantes de cada Estado. Serían estos, o el más influyente de ellos, quienes harían el nombramiento del jurado”124. Mosquera no quería que por ningún motivo se hicieran unas elecciones para Parlamentarios y demás cargos públicos, si estas no atendían la constitución del Estado del Cauca, lo que le daría el poder a su partido toda vez que su política las controlaba. El gobierno conservador de Ospina quería por el contrario hacer uso de la ley nacional para tratar de obtener una reforma electoral en donde él y su partido establecieran dicho control político. Ya se dijo al comentar la ley de elecciones que esa pugna entre los poderes regionales y el nacional llevó a que se desatara la guerra civil. Frente a la ley de elecciones Mosquera seguía dando prioridad a las leyes emanadas por la legislatura estatal que era a todas luces la que debía regir el proceso electoral en su jurisdicción de acuerdo a la constitución nacional de 1858. Las tensiones polídicas eran palpables y se creía que en cualquier momento estallaría la guerra civil. El día 29 de abril de 1859 un grupo de liberales le pidió al gobernador Mosquera convocar extraordinariamente la legislatura “a fin de que proveyese a la seguridad de la soberanía del Estado, amenazada por la conducta oficial del gobierno general”125. De ahí que en la ciudad de Popayán se reuniera el Consejo de Gobierno el 2 de mayo, decretándose allí mismo la reunión de la Legislatura para el día 1° de julio atendiendo las siguientes razones: 1°, que la ley de elecciones había creado alarma en la opinión pública suscitando una estado político grave en el Cauca, además de las otras leyes expedidas por el congreso; y 2°, que esa grave situación demandaba la concurrencia urgente de los legítimos representantes del pueblo caucano. Sobre esto, comentó Gustavo Arboleda que a la par con la delicada situación que se Arboleda, Gustavo. Op. Cit. P. 349 Ibíd. P. 352 125 Ibíd. P. 358 123 124

avenía en el Estado del Cauca en materia de orden público aparecía por esos mismos días una hoja suelta titulada La Situación que no ayudada para nada a apagar el fuego existente entre Mosquera y Ospina. En dicho escrito se resaltaba una proclama dirigida a los habitantes del Cauca en la que se les exhortaba a la defensa de las ideas federalistas y la lucha contra las centralistas y leyes inconstitucionales de 1859. La proclama era del siguiente tenor: Unión, caucanos!!! No haya más disputas de ciudadanos federalistas, pronto a luchar contra las ideas centralistas. Baldón eterno al caucano que acepte el nombramiento de consejero electoral! Nadie debe apoyar leyes inconstitucionales. La opinión pública del Cauca deber ser una “Unión Federal”. Oposición parlamentaria a las leyes tiránicas e inconstitucionales. Si se nos quiere uncir al carro del triunfo de los centralistas, sostengámonos decididamente, de un modo preciso, y con eso damos un doble ejemplo de valor civil. ¿Querrán venirnos a subyugar por la fuerza? ¿Habrá magistrado o empleado que se prostituya hasta constituirse instrumento del más cínico defensor de la tiranía? El Cauca será la antorcha de la libertad, si tiene nobleza de ideas y energía. Será el sepulcro de los hombres libres si se deja dominar en esta vez. Si la separación ha de ser el resultado de una guerra fratricida, después de agotados los recursos del país, sostengamos la unión federal, y sólo federal, y entonces será que tenemos un pacto verdadero de Confederación que sea durable. Federalistas de todos los partidos antiguos: Uníos en sentimientos y salvemos la república verdadera!126 El centralismo, la tiranía y la libertad fueron armas discursivas que tenían sus contrapartes en la autonomía, el separatismo y la federación. Tales términos tuvieron sus manipulaciones y eran útiles para atacar al adversario, pero no debe desconocerse que expresaban, en parte, el sentir de muchos distritos, comunidades e individuos. En el decreto del 2 de mayo expedido en Popayán, por el cual se convocaba extraordinariamente la Legislatura del Estado del Cauca, se aducía como motivo de disenso entre el Estado del Cauca y el gobierno general la ley de elecciones. El general Mosquera mediante una exposición a los habitantes del Cauca decía 126

Citado en Arboleda, Gustavo. Op. Cit. P. 360

con respecto a dicha ley que “ella pretende perpetuar el gobierno en unas solas manos: las del un partido, y sumir a la nación en nuevos conflictos para, que se atribuya el desorden al gobierno federal y no a los enemigos de él, que quieren falsearlo. Con esa ley se querrá elegir un nuevo presidente de la Confederación que la destruya, apoyado por un congreso que teniendo el mismo origen haga retroceder el país y se pierdan hasta las libertades públicas. Que desaparezcan los gobiernos propios y volvamos al régimen central, para que desde la capital de la Confederación se gobierne hasta el distrito, falseando el voto directo y popular127. Definitivamente, Mosquera veía que con esas leyes su poder en el Estado del Cauca estaría socavado desde el gobierno central ya que los conservadores serían los encargados de manejar el proceso electoral para el año de 1859. De igual manera los Estados liberales de Santander y Bolívar protestaron la ley de elecciones y el del Cauca entraría en esa misma línea directriz, sólo que a la cabeza de un sexagenario en materia de guerras, el general Tomás Cipriano de Mosquera, un caudillo que había sido presidente de la república entre los años 1845 y 1849, que tenía gran poder de convocatoria en el Cauca y facilidad para formar ejércitos, sobre todo con negros esclavos. Era un “peso pesado” de las guerras civiles el que entraba a oponerse al gobierno de Ospina y quien tenía grandes pretensiones de poder, sobre todo del de la presidencia de la república. Bien lo decía Antonio José Lemus, biógrafo del general José María Obando, sobre las ambiciones políticas del caudillo, no obstante sus afirmaciones adjetivadas y personalistas: Mosquera estaba decido alanzarse a la guerra; la espada se sacudía en el cinto del guerrero, y ya le era desesperante ese quietismo, para un temperamento que vivió en salmuera de dominar y mandar. No era para Mosquera ese puesto de presidente del Cauca, aunque, aquella sección del país imponía su voz cada vez que lo quisiera; su espíritu de imperio se desbordaba como río en invierno y hallaba estrecho todo lindero a sus ambiciones y a su egoísmo sublimado128. El 1° de julio de 1859 se reunió extraordinariamente la Legislatura del Estado del Cauca. El presidente Mosquera dio cuenta de la situación general de la república y pidió de aquella corporación la derogatoria de las leyes de 1859 al gobierno general y medidas tranquilizadoras para la paz y soberanía de los Estados. Ese día, la Legislatura resolvió pedir al presidente de la Confederación la derogatobia de las mencionadas leyes porque se consideraba que ellas violaban el pacto federal y la soberanía de los Estados. La Legislatura también pidió a los demás Estados que se unieran al reclamo general del Cauca contra el gobierno, y por 127

Ibíd. P. 364

último, autorizaba al gobernador Mosquera para levantar un pié de fuerza hasta de tres mil hombres. Con este espaldarazo de la Legislatura del Cauca hacia su gobernador se propiciaba el pronto rompimiento de las relaciones políticas entre el gobierno central y el seccional del Cauca. Los conservadores, teniendo en cuenta el enfrentamiento político de estas dos entidades afirmaban que el general Mosquera tenía ideas independentistas al querer aliarse con el Ecuador para crear una nueva nación (Cauca y Ecuador) formando una “republiqueta”129. La alianza con el Ecuador de parte de los caudillos granadinos no era una idea nueva de la cual se valieran estos para dirimir los conflictos intestinos en la Nueva Granada en el siglo XIX. “La motivación de estas intromisiones fue el resultado de determinadas solidaridades partidistas, tejidas mediante la compatibilidad de intereses políticos y la necesidad de control – por parte de los bandos enfrentados – sobre los municipios del sur occidente colombiano y el norte del Ecuador. A Esto debemos añadir que el Ecuador y Colombia fueron espacios de asilo y conspiración de muchos vencidos en las guerras civiles”130. Pero estas alianzas no eran solamente por el control de territorio, el apoyo que recibían tanto conservadores como liberales granadinos de sus pares ecuatorianos era decisivo para resolver la lucha por el poder en ambas repúblicas ya que en estas existió a lo largo del siglo XIX un predominio de caudillos que intentaban imponer formas de gobierno republicanas a la manera conservadora y liberal. “Si bien los grupos políticos conservadores y liberales de los dos países buscaron estrechar sus afinidades ideológicas con el objeto de fortalecerse, se presentaron ocasiones en que fue imposible un entendimiento entre corrientes similares, debido a la apremiante necesidad de los caudillos de contar con aliados al otro lado de la ‘frontera’”131. Los aliados que buscaban los caudillos granadinos en el Ecuador datan desde la guerra de los supremos (1839 – 1841) cuando el general Tomás Cipriano de Mosquera luchando por el gobierno protoconservador del presidente José Ignacio de Márquez pidió auxilio al general y presidente ecuatoriano Juan José Flores – también conservador – con el fin derrotar las caudas obandistas en el sur de la Nueva Granada. “Entre 1839 y 1841 el ejército floreano cooperó con los generales neogranadinos en las acciones militares que derrotaron a Obando, aprovechando el estado de conflicto para anexar Pasto al Ecuador, dando lugar a mal entendidos entre los dos caudillos aliados, siendo finalmente superada esta siduación en noviembre de 1841 cuando los floreanos – previo acuerdo con sus aliados caucanos –

Lemus, Antonio José. Op. Cit. P. 738 Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 280 130 Ochoa, Antonio. Las relaciones colombo – ecuatorianas a través de las guerras civiles decimonónicas 1830 – 1884 en: Memorias XI Congreso Colombiano de Historia. Universidad Nacional de Colombia. Santa Fe de Bogotá, agosto 22 al 25 de 2000. CD ROOM 131 Ibíd. 128 129

desocuparon la ciudad, retirándose al Ecuador”132. La situación varió cuando los liberales ascendieron al poder en 1849 en la Nueva Granada con el general José Hilario López. Fue entonces cuando general y caudillo José María Obando quien se encontraba exiliado en el Perú por sus comprometimientos en la guerra de los supremos, regresó al país y empezó a concertar una alianza con el general ecuatoriano José María Urbina – de filiación liberal – para que este se tomara el poder en Ecuador y poder expulsar a los jesuitas que se asentaron en esa república, y que habían sido desterrados de la Nueva Granada133. Para 1860, el general Mosquera – ahora defendiendo los principios federales y con una política liberal al mejor estilo draconiano – se valió nuevamente de la ayuda militar ecuatoriana, como se lo imputaban sus opositores conservadores en el Cauca, para obtener hombres y así derrotar las tropas conservadoras del presidente Mariano Ospina Rodríguez. En el Ecuador gobernaba el conservador Gabriel García Moreno. Fue entonces cuando uno de los caudillos opositores de Mosquera, el también general y caudillo caucano Julio Arboleda, acudió a García Moreno en auxilio militar, pero éste se lo negó aduciendo que Arboleda no le prestó apoyo militar en 1859 cuando combatió la rebelión de Urbina. Así, Mosquera fue reconocido por el gobierno ecuatoriano y recibió ayuda militar de Urbina “con el fin de hacer triunfar el principio republicano sobre la opresión teocrática que se quiere fundar en la tierra de Atahualpa”134,según palabras del mismo Mosquera. Como si lo anterior fuera poco, las pretensiones de imponer un poder sobre otro (Estado central y del Cauca y viceversa) se hicieron cada vez más agudas cuando la Corte Suprema de Justicia derogó, mediante una resolución del 10 de noviembre de 1859, una ley expedida por la legislatura provincial del Cauca por la cual se pretendía levantar un empréstito forzoso de 200 mil pesos sobre los habitantes de ese Estado. La corte adujo como inconstitucional dicha ley produciendo gran irritación al general Mosquera135. De la misma manera y teniendo presente la clara intervención de la Corte Suprema en las decisiones políticas del Estado del Cauca, la Legislatura caucana expidió una ley el 14 de noviembre de 1859 sobre “soberanía y jurisdicción del Estado” que en su artículo primero decía: “Que en todos los negocios que no fueran de la

competencia del gobierno general, el Estado del Cauca ejerciera jurisdicción en los términos prescritos por su constitución; por lo que el Estado no reconocería su primitiva competencia”136. Con este antagonismo político aparentemente personalizado en Mosquera y Ospina, pero aún más, en instituciones como la Corte

Ibíd. Ibíd. 134 Ibíd. 135 Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 281 136 Ibíd. P. 282 132 133

Suprema y la Legislatura caucana por hacer prevalecer y defender sus respectivas constituciones en donde cada una ejercía jurisdicción política, estaba dado todo para la inminente confrontación bélica. El 28 de enero de 1860, los coroneles Pedro José Carrillo y Pedro Pablo Prias –Guardaparques nacionales137– se presentaron con una partida de 400 hombres armados en las inmediaciones de la población de Cartago prendiendo la “llama revolucionaria” conservadora contra el gobierno de Mosquera. En esa acción, les hizo frente el general Pedro Murgueitio por órdenes del gobernador de la provincia del Quindío, Vicente Gutiérrez de Celis, con 160 hombres. En ese encuentro perdió la vida el general Murgueitio, proclamándose Carrillo “Comandante general y jefe civil y militar de la provincia del Quindío”138. Unos días después, el 3 de febrero de 1860, el general Mosquera envió una comunicación al Secretario de Gobierno y Guerra Manuel Antonio Sanclemente informándole que el orden público se había trastornado en el Estado del Cauca por los agentes del gobierno general, coroneles Carrillo y Prías. Estos se tomaron el día 4 de febrero, con sus tropas, la población de Buga139. Al día siguiente, desde la ciudad de Popayán, el general José María Obando lanzaba una proclama en la que exhortaba a los habitantes de la Nueva Granada a defender la causa del Estado del Cauca y el triunfo de la libertad140, una vez se decidió apoyar la causa dirigida por el general Mosquera, con una reconciliación que dejaba de lado los odios del pasado entre ambos. Siete días después, el 25 de abril de 1859, el general Pedro Alcántara Herrán – yerno de Tomás Cipriano de Mosquera – tomaba posesión del cargo de General en Jefe de los ejércitos de la Confederación Granadina por nombramiento del presidende de la república, pero aún no se había posesionado por encontrarse en los Estados Unidos de Norteamérica141. Con esto, el gobierno general oponía al general Mosquera, un militar y ex presidente de la república (1841 – 1845), el general Herrán, quien se había caracterizado por su espíritu conciliador lo que le valió la desavenencia de una parte del conservatismo a ultranza; además Herrán contaba con un amplio recorrido en las guerras interiores de la república. De esta manera se perfilaba una lucha de caudillos de nombradía como Tomás Cipriano de Mosquera, José María Obando, José Hilario López, Juan José Nieto por el partido liberal, y Mariano Ospina Rodríguez, Pedro Alcántara Herrán, Joaquín Posada Gutiérrez, Joaquín París y Julio Arboleda, por el bando conservador. Los coroneles Carrillo, junto a Antonio Boso habían recibido con anterioridad orden del presidente Ospina para que recolectasen las armas pertenecientes a la Confederación que estuvieran en poder de individuos del centro y norte del Estado del Cauca en: Arboleda, Gustavo. Op. Cit. P. 368 138 Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 306 139 Ibíd. P. 309 140 Ibíd. P. 312 137

El 22 de febrero de 1860, en el Alto del Derrumbado, a media legua de Buga, las tropas de los generales Mosquera y Obando que sumaban dos mil hombres aproximadamente se enfrentaron a las tropas de Carrillo y Prías quienes comandaban 600 hombres. El combate tuvo una duración de cerca de 50 minutos, cayendo completamente derrotadas éstas últimas. A los conservadores se les tomaron 132 prisioneros, entre ellos al coronel Prias, tuvieron 116 muertos entre oficiales y soldados y se les incautó el parque militar. Era el primer triunfo de las tropas liberales del Cauca al mando de dos expresidentes de la república, quedando así sofocada la “intentona revolucionaria” conservadora en ese Estado142. Al mismo tiempo, las fuerzas federalistas del coronel Zúñiga batían a las conservadoras de Pizarro quien ocuparía Cali con 60 hombres. Allí le tomaron a los conservadores un número considerable de fusiles: 70 lanzas, gran cantidad de pólvora y 200 tiros de fusil143. De otro lado, ese mismo día, el Congreso de la república reunido en pleno, expidió una ley por la cual se reinscribían en la lista militar a aquellos jefes y oficiales comprometidos en el golpe del 17 de abril de 1854 (golpe de José María Melo contra el gobierno de José María Obando). Además, entre otras medidas que ocasionaron el malestar del partido liberal – golgota, estuvo la expulsión de algunos diputados liberales de la Legislatura del Magdalena: Abello, Murillo y Vélez, poniendo en su lugar a los diputados conservadores que se habían rebelado contra el gobierno del Magdalena en 1857, entre ellos Andrés Obregón, José L. Hincapié, Marcelino Valverde y José Romero. También, el Congreso expidió otra ley que nombraba como designado de la república al general Julio Arboleda, aprobó una pensión a la familia del conservador de Santander, Juan José Márquez, y por último, el Congreso desatendió derogar las leyes de 1859, por la solicitud expresa de algunos Estados144. Para el 16 de abril de 1860, el congreso expidió una ley de orden público que elevaba el pié de fuerza hasta cinco mil hombres. Felipe Pérez afirmó que la administración de Manuel Maria Mallarino sólo contó con quinientos efectivos con lo que éste le imputaba a Ospina, querer militarizar la república145. Esa misma ley estipulaba entre otras cosas, que los funcionarios gubernamentales de los Estados serían responsables ante el poder judicial de la Confederación que desconocieran o desacataran las leyes generales, o las órdenes de los empleados del orden general, serían desterrados del territorio granadino por un lapso de dos a seis años. Si estos resistían a la ejecución de una ley, decreto o reglamento, acto de justicia del orden superior y Ibíd. P. 302 Ibíd. P. 313 – 314 143 Ibíd. P. 314 144 Ibíd. P. 298 145 Ibíd. P. 318 141 142

la no entrega al ejecutivo nacional de las fuerzas armadas de los Estados, en caso de solicitud o demora, tales servidores serían condenados a la pena de ocho a doce años de prisión146. Con la tensión política existente, la situación de la Confederación se agravaba cada vez más. pero, “la tea de la discordia”, “la gota que rebosó la copa”, fue que se dio a conocer el 8 de mayo de 1860, por parte Mosquera el decreto que separaba el Estado del Cauca de la Confederación Granadina. Con esta orden ejecutiva, el gobernador Mosquera rompía todo lazo de unión con el gobierno general, y por ende, desobedecía la constitución federal de 1858 y las reformas de 1859. Este acto era la declaratoria de guerra explícita nacionalmente, ya que los Estados de Santander, Bolívar, Magdalena y Cauca conformarían una nueva asociación y pacto que los llevaría a implantar el modelo federal tan defendido por Mosquera, con lo que quedaría derrumbado de una vez el régimen conservador “dogmático y ortodoxo” de Ospina Rodríguez según sus opositores. Las consideraciones de Mosquera fueron ante todo la desobediencia al gobierno general que imponía una reforma a la constitución en contravía de los intereses de los Estados, las leyes reformadas de 1859 que atacaban directamente la soberanía de estos, y sobre todo, el desacuerdo con la sanción del proyecto sobre orden interior (ley del 16 de julio de 1860) de la Confederación que era visto por los liberales como una política hostil del gobierno de nacional para con el del Cauca. Por estas consideraciones, Mosquera decretó: Artículo 1°. Desde hoy el Estado del Cauca asume la plenitud de su soberanía y no continuará en relaciones con los poderes nacionales que han roto el pacto federal, hasta que restablecido el imperio de la constitución se restituya con la unión federal a los Estados el goce de los derechos que se le han usurpado. Artículo 2°. En consecuencia cesan en el ejercicio de sus funcione los empleados nacionales residentes en el Cauca, pero aquellos de las oficinas de Hacienda que considere necesarios el P. E. continuarán el desempeño de sus funciones siempre que se sometan a las leyes y autoridades del Estado. Artículo 3°. El rendimiento líquido de las rentas nacionales será religiosamente puesto a disposición del gobierno federal tan luego como se restablezca el régimen constitucional, i entre tanto se cumplirán los compromisos que afecten al Tesoro granadino en la parte que proporcionalmente corresponde al Estado.

146

Ibíd. P. 318

Artículo 4°. El Cauca cultivará sus relaciones de benevolencia y amistad con los demás Estados, cooperando con ellos al restablecimiento de la unidad nacional bajo el imperio de la constitución de 22 de mayo de 1858 y su gobierno respetará estrictamente los derechos de los súbditos o ciudadanos extranjeros conforme al derecho público. Dado en Popayán, a 8 de mayo de 1860 – Tomás Cipriano De Mosquera147 Como se puede apreciar, el gobernador del Cauca era tajante en sus diferencias con respecto al gobierno general y consideraba que las leyes de 1859 habían sido una imposición a los Estados violando flagrantemente su soberanía. El Estado del Cauca se declaraba soberano con respecto a la confederación y desconocía esas leyes. Por ello, el presidente Ospina le respondía al gobernador del Cauca con un decreto del 4 de junio de 1860, por el cual se mandaba restablecer el orden público en el Estado del Cauca, poner en prisión y juzgar al reo prófugo Tomás Cipriano de Mosquera, y exigir el contingente de milicias a los Estados de la Confederación, poniendo en armas a todos los generales, jefes, oficiales y clases de tropas, además de borrar de la lista militar a los generales Tomás Cipriano de Mosquera, José María Obando y José Hilario López, quienes se aliaron por la causa federal del Cauca148. Seguidamente, el 21 de junio en la ciudad de Popayán, después de que el partido liberal hubo designado a Mosquera como candidato único del liberalismo para la presidencia de la Confederación, este renunció a ella alegando que ya había cumplido sus deberes como primer magistrado y que por tanto no debía perpetuarse en el poder. Esas elecciones presidenciales no se llevarían a efecto porque la llama de la revolución estaba ya encendida149. Ya para el 3 de julio de 1860, el general Juan José Nieto decretaba la separación del Estado de Bolívar de la Confederación Granadina – tal como sucedió en el Cauca – y se asociaba al general Mosquera en la “empresa regeneradora” de la república, contando con la cooperación decidida de los Estados del Magdalena y Santander150. Por lo anterior, la lucha regional en cada uno de los Estados de la Confederación se concentra primero en imponer un gobierno liberal o conservador, pero además, se trataba de una la lucha entre el gobierno central y los gobiernos seccionales: El primero creía que le asistía el derecho político de hacer control sobre

El Occidente. Medellín, 3 de junio de 1860. No 2. Trimestre 1. Pp. 7 – 8 Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 328 149 Ibíd. P. 338 150 Fals Borda, Orlando. Op. Cit. P. 141B 147 148

cada uno de los Estados atendiendo resueltamente a la política conservadora de “federalismo con restricciones” y a que la constitución nacional, por ser federal, no avalaba la “independencia” de las secciones que integraban la república; por el contrario, los segundos, es decir los Estados federales, imponían como única verdad el respeto por la constitución de 1858 que los liberales denominaban “Pacto Federal”, consistente en el ejercicio de un federalismo sin restricciones que atendía a una política de Estado moderno y liberal. Estos no permitirían que el gobierno central utilizara mecanismos de intervención tanto política, económica, judicial como militar en sus respectivas jurisdicciones. Por ello, resultaría valedera la tesis de Felipe Pérez, quien terminaba sosteniendo que la guerra civil de 1859 – 1862 fue una lucha de gobiernos con sus ejércitos: el gobierno central y los gobiernos de los Estados de la Confederación Granadina quienes se enfrentaron con ejércitos y recursos propios. Según Pérez, La revolución del sesenta no puede ser considerada como una guerra común de partidos, sino como una guerra de gobiernos hecha por los trámites establecidos en la ley de las naciones entre beligerantes de un mismo carácter, de iguales fuerzas i con toda la justicia de parte de los Estados. No eran partidos aislados los que se defendían: Eran los ejércitos de los Estados No eran caudillos los que peleaban: Eran los gobiernos de los Estados. No se luchaba por un hombre o por un pedazo de tierra: Se luchaba por un principio, que además de serlo, estaba sancionado por la constitución del país: La federación. ¿Quiénes eran pues los revolucionarios? Los que habían desconocido ese principio y roto esa constitución. ¿Quiénes eran pues los TRAIDORES, como se llamaba a los federalistas? Los que habían faltado a ese juramento de cumplir i hacer cumplir las leyes; los que conspiraban contra el orden político que debían respetar y establecer. ¿Quiénes eran pues los BANDIDOS, como también se llamaban a los federalistas? Los que arruinaron el tesoro nacional con sus equipos y gastos militares; los que comprometieron el crédito de la

nación con tan siniestro motivo; los que violaron la propiedad para sostener esbirros; i los que conculcaron todo principio de moral, derecho i política en una guerra de asesinatos e incendios151. La tesis de Pérez estaba acorde con la realidad pero parcialmente, porque si bien es cierto que la guerra civil de 1859 – 1862 se había configurado como una guerra de gobiernos, también lo era el hecho que esos gobiernos estaban comandados por caudillos regionales tanto militares como civiles, y que la lucha también inmiscuía a los dos partidos políticos (liberal y conservador) puesto que se estaba defendiendo la federación de acuerdo a la interpretación que le daba cada uno de ellos. Pérez mostraba la parte moralizante del problema de acuerdo a los intereses de su partido que quería gobernar solo y sin su contrario, cosa que sucedía de igual manera con el partido conservador. Es decir, la exclusión política fue el fenómeno general de gobernabilidad estatal practicado por la clase dirigente en el siglo XIX. Es lo que María Teresa Uribe sostiene para analizar los conflictos del siglo XIX: en algunos casos, la guerra civil en mención fue una guerra por el “orden institucional”, toda vez que los partidos políticos no contentos con la forma de gobierno impuesta por su contrario, acudían al levantamiento armado contra ese orden institucional – fuera liberal o conservador – para imponer su propio orden. María Teresa Uribe manifiesta que eso fue producto, en parte, de la ausencia de luchas internacionales de la Nueva Granada en el siglo XIX, lo que no le permitió crear un sentido de defensa nacional ni un sentido de nacionalidad a sus habitantes con respecto a los extranjeros: “[...] la nación imaginada, contractual y de ciudadanos, no tuvo retos externos que hubiesen permitido el desarrollo de procesos de cohesión o de alguna forma de conciencia nacional y, en su defecto, lo predominante fueron las guerras en el interior de las fronteras nacionales, muchas de ellas con referentes regionales y anudadas en torno al orden institucional público”152. La sociedad decimonónica neogranadina terminó peleándose entre ella misma y cuestionándose sus sistemas de gobierno cada vez que quiso, es decir, sus órdenes institucionales. Un ejemplo de ello son los primeros levantamientos armados al inicio de la guerra civil, en un sentido más regional que nacional. En el Magdalena se observó que los diputados conservadores cuestionaron el poder que tenían los liberales, los cuales querían tener una mayoría de esa bancada en la Asamblea Constituyente; en Santander la cosa no fue diferente, los mismos conservadores impugnaban el orden institucional liberal – radical que se había apoderado de ese Estado representado en la mayoría liberal que controlaba la asamblea dejando excluidos a los conservadores: Las medidas de libre cambio que imponían los liberales y que fueron motivo de rechazo y pronunciamiento por parte de los Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 264 Uribe de Hincapié, María Teresa. Las guerras por la nación durante el siglo XIX en: Revista de Estudios Políticos. No 18. Medellín, enero – junio de 2001. P. 18 151 152

conservadores, eran protestas de un grupo en oposición a un orden; y qué decir del Estado de Bolívar donde el caudillo Nieto se pronunciaba en contra del orden institucional conservador considerando que ese gobierno quebrantaba las libertades públicas al valerse de las leyes de “represión” de 1859, porque si bien se estaba en contra de orden regional, también lo era que no se aceptaba el nacional y sus leyes centralizadoras y fiscalizadoras; y, por último, el Estado del Cauca, donde su gobernador Mosquera, por defender su forma de gobierno federal y la autonomía de su Estado, no permitió que las medidas ejecutivas nacionales interfiriera con los poderes regionales, es decir, él también terminó cuestionando el orden institucional impuesto desde el gobierno central contra el regional y por ello se prendió la guerra con un carácter más nacional, pues Mosquera no resolvió una guerra dentro de su territorio para alcanzar el poder regional – que ya lo tenía – sino que se enfrentó al poder nacional involucrando a otros Estados que se encontraban en la misma sintonía de ideas e intereses: impedir que el gobierno conservador reformara el pacto federal convirtiendo la república en centralista, con débiles autonomías regionales. La Confederación se encontraba plenamente polarizada en materia política y este fenómeno, siguiendo a María Teresa Uribe, será denominado animus belli para referirse al estado permanente de agresión y de odios heredados que vivió la clase política colombiana en el siglo XIX y que irrigó sus distintas redes sociales, políticas, económicas, religiosas y culturales, llevando a resolver sus conflictos por la vía de la guerra. Uribe resume esta cuestión que iba en desmedro de la nacionalidad colombiana – propinada por las continuas luchas interiores – de la siguiente manera: El siglo XIX colombiano se ha interpretado como una sucesión de guerras civiles, de pronunciamientos locales y regionales, de disputas partidistas, de motines clericales, de revueltas de artesanos y campesinos, acompañados de resistencias negras e indígenas y de refugios y desplazamientos de la población excluida o derrotada en esas contiendas; en otras palabras, lo predominante en la historia del siglo XIX parece haber sido el animus belli, la voluntad manifiesta de recurrir a las armas y a las rebeliones contra el orden institucional, desde un orden virtual que parecía más justo y más adecuado para los intereses nacionales, lo que fue prefigurando un estado de guerra prolongado, un eje de pervivencia histórica que contribuyó a definir pertenencias y diferencias, asociadas ahora con los partidos, escindiendo la nación imaginada en dos mitades y debilitando, al mismo tiempo, el referente nacional153.

153

Ibíd. P. 18

Este panorama general deja ver el estado causal por el cual se desatará la guerra civil, ahora con un protagonista como el general Tomás Cipriano de Mosquera, quien le dará a la contienda un matiz nacional al querer derrocar no un gobierno seccional sino el poder central en manos del partido conservador. En este momento, al iniciarse el año de 1860, se alinearán los Estados federales en pro o en contra de Ospina o de Mosquera, es decir, en pro o en contra de una política – como lo decían de manera reducida los protagonistas de la época – “centralista” o “federal”. El Estado de Antioquia se inclinará por la primera entrando a participar en la guerra civil en la defensa del gobierno nacional conservador de Mariano Ospina Rodríguez.

2.

ANTECEDENTES DE LA GUERRA CIVIL EN EL ESTADO DE ANTIOQUIA

3. 1. ¿El Estado de Antioquia en completa paz?154 Transcurrido el año de 1859, el Estado de Antioquia vivía una paz octaviana por lo que era percibido como una isla en el concierto de la confedebación Granadina. Mientras ocurrían los primeros levantamientos armados en los Estados de Magdalena, Santander, Bolívar y Cauca, la región antioqueña desarrollaba extraordinariamente el comercio y la minería; su transcurrir económico lo hacía uno de los Estados más ricos de la república y en cuanto al ánimo de guerra, “al parecer”, ni existía en él ni era muy deseado. El Gobernador del Estado era el conservador Rafael María Giraldo, quien había sido elegido por la Legislatura del Estado para regir los destinos de esta sección por un período de un poco más de 6 años (31 de agosto de 1855 a 21 de enero de 1862). Él mismo, en uno de sus informes a la legislatura estatal en el año de 1859, manifestaba el sosiego, paz y ambiente de trabajo y progreso existente en la región, y expresaba al igual que su homólogo conservador, lariano Ospina Rodríguez, el disgusto de ensayar las ideas liberales utópicas y la famosa “Libertad sin desenfreno”. Esto decía Giraldo: El Estado de Antioquia comprendía una extensión territorial de 59. 000 mil Km 2, el séptimo más extenso de los que integraba la Confederación Granadina y con una población de 291.965 habitantes, según el censo publicado por la Secretaría de Gobierno el 21 de enero de 1860. Este Estado lo integraban ocho departamentos así: Centro con capital Medellín, Santa Rosa con capital Santa Rosa de Osos, Riónegro con capital Ríonegro, Occidente y su capital Antioquia, Sopetrán con capital Sopetrán, Oriente con capital Marinilla, Aranzazu con capital Sonsón y Amalfi con capital Amalfi. Los de filiación conservadora eran: Centro, Aranzazu, Santa Rosa y Oriente, mientras que los de filiación liberal eran: Amalfí, Ríonegro, Sopetrán y Occidente. (Los datos de población son tomados del tomo 5 de las Hojas Sueltas: 1860 – 1864, localizadas en la Sala de Patrimonio Documental de la Biblioteca Central de la U. DE. A.)

154

En medio de la peligrosa crisis que hoy atraviesa la República ensayando una nueva forma de gobierno, que por desgracia, ha empezado con los mismos fatídicos escándalos que ahora cincuenta años comenzara idénticos ensayos; es altamente glorioso para el nombre antioqueño poder anunciaros hoy que el orden público se conserva inalterable en toda la extensión del Estado; que la paz, este bien de incalculable precio con que Dios se ha dignado favorecer y distinguir, entre todos los Estados de la Confederación al feliz Estado de Antioquia, extiende al presente majestuosas alas protectoras de uno a otro confín del territorio antioqueño, que bajo su sombra bienhechora la industria, hija del trabajo honrado, se desarrolla por todas partes con actividad incansable, adquiriendo en cortos años dimensiones poco antes desconocidas; que las personas y las propiedades gozan, en general, de completa seguridad legal; que la concordia, en fin, entre todos los antioqueños se consolida más y más cada día. Es que, en presencia de bienes tan preciosos, que todos ven y palpan, que esa paz dichosa nos ha hecho saborear por tres años consecutivos; los antioqueños todos sin distinción de colores políticos, en cuyos pechos arde el fuego del verdadero patriotismo, ha llegado a comprender muy bien que la paz, bajo el imperio de la constitución y de la ley, es la primera, la más urgente necesidad de los pueblos que desean marchar por la senda del verdadero progreso moral y material: Progreso que jamás alcanzará los que, alucinados por las bellas y seductoras teorías de una libertad sin límites, corren tras un fantasma de felicidad que los conduce derecho a un abismo sin fondo de espantables horrores, consecuencia indeclinable del verdadero ejercicio de una libertad desenfrenada.155 Ese estado de bienestar expuesto por el gobernador Giraldo para la región antioqueña, y ese interés por el orden y un relativamente explícito federalismo exento de teorías de libertades ilimitadas, contrastaba con la opinión del liberal Felipe Pérez, quien veía “tal” estado como una completa falacia o idea mal vendida por los conservadores a la opinión pública nacional. Al respecto, Pérez sostenía que: En medio de estas agitaciones y estas luchas amenazantes de periódicos, gobiernos, sistemas y partidos, el Estado de Antioquia dormía el sueño del despotismo bajo las apariencias de una feliz tranquilidad. Allí todo estaba quieto, y su paz de sepultura era tomada por los tontos como el mejor modelo de buen gobierno.

Con Antioquia ha sucedido siempre en la Nueva Granada, lo que con Chile en el continente meridional. Con el manto del orden ha encubierto siempre los más feos defectos políticos; pero como no hay revoluciones, todo el mundo se ha quedado repitiendo y creyendo que allí todo es progreso, libertad y contento; más cuan lejos ha estado y estará esto de la verdad!156. Lo dicho por Pérez era la crítica a la cacareada “homogeneidad” y “prosperidad” antioqueña impulsada por los conservadores, toda vez que la lectura del gobernador Giraldo era totalizante, y aunque Antioquia tuvo mejores niveles de ingreso y más fuentes de trabajo que otras regiones, no obstante, ésta contaba con subregiones deprimidas y algunas de pobreza y conflicto. Este fenómeno lo analiza más claramente María Teresa Uribe al estudiar la territorialidad del conflicto en Antioquia, en donde manifiesta que la jurisdicción política antioqueña abarcaba subregiones que no pertenecieron al llamado “proyecto fundacional” de la “sociedad mayor”, proyecto este que fue pensado por los “intelectuales orgánicos” de la independencia como José Félix de Restrepo, Juan del Corral y José Manuel Restrepo, el cual marcó un ethos en la región con valores y prácticas sociales a los cuales se les dio el nombre de antioqueñidad y que sirvió como referente de identidad “para unos pobladores que empezaban apenas a descubrir las ventajas de la autonomía y la autodeterminación políticas”157. Ese proyecto – dice Uribe – se manifestó en tres aspectos definidos: el económico (red mercantil especulativa y de comercio integrador de la región), el ético cultural representado en los valores hacia el trabajo material y la familia como unidad productiva y paradigma de orden social y, el político, plasmado en instituciones como el cabildo municipal, las casas comerciales y las filiaciones locales158. Pero si bien esa “sociedad mayor”, es decir aquella elite comercial y política impulsó un proyecto integrador e incluyente, ella misma lo fue de manera excluyente, ya que ese pacto o proyecto fundacional fue solamente suscrito por los criollos blancos y grupos mestizos; quienes excluyeron a las etnias (negros e indios) y a todas aquellas personas “que con sus formas de vida o pensamiento pusieron en peligro la moralidad, las bases y fundamentos de la identidad del pueblo antioqueño159. Al crearse esa exclusión, la jurisdicción administrativa antioqueña no fue un todo homogéneo y definido, sino por el contrario, heterogéneo tanto social como económicamente. Así, las regiones de la jurisdicción antioqueña Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Gobierno. Mensaje del poder ejecutivo e informe general sobre los negocios del Estado. 1(59. Libro 2318. Documento 1. Folio 83. 156 Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 254 157 Uribe de Hincapié, Maria Teresa. La territorialidad del conflicto y de la violencia en Antioquia en: Nación, Ciudadano y Soberano. Corporación REGIÓN. Medellín, 2001. P. 97 158 Ibíd. Pp. 100 – 102 155

que más representaban el proyecto fundacional fueron: La región central compuesta por el eje Ríonegro, Santa Fe de Antioquia y Medellín; la región del suroeste con el eje Titiribí, Fredonia, Jericó y Bolívar; la región oriental integrada por los centros de Ríonegro y Marinilla y, la región norte con Yarumal, Santa Rosa y Amalfi160. Mientras que las zonas excluídas del proyecto – según Uribe – fueron la occidental que tuvo un predominio de poblamiento indígena en los resguardos de Cañasgordas, Murrí y Sabanalarga y que impuso resistencias, toda vez que era “una raza degradada reacia a entrar por los caminos de la civilización”161; y la zona del nordeste con una alta población negra y mestiza dedicada a las tareas mineras en poblaciones como Zaragoza, Segovia, Remedios y Cáceres, en un clima bastante cálido. Muchos comerciantes del proyecto fundacional se beneficiaron de la minería en estas zonas, pero la población de allí se adaptó a formas distintas de unidad familiar162 opuestas a las del pboyecto conservador – católico impuesto por los blancos de la montaña, quienes trataron peyorativamente a estos habitantes como negros bozales y libertos. Esto se palpará más claramente cuando se presenten las invasiones de los ejércitos costeños por la frontera norte y nordeste del Estado de Antioquia en la guerra civil, y de la posición de aquellas poblaciones en contra de los “conservadores blancos” de Medellín y del centro del Estado. Ya el movimiento de la guerra le tenía reservado al Estado de Antioquia no un comienzo sino un final. Un comienzo que involucró primero – como ya se dijo – a los Estados de Magdalena, Santander, Bolívar y Cauca. Antioquia sería visto como el “fortín”, según los conservadores, del cual debían adueñarse los liberales radicales. Sí el Estado de Santander era de mayorías liberales, pues el de Antioquia lo era de mayorías conservadoras, y esto hacía que fuera mal vista por los liberales de la república aquella sección que tarde o temprano decidiría la suerte de la guerra, toda vez que esa mayoría conservadora siguió los consejos del gobernador Giraldo y apoyó irrestrictamente al gobierno de la Confederación del presidente Ospina. Debe decirse también que la supuesta homogeneidad tampoco se presentaba en la política partidista dentro de la jurisdicción antioqueña. Era claro que existían distritos claramente aliados con su partido y polos políticos opuestos: Ríonegro, Titiribí, Barbosa, Antioquia, Sopetrán, Zaragoza, representaban Ibíd. P. 104 Ibíd. P. 105 161 Ibíd. P. 105 162 María Teresa Uribe sostiene en este mismo trabajo las características ortodoxas del proyecto diciendo que: “la familia como paradigma del orden social y como espacio privilegiado para inculcar hábitos morales y de buen comportamiento, así como para el ejercicio del control social. El papel de la familia en la unidad pboductiva campesina y su importancia en la reproducción del ethos sociocultural, propició una legislación muy rígida contra todo aquello que pudiera erosionarla o descomponerla como la prostitución, el abandono de la casa paterna o el cónyuge, el concubinado, el madresolterismo; igual cosa ocurrió con aquellos comportamientos sociales que fuesen en contra del ethos del trabajo y del ahorro como el alcoholismo, los juegos de azar y la vagancia”. (Ibid. P. 101) 159 160

localidades liberales; mientras que Medellín, Marinilla, Santa Rosa, Amagá, Sonsón y Yarumal lo eran de filiación conservadora. Decía a este respecto a esto el historiador Roger Brew, que en Antioquia hubo un gran sentimiento partidista y de localismos extremos que propiciaban enfrentamientos como fueron los casos de Ríonegro y Marinilla, Titiribí y Amagá, y Santa Rosa y Barbosa donde “la naturaleza monolítica del sistema político establecido en los diversos municipios, fueran ellos liberales o conservadores, sostenía y era en parte sostenida por los sentimientos regionales dentro de Antioquia”163, toda vez que – dice Brew – a “la base de estos sentimientos se encuentra no sólo el deseo por la dominación local, sino también asuntos mundanos de conveniencia”164que involucraban la polídica y los negocios. Así que las adscripciones políticas (liberales o conservadoras) cobraban relevancia en Antioquia, como debió ocurrir a su manera en las demás regiones, y en sus poblaciones, las cuales le apuntaron a un partido político mostrando a todas luces la simpatía por cualquiera de los dos. De todos modos debe decirse que el proyecto fundacional antioqueño del que habla Maria Teresa Uribe era más fiel a la doctrina conservadora, ya que la iglesia fue la tutora del cumplimiento cabal del proyecto y esto hacía que la región central del Estado de Antioquia, es decir, la comprendida entre la zona montañosa y la de clima templado, estuviera adscrita en su mayoría al partido conservador. Roger Brew señala que en Antioquia sólo por la vía armada lograron imponer los liberales sus dirigentes políticos en la administración de la provincia o del Estado o, por nombramiento directo desde Bogotá, lo que mostraba la supremacía del partido conservador en esta región. Sobre este aspecto señala Brew lo siguiente: La peculiar unanimidad política de la mayor parte de los sitios en Antioquia y a la existencia de grandes sectores de opinión mayoritarios en los demás. Ciertamente que ninguna de las poblaciones principales dejaba dudas sobre la lealtad política durante un período largo de tiempo. Sin embargo algunas de ellas mantenían sectores minoritarios grandes aunque con un apoyo externo podían volverse peligrosos. Medellín era menos homogéneo socialmente que cualquier otra poblaciãn, y los liberales fuertes en la clase alta; sin embargo, en ninguna elección en la que no hubiera intervención directa de una administración liberal puesta en el poder por Bogotá, pudieron ganar los liberales165. Lo anterior quería decir que el partido liberal gobernó poco, tanto cuando estuvo constituía la antigua provincia de Antioquia como durante el Estado Federal, y cuando gobernó – dice Brew – no lo hizo Brew, Roger. Op. Cit. Pp. 44 – 45 Ibíd. Pp. 47 – 48 165 Ibíd. P. 42 163 164

por amplia mayoría electoral, sino por imposición de los gobiernos liberales de Bogotá o, por la vía armada como ocurrrió en 1851 y como lo hizo el general Mosquera en el año de 1862, cuando sometió al Estado de Antioquia. Resumiendo, aquí lo que se trata de afirmar es que el Estado de Antioquia como jurisdicción política no era totalmente homogéneo y que en su interior existían tendencias conservadoras mayoritarias y algunos focos liberales que hicieron contrapeso a esas mayorías. De otro lado, ya el presidente de la Confederación Granadina había expedido un decreto por el cual se declaraba el estado de guerra en la Confederación el 3 de septiembre de 1859, debido a los levantamientos de algunos Estados. La posición que adoptara el Estado de Antioquia con respecto a la guerra y su participación en ella, sería de vital importancia. Por eso la elite política antioqueña, tanto liberal como conservadora y fiel defensora del proyecto fundacional, promotora de los valores de la “antioqueñidad” como la “paz, estabilidad, orden, horror a las novedades, religión, pragmatismo, educación y haciendas expresaban muy bien los ideales de los dirigentes antioqueños de esta época”166, sobre todo la conservadora que estaba del lado del gobernador Giraldo quien quería intervenir en la guerra para que no triunfaran las ideas liberales, ni el sistema federalista “a ultranza” y se practicase la “libertad sin desenfreno” y el “orden sin despotismo”. Rafael María Giraldo167 era un hombre sumamente conservador, con una tradición religiosa muy fuerte y unas ideas acordes con las de Mariano Ospina Rodríguez, quienes lo último que no querían era que el gobierno cayera en manos de los liberales. Por las razones expuestas, el debate que decidió la intervención o no del Estado de Antioquia en la guerra y que lo protagonizaron los individuos más representativos de la región, tanto liberales como conservadores, se centró y fue denominado la Neutralidad de Antioquia. Gustavo Arboleda afirmaba Melo, Jorge Orlando. Progreso y guerras civiles entre 1829 y 1851 en: Historia de Antioquia. Suramericana. Medellín, 1989. P. 107 167 Rafael María Giraldo nace en el Carmén de Viboral el 24 de octubre de 1808, quedando huérfano de madre a los 7 años de edad. Hizo estudios en el Colegio del Rosario en Bogotá, recibió el título de abogado de parte de los tribunales de la república en 1837. Después de la guerra de los supremos, se desempeñó en el cargo de administrador general de Hacienda de la provincia de Antioquia. En 1850 fue diputado de la Cámara provincial de Antioquia y, un año después, el general Eusebio Borrero (jefe civil y militar) lo nombró gobernador de la provincia de Medellín. Por el decreto de indulto del general Tomás Herrera de octubre de 1851, Giraldo sale desterrado de la Nueva Granada hacia el Perú, regresando 18 meses después. En el golpe militar de José María Melo, el 17 de abril de 1854, Giraldo comanda el batallón “Marinilla” que se integraría a las fuerzas constitucionales de la república en el puerto de Honda para abrir campaña sobre Bogotá y derrocar “la dictadura”. La ley del 14 de abril de 1855 reintegraba la antigua provincia de Antioquia (Medellín, Córdoba y Antioquia); la legislatura elige a Giraldo como gobernador, cargo que desempeñó hasta principios del año de 1862 en la campaña contra los ejércitos del general Mosquera defendiendo el gobierno conservador. Giraldo entrega la gobernación al también conservador Marceliano Vélez y marcha con el general Braulio Henao hacia el Estado del Cauca, donde muere en la batalla de Santa Bárbara de Cartago el 18 de septiembre de 1862. Tomado de: Ospina, Joaquín. Diccionario Biográfico y Bibliográfico de Colombia. Tomo II. Editorial Águila. Bogotá, 1937. Pp. 122 – 126 166

refiriéndose al año de 1859 que “el único Estado de la Confederación donde la paz se mantuvo inalterable durante todo el año fue Antioquia, ya porque el orden público interno no se vio alterado ni en lo más mínimo, ya porque el orden general, turbado en otras regiones de la Confederación, fue mirado con indiferencia, por el empeño que los antioqueños, así los colocados en las altas regiones oficiales como los simples ciudadanos de todas las colectividades políticas miraban con horror la lucha que desangraba a otros Estados y creían salvarse sosteniendo a todo trance la neutralidad”168. Gustavo Arboleda se refería aquí a la resistencia antioqueña a romper con esa paz inalterable de 1859; sin embargo, el decreto del 3 de septiembre de ese año, estando la Confederación Granadina en estado de guerra, y con los posteriores sucesos de 1860 en el Estado del Cauca, esos antioqueños de tendencia liberal creyeron ver la salvación del Estado de Antioquia al negarse a entrar en la guerra, pero finalmente lamentarían la intervención del Estado en apoyo decidido al gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez. El cuadro de la situación política del Estado de Antioquia a través de la historiografía, ha sido expuesto a través de dos variantes: La primera, conservadora, la cual manifestaba la total tranquilidad y ni el más mínimo deseo de perturbación del orden público en la región, ya que ésta tenía actividades más urgentes por desarrollar que estar en una guerra, su entrega a las labores económicas y el mantenimiento de un ambiente favorable de que gozaban sus habitantes bajo los gobiernos dirigidos por el partido conservador. Recuérdese que esta región fue y siguió siendo de una predominante tradición conservadora.169 La otra variante, la liberal, no aceptaba el hecho de no regir el gobierno en Antioquia y el que los conservadores no estuvieran en contra de las leyes ospinistas de 1859, considerándolas inconstitucionales. La retórica liberal, tal como también lo hicieron los conservadores, siempre utilizó palabras bastante ofensivas para con el partido contrario y su discurso representó versiones de reivindicación de lo social, muchas veces de tendencias populistas, enalteciendo al pueblo y sus desgracias. Gustavo Arboleda. Op. Cit. P. 370 Sobre la tradición de gobiernos conservadores en el Estado de Antioquia, el historiador Luis Javier Ortíz, al referirse sólo al período federal (1850 – 1885), observaba que “Antioquia continuó su proceso acelerado de modernización y se constituyó en el bastión más fuerte del conservatismo en el país. Entre 1850 y 1885 el poder regional en Antioquia estuvo mayoritariamente en manos de los conservadores bajo los gobiernos de Mariano Ospina R., Rafael María Giraldo y Marceliano Vélez entre 1854 y 1862, y después del golpe militar de Pascual Bravo, formaron gobiernos más hegemónicos con Pedro Justo Berrío (1864 – 73) y Recaredo de Villa (1874 – 77). Los liberales por su parte obtuvieron el gobierno de Antioquia entre 1850 y 1853 (con una interrupción de un poco más de 2 meses en 1851) debido al nombramiento directo de gobernadores realizado por el Poder Ejecutivo Nacional. Más adelante, controlaron el Estado a través de la intervención de los Ejércitos Nacionales al final de las guerras de 1860 – 62 y 1876 – 77. En 1863, Tomás Cipriano de Mosquera, Antonio Mendoza y Pascual Bravo ejercieron el poder en Antioquia, y entre 1877 y 1885, los generales Julián Trujillo, Daniel Aldana y Tomás Rengifo y los doctores Pedro A. Restrepo U. y Luciano Restrepo E. asumieron el gobierno del Estado. Tomado de: Ortiz Mesa, Luis Javier. Aspectos de Antioquia en la segunda mitad del siglo XIX – Marceliano Vélez en: Figuras Políticas en Antioquia, Siglos XIX y XX. Ciclo de Conferencias. ICFES. Medellín, 1986. P. 64 168 169

Pascual Bravo fue un representante de este tipo de ideas y así lo plasmó en su Ensayo sobre la situación de

la república. Sus causas y sus defectos170 pintando un cuadro social muy deprimente del Estado de Antioquia, lo que terminaba justificando una posible guerra ante una paz aparente, que revelaba que en Antioquia había problemas sociales profundos que no permitirían que esta región estuviese ausente y neutral ante la guerra, contrariando la “paz” presentada por Rafael María Giraldo gobernador del Estado. Bravo decía: A pesar de la calma que se nota en su superficie, no es el país venturoso que se fijen algunos. Los delitos feroces tan frecuentes y las bárbaras penas que se les impone; la opresión de las clases desvalidas eregida en sistema; el espionaje, la delación, las persecuciones arbitrarias, las bárbaras e impunibles de esos nuevos señores feudales que se llaman asentistas y administradores; los odios recíprocos, la profunda inmoralidad que engendra el monopolio, no son por cierto signos de bienestar social. Es cierto que se desarrolla el espíritu de empresa y que la industria progresa un poco, - pero ¿No se ve la errada dirección que toma ese espíritu en lo general? los juzgados superiores e inferiores son diariamente invadidos por una multitud desproporcionada de litigantes: Este ataca aquel se defiende: Aquí está el derecho, allí la usurpación; pero todas las causas hallan defensores y los agiotistas pululan por todas partes; los trabajadores, labradores, mineros, artesanos, obreros y dependientes, están siempre unidos al yugo de un trabajo casi siempre ímprobo o lento en sus productos; y aquellos sólo forman las grandes fortunas y por su medio establecen una oligarquía vejatoria e insoportable. La concupiscencia se ha apoderado de los corazones. El oro es el dios de la sociedad. El espíritu muere envenenado por el tósigo de un culto tan material. Los afortunados reinan en las oficinas y en el mundo; los desgraciados lloran en ocultas chozas o duermen en las tabernas el sueño fatídico de sus decepciones y de sus remordimientos. – ¿Es esta por fortuna una sociedad bien organizada? – Respondan con sinceridad todos los hombres de corazón, y todos proclamarán con nosotros la existencia de un mal social profundo y destructor. Lejos de nuestra mente la idea de ofender y de agriar las pasiones; nuestro único propósito al trazar este cuadro, es hacer que el ánimo de nuestros lectores se penetre de todo lo que de terrible tiene la situación, para que se busque con ardor una saludable solución171. De esta forma se trataba de conseguir el apoyo de las clases menos favorecidas para lograr un fin político, el respaldo al liberalismo, y de paso, a un federalismo mucho más radical que el de la constitución Bravo, Pascual. Ensayo sobre la situación de la república. Sus causas y sus defectos. Imprenta de Balcázar. Medellín, 1860 en: Folletos Misceláneos, Volumen 125 (Sala de Patrimonio Documental. Biblioteca (U. DE.A.) 171 Bravo. Pascual. Op. Cit. Pp. 3 – 4 170

de 1858. Esta carga discursiva que tuvo su estilo similar en el conservatismo, fue uno de los precedentes bélicos entre los partidos políticos que desembocaron en los debates contestatarios de uno y otro bando y buscaron imponer sus ideas y excluir las contrarias.

3.2. La Neutralidad de Antioquia

El panorama de rebelión y levantamiento armado que experimentaba la Confederación Granadina al finalizar el año de 1859 era bastante crítico. Los Estados de Santander, Bolívar, Magdalena y Cauca fueron los escollos políticos del gobierno Ospina que veía como varias de las secciones de república abrazaban el sistema federal, al nuevo estilo liberal, desconociendo los mandatos constitucionales de la carta reformada en 1859. Mariano Ospina Rodríguez, como ya se dijo, imponía un sistema federalista con alto peso de controles sobre los Estados (ver leyes reformatorias) que era mal visto por los liberales, pero no permitía, bajo ningún motivo, que éste se cambiara por las vías de hecho. Lo anterior se puso en evidencia cuando el presidente de la Confederación comenzó a pedir auxilios a los Estados que estaban de su lado, es decir, que mantenían unas políticas de respeto y sometimiento a la constitución y leyes de la república. Esos Estados eran Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. El Estado de guerra ya había sido declarado por el gobierno el 3 de septiembre de 1859. Así, éste se vio en la obligación de pedir auxilios (hombres y armas) a sus Estados fieles para evitar la turbación del orden público: “A Cundinamarca pidió el gobierno un contingente de 1.500 conscriptos, solicitó también fuerzas a Boyacá e igualmente a Antioquia, que eran los tres Estados en cuya lealtad podía confiar plenamente y con cuya ayuda esperaba salir airoso en las emergencias que se presentaban”172. El Estado de Panamá se encontraba en aparente paz y sin motivos de alarma para el gobierno general. Una vez solicitados los auxilios a dichos Estados, el gobernador del Estado de Antioquia, Rafael María Giraldo, envió una comunicación al gobierno general en la que le manifestaba su más enconado deseo de auxiliarlo, y para ello, necesitaba que la legislatura del Estado le autorizase y suministrase herramientas legales con el fin de pedir auxilios a los habitantes de Antioquia y así restablecer la tranquilidad pública nacional. Así se manifestaba Giraldo al poder ejecutivo nacional:

172

Ibíd. Vol. XI. Pp. 12

Debiendo reunirse dentro de cinco días (1° de octubre) la legislatura del Estado, el infrascrito piensa dirigirse a dicho cuerpo por medio de un mensaje especial, manifestándole el estado en que se encuentra la Confederación y el deber en que se está, por parte de este Estado, de suministrar al gobierno de la Confederación los recursos que necesite para atender a su primer deber, de guardar el orden y la tranquilidad interior; para lo cual es indispensable que la legislatura dé al poder ejecutivo las autorizaciones convenientes a efecto de atender a las exigencias de la actual situación173. Como una de las primeras medidas, el gobernador llamó a prestar servicios militares al teniente coronel Braulio Henao, El “Héroe de Salamina”174, quien ya tenía una larga trayectoria militar y había prestado sus servicios a la causa del gobierno conservador. Braulio Henao nació en el paraje de La Leona, jurisdicción del Retiro (Antioquia) el 26 de marzo de 1802 “fue jefe del cantón de Salamina, comandante militar de Antioquia, Representante a la Cámara Provincial del mismo Departamento, miembro del Congreso Nacional y como tal asistió a la sesión del memorable 7 de marzo de 1849”175. Su carrera militar la inicia a la edad de 14 años participando en batallas de la independencia y en las sucesivas rebeliones que tuvo el país hasta 1876. Fue además Prefecto y Alcalde de Sonsón – población decisiva en los procesos de colonización del sur antioqueño, y centro de conexiones con el oriente de la región – donde residió gran parte de su vida. Henao sería el comandante general de la Tercera División antioqueña en la guerra de 1860 a 1862. De nuevo, el 5 de diciembre de 1859, el gobernador del Estado envió una comunicación a la Legislatura del Estado de Antioquia a fin de resolver la pertinencia o no de intervenir en la guerra auxiliando Ibíd. Pp. 12 Este mote se debió a que el 5 de mayo de 1840 combatiendo para las tropas del gobierno, venció al supremo rebelde Salvador Córdova en los Campos de Salamina. Con esta victoria se dio fin a la llamada guerra de los supremos en la provincia de Antioquia. 175 Braulio Henao se destacó en el territorio antioqueño como uno de los pocos líderes militares antioqueños de valía, fuerza, jefatura y dirección. Los estudios de Henao fueron elementales, siendo la carrera militar su principal dedicación. Recibió el grado de sargento primero el 1° de abril de 1822, luchando en las batallas de la independencia, en acciones como la de “Chorros Blancos”, Santa Marta y Cartagena. Henao a través de las distintas guerras llegó a obtener el grado de general. Fue jefe del Cantón de Salamina donde tenía una gran cauda militar, fue además comandante militar de Antioquia, representante a la Cámara provincial, miembro del Congreso nacional y prefecto y alcalde de Sonsón. En la guerra de los supremos, Henao vence al supremo José María Vezga y a Salvador Córdova el 5 de mayo de 1841en la batalla de Salamina, obdeniendo allí el grado de teniente coronel. El 22 de noviembre de 1854, triunfó con las fuerzas constitucionales en el campo de Bosa (Cerca de Bogotá) sobre los melistas y, finalmente, en la campaña de 1860 a 1862 defendió el Estado de Antioquia comandando la tebcera división de la amenaza de los ejércitos mosqueristas. Braulio Henao meera a la edad de 100 años en Sonsón. Tomado de: Ospina, Joaquín. Op. Cit. Pp. 315 – 317 173 174

al gobierno nacional. Gustavo Arboleda comentó que entre las dos Cámaras de la Legislatura de Antioqueña hubo una divergencia plena por las reformas que debían hacerse a la constitución del Estado antioqueño con el propósito de ajustarla a la constitución reformada de 1859. La divergencia se acentuó cada vez más cuando de prestar ayuda al gobierno se trataba. Ambas Cámaras de la Legislatura Estatal estaban de acuerdo en que se debía auxiliar al gobierno para sofocar la cricis, pero diferían, según el mismo Arboleda, en la forma: La Cámara de Diputados de la Legislatura era firme y decidida a la hora de prestar apoyo al gobierno y consideraba que con un acuerdo o acto legislativo bastaba para ratificar la ayuda. El Senado de la misma Legislatura, por el contrario, “creyó que la opinión debía darse por medio de una proposición común, aprobada por ambas salas”. Por lo tanto la Cámara de Diputados la aprobó, el 15 de diciembre de 1859, separadamente de su homóloga legislativa y dictaminó los pasos que el gobernador debía seguir en ese momento: 1°. Que deben prestarse al gobierno general los auxilios que se soliciten, de acuerdo con la doctrina de la constitución federal, cuando fuere turbado el orden general en los casos previstos por la misma constitución; 2°. Que el señor gobernador debe convocar la legislatura del Estado cuando llegue el caso de cumplir con ese deber, a fin de oír su opinión y obtener su apoyo en las resoluciones y providencias que deba citar. La sala de diputados estima muy laudable la prudencia con que el señor gobernador ha cuidado de mantener la paz en el Estado de Antioquia en las presentes circunstancias. – El presidente Ricardo Villa. – el diputado secretario, Camilo S. Arango176. Una vez hecha la proposición por la Cámara de Diputados de la Legislatura antioqueña, el Senado, de esa misma corporación, respondió, doce días después (17 de diciembre de 1859), argumentando que el gobierno estatal debía obrar en concordancia con las leyes constitucionales y que las disposiciones para el Estado no se debían dar separadamente por las dos Cámaras, sino conjunta y complementariamente como un solo cuerpo, haciendo el verdadero ejercicio del poder representativo. Sin embargo, el Senado reconoció que aunque “tiene firme convencimiento de que el Estado debe cumplir estrictamente el deber que tiene de prestar al gobierno de la Confederación el apoyo de su fuerza contra los perturbadores del orden general, se abstiene, sin embargo, de manifestarlo así al poder ejecutivo en respuesta al citado mensaje, porque el 176

Arboleda, Gustavo. Op. Cit. P. 136

Senado no quiere sentar el precedente ni dar el ejemplo de abrogarse facultades que ni la constitución ni la ley le han atribuido”177 El Senado recordó que con dicha conducta – sugerencia de no intervención en la decisión – se excluía de cualquier responsabilidad en caso de haber guerra, sí el Estado de Antioquia participaba en ella apoyando al gobierno. Los más convencidos de que Antioquia debía apoyar al gobierno fueron los Diputados e individuos conservadores cercanos y adeptos al gobierno de Giraldo y Ospina, quienes manifestaron después de la decisión del Senado, que el presidente del Estado de Antioquia no debía consultar a la Legislatura estatal para tomar la resolución de apoyo al gobierno nacional, y que el gobernador Giraldo sólo debía atenerse a la constitución federal “que dispone bien claramente los casos en que deben los Estados poner sus recursos y sus fuerzas a disposición del gobierno general”178. Lo anterior mostraba la más firme decición de entrar en la guerra para detener los nuevos proyectos liberales e imposibilitar el cambio en el poder político nacional y en el de algunas regiones. El periodista liberal – radical Felipe Pérez comentaba su posición frente al debate de la intervención o no en la guerra por parte del Estado de Antioquia y enfatizaba que el problema se reducía a la oposición existente y latente entre dos elementos antagónicos entre los antioqueños. Según Pérez, existía en Antioquia un elemento honrado y pacífico representado por los ciudadanos y un elemento inmoral y guerrero

representado por el gobernador Giraldo y su círculo sanguinario y pertinaz en el cual se encontraba su gabinete ejecutivo (Demetrio Viana y Remigio Martínez) y los militares que apoyaron la defensa del Estado de Antioquia como Braulio Henao, Pedro Justo Berrío y Marceliano Vélez, entre los más destacados. Estos dos elementos en su opinión, representaban a su vez, el honrado y pacífico, al partido liberal, mientras que el inmoral y guerrero, al conservador. En opinión de Pérez, dicha disyuntiva marcó el destino político y el papel que jugaría Antioquia en la guerra civil. Pérez, con remordimiento y pesar, decía que al fin se vencería ese elemento hostil (conservador) sobre el conciliador y neutral (liberal) y con ello se decidiría de una vez por todas la intervención de Antioquia en la guerra: Sin embargo ese elemento racional y, que veía claramente que Antioquia no iba a ganar nada con la guerra civil, y sí arruinarse en sus intereses mercantiles; que veía que esa guerra, no era justa, ni llevaría a ningún feliz resultado, porque no tenía más objeto que satisfacer la terquedad y la soberbia políticas del 177

Ibíd. P. 136

presidente Ospína; sin embargo, decimos, ese elemento fue vencido al fin, y tuvo que llorar en silencio los males del anuncio179. Según palabras de Pérez, el gobernador Giraldo no tenía la más firme necesidad de consultar a nadie sobre esta materia tan delicada y su simple poder le avalaba sus decisiones “porque el que manda, manda, y el que sabe, sabe; y como estas dos cualidades residen en el gobernador”, se presagiaba – decía Pérez – que Giraldo ya había ofrecido sus servicios al gobierno desde el 26 de septiembre de 1859, es decir, 23 días después del decreto en que se declaraba en estado de guerra la Confederación Granadina. La historiografía consultada180 sobre el tema, ha manifestado constantemente que el gobernador Giraldo se mostraba en un principio a favor de la neutralidad, pero la verdad, es que ella misma no cita un solo documento en que demuestre tal afirmación. Lo que se percibe es todo lo contrario, Rafael María Giraldo con sus ideas ortodoxas conservadoras apoyaba a Ospina y deseaba como él que la paz en la república no fuera menoscabada y que las políticas federales de Mosquera no triunfaran. Esto era ratificado por Pérez quien en su libro ya citado sobre los Anales de la revolución, trata hasta lo imposible de demostrar que Giraldo sí tenía la intención de apoyar y serle fiel a Ospina, ya que al gobernador de Antioquia se le había ofrecido la presidencia de la Confederación Granadina para el período 1861 – 1865: “Se dijo que siendo de vital importancia para Ospina y el círculo centralista que lo rodeaba, la intervención de Antioquia en la revolución, se había ofrecido a Giraldo la presidencia de la república en premio de su desistencia de toda idea de neutralidad, sí se hizo o no tal ofrecimiento, no lo sabemos; pero lo que sí sabemos es que Giraldo, cambiando repentinamente de la política, que aparentaba, no solo fue un satélite de Ospina en un todo y por todo, sino que ha sido uno de los más constantes defensores de su causa. Cierto es que el ofrecimiento (sí se llegó ha hacérsele, y él tuvo la niñería de creerlo) no se cumplió, aunque sí se le quitó la candidatura al general Herrán, pero el hombre estaba ya, cuando esto sucedió, tan comprometido, que no le era posible ni honroso volverse atrás”181. Vale decir aquí, que Felipe Pérez, por su ánimo de partido quería dejar ante la posteridad la culpabilidad de Ospina y Giraldo en el decenlace que tuvo la guerra. Los quería hacer ver ante la historia como dos políticos avezados, calculadores y hasta guerreros tal como éstos percibían a sus adversarios y los culpabilizaban. De tal forma que esta lucha más que ser interpretada como

Ibíd. P. 137 Felipe, Op. Cit. P. 258 180 Las obras ya citadas de Estanislao Gómez Barrientos, Gustavo Arboleda, Abraham Moreno y Felipe Pérez. 181 Pérez, Felipe. Op. Cit. Pp. 260 178

179 Pérez,

un fenómeno de “pasiones” y “culpas” sin más entre individuos, debe ratificar más bien las maneras de descalificación y afirmación partidista. De todas formas, hasta el mismo Pérez es hipotético y no corrobora claramente la verdadera intención del gobernador Giraldo frente a la neutralidad de Antioquia en la guerra; los rumores de Pérez son palpables, porque él no demuestra sí se le ofreció o no la presidencia a Giraldo, sólo queda en el ambiente la conducta poco ética del gobernador que era el propósito final de Pérez: el de deslegitimar el gobierno conservador regional y nacionalmente. Ya los vientos de guerra se empezaban a sentir en el Estado de Antioquia. El 15 de noviembre de 1859, la Legislatura del Estado y el gobernador Giraldo, sancionaron la ley “derogatoria de la de 5 de noviembre de 1857 disponiendo el repartimiento de armas pertenecientes al Estado”182. ¿Qué significaba esto? Que las armas que poseyeran los particulares y que pertenecían al Estado de Antioquia, debían ser devueltas para destinarlas a las guardias municipales y a las tropas del Estado con el propósito de defenderlo en caso de una posible incursión por parte de los Estados hostiles. El texto rezaba de la siguiente manera: Artículo 1°. Derogase la ley de 5 de noviembre de mil ochocientos cincuenta y siete, disponiendo el repartimiento de las armas pertenecientes al Estado. Artículo 2°. El poder ejecutivo dispondrá que las armas que fueron repartidas conforme a la citada ley, sean recogidas en el más breve término. El individuo que hubiere recibido un fusil de los pertenecientes al Estado y que no lo devuelva conforme le fue entregado, tendrá la obligación de reponerlo a su costa, o de pagar su valor conforme lo dispone el artículo 6° de la ley que se deroga por la presente. Artículo 3°. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, se autoriza al poder ejecutivo para dejar de las armas repartidas, el número que crea conveniente en aquellos distritos en que juzgase que sean necesarias para la seguridad y el orden público. 183 ¿Cómo se explica por qué los habitantes tenían las armas en su poder y no el gobierno? Una explicación la da quien fuera un soldado de la época, Abraham Moreno184; el cual afirmaba que por aquel Constitucional de Antioquia. Medellín, 15 de diciembre de 1859. No 241. Trimestre 7. Pp. 1028 Ibíd. Pp. 1028 184 Abraham Moreno nació el 13 de marzo de de 1853 en Marinilla y murió a la edad de 79 años en la ciudad de Medellín el 13 de junio de 1914. Hizo estudios de lengua materna, matemáticas, ingeniería, geografía, ciencia constitucional, economía política, derecho civil, canónico y romano, historia sagrada y elementos de latinidad desde 1848 a 1855 interrumpidamente en el Colegio de San José de Marinilla y, posteriormente, desde 1855, en el Colegio Provincial de Medellín a cargo de Pedro Antonio Restrepo. Se 182 183

entonces no existía ejército permanente y la policía era el único cuerpo que brindaba la seguridad pública; sólo en los casos de mayor alteración eran llamadas a organizarse las guardias municipales cuyos integrantes compraban las armas gracias al comercio de las mismas y a la decidida autorización del gobierno. Esto explicaba Moreno: Una ley del Estado organizó la Guardia Municipal que se formaba de todos los granadinos mayores de 18 años y menores de 35 años, solteros, o casados sin hijos, que componían la guardia movible, y de 16 a 60 años la guardia local. La elección de los miembros de la guardia se hacía por los cabildos, quienes debían pasar las listas al gobernador, el que organizaba los batallones y escuadrones de cada localidad, nombrando sus jefes y oficiales. Además, cada individuo pudiente debía ARMARSE DE SU CUENTA y tenía el deber de conservar las armas limpias. Posteriormente se dispuso, por una ley, que las armas del Estado se venderían a los individuos que quisiesen comprarlas. No se hacía distinción de partidos para otorgar esta gracia, lo que prueba la confianza que el gobierno tenía en su prestigio y la seguridad de que todo el mundo disfrutaba. La paz y el orden estaban confiados a los guardias municipales, que en un momento dado podían llamarse a servicio, presentándose ya organizados, con sus jefes y oficiales respectivos. Felizmente la policía bastaba para darnos paz y garantías en esos inolvidables tiempos185. El debate de la neutralidad prosiguió tanto regional como nacionalmente. Mariano Ospina Rodríguez definía la neutralidad, como aquel estado de displicencia y falta de compromiso de parte de aquellos agentes que querían que el gobierno no actuase militarmente para repeler los continuos levantamientos armados que ya se habían convertido en guerra civil. Ospina decía que No contando los conspiradores con los medios necesarios para derribar al gobierno de Antioquia, no lo pretendieron; y dirigieron sus esfuerzos a inducir al gobierno y al Estado a rebelarse a medias llamando esto la neutralidad. Esta debía consistir en que el gobierno y el Estado desobedeciesen la constitución, las leyes y las órdenes del gobierno general en todo lo que tuviese relación con el mantenimiento o restablecimiento del orden en los demás Estados, absteniéndose, sin embargo, de ejecutar actos agresivos contra el gobierno desempeñó como secretario del juzgado del circuito de Santa Rosa hasta 1857, cuando pasó a desempeñar el cargo de juez del crimen allí mismo hasta el año de 1862, abandonando la ciudad de Santa Rosa por la persecución liberal. Sus labores como juez no le impidieron tomar las armas para defender el Estado de Antioquia en 1861 y 1862 combatiendo en Santo Domingo al lado de Pedro Justo Berrío, Marceliano Vélez y otros. Luego participó en posteriores campañas militares como las de 1876 y 1885. Moreno dejó escritas varias biografías como las de Justo Arosemena, Pedro Justo Berrió y Rafael María Giraldo; así como un trabajo historiográfico sobre el oriente de Antioquia en la guerra de independencia. Tomado de: Ospina, Joaquín. Op. Cit. Pp. 830 – 831

nacional. Tales esfuerzos no alcanzaron el fin apetecido, sin dejar por esto de producir graves y trascendentales consecuencias para la paz y la tranquilidad de la Confederación186. Era cierto, los promotores de la neutralidad siempre sostuvieron el más firme deseo de no actuar militarmente, pero vaya paradoja, el gobierno veía en esto una actitud contraproducente a sus intereses, lo cual se reducía a que necesariamente no se tenía opción diferente a la de entrar en guerra y defender el gobierno; toda posición neutral y pacifista era vista por las autoridades centrales como atentatoria contra el Estado confederado. El principal representante, defensor y promotor del debate de la neutralidad fue el liberal – radical Camilo Antonio Echeverri187, redactor del periódico “El Pueblo” e intelectual destacado de la juventud liberal antioqueña. Echeverri alborotó la opinión pública de aquel entonces, al publicar varios escritos en reacción a la decisión de Antioquia de participación en la guerra civil defendiendo al gobierno conservador. Uno de esos textos escrito el 18 de febrero de 1860 se tituló Antioquia y la reacción Ospina188. En él, Echeverri ponía de manifiesto, en primer lugar, su apoyo a todo movimiento, tendencia o partido político que defendiera la palabra Federalismo como la entendían los liberales, es decir, con libertad sin cortapisas y autónoma frente al gobierno central, y en segundo lugar, en este escrito que tenía el carácter de proclama caudillesca, llamaba a los antioqueños a rechazar el gobierno de Giraldo, siempre y cuando éste apoyara las políticas “guerreritas” del presidente Ospina. Echeverri veía a Antioquia como una unidad federal, liberal y radical, pues se refería en su escrito al “Partido de Antioquia” – concepto por él creado – como el partido federal y liberal que defendiera la soberanía del Estado frente al gobierno central. El texto de Echeverrí comprendía siete puntos centrales:

Moreno, Abraham. Op. Cit. P. 20 Wise de Guosy, Doris. Op. Cit. P. 197 187 Este controvertido liberal nació en Medellín el 13 de junio de 1827. Se desempeñó como “periodista, ingeniero, abogado, figuró mucho como hombre de talento. Como escrito, fue algo paradójico en sus ideas, pero expresivo, original, nervioso y a veces deslumbrante, con grandes recursos para la dialéctica”. Estudió en Bogotá en el Colegio del Rosario, Derecho, e hizo parte de la Escuela Republicana; regresó a Antioquia en 1851 sin graduarse, para luego emprender viaje a Inglaterra donde realizó estudios de Química, Matemáticas e Inglés; en 1854, de regreso al país, luchó contra la dictadura de Melo; en 1855 fundó el periódico El Pueblo en Medellín; hizo parte de la Convención de Ríonegro en 1863; en 1863 funda otro periódico llamado El Indice; por el año de 1873 hace parte del partido liberal independiente combatiendo luego en 1876 contra el gobierno liberal – radical; en 1879 redacta el periódico La Balanza; Echeverri muere el 8 de abril de 1887 en Medellín. Tomado de: Ospina, Joaquín. Op. Cit. Tomo I. Pp. 708 – 709 188 Echeverri, Camilo Antonio. Antioquia y la reacción Ospina. Medellín. Imprenta de la Sociedad, 1860 en: Hojas Sueltas. Domo 5. 1860 – 1864. Sala de Patbimonio Documental. U. DE. A. 185 186

1°. Unión sincera y leal del partido liberal con el partido conservador federalista. 2°. Apoyo decidido al gobierno del Estado si toma, como todo dice que tomará, el partido de Antioquia, en la lucha con el gobierno general. 3°. Resistencia eficaz e incansable a todo individuo o reunión de individuos que entre al territorio del Estado y quiera ejercer cualesquiera actos de violencia contra los derechos de los antioqueños, en nombre del gobierno general. 4°. El pueblo de Antioquia será granadino el día en que haya un gobierno granadino federal, CREADO POR LOS ESTADOS Y DEPENDIENTE DE ELLOS, en lugar de lo que hoy hay; esto es, en lugar de un poder absorbente y reaccionario armado de leyes que lo hace superior a los Estados y que mengua la soberanía de éstos. 5°. Si el gobernador del Estado cambia de conducta y toma (como parece probable) a favor de la reacción organizada en Bogotá, el pueblo de Antioquia, sin pensar en nombres de bando, debe negarle la obediencia y poner otro, conservador o liberal, en lugar suyo, siempre que éste esté resuelto a sostener a Antioquia, que es en la actualidad la única cuestión. 6°. El pueblo de Antioquia no tomará parte en ninguna elección nacional que se haga bajo las prescripciones de la ley inconstitucional de 1859. 7°. El pueblo de Antioquia no ejecutará ni permitirá que ejecute el gobierno de Bogotá, acto alguno que muestre al primero como sometido al segundo en cualquier materia que afecte su soberanía. El pueblo de Antioquia se CONFEDERARÁ, sí la república lo quiere, pero NO ABDICARÁ SU INDEPENDENCIA189. Las anteriores propuestas de Echeverri eran la demostración clara de que no quería ni apoyaba la política conservadora de Ospina y se manifestaba abiertamente opuesto a su gobierno y su política de sometimiento de los Estados. Los conservadores le respondieron a Echeverri a través de una de las principales figuras de ese partido en Antioquia, el señor Marceliano Vélez, quien afirmó que la opinión de Echeverri no era la de los antioqueños, cuyas mayorías eran de la escuela opuesta, la conservadora. Esto manifestaba Vélez: Además de estas consideraciones hay otra en virtud de la cual Antioquia no puede ser neutral, sin colocarse en el bando de los traidores. Todos los Estados tienen el deber constitucional y legal de coadyuvar con la fuerza de las armas y con dinero al restablecimiento del orden público nacional. El Estado que se 189 Citado

en: Arboleda, Gustavo. Op. Cit. Pp. 206 – 207

deniegue a llenar tan explícito deber, se declara en abierta insurrección. ¿Aceptará Antioquia tan infamante papel contra el gobierno de sus simpatías? En vez de neutralidad nosotros aconsejamos a Antioquia y a los hombres honrados de la Confederación entera, que no permanezcan indiferentes, que se levanten armados contra los sempiternos enemigos del reposo público. Sí esta idea que es del malogrado José Eusebio Caro, no es desatendida ahora como lo fue en 1840, conseguiremos extirpar la revolución inicua y criminal sin hacer grandes sacrificios. Hemos escrito este artículo porque fuera de Antioquia pueden creer algunos que la voz del señor Echeverri es acatada en aquel Estado y semejante errada creencia podría desalentar a los partidarios del gobierno legítimo. Es preciso que la nación sepa que la opinión del señor Echeverri no es ni puede ser nunca la de los antioqueños que casi en su totalidad pertenecen a una escuela política diferente. Bogotá, 9 de marzo de 1860190. El llamado de Marceliano Vélez era contundente y demostraba las absolutas convicciones de la escuela conservadora que no le apostaba al juego de la neutralidad promovido por Echeverri y otros. La posición de los conservadores se expresaba de manera clara y maniquea: O se estaba con ellos o se estaba en contra. Así lo manifestaba Estanislao Gómez Barrientos, quien retrató a Mariano Ospina Rodríguez e hizo una verdadera apología a la vida de esta figura conservadora, al exponer que las opciones políticas, eran restringidas tanto para los hombres públicos como para los civiles comunes y corrientes que veían imposible el desobedecimiento a la orden del gobierno del Estado de Antioquia de combatir a “los revolucionarios y trastornadores del orden público”, como llamaban a los liberales federalistas seguidores de la causa mosquerista. Así opinaba Gómez Barrientos sobre el debate de la neutralidad: La neutralidad de Antioquia predicada por los liberales radicales, cartas dirigidas a un Mariano Soto y a otros liberales han excitado mucho alborozo en los conspiradores de aquí, porque aseguran que Camilo Echeverri ha logrado poner unánimes a los liberales y conservadores para que se niegue toda cooperación al gobierno general para mantener y restablecer el orden, y se resistan las ordenes dirigidas al levantamiento de fuerza. El alborozo, es pues, muy razonable, porque la noticia es nada menos que la rebelión del Estado de Antioquia, pues sin rebelarse no puede hacerse nada de eso. ¿Quién resiste la 190

Ibíd. Pp. 207 – 208

orden? ¿Los gobernantes? ¿Los particulares? Esos serán inmediatamente suspensos como sediciosos o rebeldes. ¿Los particulares? – pues esos serán los rebeldes y los encausadores y, el Estado, huyendo de la guerra, se declararía inmediatamente en guerra, y sufriría todas las consecuencias de ella, con la única de que en vez de estar con el gobierno contra Consuegra, Nieto, Obando y Mosquera, estaría de parte de estos contra el gobierno legítimo. Creo, pues, que las personas sobre quienes ha tenido tanta influencia el señor Echeverri, sí es que realmente hay algunas, pronto verán claro que tal pensamiento es un disparate191. La neutralidad acentuó la polarización política entre bandos y aún entre sectores de ellos que no fueron homogéneos en su pensamiento liberal o conservador tanto en Antioquia como en la Confederación Granadina, y el señor Echeverri terminó siendo su principal protagonista, porque sus escritos estaban cargados de un lenguaje irónico y mordaz frente al gobierno de Ospina. Esta fue otra de las opiniones fuertes de Echeverri frente al tema de la neutralidad: “Ya me figuro que el señor Ospina llamará a esa guerra

de bandidos, ya presiento que llamará a esos hombres cuadrillas de malhechores. Yo sé que a los prisioneros que llegue a capturar los hará juzgar como salteadores y los mandará al banquillo, ese hombre no se ahogará por falta de una palabra, aún cuando esa palabra sea la mentira o la calumnia. Nunca se ha ahogado”192. De esta forma, se iban desenvolviendo los preliminares bélicos a través de una guerra verbal tan directa que todo parecía dejar preparado el terreno para las acciones en el campo de batalla, acciones que por demás se iniciaron cuando el gobernador del Estado del Cauca, sancionó el decreto de separación de esa jurisdicción de la Confederación Granadina, el 8 de mayo de 1860, que provocó la declaratoria de guerra entre el Estado del Cauca y el gobierno nacional. Efectivamente, dicho decreto hizo que el debate de la neutralidad se tornara más candente porque ya era evidente que el gobernador del Estado del Cauca, al tomar esa determinación, incursionaría con sus tropas en uno de los Estados más ricos de la Confederación y bastión del conservatismo como era Antioquia, siendo precisamente el temor que albergaban los dirigentes conservadores antioqueños encabezados por el gobernador Giraldo. Debe señalarse que por razones de fronteras colonizadoras compartidas y conflictivas entre Antioquia y Cauca, y por “las imágenes” creadas sobre caucanos y antioqueños, las prevenciones de éstos últimos no eran vanas.

Gómez Barrientos, Estanislao. Op. Cit. P. 380 Echeverri, Camilo Antonio. Otra vez Antioquia. Medellín, 18 de mayo de 1860 en: Folletos Misceláneos. Vol. 125. Sala patrimonio documental Biblioteca Central U. de. A. 191 192

Camilo A. Echeverri volvió a replicar con sus controvertidos escritos y el 18 de mayo de 1860 publicó

Otra vez Antioquia193. En este escrito, Echeverri argumentaba el por qué el Estado de Antioquia no debía auxiliar al gobierno general, es decir, no debía entrar en guerra. En primer lugar, Echeverri vislumbraba el tipo de lucha que debía sostenerse en caso tal de que hubiera guerra: Los bandos en conflicto serían, por una parte, los cinco Estados – Santander, Bolívar, Magdalena, Cauca y Panamá – que conformando una nueva liga, se habían rebelado y separado del gobierno para no someterse a las leyes inconstitucionales – aducidas por Mosquera – impuestas por Ospina. Por ello, lo anterior sería motivo para que el gobierno los sometiese por la fuerza; por otro lado, estarían los tres Estados leales al gobierno – Cundinamarca, Boyacá y Antioquia – que no lograrían sumar una fuerza superior a la nueva liga. Seguidamente, el mismo Echeverri se preguntaba, sí debía Antioquia auxiliar al gobierno, con lo cual se respondía con un no rotundo y explicaba, mediante siete premisas, su respuesta: 1°. Que los cinco Estados conformarían una nueva nacionalidad y no atacarían al gobierno, más le desobedecerían. “Estos sólo atacarían si son atacados. La guerra vendría si Antioquia auxilia al gobierno”. 2°. Que los Estados rebeldes contaban con una fuerza aproximada de once mil hombres contra cinco mil del gobierno general, lo que hacía de ésta una guerra desigual, en la que Antioquia perdería todo. 3°. Que habría una alta deserción y el paso a las filas rebeldes de los soldados del gobierno. 4°. Que los medios de reclutamiento forzoso utilizados por el gobierno no obtendrían buenos resultados en su favor. 5°. Que Antioquia estaría geográficamente rodeada por el enemigo, aislada e incomunicada, lo que ocasionaría un bloqueo al Estado por los de Bolívar y Cauca. 6°. Que el Estado de Antioquia sólo alcanzaría a reunir una fuerza de 500 a 1200 hombres aproximadamente, siendo este pié de fuerza insuficiente para defender los diferentes puntos fronterizos del Estado por el norte y el sur; y sumándosele además, la hostilidad al gobierno de Giraldo por parte de las gentes de Antioquia194. Con estas premisas, Echeverri planteaba la tesis de la neutralidad como el único camino para evitar la guerra, y que Mosquera no atacaría si no era atacado. También afirmaba que el fantasma de la posible invasión caucana al Estado de Antioquia era producto de la prensa conservadora y de su partido, el cual se alistaba para hacer aprestos militares en Manizales. Así explicaba Echeverri su tesis: 193

Ibíd.

[...] no hay duda que si atacan injustamente a Antioquia, este Estado puede detener en sus montañas a diez mil hombres. No se olvide que el hecho de intervenir Antioquia en la guerra daría a otros Estados el derecho de atacar a este. No se olvide de que en tal caso, la discordia entraría a dividirnos y no se necesitaría ni de mil hombres para que pudiese entrar el enemigo. No se olvide, que si el gobierno del Estado consiente en que la cuestión se haga, en Antioquia, de partido, esta cuestión tal vez no se resolverá hoy como se ha decidido siempre195. Con estas opiniones, Camilo Antonio Echeverri creía ciegamente en la posición del general Mosquera – que prometía no atacar al Estado de Antioquia con sus ejércitos –, lo que era desvirtuado por los conservadores, con toda lógica, pues para ellos se advertía a la opinión pública que hubiese o no neutralidad, Mosquera atacaría a Antioquia. Para el 23 de mayo de 1860, el gobernador Giraldo expidió un decreto que se desprendía del de 15 de noviembre de 1859 (artículo 2º) sobre recolección de armas pertenecientes al Estado, haciendo énfasis en la urgencia de presentarlas a las autoridades respectivas en un plazo máximo de 48 horas, después de la promulgación de la disposición legal. En él, se ordenaba que los fusiles devueltos y debían estar en buen estado o, de lo contrario, los gastos de reparación serían responsabilidad de la persona que tuviera la arma. Los alcaldes y corregidores llevarían un registro de la entrega de dichas armas; además, el artículo 6º del decreto expresaba que “el empleado o particular que contraviniere a lo dispuesto en este decreto, incurrirá en una multa de $30. 00”. La alteración del orden, o más bien, el estado de guerra que presentaba la Confederación Granadina con la decisión de Mosquera de separarse de ésta y rebelarse contra ella, activó la maquinaria legislativa del gobierno que dictaminaba su “carta de navegación”, es decir, la política del gobierno para enfrentar la guerra. Las leyes, decretos y demás actos legislativos fueron lo más frecuente en el transcurso de la guerra e incidieron en la marcha de la república y de sus secciones. Este era el control legal que el gobierno aplicaba a la sociedad en general, donde todo aquel que estuviese por fuera de ella, y más en estado de guerra, se le consideraba como rebelde, sedicioso y contraventor de las normas legales penales. Se decía, penales, porque los capturados por el gobierno en la guerra se sometían en la mayoría de los casos a un 194

Ibíd.

procedimiento penal, ya que el gobierno, más que considerar a ésta una guerra civil regida por el derecho de gentes, asumía la actual situación como una alteración del orden público en donde los militares y demás ciudadanos opositores, eran considerados sediciosos, rebeldes, revoltosos, reos y malhechores, y no se les otorgaba status de beligerantes. Lo anterior se expresaba mediante el decreto ejecutivo del 4 de junio de 1860 (Art. 1º) expedido por Mariano Ospina Rodríguez sobre Orden Público, el cual estaba motivado por el decreto separatista de Mosquera del 8 de mayo de 1860. El artículo primero decía: Procédase a restablecer el obden público en el Estado del Cauca, y a aprehender y poner a disposición del tribunal o juez competente, para su juzgamiento y castigo con arreglo a las leyes, al citado gobernador del Cauca Tomás C. de Mosquera, y a todos los demás funcionarios públicos o individuos particulares que resultaren reos principales, cómplices, fautores, auxiliadores o encubridores de los delitos perpetrados en la perturbación del orden de que queda hecha mención196. Dos días después, el gobernador Giraldo expidió un decreto sobre Orden Público (6 de junio de 1860)197 en el que después de considerar el rompimiento hecho por el Estado del Cauca con la Confederación Granadina, veía amenazado el Estado de Antioquia, el cual, en las críticas circunstancias en que se encontraba, se debía valer de las medidas constitucionales y legales necesarias para atender el sostenimiento, orden y seguridad del gobierno y del Estado ya que era menester dar completa seguridad a las personas y a la propiedad pública y privada. El decreto contenía 34 artículos que enfatizaban tres puntos básicos: la prohibición y comercio de armas y municiones en el Estado; la prohibición de la libre movilización de personas del Estado de Antioquia hacia otros Estados y vicefersa, es decir, era necesaria la solicitud de un pasaporte para controlar la salida y entrada de personas al Estado; y la prohibición para abandonar el territorio antioqueño a todos aquellos miembros pertenecientes a las Guardias Municipales, sin previa autorización del “respectivo comandante de cuerpo o compañía de que dependa”. Además de este estricto control legal, vale decir que el decreto en sus artículos 25 y 26, reducía a procesos penales a todos aquellos que hubiesen sido sospechosos de promover la rebelión y de ser sorprendidos en el acto, sobre quienes recaería todo el peso de la ley. Veamos los contenidos de estos artículos:

Echeverri, Camilo Antonio. Op. Cit. Constitucional de Antioquia. Medellín, 13 de junio de 1860. Nº 263. Trimestre 19. Pp. 1123 – 1124 197 Ver decreto en Gustavo Arboleda. Vol. XII. Op cit. Pp. 81 – 84 195 196

Artículo 25. los que durante el estado de conmoción interior en que hoy se encuentra la república, excitaren a rebelión, sedición, motín o asonada, ya por escritos caligráficos, pinturas o dibujos, ya dando voces con el mismo objeto en sitio público o de concurrencia; los que divulgaren falsas noticias, que tiendan a resfriar el patriotismo en las presentes circunstancias, o adulteren las verdaderas, todo con el objeto de alentar a los revolucionarios o de quitar al gobierno legítimo el apoyo físico y moral que todos los ciudadanos deben prestarle; además de las penas en que incurran conforme a la ley, serán aprehendidos y remitidos al comandante del cuerpo de la fuerza municipal más inmediato para que se les coloque en él en la clase de soldados hasta que se restablezca completamente el orden general o particular. Parágrafo. Para los efectos de este artículo bastará la comprobación del hecho y la desafección de la persona al gobierno general o al del Estado. Artículo 26. Los que invadan el territorio del Estado, a mano armada, con el objeto de promover alguna rebelión, sedición o asonada, serán aprehendidos y remitidos inmediatamente con las seguridades bastantes a la capital del Estado para que sean juzgados y penados en ella conforme a la ley. Igual procedimiento se empleará con los que invadan el territorio del Estado, en cualquier número que sea, pero a mano armada, con el objeto de ejercer violencia sobre las personas o sus propiedades, las cuales deben ser juzgados como cuadrilla de malhechores, conforme a la ley198. La decisión del gobierno de Antioquia fue la de apoyar a la Confederación, aún más, ante la proclamada separación del Estado del Cauca. En este contexto, el gobernador Giraldo, mediante decreto del 31 de mayo de 1860, convocó extraordinariamente a la legislatura para el día 15 de junio. Las consideraciones que aducía el gobernador eran básicamente tres: Primera. Que el Estado de Antioquia tenía un deber imperioso de auxiliar al gobierno general toda vez que ya se había dado el grito de rebelión en una de las más importantes secciones de la república, el Estado del Cauca. Segunda. Que si bien el gobernador era consciente de la ayuda que debía prestarse al gobierno y el respaldo que la constitución le daba, para él era un deber moral estar de acuerdo con el poder legislativo del Estado, haciendo un verdadero acto de sintonía representativa gubernamental, y tercera, que habiéndose roto el pacto federal por parte del

198

Ibíd. P. 83 – 84

gobernador del Cauca, Antioquia veía en ello un peligro en sus fronteras, por lo que era necesario “proveer a su propia seguridad”199. Entre tanto, el 5 de junio de 1860, Giraldo le envió una comunicación al Secretario del Despacho de Gobierno en Bogotá diciéndole: “Que antes de la terminación del presente mes estarán convenientemente organizados y dispuestos a abrir campaña 1.000 hombres, que creo serán de un positivo auxilio al gobierno en las difíciles circunstancias en que se encuentra el país”200. Como se puede apreciar, esta cifra no estaba muy alejada de la pronosticada por Echeverri. Teniendo presente que en el Estado de Antioquia había promotores de la neutralidad como Camilo A. Echeverri, Emiro Kastos, Pascual Bravo y Eliseo Arbeláez, este último conservador y quien después pelearía a favor del gobierno conservador, el gobernador Giraldo en un informe presentado a la legislatura del Estado el 15 de junio de 1860, expresaba la “traición” de algunos hijos de la comarca antioqueña, a los que rápidamente pondría en cintura: [...] en este Esdado, vosotros lo sabéis muy bien, la prensa oposicionista predica con descaro inaudito la rebelión contra el gobierno general; ya aconsejando que Antioquia permanezca fría espectadora del incendio general, con lo cual se haría desleal y perjura; ya ofreciendo cooperación activa en el interior del Estado del Cauca, a quien con instancia invita para que invada nuestro territorio antes que nos hagamos fuertes, todo lo cual predica en alta y elocuente voz que la leal y magnánima Antioquia abriga, por desgracia en su seno, hijos traidores que, por ciego espíritu de bandería son capaces de desgarrar el corazón de su propia madre201. Uno de esos “hijos traidores”, según Giraldo, fue el principal promotor de la neutralidad, el señor Camilo Antonio Echeverri, quien fue puesto en prisión a fines del mes de julio, aplicándosele el decreto de Orden Público (Art. 25) en los siguientes términos: “Camilo A. Echeverri, que había enarbolado la bandera de la neutralidad, combatió por la prensa el decreto sobre Orden Público y se opuso a los procedimientos de Giraldo. El 26 de julio a las nueve de la noche se le apresó, con el objeto de darlo de alta como soldado y

Ver decreto en Gustavo Arboleda. Vol. XII. Op. Cit. P. 80 Ibíd. P. 81 201 Archivo Histórico de Antioquia. Fondo gobernación de Antioquia. Informes del Gobernador 1860. Libro 2322. Documento 3. Folios 33 – 36. 199 200

enviarlo a Manizales, pero en definitifa optó Giraldo por expulsarlo del Estado. Echeverri partió para la costa y allá cooperó a la rebelión”202 al lado del caudillo liberal costeño Juan José Nieto. El 20 de junio, Rafael María Giraldo nombró como general de las milicias del Estado a Braulio Henao, el cual tenía el título de coronel del ejército de la Confederación, y al coronel de las milicias del Estado, Francisco Giraldo, como sargento mayor del mismo ejército. Con estos dos nombramientos, las tropas del Estado de Antioquia (3ª División del ejército de la Confederación) se situaron en la frontera sur del Estado, en Manizales, para obrar en conjunto con los generales Joaquín Posada Gutiérrez, Joaquín París, y el capitán Liborio Escallón, oficial de ingenieros. Lo anterior quería decir que el ejército antioqueño estaría comandado por Braulio Henao y Joaquín Posada Gutiérrez, pero recibiría apoyo de los demás ejércitos de la Confederación. Según datos de Gustavo Arboleda, el ejército antioqueño acantonado en Manizales sumaba aproximadamente 1.200 hombres que incluían las tropas situadas en Medellín, Riónegro y Marinilla. Además, el coronel de las milicias del Estado, Francisco Giraldo, ya había sido nombrado como primer comandante del batallón Vencedor organizado en Medellín. De otro lado, el decreto de Orden Público se le aplicó al gobernador de la provincia de Cali, Jacinto Córdova, quien venía de parte de Mosquera para que sacara avante la neutralidad. El gobernador Giraldo lo mandó al calabozo y lo sumarió como rebelde. Además, el literato Juan de Dios Restrepo (Emiro Kastos), otro promotor de la neutralidad, también fue a parar a la cárcel tal como aparece en el documento “Sumariados ya y entregados al juez del Distrito Nacional, ellos serán sometidos a juicio por sus comprometimientos en la rebelión. Toca al juez obrar con actividad y energías necesarias para el esclarecimiento de los hechos y castigo de los criminales”203. La Legislatura del Estado, se encontraba reunida para tomar decisiones a cerca del ingreso a la guerra, haciendo nombramientos militares y prestando decidido apoyo al gobierno general. La llama de la neutralidad se apagaba lentamente y con ella el deseo y propósitos del partido liberal – radical antioqueño de favorecer a Mosquera, en donde, como se vio, sus máximos representantes en la prensa escrita estaba siendo confinados a prisión. Felipe Pérez decía que el último esfuerzo del elemento “nuevo”, el liberal, por salvar la neutralidad estuvo dirigido al comandante del ejército confederado y de la tercera división

202 203

Arboleda, Gustavo. Op. Cit. P. 88 Ibíd. Pp. 87

antioqueña, Braulio Henao, con el fin de que abrazara esta posición y desistiera de un enfrentamiento armado: A pesar de esto, todavía el patriotismo de los antioqueños, el elemento nuevo de que hemos hablado en otra parte, hizo un noble y memorable esfuerzo el 28 de julio, y bajo las firmas respetables del comercio de Medellín y de Río negro (más de cien), se dirigió en una extensa y sentida carta al coronel Braulio Henao, pidiéndole se pusiese del lado de la neutralidad de Antioquia, y no fuera a desenvainar su acero valeroso en contra de sus hermanos los granadinos, y del sostenimiento de una causa inicua. Ellos le decían: “Póngase usted a la cabeza del movimiento moral que fermenta en esta tierra a favor de la más estricta neutralidad del Estado, y sería usted el salvador de Antioquia, el padre de ella, su verdadero benefactor. Siga usted, en lugar de combatirlas, las tendencias de la opinión y levante su espada siempre vencedora, en defensa del querer de sus hermanos. ¡Cuántos males se evitarían con semejante conducta! ¡Cuánta sangre dejaría de correr! ¡Cuántos días de luto ahorraría usted a Antioquia! ¡Cuántas lágrimas a las viudas y los huérfanos! Más el soldado del partido olvidándose de que en otras ocasiones había sido el soldado de la libertad y el mimado de la victoria legal, se mostró sordo a tales clamores; y pudo más el Ospina solo, que todo el pueblo antioqueño204. Así, todo estaba resuelto para entrar en la guerra. Las tropas en Manizales sólo esperaban el ataque del general Mosquera, quien tenía las suyas ubicadas en Cartago (Valle del Cauca) y punto fronterizo con Antioquia. Los liberales – radicales antioqueños hicieron hasta lo imposible por “embrollar” la política conservadora en pro del caudillo caucano evitando que Antioquia entrara en guerra, pero se vieron desfavorecidos ante el hecho de que el poder político antioqueño poseía una mayoría conservadora que atendió a las razones expuestas por Giraldo para que el Estado defendiera la constitución y las leyes de la república y de paso el honor y hegemonía del partido conservador, toda vez que estaba en juego, al mismo tiempo, la defensa regional de otros Estados como los del Cauca en donde tomaba fuerza el liberalismo. Con esto “pasado ya el sueño letárgico de la neutralidad, propagado con tanto empeño por los agentes oficiales del general Mosquera, al fin se reunió en junio la legislatura y el 22 resolvió apoyar al gobierno general en la contienda en que se hallaba comprometido. Así quedó derrotado el bando que con tanta grita había aclamado la neutralidad de Antioquia y que tuvo por voceros en la prensa antioqueña a dos escritores 204

Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 355

radicales, los señores Camilo A. Echeverri y Pascual Bravo y accidentalmente, a un joven tribuno conservador el señor Eliseo Arbeláez, quien había publicado una hoja volante en que decía: Antioquia no se suicida”205

3.

INICIO Y DESARROLLO DE LA GUERRA CIVIL EN EL ESTADO ANTIOQUIA 4.1 La maquinaria legislativa y los decretos de Orden Público Los meses de junio y julio de 1860 fueron decisivos para el devenir político antioqueño, una vez en

esta región, la elite conservadora diera total apoyo al gobierno general, enviando y reclutando hombres para combatir a los rebeldes comandados por Mosquera y las tropas que intentaron cruzar las fronteras hacia el interior del Estado de Antioquia. De la “pesadilla” de la neutralidad se despertó y ya todo quedaba expedito y listo para entrar en la guerra. La maquinaria legislativa siguió operando de acuerdo a las circunstancias que se presentaban y de allí se produjeron varios decretos y leyes que apuntaban a dirigir y concentrar esfuerzos en el sostenimiento del orden y la tranquilidad, proveyendo los medios más expeditos para tal fin, como fueron el llamado a individuos del Estado a servir en la guardia municipal y la autorización para que el Estado consiguiese recursos pecuniarios mediante empréstitos y contribuciones forzosas entre la población más acomodada, sobre todo, entre los opositores más pudientes. Si bien Estanislao Gómez Barrientos afirmó que el Estado de Antioquia se decidió a entrar definitivamente en la guerra el día 22 de junio, lo cierto es que la manifestación que hiciera la Legislatura del Estado al pueblo antioqueño el día 19 de junio de 1860, fue la instancia decisiva para que Antioquia tomara posición frente al problema político de la confederación Granadina. Las consideraciones que tuvo la corporación para entrar en guerra y dar su apoyo al gobierno fueron las siguientes: 1. Que es un deber de los Estados auxiliar al gobierno general cuando el orden y la tranquilidad interior de la Confederación hayan sido alterados.

205

Gómez Barrientos, Estanislao. Op. Cit. P. 430

2. Que el motivo por el cual se a apelado a las armas es sólo un pretexto con el cual algunos ambiciosos pretenden arrastrar a las turbas alucinadas. 3. Que no se reconoce en ningún hombre ni en ninguna fracción de la nación, el derecho de imponer sus opiniones al primer cuerpo de la Confederación, que tiene una existencia constitucional. 4. Que sí las legislaturas de los Estados tienen el derecho de pedir y de representar al congreso sobre lo que tenga a bien, no lo tienen para desconocer o rechazar lo que haya resuelto. 5. Que sí el Estado de Antioquia, por medio de su legislatura, reclamó contra las leyes que creyó inconvenientes, no por eso dejará de acatar el voto del congreso soberano de la Confederación y de sostener el código federal y el gobierno por él establecido. 6. Que la paz es la primera necesidad de los pueblos y que esta necesidad no quedará satisfecha sino se sostienen las instituciones y se escarmienta a los trastornadores del orden. En consecuencia, la legislatura del Estado de Antioquia a nombre del pueblo que representa, declara: Que no considerará como investido de los altos poderes las instituciones hoy vigentes, y que sostendrá esas instituciones mientras no se reformen o deroguen por las vías constitucionales y pacíficas. Dada en Medellín a 19 de junio de 1860206 La anterior declaración sólo reafirmaba la lealtad del gobierno antioqueño para con el gobierno general en donde se imponía ante todo el respeto por las leyes de la república y su obediencia. De la misma manera, la declaración aludida, en el punto tercero, dice que el reconocimiento de cualquier poder político que le atribuyera al general Mosquera sus Estados Aliados, sería la razón de ser por la que el gobierno general podía consideraría al gobernador del Cauca como reo prófugo, sedicioso, rebelde y todos aquellos calificativos utilizados por la oficialidad con el fin de aplicarle la ley penal. Por ende, el decreto general de orden público sería el regulador legal de la guerra; era como una especie de constitución en tiempos bélicos. De ahí que dicho decreto fuera la aplicación de las leyes más fuertes contra Mosquera, quien ya era la amenaza decisiva del gobierno Ospina. Seis días después, el 25 de junio, el presidente Ospina lanzó una proclama a los granadinos exhortándolos a luchar y defender el gobierno legal, ya que los movimientos de rebelión que estaba experimentando la república, debían ser eliminados sin tolerar más la “libertad con desenfreno” mediante la 206

Constitucional de Antioquia. Medellín, 28 de junio de 1860. Nº 265. Trimestre 19. P. 1133

aplicación drástica de la ley: “A la voz de la ley todo debe cambiar, a la quieta mansedumbre debe suceder la energía de la acción; a la paciente tolerancia la vigorosa represión y al sufrimiento el castigo legal”207decía el presidente Opsina. Esa era la concepción draconiana y severa que ejecutaba Ospina contra los trastornadores de su orden, ratificando los postulados de que la sumisión a la ley no eran simples palabras, sino hechos reales. Más adelante, Ospina llamaba a los ciudadanos y militares para que se concientizaran del deber patriótico que debían cumplir sofocando las rebeliones internas que tenían evidentes precedentes y protagonistas reconocidos. Así se expresaba Ospina, en clara referencia a las guerras civiles precedentes de 1851 y 1854: La rebelión devastadora que amenaza disolver y desolar la república, tiene antecedentes conocidos. Sus autores, cuyos principios son sus hechos, han dejado negras páginas en la historia; los horrorosos escándalos en el sur en 1850, las depravaciones del centro en 1854, están frescos todavía. Ciudadanos: Como vocero de la ley os llamo al puesto que el deber os tiene señalado. Levantaos a defender las instituciones que os habéis dado, la dignidad y la tranquilidad de vuestra patria, vuestros derechos y vuestros intereses. Militares: Los que quieran ver la patria sin defensores expertos para avasallarla por sorpresa y dominarla a su calor, os han calumniado de continuo presentándoos como trastornadores del orden, como los opresores de la república, y vosotros habéis escrito cien veces con vuestra sangre en los campos de batalla la refutación de esta, defendiendo el orden y la libertad208. Para el 27 de junio de 1860, la legislatura estatal expidió una ley de carácter permanente en caso de que se turbara el orden público “proveyendo los medios para la conservación del orden especial en el Estado y para contribuir al restablecimiento del orden general de la confederación”209, es decir, que dicha ley compuesta por diez artículos, estaba dirigida a atender dos frentes: el regional y el nacional. En primer término, se le autorizó al poder ejecutivo un crédito hasta por $20.000.00, con el fin de dar subsidios a las familias pobres que enviaran voluntariamente sus hijos a la guerra mientras que aquella durara. Por otro lado, el poder ejecutivo podía conseguir dinero para atender las exigencias de la guerra mediante la Citado en Arboleda, Gustavo. Op. Cit. Pp. 97 – 98 Ibíd. P. 99 209 Véase decreto en el Constitucional de Antioquia. Medellín, 9 de julio de 1860. Nº 266. Trimestre 20. P. 1135 207 208

contratación de empréstitos voluntarios y contribuciones directas o forzadas hasta por $200.000.00, “la que será repartida por el Consejo de Estado, señalando a cada uno de los Departamentos en atención a la población y riqueza de él, la cuota con que debe contribuir”. En este caso, el Estado de Antioquia se componía de ochos Departamentos que debían aportar las siguientes cuotas de contribución directa: 1. Departamento del Centro

$100.000.00

2. Departamento de Aranzazu

$ 20.000.00

3. Departamento de Amalfi

$ 8.000.00

4. Departamento de Oriente

$ 10.000.00

5. Departamento de Río negro

$ 16.000.00

6. Departamento de Santa Rosa

$ 18.000.00

7. Departamento de Sopetrán

$ 13.500.00

8. Departamento de Occidente

$ 14.500.00

Total

$200.000.00210

Los departamentos que más aportaron fueron los de Centro (capital Medellín), el de Aranzazu, al sur de Estado de Antioquia cuyos ejes eran Manizales, Neira, Salamina; el de Oriente con capital en Marinilla y el de Santa Rosa (capital Santa Rosa) al norte del Estado y cuyas filiaciones políticas eran conservadoras en su mayoría. Entre estos cuatro Departamentos aportaron el setenta y cinco por ciento (75 %) de lo exigido, mientras que los otros cuatro restantes: Ríonegro, Sopetrán, Occidente y Amalfi, sólo aportaron el veinticinco por ciento (25 %), siendo estos últimos de filiación liberal, en general. También el presente decreto estipulaba en el artículo 3º que en caso de que los recursos que suministrase el gobierno de la Confederación para atender los gastos de la guerra no fuesen suficientes, éste Estado podría prestar al gobierno nacional, en forma de empréstitos, una suma hasta por $100.000.00 provenientes de las contribuciones directas. Además, esta disposición le otorgaba autoridad al gobierno del Estado para hacer pactos con otros de la confederación que se mantuvieron leales a él, pactándose convenientemente con el gobierno general todos los puntos sobre los cuales versaba el convenio entre las dos entidades para enfrentar al enemigo común.

210

Alcance al Constitucional de Antioquia. Medellín, 28 de junio de 1860. Nº 265. Trimestre 19

Un día después, el 28 de junio, el gobernador Giraldo expidió un decreto por el cual se llamaba al servicio de la Guardia Municipal para atender las presentes circunstancias de turbación del orden público. El artículo primero rezaba así: “todo hombre, miembro del Estado, de 16 a 60 años, que no tenga excusa legal, queda llamado al servicio de la Guardia Municipal desde la publicación del presente decreto”211. Aquellas personas que rehusaran la prestación del servicio se sometieron a multas que oscilaron entre $50 y $80. La Guardia Municipal era aquel contingente de hombres que prestaba los servicios de seguridad locales pero que al reunirse varias, de todos los municipios del Estado, conformaban las milicias o ejército de aquella época. Una vez el gobierno general expidió el decreto de 4 de junio sobre Orden Público para restablecer la tranquilidad en el Estado del Cauca y dar captura al general Mosquera, el día 30 del mismo mes, en Chiquinquirá, se expidió otro decreto212 de Orden Público teniendo presente la sublevación de algunas secciones de la república que desconocían la constitución y las leyes, para lo cual era necesario el uso de la fuerza. Así, se prohibía el libre movimiento de armas y municiones sin previa autorización legal, como también se exigía a todas aauellas personas que se trasladaban de un Estado a otro de la república, el correspondiente pasaporte, quedando prohibido dirigirse a los Estados que se habían rebelado contra el gobierno general. La comunicación entre los Estados rebeldes y los adeptos al gobierno quedaba interrumpida, y los postas213, que fueron sorprendidos en esa actividad, se les trataría y aprehendería como espías. Y, lo más importante, las armas que poseyeran los particulares debían ser notificadas a la autoridad y entregadas so pena de sufrir el rigor de la ley penal. Como puede apreciarse, la táctica de la incomunicación a los Estados rebeldes por parde del gobierno le sería aplicada posteriormente al Estado de Antioquia, cuando el gobierno liberal – radical se tomó el poder, lo que ocasionó una escasez de alimentos y la paralización del comercio externo e interno en la Confederación Granadina, y en la región antioqueña, específicamente. Seguidamente, desde la ciudad de Tunja, el presidente Ospina decretó el 5 de julio de 1860 la puesta en campaña del ejército de la Confederación a través de un artículo único, para todos los efectos legales y considerando:

Véase decreto en el Alcance al Constitucional de Antioquia. Nº 265 Véase decreto en el Constitucional de Antioquia. Medellín, 31 de julio de 1860. Nº 269. 213 Eran los individuos que en caballos ó a pié transportaban el correo. 211 212

1º. Que el orden público ha sido subvertido por consecuencia de los actos de los gobiernos de algunos Estados, que tienen por objeto separar a estos de la Confederación, negar la obediencia al gobierno general y sustraerse de la que están obligados a prestar a la constitución y las leyes nacionales; 2º. Que teniendo el gobierno general el deber de conservar el orden y restablecerlo, cuando sea turbado, ha dispuesto que se muevan de sus respectivos acantonamientos los ejércitos del sur y del norte de la república con dirección a los puntos en que tiene que llenar el expresado deber214. El mes de julio transcurrió con gran tensión y ya para el día 11, el gobernador Giraldo se trasladaba a la ciudad de Manizales, en el Departamento de Aranzazu (sur del Estado de Antioquia), junto con su Secretario de Hacienda, el Doctor Demetrio Viana, con el fin de ejercer el poder ejecutivo desde allí y estar al tanto de las operaciones de la 3ª división que se aprestaba a esperar los ataques de los ejércitos del Estado del Cauca al mando del general Mosquera, en actitud aparentemente defensiva. El 21 de julio, llegó Giraldo a Manizales y el 22 los batallones “Vencedor” de Medellín y de Sopetrán, para engrosar la 3ª división del ejército antioqueño (Ver anexo No 1). Entre tanto el gobernador del Cauca, Tomás Cipriano de Mosquera justificaba la guerra que se iba ha emprender contra el gobierno general, lanzando proclamas a las gentes del Estado y a los ejércitos caucanos acantonados en la ciudad de Cartago que era el punto estratégico que conectaba a Cali con Tuluá al sur, y con el norte caucano hacia la Virginia, Chinchiná, Villa María y Manizales. También exhortaba a los antioqueños que fueran reclutados forzosamente para que se pasaran, por vía voluntaria, a los ejércitos federales. El reclutamiento forzoso fue el talón de Aquiles del gobierno general, del cual se valieron los defensores de la neutralidad y el mismo Mosquera, para atacarlo. Es así como el 9 de julio desde la ciudad de Cali, Mosquera lanza dicha proclama para que todo tipo de gentes participara en la guerra y lo respaldaran. Estos son algunos apartes: La guerra civil provocada por la agresión del presidente Ospina está justificada no solamente por la obligación que tiene todo gobierno de ser fiel a la constitución federal, sino también por el deber sagrado que le impone la seguridad de los pueblos que administra.

214

Constitucional de Antioquia. Medellín, 31 de julio de 1860. Nº 269

La guerra es una gran calamidad y un gobierno no debe emprenderla sino para evitar a sus ciudadanos mayores males. Esta es la posición en que nos encontramos los caucanos. El presidente Ospina después de haber roto la constitución federal, pretende que nada ha hecho, y que recobra sus derechos legítimos, que los Estados no le pueden contestar, y que él quiera establecer la paz que él mismo ha turbado. No es la paz que quiere el usurpador de la soberanía de los Estados; él quiere desembarazado de los deberes que lo ligan para con todos los Estados y cambiar así la forma de gobierno sustituyendo al sistema federal el absolutismo unitario, a la democracia la oligarquía por un partido215. A los antioqueños se dirigió también Mosquera, en un ataque frontal contra el gobernador Giraldo, de quien decía, era satélite de Ospina. Les manifestaba que no aceptaba el confinamiento a prisión del comisionado Jacinto Córdova, a quien se le aplicó el decreto de Orden Público por promover la neutralidad que entendieron a su modo, los liberales como paz y los conservadores como guerra. Esto decía Mosquera: Antioqueños! El gobernador Giraldo, faltando a las reglas del Derecho de Gentes, ha puesto preso a un agente de este gobierno, que iba a hacerle manifestaciones de paz y amistad. Ese magistrado se creyó obligado como jefe de un Estado soberano a convocar a la legislatura para declarar la guerra al Cauca, y la ha declarado a muerte. El Cauca la acepta, pero no para ejecutarlo con los laboriosos y patrióticos hijos de Antioquia. La hará solamente contra esos satélites de la tiranía. En ese campo de batalla me encontrareis clemente con los inocentes soldados reclutados por la fuerza, y en las poblaciones, dándoos garantía y libertad. Empeño mi palabra de honor en vuestro favor. Granadinos! Todos los que habéis sido reclutados por la fuerza, venid a las filas de los defensores de la constitución, que allí encontrareis la libertad y el derecho216. Mosquera también abusó de la palabra y practicó la guerra verbal contra sus opositores políticos, apareciendo como un Mesías de la Confederación. El Derecho de Gentes al que se refería Mosquera, era el derecho de guerra del siglo XIX, siendo este derecho la regulación de la guerra en el ámbito internacional y nacional. Así la veía Mosquera, como un derecho por el cual se debía regular la guerra civil que él la concebía como tal, pero que el gobierno entendía como insurrección y rebelión. Mosquera definía la guerra civil de la siguiente manera, según lo postulado en el Código Militar: 215

Arboleda, Gustavo. Op. Cit. P. 133

Art. 1335. Guerra Civil es, en Derecho de Jentes, i para los efectos arriba indicados, la que sostienen, en el seno de la nación dos o más partidos que luchan para enseñorearse del poder supremo i de los cuales cada uno se atribuye a sí sólo el derecho de gobernar el país. Art. 1336. También se da algunas veces el nombre de guerra civil a una rebelión armada que se efectúa en Estados o porciones de territorios contiguos a los que son o donde se halla el asiento o residencia del gobierno217. Según esta definición de guerra civil, existía un elemento que uno y otro bando resaltaban para entrar en guerra y es el de la justicia. Para Mosquera era justo levantarse contra el gobierno, lo que no lo era para éste que consideraba el hecho como rebelión. Lo cierto es que la proclama de Mosquera reflejaba las justificaciones amparadas en el derecho de gentes, de entrar en guerra contra el soberano, en este caso, contra Mariano Ospina Rodríguez y el poder conservador, que de paso, nunca aceptaron tal derecho y consideraban la cuestión como rebelión por no tener justificación (justicia) para ellos. Esto se demuestra en la continua legislación que se ha citado con respecto a los códigos penales para los rebeldes y para todo aquel que se levantaba en armas. Es decir, que cada bando según sus razones, justificaciones y principios, aceptaba la presente, como una guerra civil, según Mosquera y sus seguidores, o como una rebelión, en el caso de los conservadores. El mismo Código Militar, define la insurrección y la rebelión, que según los conservadores había iniciado el general Mosquera contra la república, y que daba justificación a estos para someterlos a la ley, por subordinarse contra el gobierno: Art. 1333. En el Derecho de Jentes y para los efectos políticos y militares se entiende por insurrección el levantamiento del pueblo armado contra el gobierno establecido o contra una parte de este gobierno, o contra alguna o varias de sus leyes, o contra alguna o varios de sus funcionarios. La insurrección puede limitarse solamente a una resistencia armada, o encaminarse a fines más trascendentales, en cuyo caso se le da el carácter de una revolución.

216 217

Ibíd. P. 137

Código Militar expedido por el Congreso de los Estados Unidos de Colombia de 1881. Imprenta a cargo de T. Uribe Zapata.

Bogotá. Bogotá.

Art. 1334. El nombre de rebelión se da, en Derecho de Jentes y para los efectos expresados en el artículo anterior, a la insurrección que estalla en gran parte del país, y que se convierte comúnmente en una guerra declarada contra el gobierno legítimo por varias porciones del país (Estados o Provincias), con el objeto de sustraerse a su autoridad o darse un gobierno propio218. Cada uno de los bandos en conflicto interpretaba el Derecho de Gentes para su propia conveniencia, ya que éste era ambiguo, si se tienen presentes los artículos citados, sobre lo que es o no es delito. Mosquera creía que el Derecho de Gentes le daba el carácter de beligerante en guerra civil y que, por tal motivo, el gobierno general le debía dar tal status. Pero éste no lo concebía de esa forma, pues Ospina y su gobierno al sancionar los decretos de orden público, daban a la contienda el carácter de levantamiento armado o trastorno de orden público, donde no había ninguna justificación para que se llevaran a cabo tales hechos, pues Mosquera atacaba la constitución y las leyes. Por ello, el gobierno no se atenía, por lo que se ve en los decretos de orden público, al Derecho de Gentes; mientras que Mosquera, sí. Esto se verá más claramente cuando el general Mosquera se ligue a otros Estados de la Confederación, mediante el Pacto Transitorio de Unión del 10 de septiembre de 1860, en el cual se declarará a Mosquera, Supremo Director de la guerra como una muestra de poder de estos Estados, los cuales se dan un estatuto jurídico avalado por ellos. Así lo expresaba el artículo 1338, del Código Militar, sobre el reconocimiento de los opositores en conflicto, como beligerantes: Cuando los movimientos populares se prolonguen por mucho tiempo, o cuando los intereses que se pongan en juego, la idea general que se proclame por causa del levantamiento sean de significación; cuando las facciones o los partidos contrarios al gobierno lleguen a dominar en un territorio extenso, dándole leyes, estableciendo en el gobierno propio, administrando justicia, i, en suma, ejerciendo actos de soberanía, deberá darse a los beligerantes el carácter de tales en guerra civil, i reconocerles personería mientras se hace la paz219. El 20 de julio de 1860, el general Mosquera recibió en Popayán comunicación de un subalterno militar, el general Martínez, que se encontraba situado en Cartago, informándolo sobre los preparativos militares en la ciudad de Manizales por parte de la tercera división. Una vez enterado Mosquera, viajó a Cali y comenzó a organizar las milicias de Caloto, Buga, Cali y Tuluá, las cuales se trasladaron a la localidad de 218

Ibíd.

Juntas, donde se debían organizar con el armamento respectivo, para luego partir al mando de Mosquera a la ciudad de Cartago220. El general Mosquera buscaba incursionar en el Estado de Antioquia con el fin de obtener de aquel la famosa neutralidad y así poder dirigir sus tropas a otros puntos de la Confederación, a Santander, Cundinamarca e Ibagué: “Una vez declarada la guerra entre federalistas y centralistas, el enemigo más cercano y formidable que tenía el gobernador del Cauca era el Estado de Antioquia, cuyo ejército podía invadir su territorio, penetrar en el valle y amenazar hasta la misma Popayán. Mosquera lo vio desde luego así, y queriendo además probar a los antioqueños que, respecto de ellos, no abrigaba ningún rencor, sino antes bien ardía de deseos de que se celebrase una paz firme y sincera entre los dos Estados, se movió desde el corazón del suyo, a principios de agosto, sobre la frontera enemiga a la cabeza de 3.000 soldados”221 Las cifras del ejército caucano no son precisas. Ospina, tal vez exagerando, manifestaba que se componía de un total de 4.800 hombres, pero las cifras más aproximadas, según los datos que presenta Gustavo Arboleda en su Historia Contemporánea de Colombia, oscilaban entre 3.000 y 3.500 hombres, mientras que el ejército antioqueño sólo contaba en Manizales con 600 hombres aproximadamente a órdenes de los generales Joaquín Posada Gutiérrez y Braulio Henao. 4.2. Batalla de “las Guacas” Antes de que los ejércitos de los Estados de Antioquia y Cauca se enfrentaran por vez primera, un sector de la opinión pública adepto a la neutralidad, ya mencionada, siempre manifestó el deseo de mantener la paz y evitar a toda costa el desenlace trágico de una guerra civil para la Confederación Granadina. Ya se vio que la corriente pro neutralidad, defendida por los liberales – radicales, estuvo del lado “pacifista”, y era favorable a los propósitos políticos del caudillo Mosquera. Pero también hubo una tendencia del lado conservador que expresaba el peligro latente de la llegada al poder del Estado, de las ideas de un federalismo soberano, con lo cual según ella, la república caería en un marasmo político en detrimento de su porvenir, al cambiar un sistema representativo y legal por una dictadura que no respetaba Ibíd. Arboleda, Gustavo. Op. Cit. P. 184 221 Ibíd. P. 185 219 220

la constitución vigente. Desde entonces, Rafael Núñez, en una carta dirigida a Manuel Murillo Toro alertaba a la opinión pública sobre las graves consecuencias que traería a la Confederación, la implantación de un sistema político como el federal, siendo un convencido de “que muchos de los que predican la guerra están muy lejos en este resultado. Las pasiones políticas, como todas las pasiones, alucinan; y ellos esperan encontrar la consolidación del sistema federativo donde nosotros no vemos, ni podemos ver, sino el descrédito de ese sistema, la ruina de todas las conquistas alcanzadas con tantos esfuerzos y de tantos sacrificios”222. Núñez veía que la guerra civil era la forma más “civilizada” a través de la cual los “alucinados” se tomarían el poder dándole a la república un nuevo rumbo en materia política. Explicaba además el peligro de una dictadura encabezada por un caudillo que traía consigo una larga tradición militar y que regiría, en caso tal, la república, bajo parámetros autoritarios acordes con su condición. Así hablaba Núñez: Yo prescindo completamente de eso que se llama impíamente EL TRIUNFO en materia de guerra civil. Supongo que hay los elementos para derrocar al gobierno general; pero ¿se ha meditado bien en las consecuencias lógicas, naturales, infalibles de semejante acontecimiento? ¿Cuáles serán esas consecuencias? Conjeturémoslas en globo, a la luz de la razón y de la historia, y encontraremos: Una dictadura general, en reemplazo del gobierno general. Muchas dictaduras generales en reemplazo de los gobiernos de los Estados. Colisiones sin término entre unas y otras dictaduras. El principio de la legitimidad reemplazado por el ACASO de las bayonetas. Mahoma en lugar de Cristo. Me parece que es preciso estar ciego de alma y de cuerpo para no ver que es esto lo que nos amenaza223. Llama la atención la versión de Núñez sobre el federalismo liberal y sus airosas referencias a colisiones, dictaduras y hasta a la alusión a Cristo, enemigo de Mahoma, o tal vez, en su concepto, al catolicismo contra la masonería, pues, Núñez en el principio de su carrera política en Cartagena, perteneció al partido liberal y trabajo al lado del caudillo Juan José Nieto quien fue masón, como la gran mayoría de los representantes del liberalismo radical – gólgota. Mosquera también fue mason, y lo expresado por Núñez sólo era la imagen de una posición política de corte conservador y católico que se verá representada más adelante en la historia política de Colombia con la regeneración cuando tome él la presidencia de la república por el partido conservador entre 1880 y 1886.

222

“Una buena defensa” en: El Occidente. Medellín, 17 de julio de 1860. Nº 8. Trimestre 1. P. 31

Ya para el 24 de julio de 1860, “El Occidente”, periódico conservador se refería a la inminente lucha que sostendrían los ejércitos antioqueños con las tropas caucanas en donde se pondría en juego un desigual equilibrio entre la experiencia militar del coronel Braulio Henao y la del general Tomás Cipriano de Mosquera. En un artículo denominado “La Situación”, el conservador Remigio Martínez, perteneciente al gabinete ejecutivo de Rafael María Giraldo, daba su voz de alarma al pueblo antioqueño y avisaba la entrada de operaciones de la 3ª división: Según las noticias que publicamos en otro lugar, comunicadas por vía de Nueva Caramanta, nuestras fuerzas están en vísperas de un combate con las del dictador Mosquera, quien parece resuelto a jugar pronto su suerte y ver sí la fortuna, que tantas veces lo ha protegido, también le preste ayuda, ahora que más que nunca necesita de sus favores. El valeroso coronel Henao comandante en jefe de la tercera división, espera con ahínco el momento de obrar, seguro de que el primer combate que libre será también el primer triunfo que obtenga la patria contra los rebeldes del Cauca. El mayor entusiasmo reina entre los bravos antioqueños que comanda, y todos están prontos para escarmentar a los enemigos del reposo público y volver a la Confederación la paz y el orden que los traidores y ambiciosos le han arrebatado224. Estas eran pues las vísperas de la campaña militar entre los Estados de Antioquia y el Cauca, que darían inicio a la guerra civil para los antioqueños, quienes se enfrentarían a un ejército superior militarmente, y que además, los superaba en número de hombres. El combate se localizó en la frontera de los dos Estados, más exactamente en el Alto de las Guacas, cerca de Santa Rosa de Cabal – población que daba ingreso a Chinchiná y Villa María para la toma de Manizales y el posterior ingreso de los caucanos al Estado de Antioquia – el día 12 de agosto de 1860, batalla que por lo demás revestía, bajo estas circunstancias geográficas, culturales e imaginarios sobre el otro y colonizadoras, una importancia decisiva para ambos Estados: “El ejército caucano denominado del norte, compuesto de las divisiones segunda y tercera, con una fuerza de 2.980 hombres de tropa y 350 oficiales y jefes con cinco piezas de batalla, tres de a doce y dos de a cuatro, comenzó a moverse de Cartago el 10 de agosto. El 12 tuvo un encuentro la 223

Ibíd. P. 31

descubierta de la segunda división con la de una columna de 600 hombres del ejército antioqueño en la quebrada de Italia y, enseguida ocurrió una función de armas entre las expresadas fuerzas”225. Las tropas antioqueñas estaban compuestas por los batallones “Oriente” (Marinilla) y “Salamina”, a su vez pueblos conservadores del Estado, dirigidos por los tenientes coroneles Eliseo Arbeláez y Fermín Villegas. Según los datos de Gustavo Arboleda, los dos batallones sumaban un total de 596 hombres. El encuentro fue descrito por Gustavo Arboleda del siguiente modo: En el momento en que los antioqueños llegaban a dicho alto se encontraron al enemigo que culminaba ya la cima; los caucanos dieron tres cargas de caballería con grande arrojo y denuedo, pero fueron rechazados. Arbeláez y Villegas tenían instrucciones de no aventurar ningún combate, ni aún contra tropas inferiores, y obedeciendo a esa consigna, se retiraron al Yarumo, como punto más ventajoso, para esperar allí refuerzos que con urgencia pidieron a Manizales, y por haber consumido muchas municiones. El combate fue sangriento, y costoso para los liberales, que perdieron en esa jornada al capitán Cipriano Millán, que pereció al dirigir una de las tres cargas, recibiendo tres balazos, a dos abanderados y a veintidós soldados. Los capitanes Roque Marín y Ampudia y otros varios oficiales y soldados del Cauca fueron heridos. Los liberales tomaron preso al capitán Luis Gómez, del MARINILLA, mataron tres capitanes conservadores y sobre 15 soldados del mismo bando. Quedó herido en un pié el comandante Villegas y hubo otros once heridos de la fuerza antioqueña. En virtud del pedido de refuerzo que hacía Villegas, el general Posada mandó salir inmediatamente doscientos hombres, que se pusieron en marcha a las seis de la tarde, a pesar de una fuerte lluvia, y el general salió de Manizales a las siete de la mañana del 13 para reunir toda la fuerza y conducirla en orden226. No contamos con datos exactos de los muertos y heridos en los diferentes combates que se produjeron a lo largo de la guerra en el territorio antioqueño. Se dan cifras sólo de los oficiales de más alto rango en la historiografía citada, más no de los soldados rasos. Al parecer, en este primer combate el número de bajas fue pequeño. Por su parte, Felipe Pérez da su balance de esta jornada: “El primer El Occidente. Medellín, 24 de julio de 1860. Nº 9. Trimestre 1. P. 33 Arboleda, Gustavo. Op. Cit. P. 185 226 Ibid. Pp. 185 – 186 224 225

encuentro entre antioqueños y caucanos tuvo lugar en la subida de las Guacas, al cual se siguió un reñido combate en que los contendores se mostraron por su pericia y valor dignísimos rivales; pero quedando al fin el campo por los caucanos comandados por el intrépido Rafael Zúñiga. El enemigo perdió tres capitanes, 15 soldados o más, pues muchos de sus miembros no se pudieron hallar en el bosque y guaduales que revestían el sitio, y 12 heridos, entre los cuales se contaba el jefe de la columna antioqueña, Villegas, el comandante y abanderado del batallón centralista Salamina227. Cada uno de ellos le da la victoria al bando de sus filiaciones políticas; Gustavo Arboleda dice que el combate fue “sangriento y costoso para los liberales”, haciendo alusión a que los conservadores habían triunfado, mientras que, Felipe Pérez, dice que “fue un reñido combate”, pero que al fin quedó “el campo por los caucanos comandados por el intrépido Rafael Zúñiga”, es decir por los liberales mosqueristas. Sobre este aspecto, las fuentes consultadas en este estudio son muy tendenciosas y tanto liberales como conservadores no eran muy dados a aceptar, ante la opinión pública, las derrotas militares. Lo cierto es que una vez terminada la batalla, Mosquera empezó a movilizar otras divisiones hacia la Aldea de María, ubicada a dos kilómetros de Manizales, entre los días 16 y 24 de agosto de 1860. Llegaron allí, siete batallones de infantería, la artillería, la compañía de tiradobes, dos regimientos de caballería y un escuadrón proveniente de la población de Zarzal228. Arboleda comenta la llegada a la plaza de María de estos ejércitos liberales, los cuales hacían ostentación de su capacidad militar y provocaban al enemigo que los divisaba desde la cuchilla de Manizales: “Hasta las seis de la tarde continuó bajando la infantería, formando en la plaza y acuartelándose, haciéndose todo con gran ostentación a banderas desplegadas, tocando las bandas de músicos para que los pudieran observar los enemigos, situados en Manizales a mayor altura, y dominando perfectamente a María”229. Para el día 25 de agosto, se tuvo noticia que por el alto de “Pan de Azúcar” cerca de la población de Neira, una partida de tropas liberales a órdenes del coronel Miguel Alzate se había sublevado impidiendo todo tipo de comunicación entre Manizales y Medellín. La guerrilla liberal de Alzate emboscó un pequeño contingente de veinte reclutas custodiados por tres individuos entre los cuales se encontraba el señor Cosme Henao. Sobre las operaciones militares de Alzate, el periódico conservador “El Occidente” se refería con adjetivos descalificadores acerca de su proceder: “ahora bien, Miguel Alzate no proclamó ningún Pérez, Felipe. Op. Cit. Pp. 440 – 441 Arboleda, Gustavo. Op. Cit. Pp. 186 – 187 229 Ibíd. Pp. 186 227 228

principio, no enarboló ninguna bandera; luego ha procedido como un bandolero, poniendo emboscadas a gente inerme y asesinando a mansalva a individuos que no eran sus enemigos”230. Como se va percibiendo, en esta guerra operaba la estrategia de las guerrillas, la cual era utilizada por los dos bandos en contienda. Este tipo de guerra siempre estuvo presente en la larga lista de confrontaciones que afrontó la república desde la independencia y en el transcurso del siglo XIX, y evidentemente era fustigada por aquel que se encontrara en el lado opuesto, en este caso, por los conservadores. La partida o guerrilla de Alzate fue dispersada posteriormente por un contingente enviado desde Manizales por el coronel Braulio Henao, al mando del comandante Vicente Duque. Alzate buscaba distraer las fuerzas conservadoras de Antioquia para facilitar el ingreso de los caucanos por Manizales y conseguir apoyos para unirse a esas fuerzas, y así, tomar la región para el partido liberal. Después de esta acción dentro del Estado de Antioquia, corrieron los rumores de nuevos levantamientos armados a favor del caudillo Mosquera, especialmente en poblaciones de tradición liberal como Ríonegro. De Medellín también se dijo que habría posibles levantamientos y otras poblaciones cercanas. Así, corría la alarma general en Antioquia de un posible apoyo a la causa federal promovida por los neutrales y las proclamas de Mosquera. 4.3. Convenio del puente de Chinchiná Trece días después de la batalla de las Guacas, el 25 de agosto de 1860, el Estado Mayor de la 3ª división recibió comunicación del general Mosquera invitándolo a un arreglo de paz. Los jefes, Joaquín Posada Gutiérrez y Braulio Henao, le contestaron afirmativamente al siguiente día. El 27 de agosto se reunieron en el puente de Chinchiná – población ubicada entre Santa Rosa de Cabal y Manizales – por parte de la tercera división, el coronel Braulio Henao, el comandante Eliseo Arbeláez, el sargento y tesorero de la división, Marceliano Vélez, mientras que por el ejército caucano, acudieron el general Mosquera, el coronel Liborio Mejía y el sargento mayor Simón Arboleda. El general Mosquera propuso a los antioqueños los siguientes puntos para acordar un cese de hostilidades entre ambos bandos: 1°. Cesar toda hostilidad entre los Estados de Antioquia i el Cauca restableciendo sus relaciones amistosas i de comercio, con la más perfecta seguridad. 230

El Occidente. Medellín, 7 de septiembre de 1860. Nº 15. Trimestre 2. P. 58

2°. Los Estados de Antioquia i el Cauca se mantendrán en una neutralidad armada hasta que se restablezca la paz en la Confederación, a cuyo efecto mandarán comisionados cerca del gobierno nacional i a los demás Estados para que suspendan las hostilidades i la guerra contra los Estados de Bolívar, Magdalena i Santander. 3°. Para que la separación provisoria del Cauca no sirva de obstáculo, el gobernador luego que sea aceptado este convenio por el gobierno nacional, aceptará la lei de elecciones para hacer por esta vez la elección de presidente de la Confederación, haciendo cumplir las leyes jenerales sobre negocios de relaciones esteriores. 4°. Los Estados de Antioquia i el Cauca unidos en obsequio de la paz pública se comprometen a mediar con sus fuerzas a favor del gobierno o gobiernos que estén por la paz, i restablecer el imperio de la constitución federal en todo el país. 5°. Los gobiernos de Antioquia i el Cauca darán una completa amnistía a favor de sus respectivos ciudadanos por los compromisos que han tenido en las presentes cuestiones. 6°. El gobernador del Cauca suspenderá sus operaciones sobre Cundinamarca, hasta saber si se ha aceptado esta convención por el gobierno general i el del Estado de Cundinamarca. Sobre estas es que debe ser que se redacte el arreglo. Tomás Cipriano de Mosquera – el ayudante secretario, Fernando Ibáñez231. La propuesta del general Mosquera fue rechazada por el Estado Mayor de la Tercera División, ya que al parecer sus jefes, percibían que Mosquera quería ganar tiempo para reorganizar sus tropas, teniendo en cuenta que la batalla de “Las Guacas” presentó una paridad de fuerzas. Pero, agregó a lo dicho, que la propuesta mosquerista de cese de hostilidades se planteó bajo condicionamientos que eran inadmisibles para los conservadores por las posturas políticas ya expuestas de ambos bandos. En el segundo punto de la propuesta, Mosquera se refiere a una Neutralidad armada hasta que se restablezca la paz en la

Confederación. Este punto, era lógico, no lo admitirían los conservadores, porque fue precisamente esa idea de neutralidad la que combatió el gobernador Giraldo en Antioquia contra los liberales mosqueristas, Echeverri y otros más, ya que esta idea dejaba pasivo al Estado de Antioquia en la defensa del gobierno general sin contraponer fuerzas armadas al Estado del Cauca. En el tercer punto de la propuesta, Mosquera condicionaba el cese de hostilidades sí se aceptaba el convenio bajo sus parámetros, aceptando desde ese 231

Boletín Oficial No 7 en: Hojas Sueltas 1860 a 1865. Documento 72. Sala de Patrimonio Documental. Biblioteca Central. U. DE.

momento la ley de elecciones. Esto no lo creerían los conservadores, pues fue Mosquera y los demás Estados opositores al gobierno general, los que pusieron la ley de elecciones como punto central y motivo de la guerra civil. Por ello, los conservadores no creerían en la palabra de Mosquera, toda vez que se estaba negociando sobre puntos de intransigencia política entre ambos ejércitos: La neutralidad y la ley de elecciones. El segundo punto de la propuesta también agregaba una petición de Mosquera para que el gobierno general suspendiera el cese de hostilidades contra los Estados de Bolívar, Magdalena y Santander, cosa que no le fue aceptada al caudillo caucano. Bajo las políticas de Ospina de sometimiento de “los rebeldes y trastornadores del orden público”, este punto y toda la propuesta del general Mosquera fue rechazada por la tercera división antioqueña porque contrariaba precisamente esa política de sometimiento y el decreto de orden público, y porque el gobierno nacional se regocijaba por el triunfo el 18 de agosto de 1860 en el alto del Oratorio (Socorro, Estado de Santander) de sus fuerzas sobre las liberales, con lo que el gobierno albergaba la posibilidad de someter y controlar ese Estado nororiental de la Confederación, y de paso, ganar la guerra. Así las cosas, al general Mosquera no le quedaba otra salida que aceptar la propuesta de los antioqueños en Chinchiná o irse de nuevo a las armas. Dos fueron los puntos propuestos por Joaquín Posada Gutiérrez y Braulio Henao al general Mosquera: 1º. Suspender toda hostilidad contra el gobierno general y no auxiliar a los gobiernos de los Estados que se hubiese separado transitoriamente de la unión federal. 2º. Revocar su decreto de separación del Estado del Cauca de la Confederación y aceptar la ley de elecciones, para que conforme a ella se hiciese la elección de presidente, por sólo el próximo período232. Con estas cláusulas, el general Mosquera se veía condicionado a revocar sus propósitos de levantamiento militar desistiendo de toda idea de guerra a la Confederación, con lo que se podría interpretar que sus acciones militares, hasta ese momento, no lograban diezmar significativamente las tropas antioqueñas. Pero lo más significativo de esta conferencia sobre cese de hostilidades, fue que dejó las bases para regularizar la guerra de acuerdo al derecho de gentes, y para acordar la posterior esponsión de Manizáles. Una vez celebrada la entrevista entre los jefes de los dos ejércitos, Henao dirigió un oficio al A.

Secretario de Despacho de Gobierno de Mosquera, señor Andrés Cerón, manifestándole cinco puntos sobre la regularización de la guerra, es decir, la continuación de la misma. He aquí los puntos: 1º. Que la guerra entre el ejército del Cauca y el que yo comando se hará conforme a los principios del derecho de gentes; 2º. Que no se derramará más sangre que la que haya en el momento del combate sin permitir a los jefes, oficiales y clases de tropa, ejecuten actos de atrocidad y muertes en individuos rendidos; 3º. Que en la persecución tampoco se derramará sangre, excepto el caso de que los fugitivos resistan con las armas; 4º. Que a los prisioneros de guerra, sí pertenecen a la clase de jefes y oficiales, se les dará su pasaporte para donde los exijan siempre que ofrezcan bajo palabra de honor no volver a tomar armas contra Antioquia o los otros Estados sometidos al gobierno general, y sí pertenecen a la clase de tropa se les pondrá en libertad inmediatamente para que regresen a sus casas; 5º. Los heridos que queden en el campo y se tomen en la persecución, serán curados y atendidos como si perteneciesen al ejército de Antioquia, y tratados como lo exigen la humanidad y la civilización y las buenas relaciones que han existido entre Antioquia y el Cauca233. Sonaba muy bello este arreglo sobre la regularización de la guerra, pero se sabía que Mosquera utilizaba sus estrategias para ganar tiempo y reorganizar sus tropas, toda vez que el gobierno tenía políticas muy claras para no negociar con los rebeldes, aplicándoseles las leyes penales. Gustavo Arboleda afirmaba que el general Posada desconfiaba de las propuestas de Mosquera ya que su ejército era superior al de Antioquia y por tal motivo su propuesta era risible. Posteriormente, Posada y Henao visitaron el cuartel del general Mosquera en la Aldea de María con el fin de finiquitar el referido convenio sobre la propuesta antioqueña en lo relativo al primer punto que trataba de la suspensión de hostilidades al gobierno general, toda vez que a él lo ligaban lazos de lealtad con los Estados de Santander, Bolívar y Magdalena. Posada no aceptó y le manifestó a Mosquera: “[...]que tampoco podíamos aceptar nosotros ningún proyecto de arreglo que no fuera el sometimiento a las leyes vigentes que nosotros teníamos que sostener, ni tampoco otras condiciones”234. La verdad es que los comandantes de la tercera división no tenían autorización del Arboleda, Gustavo. Op. Cit. Pp. 188 – 189 Ibíd. Pp. 189 – 190 234 Ibíd. P. 191 232 233

gobierno general para celebrar ningún convenio. El decreto de orden público estaba aún vigente y era claro en cuanto al trato con los opositores del gobierno, quienes eran denominados por los conservadores como simples “prófugos y trastornadores del orden público”. 4.4. Batalla de Manizales Como las primeras conferencias sobre cese de hostilidades no tuvieron positivos resultados, todo estaba dado para continuar los combates que se habían iniciado el día 12 en las Guacas y que ahora se trasladaban a la ciudad de Manizales. Según los datos de Gustavo Arboleda, quien cita a Joaquín Posada Gutiérrez, éste general al hacer su ingreso en la Aldea de María para definir las negociaciones de paz, observó que en la plaza central todo estaba dispuesto para una contienda bélica, sorprendiéndose por los aprestos militares del ejército caucano. Así relataba este general conservador ese momento: “A mi llegada a la citada aldea de María estaba formada toda la infantería en la plaza y calles por donde entré y pude casi contarla: Las cinco piezas de artillería estaban montadas al frente de la casa del gobernador, y a la vista conocí su calibre y el de los obuses, y la tropa de caballería estaba enlazando los caballos con gran bulla, indicando todo lo que observaba que algún movimiento se preparaba, lo que no dejó de inquietarme, por lo que me abstuve de decir una palabra sobre el proyecto mencionado de convenio, pues aunque no sospechaba nada del gobernador, no tenía la misma confianza en los demás”235. Así se realizaban los preparativos militares por parte de ambos ejércitos y el despliegue de estrategias y tácticas hizo su aparición cuando el comandante del batallón Sopetrán, el conservador Braulio Pérez Pagola, ya había insinuado al Estado Mayor de la 3ª división, rodear una parte de la ciudad de Manizales con trincheras y reductos, evitando la comunicación terrestre con dicha ciudad y asegurándola de sus enemigos. Dicha táctica no satisfacía por completo al general Posada Gutiérrez, quien en un principio se encontraba escéptico porque “el comandante general me hizo la proposición, en asocio del comandante Pagola; y aunque he sido siempre opuesto a estas trincheras y parapetos, porque la experiencia me ha demostrado que la tropa que se acostumbra a combatir resguardada en ellos es casi imposible sacarla a hacerlo en campo raso; y como recientemente la condescendencia que tuve en Corozal, permitiendo a varios jefes y oficiales que atrincherasen la plaza de aquella ciudad, me fue más perjudicial que útil, hice algunas

235

Ibíd. P.191

observaciones en contra de la propuesta...”236. Sin embargo, el general Posada, después de tanta insistencia de los comandantes, autorizó la construcción de las trincheras. En las primeras horas de la mañana del 28 de agosto de 1860, se empezaron a movilizar las tropas de ambos ejércitos. Mosquera, comunicó por medio de un posta, a los generales Posada y Henao, que sus movimientos de tropa correspondían solo a cambios de posición y no a intenciones hostiles. Pero ya todo estaba decidido y en esos precisos instantes se rompió el fuego. La descripción de la batalla en Manizales es bastante extensa por parte de los protagonistas principales, Joaquín Posada Gutiérrez y Tomás Cipriano de Mosquera, quedando un poco engorroso reproducirla por completo en esta monografía. Así que, se resaltarán los aspectos más importantes. Varias compañías de la tercera división llegaron al campo de batalla cuando el combate era recio. Las del batallón Medellín, una de Aguadas, de Abejorral y Marinilla. Por el ejército antioqueño participaron los siguientes oficiales, que son los que menciona Gustavo Arboleda: Joaquín Posada Gutiérrez, Braulio Henao, el capitán del Estado Mayor José María Caballero, los ayudantes Fortunato Cabal, Blas Chavarriaga y Fernando Ibáñez, el jefe del Estado Mayor de la División Joaquín Montoya, el coronel Braulio P. Pagola, el capitán Marceliano Vélez, el comandante Cosme Marulanda, los sargentos mayores Cristóbal Caicedo y Gentil Quintero y el comandante A. M. Echeverría. Un aparte de la descripción de dicha batalla muestra que los reductos y trincheras ideados por el coronel Pagola fueron de gran trascendencia porque no permitían con facilidad el ingreso de las tropas caucanas a la ciudad de Manizales, que por su altura era un lugar propicio para una buena defensa y visualización del enemigo. Gustavo Arboleda relataba de la siguiente manera, apoyándose en el parte oficial del general Mosquera237, momentos de la contienda: El combate se sostenía principalmente en el gran reducto, que parecía un castillo, y se hizo general en toda la línea y en las guerrillas que Posada y Henao desplegaron sobre los flancos; la valerosa carga de los caucanos, resistida al principio por el reducto, se detuvo; trabándose un intenso fuego de fusilería, a píe firme y volando las granadas y las balas de cañón sobre las cabezas de los combatientes o estrellándose al 236

Ibíd. Pp. 191 – 192

píe del reducto o sobre la trinchera de reserva de los antioqueños, situada en el alto de la loma, donde principiaba el incipiente pueblo de Manizales, o pasando esa loma y cayendo en las calles. Mosquera hizo avanzar su tercera división y colocar una pieza de batalla a vanguardia, desde que se generalizó el combate, y todo el empeño de esos cuerpos y de los de Zúñiga se cifró en el asalto a la primera trinchera, consistente en un foso que cortaba el camino, y a ese efecto cooperó la caballería liberal238. Prosiguiendo el relato de la batalla, agregaba este autor que Los tiradores y parte de los batallones 5º, 9º y 10º tomaron la trinchera y pasaron por sobre un terreno que había sido perforado a pequeñas distancias en forma de un tablero de damas hasta llegar sobre las segundas trincheras. (...) El fuego fue vivísimo y bien sostenido por ambas partes. El fuego vivo duró dos horas y se continuó todo el día con intervalos cortos, alternando con algunos tiros de cañón, de los que se dispararon 25 de bala rasa y dos con granadas239. La táctica del uso de las trincheras tuvo buen éxito para las tropas antioqueñas, aunque el relato de Mosquera, citado por Arboleda, dice lo contrario y manifiesta que venció dichos escollos. Sobre el armamento utilizado allí se usaron fusiles, cañones y granadas asfixiantes; y en el bando contrario las guerrillas no faltaron, y las fuerzas de caballería e infantería tuvieron un papel destacado: Por entre el bosque, por el costado izquierdo del gran reducto, aparecieron algunas fuertes guerrillas, tratando de ocupar el camino a nuestra retaguardia, o tomar la trinchera de reserva, y todas fueron rechazadas, quedando así destruidas. Como a eso de las cinco de la tarde dio el enemigo otra carga vigorosa de infantería y caballería, llegando algunos de la infantería casi a diez metros del reducto y la caballería hasta un foso hecho por el comandante Pagola, como a unos cincuenta metros del mismo; la carga fue rechazada con gran perdida del

Gustavo Arboleda no cita la referencia del parte oficial. Ibíd. P. 194 239 Citado en Arboleda, Gustavo. Op. Cit. Pp. 195 – 196 237 238

enemigo, que ya se limitó a sostener el fuego de sus posiciones y a tirar algunas granadas y balas rasas de cañón. Durante la noche continuó el fuego de las avanzadas, como para reconocer si mutuamente ocupaban sus puestos los beligerantes240. Según el general Posada, la ventaja del ejército antioqueño radicaba en la posición estratégica de sus tropas y en el mejoramiento de las mismas, gracias a las tácticas de trincheras y reductos que en su opinión le traerían una victoria certera a la tercera división. El relato de Posada proseguía así: Cuando vi al enemigo con toda su fuerza pretender rompernos por aquel sólo punto, no pude explicarme cómo un viejo militar tan entendido como el gobernador del Cauca cometía error semejante: Y lo que creo es que sus partidarios de aquí, y los de la aldea, que todos son antioqueños, lo trajeron engañado a un terreno que no conocía241. Según Posada Gutiérrez, al parecer, algunos pobladores informaron mal al general Mosquera sobre las posiciones del ejército antioqueño, llevándolo a cometer desaciertos, no siendo útil ni siquiera la ayuda de los partidarios del general en el Estado, por lo que se impuso “el patriotismo antioqueño”. Así justificaba Posada Gutiérrez lo que sería la derrota del ejército caucano en Manizales. Esta explicación del general Posada no posee mucha fuerza, toda vez que sostiene su argumento simplemente en factores regionalistas de los pobladores antioqueños. Más bien, todo parece indicar que las tácticas del coronel Pagola de construir trincheras, reductos y parapetos, funcionó bastante bien para la tercera división, pues ésta esperaba al enemigo a tiro de fusil repeliéndolo inmediatamente. Si las tropas antioqueñas, eran menores en número de hombres, suena más plausible la explicación de las posiciones estratégicas desde las que se podía sorprender al enemigo con disparos precisos y certeros. Felipe Pérez trae su propio relato que no se aleja mucho del dado por Posada y concuerda con él en la importancia que jugaron las tácticas de trincheras para el triunfo antioqueño en Manizales: [...] el 28 del mismo mes una gran batalla en Manizales, mandada por el general Mosquera en persona y resistida por los generales Henao y Posada. A las diez de la mañana se rompió el fuego por 240

Citado en Arboleda, Gustavo. Op. Cit. P. 196

ambas partes, y no terminó sino después de las seis. Por parte de Antioquia peleaban más de 200 hombres en campo propio, escogido y fortificado de antemano. Por parte del Cauca el número era algo mayor, pero este exceso no valía nada, teniendo que lidiar a campo raso bajo el certero fuego de solados hechos al manejo de las armas y ocultos detrás de parapetos. Sin embargo, el general Mosquera logró su objetivo, y al amanecer del día siguiente estaban rodeados sus enemigos y colocados convenientemente sus piezas de artillería para batirlos en brecha. Más él no estaba allá para complacerse en la matanza de sus hermanos, como lo hacía Ospina sirviendo de caporal al ejército del norte; y el combate del día anterior había costado a la patria la pérdida de más de 200 hombres, entre los cuales se encontraba el vencedor de las Guacas, el intrépido y sereno Zúñiga. ¿Qué hizo pues el general Mosquera? En vez de lanzar su metralla con la nueva luz y de acribillar a sus enemigos, levantó en alto el símbolo de la paz; esa misma bandera blanca que ya no abandonó más, y que hasta el 18 de julio todos vimos en sus manos tendida a Ospina, antes como después de la victoria, y desgarrada por las balas que le lanzaba este por toda contestación242. Aquí, Pérez buscaba salvar el honor de Mosquera, quien según sus palabras, decidió no continuar los combates por benevolencia y humanismo tan escasos en la práctica de la guerra. Mosquera era un militar de mucha experiencia y tradición que conocía de tácticas y estrategias militares desde la independencia y durante las guerras civiles anteriores, y por tal motivo, no iba a dejar pasar una oportunidad de victoria sobre el Estado más estable y rico de la Confederación Granadina. Simplemente perdió una batalla que no fue reconocida así por liberales – radicales como Felipe Pérez. El saldo final de la batalla de Manizales tanto para liberales como para conservadores, den opinión de Gustavo Arboleda fue el siguiente: Por el bando liberal murieron los capitanes Félix Mercado, Manuel Valencia Quijano, el capitán Urrego, los comandantes Dulcey y Becerra y los subalternos Troches, Jaramillo, Ramón Pardo, José María Pardo, el coronel Manuel Victoria, el capitán Asensio Mercado y Benjamín Núñez, el teniente José María Benítez, el comisario general Manuel E. Pedrosa, el coronel Rafael Zúñiga quien tuvo una herida de bala muriendo al día siguiente (29 de agosto), el alférez Belalcazar, el coronel Laureano Urrego. El Estado Mayor del ejército de Mosquera manifestó haber tenido treinta y seis muertos y sesenta y tres heridos243.

Ibíd. Pp. 196 – 197 Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 442 243 Arboleda, Gustavo Op. Cit. P. 197 241 242

Por las toldas conservadoras, Posada Gutiérrez dio su propio saldo, diciendo que la tropa antioqueña solo tuvo ocho muertos y dieciséis heridos, gracias a la “Divina Providencia”. De esta manera es difícil saber la cifra más o menos exacta del número de muertos de esta batalla ya que los mencionados historiadores sólo muestran “sus” resultados.

4.5. Esponsión de Manizales Después del recio combate de ambos ejércitos en Manizales, al parecer, por los documentos citados, el ejército antioqueño salió bien favorecido porque impidió que Mosquera tomara Manizales y con ello tomara el Estado de Antioquia. Mosquera, al ver esta situación, creía que prosiguiendo la guerra perdería más tiempo, entonces llamó a los jefes de la tercera división para proponerles un nuevo cese de hostilidades. Hasta ese momento, la actitud del ejército antioqueño era defensiva, y Mosquera, al verse imposibilitado por este ejército a seguir atacando, propuso una nueva conferencia a la tercera división para ganar tiempo y así poder reorganizar sus ejércitos caucanos a la espera de las noticias de sus demás tropas, las que sostenían combates con las tropas conservadoras del general Joaquín París en otros puntos del Estado del Cauca y de la Confederación. Lo acordado en esa conferencia fue una esponsión, un cese temporal de hostilidades, producto más de las tácticas militares ofensivas de Mosquera, que de una idea surgida de las tropas antioqueñas. Fue Mosquera el que llamó a conferenciar a los generales Posada y Henao para cesar los combates momentáneamente. Al día siguiente, el 29 de agosto, en las horas de la mañana – según Gustavo Arboleda basado en Posada Gutiérrez – del campo del general Mosquera se dirigió un posta al del ejército conservador, quien llevaba una comunicación a los generales Posada y Henao. Se trataba de buscar una firma de un armisticio mientras se redactaba un texto con propuestas de paz concretas hechas por el caudillo caucano. En el campo liberal, se levantó bandera blanca y se pidió un cese al fuego a la tercera división antioqueña: En la mañana del 29, estando preparada la división antioqueña para empezar de nuevo el combade, y jefes y oficiales y soldados llenos de ardor y de confianza en un nuevo triunfo, se izó bandera blanca en el campo de los contrarios, a las ocho, y la división correspondió a aquel llamamiento a medios pacíficos; un oficial parlamentario, enviado por el gobernador del Cauca, manifestó a su nombre que

proponía una suspensión de hostilidades mientras enviaba una carta con proposiciones de paz; aceptada la suspensión, fue enviada la carta, dirigida al general Posada, subjefe del estado mayor general, y al general Henao, jefe de la división, quienes le contestaron rechazando las proposiciones, pero como en la carta se les pedía también una conferencia, manifestaron que estaban dispuestos a ella”244. Lo sorprendente del asunto fue el júbilo de las dos tropas que recibieron con gozo la decisión del cese de hostilidades: “El general Henao sin esperar la realización de este hecho con las fórmulas de estilo salió de la tienda de campaña y gritó con entusiasmo a sus tropas, que estaban a cincuenta metros: ¡Viva la paz! En el momento se vinieron muchos oficiales y soldados hacia nosotros y se confundieron los dos ejércitos, pasando los amigos a buscarse de un campamento a otro”245. Seguidamente, acudieron por el ejército caucano el general Mosquera, el general Martínez y el mayor Arboleda, mientras que por la tercera división, se hicieron presentes el general Braulio Henao y el comandante Fermín Villegas. La conferencia resultó cordial; en una tienda de campaña en medio de la línea divisoria, resultó una esponsión previa que debía dar término a la guerra entre los dos Estados. Sí tal arreglo se hizo mediante la figura de la esponsión fue porque este tipo de acuerdo era transitorio, toda vez que el general Posada Gutiérrez no tenía autorización del presidente de la república para celebrar ningún tratado de paz con los rebeldes. Así, esta esponsión, para que fuera válida, debía ser aprobada por el presidente Ospina. “La esponsión se negoció en la vía denominada el Carretero, bajo un toldo frente al sitio que hoy (1918) ocupa una fábrica de fósforos, y fue firmada por los dos jefes enemigos en el punto de Versalles, una cuadra poco más o menos abajo del Carretero, en la ruta que conduce a Mariquita por Solferino”246. Se debe recordar que la esponsión consistía en una “promesa hecha por una persona pública, sin orden ni autorización del soberano para hacerlo. Desde luego, su validez estaba condicionada a la aprobación de éste”247. El texto de la esponsión fue firmado por los generales Policarpo Martínez y Braulio Henao, el coronel Juan Antonio Salazar, el sargento mayor Simón Arboleda, Eliseo Arbeláez, y el sargento y tesorero de la tercera división, Marceliano Vélez, el 29 de agosto de 1860 en Manizales. Así rezaba el documento:

Ibíd. P. 202 Ibíd. Pp. 198 – 199 246 Ibíd. P. 204 247 Aparicio Montoya, Edgar Antonio. De Santander a Ospina: La Vida de Marceliano Vélez. Tesis de pregrado para optar al título de Historiador. Universidad de Antioquia. Medellín, 1998. P. 108 244 245

Artículo 1º. El señor gobernador del Estado del Cauca suspenderá toda hostilidad contra el gobierno general. Artículo 2º. El señor gobernador del Estado del Cauca revocará su decreto de separación de aquel Estado, de la Confederación, sometiéndose al gobierno general, en los términos de este convenio. Artículo 3º. El señor gobernador del Estado del Cauca otorgará una amnistía completa a todos los comprometidos en los movimientos políticos ocurridos contra el gobierno del Estado, y garantiza la seguridad de los ciudadanos que le han sido hostiles. Artículo 4º. El gobierno general otorgará una amnistía a favor de todos los comprometidos en los movimientos del Cauca contra las leyes nacionales. Artículo 5º. El señor gobernador del Estado del Cauca entregará todo lo perteneciente al gobierno general a los agentes que se nombren con dicho objeto, y las armas de la Confederación. Artículo 6º. El presente convenio será sometido a la aprobación del gobierno general, y las condiciones y deberes que él impone, sólo tendrán carácter obligatorio en el caso de ser aprobado. Artículo 7º. Entre tanto que el convenio sea sometido a la aprobación del gobierno general, las fuerzas del gobierno general se ectacionarán en Salamina y las del Estado del Cauca en Cartago o más al interior de cada Estado. Artículo 8º. Para el caso de no aprobación del presente convenio, los actos de hostilidades de las fuerzas de gobierno i las del Estado del Cauca, no se romperán sino después de veinte días de recibida la notificación oficial248. Era claro que el documento tenía un condicionante del ejército antioqueño y del gobierno general para con Mosquera, según el cual, éste debía dar marcha atrás a sus intenciones de hacer la guerra a la Confederación, derogar su decreto de separación y entregar el armamento al gobierno general. Esta esponsión, desde luego, estaba determinada por los decretos de orden público, y en esa medida, Mosquera no tenía más opciones que obedecer o utilizar sus estrategias militares para lograr acceder al poder de la república por las vías de hecho. El historiador conservador, José Joaquín Guerra, opinaba sobre lo que sería la no aprobación de la esponsión por parte del gobierno y las obligaciones que debía seguir: Para Guerra, la esponsión fue “Rechazada como incompatible con la dignidad y el decoro del gobierno, a quien sólo incumbía, según los áulicos catones, someter y castigar al reo, es el hecho que tal esponsión de Manizales 248

Ibíd. P. 205

se quedó escrita, pues el presidente Ospina, sin aprobarla ni improbarla, por no ser asunto gubernativo sino

militar, la remitió al general Herrán, que se hallaba todavía en el Socorro como jefe de los ejércitos”249. A raíz de la celebración, todavía condicionada, de la esponsión, la opinión pública se desbordó en análisis exhaestivos sobre la determinación que debía tomar el presidente de la república, de sí la aprobaba o no. Lógicamente, los liberales – radicales defendieron todo lo que emanaba del general Mosquera porque una vez resuelta la esponsión – sí se daba – en tono afirmativo por parte del gobierno, Mosquera obtendría el triunfo que no pudo lograr por las armas en los campos de Manizales. Gómez Barrientos decía que Mosquera era hábil en cuestiones diplomáticas y al verse vencido en Manizales, como cual prestidigitador, propuso una esponsión que aparentemente lo desfavorecería, pero que en el fondo le retribuiría grandes ventajas a sus tropas, las cuales tomarían un nuevo aire para proseguir las posteriores campañas contra el gobierno de la Confederación. Estanislao Gómez Barrientos apuntaba los motivos por los cuales el presidente no aprobó la esponsión: El general Mosquera que venía resuelto a entrar a Antioquia, avanzó hasta Manizales con 3.000 hombres y cinco cañones dice el Sr. Cuervo, y no pudiendo vencer la resistencia que se le opuso en el combate del 28 de agosto ocurrió a la astucia que era una de sus peculiaridades, pues nadie tenía como él don de dominar las circunstancias, y en esta ocasión rechazado i humillado con la seguridad de ser atacado al día siguiente por el vencedor, pone bandera blanca, parlamenta, y para ganar tiempo y disfrazar su vencimiento, propone una esponsión. Aquella esponsión tuvo ardientes defensores y agria oposición, y no fue aprobada por el poder ejecutivo. Los apasionados adversarios creyeron ver en ella la mano de Herrán para proteger a su suegro, y no perdonaron frases hirientes con que mortificarle... El general Herrán en una nota al Secretario de Gobierno y Guerra manifestó que el general Posada no había recibido de él instrucciones para celebrar la esponsión, ni escritas ni verbales, pues no era de sospecharse un desenlace pacífico. ¿Qué efectos produjo la esponsión? En 1880 nos dijo el Dr. Ospina:

249

Guerra, José Joaquín. Op. Cit. P. 242

El poder ejecutivo no aprobó la esponsión de Manizales porque para los que conocíamos a fondo el carácter de Mosquera era patente que, en el aprieto en que se hallaba sólo deseaba ganar tiempo para alejarse de Manizales, engañar al gobierno y continuar la guerra en otro terreno con ventaja. Tampoco fue improbada, porque al gobierno se le había informado que en los brindis pronunciados en aquella entrevista, varios jefes conservadores le prometieron al caudillo de la revolución que si la esponsión era improbada se unirían a él”250. Ante la lectura de los acontecimientos hecha por Ospina y la visión de Mosquera en términos tácticos y estratégicos – militares, Ospina terminó decidiendo unilateralmente la no-aprobación de la esponsión porque el gobierno no estaba dispuesto a negociar con un “reo prófugo” como Mosquera, en donde este último, acogiéndose a la esponsión de Manizales, se salió con las suyas al lograr detener el brío de las tropas antioqueñas por medio de un cese de hostilidades estipulado en el punto séptimo del convenio. Con ello, el general Mosquera se replegó al interior del Estado del Cauca y se dirigió a Popayán, para apoyar allí, los movimientos militares de sus tropas. Felipe Pérez afirmaba que Mosquera con la esponsión cambió de táctica y trasladó el teatro de la guerra del Cauca y Antioquia a Cundinamarca, para atacar directamente a Ospina en su propio centro de mando. La esponsión sirvió como pretexto – decía Pérez – para que Mosquera se reorganizara, como ya se dijo, militarmente, mientras que los esponsionistas Posada y Henao se mantendrían estáticos en Manizales a la espera de la aprobación, la cual no se hizo; en ese interregno de tiempo Mosquera obró militarmente251. Al respecto decía Pérez: [...] la esponsión de Manizales no fue aprobada, i esta no aprobación, como lo había habitualmente previsto el jeneral Mosquera, además de perder a Ospina en el ámbito de todo el mundo, había producido el desarme instantáneo de Antioquia, cosa que le de dejaba asegurada la retaguardia en el Cauca por todo el tiempo necesario para apoderarse del alto Magdalena, ocupar Honda, cortar las fuerzas sutiles de Ospina que obraban sobre la costa, segregara a Antioquia del resto de la república, ponerse en comunicación con los Estados de Bolívar i el Magdalena i de par a los centralistas reducidos a la sabana de Bogotá, supuesto que en el norte se esperaban las grandes i heroicas maniobras del general Santos Gutiérrez252.

Gómez Barrientos, Estanislao. Op. Cit. Pp. 436 – 438 Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 454 252 Ibíd. P. 454 250 251

La exposición de Pérez revelaba que el general Mosquera se movería más efectivamente sobre el alto Magdalena para atacar la sabana de Bogotá – sede del gobierno – trasladando la lucha en Antioquia – que en ese instante no era un corredor estratégico para los mosqueristas – en pos del derrocamiento del gobierno de Ospina, a otros puntos más claves como el control del río Magdalena en la región de las antiguas provincias de Neiva y Mariquita y así ascender a la capital. Para lograr ese objetivo, el general Mosquera tendría que recuperarse de varios desastres sufridos ante las tropas conservadoras del sur del Estado del Cauca en sitios como: La Plata, donde el general Gabriel París derrotó tropas avanzadas de Obando; en Barbacoas, donde fue desalojado por Zarama Aníbal Mosquera, hijo del general, con el fin de controlar el puerto de Tumaco y permitir la entrada de armas para los conservadores provenientes de Panamá; y en Quilcacé, la columna mosquerista de Pedro A. Sánchez fue destrozada por las tropas conservadoras de Jacinto Córdova253. El liberal – radical Felipe Pérez, presenta un testimonio de gran valor, escrito mientras transcurría la guerra en el país, y dio su punto de vista sobre la no-aprobación de la esponsión, donde afirmaba que Ospina había perdido ante la opinión pública su popularidad al no aceptar tamaña propuesta de paz, nacida de los combatientes en Manizales; señalaba que la esponsión no fue más que un lazo diplomático: He aquí la paz asegurada. Esa esponsión aún suponiendo toda la justicia de parte de Ospina, no era más que el fin lógico de la guerra. Dando por vencido y capturado al general Mosquera, Ospina no podía más que reincorporar el Cauca, recabar sus armas y perdonar a los derrotados. ¿Qué ha debido hacer pues? Aprobar en el acto el tratado, que era más de lo que se debía esperar en las circunstancias, devolviendo la tranquilidad a la nación. Pero no hizo sino todo lo contrario: No lo aprobó, haciendo que continuase la guerra, y poniendo una vez más en culminante evidencia que él no había querido nunca la paz de la República. Sin embargo, Ospina tenía más hiel que suma política en el alma. Mosquera lo sabía así, y por eso firmó en Manizales todo lo que se le pidió. Ese fue su gran paso, ese su golpe maestro de habilidad en la presente lucha, no obstante el disgusto que produjo entonces entre los federalistas, cuya impaciencia les hacía creer que todo lo que no fuera batallas ganadas o perdidas, era baldío en la cuestión.

253

Lemos Guzmán, Antonio José. Op. Cit. P. 476

Ospina no aprobó la esponsión, y desde ese día, según la previsión del general Mosquera, quedó perdido en la opinión de todos, excepto en la de su pequeño círculo de derrotados del Cauca y de Bolívar. Los que no habían visto claro en la cuestión política, vieron entonces, y todo lo que subió el gobernador del Cauca en la balanza de la opinión pública, bajó el sanguinario y traidor presidente de la República. ¿Y cómo no había de suceder así, cuando Mosquera había jurado las tres grandes cosas que se había propuesto, y que sin la esponsión de Manizales nunca hubiera podido lograr a saber: 1ª. El desarme y disgusto de Antioquia, mientras él marchaba sobre Cundinamarca; 2ª. La anulación completa de Ospina por su traición manifiesta a la República; 3ª. El aumento de su prestigio político a los ojos de todos los hombres pensadores del país; El desarme o neutralidad de Antioquia (cosa que se logró por todo el tiempo que el general Mosquera había previsto y necesitaba) era una conquista casi decisiva en la cuestión; y tanto más importante cuanto que la alcanzaba la diplomacia, después de no haberla logrado los más altos intereses públicos y comerciales de todo el Estado, la opinión de la República y el esfuerzo honrado de todos los hombres de bien. La traición de Ospina hasta antes de la esponsión de Manizales, era punto de toda controversia entre algunos, y entre otros una mera acusación del partido liberal, que debía rechazarse por inicua e infame, pero vino la esponsión y Ospina, negándole su aprobación, cayó en el lazo que le había puesto el general Mosquera, y todo el mundo le vio ya en plena desnudez y en pleno delito254. Los liberales – radicales, como el caso de Pérez, dijeron que el presidente no era el más docto en materia política y que Mosquera lo superaba tanto en eso como en lo militar. Pérez afirmaba que las administraciones de Mosquera habían sido siempre brillantes y progresistas, mientras que las de Ospina fueron reaccionarias y menguadas. Al final, este debate de opinión sobre la esponsión de Manizales terminaba confirmando la dificultad de lograr una paz por medio de acuerdos políticos civilizados, que sí bien, se dieron entre algunas de las partes, fracasaron; y terminó imponiéndose la razón de las armas. Se debe recordar que el presidente de la república Mariano Ospina Rodríguez era firme con su plan legalista y 254

Pérez, Felipe. Op. Cit. Pp. 442 – 443

formal de gobierno: “Libertad sin desenfreno” y “Orden sin despotismo”, o sea, el control de la sociedad mediante un Estado fuerte y solidificado al amparo de las leyes. De ahí que tuviera muy en cuenta en la esponsión, los decretos de orden público como una herramienta efectiva para castigar, por medio de la ley, a los rebeldes. Así lo afirmaba un liberal moderado de la época como Miguel Samper: Mosquera tuvo respiro para organizar su rebelión, y motivo y habilidad para atraer a su causa al liberalismo, y al mismo Obando, sus víctimas de otro tiempo. El presidente profesaba respeto ciego a la ley, y ésta no había hecho diferencia, para el caso de rebelión, entre un Estado y los particulares. De aquí probablemente el no haberse aprobado la esponsión de Manizales y evitándose el triunfo de la rebelión sobre la legitimidad, que es la mayor de la desgracias que pueden sobrevenir a una nación255. La Esponsión fue objeto de debate dentro del partido conservador; en él se presentaron posiciones en pro y contra de su aprobación: Por ejemplo, tres figuras del conservatismo antioqueño, Demetrio Viana, Remigio Martínez y Marceliano Vélez, sentaron sus posiciones. Mientras que el primero se inclinaba por el perdón para Mosquera y la aprobación de la esponsión, los otros dos se opusieron a ella y pedían el castigo para el caudillo caucano. El redactor del periódico conservador “El Occidente”, Demetrio Viana256, publicó varios artículos sobre la esponsión de Manizales manifestando las ventajas de la medida que debía aprobar el presidente Ospina y los efectos que traería para la nación. En un artículo editorial denominado “La esponsión”, Viana planteaba una tesis sobre la cual debía aprobarse la esponsión, que con la aprobación o no del acuerdo los problemas del Estado del Cauca no acabarían tan fácilmente toda vez que allí existía, no un problema político, como todo el mundo lo quería hacer ver, sino más bien uno de carácter social. Viana explicaba que “Los especuladores políticos han explotado la cuestión de las razas; han inflamado las malas Citado en Guerra, José Joaquín. Op. Cit. Pp. 242 – 243 Demetrio Viana nació en Marinilla el 12 de diciembre de 1827, siendo sus padres José Antonio Viana y Marta Gómez y Hoyos. Viana concurrió a la escuela elemental de la cabecera de Marinilla y luego al primer curso de humanidades que se dio en el Colegio de San José de Marinilla, hasta que se clausuró por la guerra civil de 1840, en donde, aún niño, participó del lado del gobierno como buen tambor. Posteriormente, residió por algún tiempo en Ríonegro adquibiendo destreza en el oficio de platero; para después trasladarse a Medellín en 1848 en donde comenzó a desempeñarse en los oficios públicos, siendo diputado de la Legislatura antioqueña en 1855, donde presentó un proyecto sobre fundación de bancos. Participó también Viana en el gobierno de Rafael María Giraldo, como secretario del despacho de gobierno. Desde de 1865 participó en varios períodos de la Legislatura del Estado de Antioquia, como también en la Cámara de Representantes de la nación que le tocó presidir en 1867. Fue además comisionado de paz en varias ocasiones representando al Estado de Antioquia ante los Estados de Bolívar (1864), Cauca (1865) y, ante el presidente Aquileo Parra en julio de 1876. Como periodista, Viana escribió en La Estrella de Occidente, El Diario Centroamericano, y en varios periódicos de matiz conservador entre los años de 1851 a 1884. Finalmente, Demetrio Viana colaboró en la obra de la legislatura antioqueña como diputado, contador y Secretario de Hacienda. En sus últimos años de vida, viajó a Guatemala (1890) consagrándose a la enseñanza, de allí se trasladó a Panamá un tanto enfermo y murió del 3 al 4 de junio de 1898. Tomado de: Ospina, Joaquín. Op. Cit. Vol. 3. Pp. 957 – 959 255 256

pasiones de la raza negra; han concitado su odio contra la raza blanca, de quien aquella fue esclava largos años; han querido establecer una democracia social imposible, en vez de la democracia política, única incompatible con el progreso y la civilización”257. Así, Viana se preguntaba dónde debían buscarse las causas de los problemas del Cauca, causas que por demás no se encontrarían en las instituciones, ni en los gobernantes, ni mucho menos en los partidos políticos, éstas debían encontrarse en lo social. Para Demetrio Viana las grandes “masas alucinadas” del Estado del Cauca –refiriéndose de modo racista a la raza negra – representaban un serio peligro para la nación, si se castigaba severamente a Mosquera por la ley. El columnista argumentaba que con la aprobación de la esponsión no se terminarían los problemas del Cauca porque al someter al caudillo a un juicio penal, esto traería consigo que sus caudas de negros se exaltaran, creando más revueltas. Una segunda opción sería, la aceptación o no de la esponsión, con lo que él seguiría luchando en cualquiera de los dos casos: Si no se aprobaba, Mosquera seguiría peleando, y en caso contrario, él continuaría como gobernador sin ningún control, movilizando sus tropas y amnistiado. De ahí que Viana al ver la imposibilidad de castigar a Mosquera por vía legal “ante la inminente sublevación de las masas de negros enardecidas”, sugiriera más bien una medida de tipo moral como la del perdón. Esto decía: El mayor castigo que puede infligírsele, el más ejemplar, el de más extensión y trascendencia, es de perdonarlo; porque así aparecerá humillado como Obando después de 1854, desprestigiado, despreciado, sirviendo de enseñanza histórica a nuestros ambiciosos. La improbación del acuerdo y la guerra que le es consiguiente, pueden rehabilitarlo ante sus copartidarios, y esto no conviene a la paz de la república, ni a los precedentes históricos que debemos fundar. Por eso creemos que la esponsión debe aprobarse258. Otro columnista de “El Occidente”, Remigio Martínez, conservador perteneciente al gabinete de Rafael María Giraldo como Secretario de Hacienda y posteriormente como Secretario de Despacho de Gobierno, escribía en el editorial del 25 de septiembre de 1860, su razón fundamental para que el gobierno improbara la esponsión. Al contrario de lo expuesto por Demetrio Viana, Martínez decía que el gobierno El Occidente. Medellín, 18 de septiembre de 1860. Nº 16. Trimestre 2. P. 61. Sobre el Estado del Cauca hay que señalar que este poseía una estructura socioeconómica muy desigual y jerarquizada en donde predominaron siempre los grandes propietarios o terratenientes y una economía basada en la esclavitud hasta 1852, año de la libertad de éstos. Así, muchos grupos sociales provenían de mezclas raciales muy variadas, con lo que los antioqueños, que eran tan racistas, veían como un peligro la rebelión de estas gentes de color. 258 Ibíd. P. 62 257

general no podía aprobar la esponsión en los términos en que estaba redactado el documento; le manifestaba al gobierno que el problema de orden público estaba reducido al Estado del Cauca y como tal debía ser resuelto como un problema doméstico y no general. Sostenía, que algunas cláusulas del acuerdo otorgarían amnistías a los comprometidos en la rebelión, y por ello, no era posible su aprobación: “que por la esponsión se asegura una amnistía a todos los caucanos que se han pronunciado contra la administración Mosquera; pero esta amnistía no cura el mal; ella no responde satisfactoriamente de la conducta futura del gobierno del Cauca dirigido por el señor Mosquera, quien continuará lleno de desconfianza respecto de los que él mira como enemigos y por lo mismo en actitud amenazante contra todos los que no se sometan a sus planes de persecución y a su conducta desmoralizadora”259. Martínez, era de la tendencia conservadora ortodoxa pregonada por Ospina, en cuya opinión debía imponerse el poder de las leyes e instituciones y el castigo para los rebeldes. Era partidario de un castigo ejemplar para Mosquera delimitando muy bien los delitos políticos de los comunes, los cuales revestían un tratamiento diferente por la ley. A esto se refería del siguiente modo: ¿Podrá aceptarse que cuando las leyes imponen penas a todos los que violan los derechos de la sociedad y los de los individuos, desde la más lijera falta hasta el crimen nefando; que cuando los criminales que no salen de la categoría común y cuyos delitos son aislados y particulares se les persigue judicialmente y se emplean todos los recursos legales para obtener su castigo, y esto por que la ley está escrita y debe cumplirse, porque la sociedad no podría conservarse sin la represión y castigo de los delincuentes, porque la justicia es una condición necesaria de existencia política; podrá aceptarse repetimos, que el delito por antonomasia, el delito complejo, el que más daños causa individual y colectivamente tenga el privilegio de la impunidad?260. Definitivamente, el mayor temor de los conservadores ortodoxos de la línea ospinista era que los rebeldes quedarían en la impunidad con la aprobación de la esponsión. Lo expuesto revela que dentro del partido conservador había dos tendencias: Una en pro de la esponsión y la otra en contra.

259 260

El Occidente. Medellín, 25 de septiembre de 1860. Nº 17. Trimestre 2. P. 65 Ibíd. P. 65

También, en este debate, terció una de las figuras conservadoras del siglo XIX antioqueño y colombiano, Marceliano Vélez261, quien combatió en los ejércitos de la tercera división, rechazó toda idea de neutralidad para el Estado de Antioquia por considerar esta corriente, contraria a la legitimidad y al orden constitucional defendido por Ospina. Vélez escribió también unas cuantas columnas en “El Occidente”, y desde allí, dejó sentada ante la opinión pública su posición frente a la esponsión. Siguió defendiendo la legitimidad y la unidad nacional que estuviera regida por las leyes de la república, pero manifestaba la improcedencia de un castigo severo para el caudillo caucano, toda vez que la historia le enseñaba los frutos amargos de este tipo de decisiones, que convertían a los rebeldes en ilustres mártires. El caso era palpable, las figuras de Obando, Mallarino y Ospina lo corroboraban, habiendo sido en su momento, indultados por el gobierno para luego pasar a la silla presidencial: Obando, sin talento, sin virtudes públicas, cabecilla y principal responsable de la revolución de 1840 sufre por ocho años el destierro, la justicia humana fue inflexible con él, pero apenas pisa el suelo de la patria sube a la silla presidencial. El señor Mallarino perseguido por opiniones políticas viene de su expatriación a regir la Nueva Granada. El doctor Ospina sufre por la revolución de 1851 una larga prisión, y debe, no sólo a su incontestable mérito, sino también al grillete que ha arrastrado, la primera magistratura. Sí pues, la historia nos enseña que en esta tierra el castigo por delitos políticos produce mártires y cada mártir viene a ser un presidente, ¿No será tiempo de que aprovechemos las lecciones de la historia impidiendo, con la aprobación de la esponsión, la rehabilitación del general Mosquera? Yo llamo sobre estos hechos su atención262. Marceliano Vélez nació en Envigado en 1832, quedando huérfano a la edad de 12 años, de una familia envigadeña conservadora. En 1844 le es confiada la educación de Marceliano a su tío Mariano Berreneche quien lo envía a Santa Marta donde realiza estudios de literatura y jurisprudencia con profesores de corte liberal como Manuel Murillo y Juan Maneel Pérez; regresa a Medellín en 1852 en donde logra terminar sus estudios de Derecho en el Colegio Provincial un año después; las reformas liberales de 1851 hacen que Vélez se inscriba en el partido conservador ya que veía la “opresión” de la escuela liberal; en 1854, Vélez participa activamente al lado de las tropas constitucionales contra la dictadura melista, luego desempeña el cargo de Secretario de la Asamblea Constituyente del Estado reintegrado en 1855 y, como Juez 2° del Circuito hasta 1860; es elegido Senador por Antioquia al Congreso granadino; en la revolución de 1860, participa en contra de las tropas mosqueristas y ataca la idea de la neutralidad antioqueña a través de la prensa; en 1862, es elegido gobernador del Estado reem`lazando a Rafael Maria Giraldo; en esa gobernación le toca capitular en la Aldea de Maria frente a las tropas de Mosquera; en el interregno del gobierno de Berrió, Vélez participa en la Legislatura del Estado en 1864 – 1865, siendo sustituto del presidente en el año de 1865; fue además impulsor de las Sociedades Católicas promovidas por Mariano Ospina; en la guerra civil de 1876, Vélez se desempeña como jefe de los ejércitos antioqueños participando en las batallas de Garrapata y los Chancos; posteriormente fue gobernador del Departamento durante los años de 1886 – 1889 y 1900 – 1902, muriendo en el año de 1923 en Medellín. Tomado de: Luis Javier Ortiz Mesa. Aspectos de Antioquia en la segunda mitad del siglo XIX. Marceliano Vélez B., en: Figuras Políticas en Antioquia, siglos XIX y XX. Ciclo de Conferencias. Medellín. ICFES, 1986 262 El Occidente. Medellín, 16 de octubre de 1860. Nº 20. Trimestre 2. P. 78 261

Vélez, terminaba afirmando su deber de estar siempre del lado del gobierno aunque este tomase cualquier tipo de resolución con respecto de la esponsión, por eso “estando con la improbación, nuevamente amenazados y en peligro la legitimidad y la unidad nacional, mi deber es rodear al gobierno, defenderlo, marchar a donde se me ordene y pelear contra los rebeldes. Y eso haré”263. Por los documentos revisados, se percibe que la preocupación dominante en el partido conservador pasaba por el castigo a los rebeldes sometiéndolos a la justicia, pero más allá de eso, lo que más atemorizaba a sus miembros era la popularidad que pudieran alcanzar esos rebeldes encabezados por Mosquera. Son muchos los artículos de prensa que se refirieron la esponsión. En este estudio, se resaltan algunos de los más representativos del pensamiento liberal y conservador. La esponsión al fin no fue aprobada y la guerra empezó a tener para el Estado de Antioquia otra geografía, ya no por el sur sino por el norte. Una vez obtenida la victoria en Manizales por parte de la tercera división antioqueña, los meses siguientes transcurrieron con relativa calma hasta finalizar el año de 1860. El gobierno nacional felicitó al Estado de Antioquia por la labor asidua y leal con él y con el partido conservador, y porque con sus acciones había demostrado su defensa de la constitución. El Secretario del Despacho de Gobierno y Guerra, Manuel Antonio Sanclemente, envió una comunicación desde Bogotá al gobernador del Estado de Antioquia manifestándole la congratulación por el triunfo de Manizales: Sb. Gobernador del Estado de Antioquia. Con particular satisfacción se ha impuesto el P. E. de la nota de usted de 4 del corriente, número 17, en que le participa por mi conducto el triunfo obtenido por la 3ª división del ejército el día 28 del mes próximo pasado, sobre los rebeldes del Cauca, a cuya cabeza se encontraba el ex general Mosquera. El P. E. sabía bien que tal debía ser el resultado, sin embargo de la desigualdad de las fuerzas, porque la defensa del gobierno y de la causa del derecho y la justicia estaba confiada a los valerosos hijos de Antioquia que tan repetidas pruebas han dado de que saben cumplir su deber con honor y con lealtad. 263

Ibíd. P. 78

A nombre del P. E. felicito a usted y por su conducto a la 3ª división del ejércido y a su digno jefe por la brillante jornada del 28 de agosto, en que los antioqueños acreditaron una vez más que son muy dignos de la confianza del gobierno. Bogotá, 19 de septiembre de 1860264. Se respiraba en ese entonces un aire de relativa expectativa en el Estado de Antioquia, más no así en la Confederación Granadina, pues continuaba la guerra en otros puntos de la geografía nacional. Se presumía el fortalecimiento del general Mosquera quien al salir victorioso – según los liberales – con el proyecto de esponsión, una vez suspendida su aprobación por el presidente de la confederación, proseguiría su marcha hacia otros puntos de la república, lo que le permitiría una avanzada sobre la capital de la república. Sobre la suspendida aprobación de la esponsión de Manizales, el general Mosquera, mediante comunicación privada al presidente Ospina, le manifestaba el error del gobierno al no acceder a dicho arreglo, toda vez que éste atacó con sus tropas, aún no resuelta la esponsión, fuerzas mosqueristas en el Estado de Cauca, con lo que se daba por entendido la no aprobación de esa por el gobierno. Esto decía Mosquera: Neiva, 8 de diciembre de 1860. Muy señor mío y compatriota: Habiendo obtenido que los generales Posada y Henao me reconociesen como beligerante en guerra civil, según las mutuas declaraciones que hicimos el 27 de agosto de este año, y después de un crudo como brillante combate que libré sobre las fuerzas de la Confederación, celebré una suspensión de hostilidades y una ESPONSIÓN, como preliminares para restablecer la paz en la Confederación, y por medio de vuestro secretario de gobierno y guerra os manifestaré cuáles eran los sentimientos que me animaban para que la elección de presidente de la república se hiciera con plena libertad, y el nuevo magistrado entrara a gobernar el país y curara las heridas causadas por esta desgraciada guerra civil. Vuestro gobierno nada resolvió con respecto a la esponsión, y el general en jefe del ejército del sur, no solamente se negó a entrar en iguales 264

Constitucional de Antioquia. Medellín, 17 de octubre de 1860. No 272. Trimestre 22. P. 1159

arreglos a los que hice con el general Posada, sino que continuó sus hostilidades llevando sus tropas hasta las inmediaciones de Popayán; y los intendentes Zarama y Hurtado mandaron atacar las tropas en la Buenaventura y Sacachoco265. Por su parte, los conservadores afirmaban que el general Mosquera no había respetado el convenio de esponsión al atacar tropas progubernamentales, en el sur e interior Estado del Cauca, y en el Estado de Cundinamarca, en la Plata. Así, según la opinión conservadora, Mosquera terminaba como el responsable del rompimiento del cese de hostilidades. Braulio Henao, en nota oficial enviada desde Manizales al Secretario de Despacho de Gobierno del Estado del Cauca, Andrés Cerón, le manifestaba lo siguiente sobre dicho rompimiento por parte de Mosquera: Siento una profunda pena al saber que el señor gobernador del Estado del Cauca haya abierto operaciones contra las fuerzas de la Confederación sin aguardar la resolución que el gobierno dicte sobre el acto celebrado en este lugar el 29 de agosto último. La guerra civil con todos sus horrores, que fue lo que nos propusimos evitar con la esponsión, aparecerá más devastadora y llenará de luto, de descrédito y de sangre este a país, digno por cierto de mejor suerte266. Diez días después, el presidente de la república mediante nota privada, le contestaba al general Mosquera la nota del día 8, en la cual, además de no estar de acuerdo con sus propuestas materia de paz, a no ser que depusiera las armas, le decía por qué no había aprobado la esponsión de Manizales. Una razón primaria era el que Mosquera había roto el cese de hostilidades atacando en la Plata las tropas del gobierno; además, Ospina seguía sosteniendo el principio de sometimiento de los rebeldes que se habían levantado contra el gobierno. En cualquier caso era evidente que Ospina al igual que Mosquera, estaba convencido que sus tropas vencerían sobre sus opositores. Esto decía Ospina a Mosquera en algunos apartes de la misiva, la cual es citada por Gustavo Arboleda: En primer lugar me habla usted del reconocimiento que los generales Posada y Henao hicieron, antes del combate de Manizales, del carácter de beligerante en guerra civil, que usted deseaba asumir. Al hacer tal reconocimiento dichos señores generales no obraron conformes a instrucciones del gobierno general, y aquel acto no ha sido aprobado ni reconocido por éste. El poder ejecutivo no ha considerado en los que han tomado las armas contra el orden general sino individuos en el predicamento en que los colocan las leyes vigentes, i los jefes del ejército no han recibido otra orden respecto de ellos que la de

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Citado en Arboleda, Gustavo. Op. Cit. Pp. 271 – 272 Ibíd. P. 252

aprehenderlos para someterlos a juicio, y en caso de que opongan resistencia a mano armada, vencer esa resistencia con la fuerza, hasta lograr el fin propuesto. En tal concepdo, el gobierno no ha considerado a ningún general como jefe de las fuerzas nacionales autorizado para celebrar suspensión de hostilidades, y mucho menos esponsiones sobre los negocios generales de la Confederación, con los individuos a quienes debía aprehender. Me dice usted que por medio de la secretaría de gobierno y guerra, manifestó los sentimientos que lo animaban para que la elección de presidente de la república se hiciera con plena libertad. Lo que en materia debía hacerse está escrito en las leyes; el poder ejecutivo no tiene en esto más intervención que la de hacer que esas leyes se ejecuten como están escritas, y esto es lo que ha hecho, sin que en semejante asunto haya nada que discutir ni con los particulares, ni con los funcionarios públicos, debiendo callar ante la ley escrita las opiniones y los sentimiento de uno y otros. Respecto de la esponsión firmada en Manizales, el gobierno suspendió el resolver sobre ella, porque, al mismo tiempo que llegaba a sus manos, de una manera oficial aquel documento, recibía también oficialmente la prueba de su infracción, por parte de los hombres armados a las órdenes del gobierno del Cauca, y hasta ahora ha guardado las explicaciones que de los hechos violatorios debiera haber dado inmediatamente el gobernador de aquel Estado, sí era que pensaba seriamente cumplir las estipulaciones escritas en la esponsión. Un convenio infringido desde antes de recibir la aprobación que de él se solicitaba, no necesitaba de resolución para quedar anulado, porque lo estaba de hecho267. Lo que deja ver esta respuesta tan contundente del presidente de la república al general Mosquera era su apego inquebrantable y las leyes de 1858, y sobre todo a las de 1859, por él representadas, que serían defendidas por las armas si era necesario, toda vez que el gobierno se mantenía en la posición de no negociar con rebeldes, quienes no eran reconocidos como beligerantes. La guerra civil era vista por el gobierno como una insubordinación que debía fustigarse con el rigor de la ley. Después de Manizales, Mosquera se trasladó a Popayán. Luego, obtuvo un triunfo el 19 de noviembre de 1860, en el valle de Segovia (entre las poblaciones de la Plata e Inzá a orillas del río Ullucos, en lo que fuera la antigua provincia de Neiva perteneciente al Estado de Cundinamarca) sobre las tropas 267

Ibíd. Pp. 274 – 275

conservadoras del general Joaquín París, jefe de la primera división de los ejércitos de la Confederación. El combate tuvo una duración de tres horas aproximadamente. Según datos de Felipe Pérez, el ejército de París perdió 100 hombres, 365 prisioneros y fueron incautados un gran número de armas: 2 cañones, 400 fusiles, 80 bayonetas, 3 carabinas, 12 mil cartuchos de fusil, carga y media de pertrecho de artillería, 8 cornetas, 3 cajas de guerra, 300 fornituras, 18 mulas y varios caballos268. Con este triunfo de Mosquera, las fuerzas liberales allanaban el camino para controlar el río Magdalena, y así, tomarse la capital de la república. Seguidamente, al general Mosquera “en Neiva se le unió con numerosas fuerzas el general López (José Hilario), quien tuvo allí la dicha de abrazar a su viejo amigo el general Obando, para continuar militando juntos, como en sus mejores días, bajo las banderas de la libertad. ¡Mosquera haciendo campaña con Obando y con López! Sólo la necesidad de derrocar el absolutismo y restablecer el imperio de la república pudo producir esa evangélica reconciliación”269. Sí, Obando peleaba al lado del más enconado enemigo de toda la vida. Esta unión entre Mosquera y Obando, obedeció a una reconciliación promovida por varios de sus amigos, teniendo presente que Mosquera quería asociar a su causa un caudillo de quilates como Obando, en el Estado del Cauca. El general José Hilario López, por su parte, siempre perteneció al partido liberal y era un caudillo representativo de la zona huilense (posterior Estado del Tolima) quien residía en su hacienda de Gigante. Así, eran tres los expresidentes de la república y generales de experiencia, los que se unían contra el gobierno conservador de Ospina270. Sobre el encuentro entre las tropas del gobierno y las rebeldes, el gobernador de Antioquia ratificó su posición de no hacer concesiones con los levantados en armas y deploró el ataque sufrido por el general París en Segovia a manos de Mosquera. Los conservadores antioqueños veían en esta acción del líder rebelde, una falta a su palabra al atacar fuerzas progubernamentales. Pero vale decir, que la esponsión no fue aprobada y que la guerra continuaba con todo lo que ella implicaba. Así, el gobernador Rafael María Giraldo publicó el día 14 de diciembre de 1860, una proclama a los antioqueños en la que elevó al ánimo de todos los decididos por la causa del gobierno legítimo. En algunos apartes, Giraldo decía: ¡Antioqueños! La deplorable catástrofe que ha sufrido la 1ª división del ejército de la república, ha puesto en peligro el principio de la legitimidad[...]

Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 454 Guerra, José Joaquín. Op. Cit. P. 243 270 Lemos G, Antonio J. Op. Cit. P. 482 268 269

Hoy que las huestes de la legitimidad han sufrido un doloroso descalabro, nosotros no podemos, sin cubrirnos de afrenta, abandonar la causa que hemos sostenido con entusiasmo. Nuestro deber es claro, y yo sé que vosotros tenéis la energía y el valor bastantes para cumplirlo. Por mi parte, me siento capaz de todos los sacrificios, hasta del de mi vida, por sacar incólume el honor de Antioquia, y por llenar los deberes que voluntariamente acepté, al aceptar el puesto con que me habéis honrado271. 4.6. Pacto Transitorio de Unión entre los Estados del Cauca y Bolívar (septiembre de 1860) Uno de los efectos de la suspensión de la esponsión de Manizales, fue la nueva configuración nacional planeada por los liberales defensores de la federación; uno de ellos, Camilo Antonio Echeverri, propuso la formación de una nueva liga federal compuesta por los Estados rebeldes al gobierno: Bolívar, Santander, Magdalena y Cauca. Dicha asociación, se plasmaría inicialmente en un Pacto Transitorio o de Unión entre los Estados de Cauca y Bolívar, que se firmó en Cartagena el 10 de septiembre de 1860. En él, se reconocía como Supremo Director de la Guerra al general Tomás Cipriano de Mosquera, y el territorio granadino, bajo la denominación de los Estados Unidos de la Nueva Granada. Algunos de los puntos que se estipulaban en el pacto fueron los siguientes: El gobernador del Estado del Cauca por una parte, y por otra el del Estado de Bolívar, con el objeto de dar un pronto y feliz término, al movimiento político que se ha efectuado separándose de la Confederación Granadina, para proceder a la organización política que esté en su verdadera y completa armonía con los intereses y derechos de los pueblos que constituyen la Confederación [...]. Artículo 3º. Mientras que se reúne una convención que constituya el gobierno político de la Unión, ejercerá el poder ejecutivo el ciudadano, general Tomás Cipriano de Mosquera, subrogándole en su falta, absoluta o accidental, en el orden que se expresa, los ciudadanos, generales Juan José Nieto y José María Obando [...]. Artículo 14º. El presente “Pacto de Unión”, será remitido por duplicado a los Estados Confederados para su aprobación, y será obligatorio para dichos Estados luego que se hayan canjeado las ratificaciones [...]. En la ciudad de Cartagena, capital del Estado de Bolívar, a 10 de septiembre de 1860. Manuel María Alaix, José Araujo272.

Moreno, Abraham. Op. Cit.. P. 25 Citado en: Gerardo Andrade González. Sergio Arboleda. Estado Mayor General: Diario de operaciones del ejército del sur de la Confederación Granadina. Banco de la República. Santa fe de Bogotá, 1994. P. 27 271 272

El protagonismo de Juan José Nieto273 al firmarse el Pacto Transitorio de Unión, se debió a que ya controlaba el Estado de Bolívar, al derrocar el gobierno conservador de ese Estado. El 11 de junio de 1860, la Asamblea Constituyente del ese Estado expidió una ley por la cual declaraba que el gobierno general había violado la constitución nacional del 22 de mayo de 1858, y que por tanto, autorizaba al general Nieto para declarar la separación de Bolívar del resto de la Confederación, tal como había acontecido con el Estado del Cauca. Así, el 3 de julio de 1860, Nieto sancionó el decreto de separación ligándolo al general Mosquera en la empresa “regeneradora” de la república. A ese pacto se unirían posteriormente los demás Estados rebeldes. Sobre el mismo, decía Gómez Barrientos lo siguiente: El pacto de Unión había sido estipulado por los representantes de los gobernadores de los Estados revolucionarios el 10 de septiembre de 1860 y en él se prometió que mientras se reunía una convención constituyente, ejercería el poder ejecutivo el general Mosquera, quien sería subrogado por los generales Juan José Nieto y José María Obando y que por los demás continuarían vigentes la constitución y las leyes274. José Joaquín Guerra expresó su punto de vista sobre el Pacto Transitorio criticando decididamente “el proceder ilegal” de Mosquera al atribuirse cargos que nadie le había conferido. Guerra exponía la posición conservadora y no aceptaba los avances milimétricos que estaba consiguiendo el caudillo caucano en la Confederación. Los conservadores se resistían a la avanzada de los rebeldes mosqueristas por conseguir el poder presidencial, y de allí, su firmeza para contener, bajo las leyes, las armas o el desprestigio personal, al principal promotor de las revueltas en la guerra civil de la federación. Esto decía J. J. Guerra: Este caudillo costeño nace el 24 de junio de 1804 en Baranoa (antiguo pueblo de indios de Tierradentro, cerca de Cartagena) siendo sus padres Tomás Nieto (español) y Benedicta Gil, ambos oriundos de clases pobres. El pensamiento liberal de Nieto se vio influenciado por la educación que recibió de niño con base en el “Catecismo de Instrucción Popular” del cura rebelde de Mompox, Juan Fenández de Sotomayor y Picón (Cartagena, 1814). En 1834, Nieto se casa con Josefa Teresa Plácido y publica el folleto “Derechos del Hombre en Sociedad”; en 1833, es nombrado Guarda – Almacén de la plaza de Cartagena por el presidente Santander; los artesanos lo llevan a la Cámara Provincial de Cartagena en 1836; fue Nieto antiboliviano, obandista, siendo luego masón; en la guerra civil de los Supremos se une a la causa obandista integrando las tropas del supremo Francisco Javier Carmona en el recién proclamado Estado de Manzanares en Santa Marta, cayendo prisionero posteriormente en la batalla de Tescua a manos de los ejércitos de Tomás Cipriano de Mosquera el 1° de abril de 1841; estando en prisión en Chagres, Nieto escribe su primera novela intitulada “Rosina”, la cual sólo fue publicada en 1850; con la influencia de la literatura francesa e inglesa, este caudillo publica en Jamaica otras novelas como “Ingermina o la hija de Calamar” y “Los Moriscos”; Allí, funda la logia masónica denominada “La Concordia” llegando al grado 32 de dicho sistema; en 1849 Nieto se encarga de la gobernación de Cartagena por enfermedad de Obando, siendo gobernador por nombramiento del presidente José Hilario López, en 1851; en 1859, Nieto derroca el gobierno conservador de Juan Antonio Calvo proclamándose nuevo gobernador del Estado de Bolívar, luchando a favor de la causa mosquerista en la guerra civil de 1860 - 62; finalmente, Nieto muere el 16 de julio de 1866. Tomado de: Fals Borda, Orlando. Op. Cit. 274 Gómez Barrientos, Estanislao. Op. Cit. P. 564 273

Durante la campaña y particularmente en su marcha hacia la capital, vino ejerciendo el general Mosquera una dictadura que nadie le había conferido. Sólo por un tratado de alianza celebrado en Cartagena el 10 de septiembre de 1860 entre los Estados del Cauca y Bolívar, se le había reconocido, o se hizo él mismo reconocer, como SUPREMO DIRECTOR DE LA GUERRA; y si bien los gobernadores revolucionarios de Santander, Boyacá y Magdalena se adhirieron a ese pacto, que en realidad no era más que una alianza ofensiva y defensiva contra la agonizante legitimidad, ninguno facultó a Mosquera, no podía facultarlo, para ejecutar actos de soberanía, siendo lo más curioso de todo que ni los gobernantes signatarios, ni los militares que esgrimían sus armas PARA DERROCAR LA DICTADURA DE DON MARIANO OSPINA, protestaron contra aquella usurpación275. A estas alturas del año de 1860, en materia bélica, quedaba bien delimitado el nuevo mapa geopolítico de la Confederación Granadina. Allí, la causa del general Mosquera tomaba fuerza con la consolidación de la nueva liga federal que se había concretado en el Pacto Transitorio de Unión. La Confederación quedaba entonces dividida en dos cuerpos: Los Estados que apoyaban a Mosquera y se ligaban con él, Bolívar, Magdalena, Santander y Cauca, mientras que los otros Estados se mantenían fieles al gobierno y resistían las arremetidas rebeldes, como lo eran los de Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. El Estado de Panamá, por su parte, no parecía interferir demasiado en la contienda revolucionaria, porque se encontraba separado geográficamente de la Confederación, ya que allí sólo se podía llegar por vía marítima; además, sostenía Felipe Pérez, que aunque Panamá no participaba casi en los asuntos de la política general, también se decidió por la derogatoria de las leyes ospinistas de 1859, aunque el 4 de julio de 1860, el gobernador de Panamá, José de Obaldía, condenaba la revolución y la atribuía a círculos distintos del gobierno Ospina. Pérez afirmaba que el Estado de Panamá se mostraba a esa altura, más inclinado por la causa del gobierno que por la revolución276. El asunto era pues ambiguo y había que esperar las reacciones de ese Estado en los próximos eventos de la guerra. Sí el mes de septiembre vio la consolidación de los Estados rebeldes, el de octubre fue desfavorable para éstos, según informes oficiales provenientes del ejecutivo. La esponsión de Manizales produjo la renuncia del general Pedro Alcántara Herrán277, el cual tenía serías contradicciones con el gobierno, por el Guerra, J. J. Op. Cit. P. 246 Pérez, Felipe. Op. Cit. Pp. 248 y 370 277 Pedro Alcántara Herrán se casa con la hija de Tomás Cipriano de Mosquera, Amalia, la cual sólo tenía 15 años de edad, mientras este tenía 40; Lofstrom segiere que dicho matrimonio obedecía a “matices políticos”, ya que Mosquera incentivó a Herrán para que cortejara a su hija y se casara con ella ad portas de asumir la presidencia de la república en 1841. Estos dos hombres, a 275 276

papel conciliador que siempre lo caracterizó, especialemente, cuando firmó el reconocimiento del gobierno de Juan José Nieto en el Estado de Bolívar, y porque a Herrán lo unían lazos familiares con el general Mosquera, principal contendor de la guerra civil. Dicha renuncia se hizo efectiva el 20 de octubre de 1860 y fue aceptada por el Secretario del Despacho de Gobierno y Guerra, Manuel Antonio Sanclemente, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1. La paz reinante en gran parte del territorio de la Confederación Granadina, debido a las victorias del ejército nacional sobre los rebeldes del norte, con lo que quedaron pacificados los Estados de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Antioquia, y se mantuvo la tranquilidad en el de Panamá. 2. La amenaza de rebeldía por parte del Estado del Cauca contra la Confederación, donde la cabeza de ese movimiento, Tomás Cipriano de Mosquera, tenía vínculos familiares con el general de los ejércitos confederados, Pedro Alcántara Herrán, siendo improcedente para el gobierno tener al frente de sus ejércitos a dos familiares que eran enemigos en la guerra. 3. Era necesaria la presencia del general Herrán en la legación norteamericana para atender los negocios y reclamaciones de algunos norteamericanos contra la Confederación. Por lo tanto se resolvió: Admítase esta renuncia; y manifiéstese al ciudadano general Herrán que el gobierno está plenamente satisfecho de los importantes servicios que acaba de prestar a la Confederación para el restablecimiento del orden general, y del patriotismo, celo y abnegación con que los ha prestado,

más de haber sido compañeros de armas, compartieron negocios en los Estados Unidos de Norteamérica. Dice Lofstrom, que cuando Mosquera sube a la presidencia en 1845, nombra a Herrán ministro colombiano en Washington, fijando los esposos la residencia en Nueva York, pero la casa comercial de Mosquera y Cia entra en crisis provocando un asedio de los acreedores, y es en ese momento, cuando Herrán al intentar salvar la casa comercial, busca vender la residencia donde vivían su esposa Amalia, su suegra doña Mariana y sus hijos; esto provocaría conflictos con su esposa y desde luego con Mosquera al que se le culpa, por parte de Herrán, de incidir en las ideas de su hija Amalia contra él, toda vez que esta quería en demasía a su padre Tomás, manifestándole a él que ella no estaba dispuesta a arreglar su matrimonio hasta que su esposo Herrán “sea buen amigo con usted; y en esto no admito término medio”. Las relaciones personales entre Herrán y Mosquera se volvieron a afectar por un atentado contra la vida de Amalia, probablemente perpetrado por los enemigos de Mosquera en 1862 estando éste en el poder de la Confederación. Tomado de: Lofstrom, William. La vida intima de Tomás Cipriano de Mosquera. Banco de la República – El Áncora Editores. Bogotá. 1996. Pp. 207 – 214

posponiendo toda especie de consideraciones, por graves que hayan sido, al cumplimiento de los deberes que el gobierno le impuso nombrándolo general en jefe278. De esta manera, concluía el año de 1860 con un mayor control por parte del gobierno sobre los rebeldes en gran parte de la Confederación, a excepción de los Estados del Cauca, Bolívar y Magdalena; el Estado de Santander, entre tanto, era de dominio liberal a la cabeza de su gobernador Antonio María Pradilla – posesionado el 18 de abril de 1860 por el proceso que le seguía la Corte Suprema a Eustorgio Salgar –, quien mantuvo en buena parte del año 60 encuentros de guerrillas con las tropas del gobierno conservador de Ospina, quien las comandó en campaña militar contra el Estado de Santander. El 1° de julio de ese año, Ospina marchó con su ejército al Estado de Santander; el 5 de julio en Tunja, Ospina expidió un decreto por el cual declaraba al ejército de la Confederación en campaña militar; el 7 de julio, las tropas del gobierno comandadas por Francisco P. Torres, Jefe del Estado Mayor de los ejércitos de la Confederación en Santander, batió a las tropas liberales de Gabriel Reyes, Félix Pulgar y otros, en Capitanejo; seis días después, en la hacienda el Trapichito, las tropas conservadoras al mando de Julián Moncada, quien se desempañaba como jefe político de Vélez, batió una columna liberal en donde cayeron presos, entre otros comandantes, José G. Tatis, Foción, Azuero, Pedro María y Zacarías Pinzón; el día 15, continuó la arremetida conservadora de Ospina en Santander y en el puente de San Bartolo entre las poblaciones de Guadalupe y Guapotá, Avelino Collazos (conservador) bate una fuerza liberal a la cabeza del gobernador Pradilla, y su segundo, Juan de Jesús Gutiérrez, éstos, se recuperaron en la batalla de Galán (vecindario de Cácota) y le propinaron una derrota a las tropas conservadoras de Pedro Alcántara Herrán en un combate de cuatro horas aproximadamente; pero el 18 de agosto en el alto del Oratorio (cerca del Socorro), las tropas de Ospina, después de una ardua y cruenta batalla que arrojó más de 600 muertos entre ambos bandos, derrotaron a las tropas liberales comandadas por el gobernador Pradilla, Eustorgio Salgar, Domingo Triana y otros; con este triunfo, los conservadores tomaron el control parcial del Estado de Santander279. El año de 1861, traería consigo más respuestas rebeldes, y Antioquia tendría que movilizar sus columnas militares sobre las fronteras del norte del Estado, conteniendo frecuentemente las avanzadas rebeldes de las tropas del Estado de Bolívar. Esas incursiones de las tropas costeñas de Nieto sobre Antioquia fueron caracterizadas por los conservadores, como actos de invasión al Estado de Antioquia. Dichas invasiones serían las protagonistas del año 61 en el norte y nordeste de Antioquia. 278

Arboleda, Gustavo. Op. Cit. P. 241

4.7. Movilización de la tercera división antioqueña a la ciudad de Cartago en el Estado del Cauca (1861) El año de 1861 no comenzó muy halagüeño para el Estado de Antioquia en materia de orden público, pues, las tropas rebeldes del Estado del Cauca siguieron amenazando los diferentes puntos fronterizos de Antioquia así como las rebeliones que se presentaron dentro del Estado. Ya se tenían noticias de levantamientos rebeldes armados en poblaciones como Sopetrán y Amalfi en el occidente y nordeste de la región, con lo que el trabajo de la tercera división sería arduo, debiendo ésta trasladarse de la ciudad de Manizales, su fortín hasta ese momento, hacia la ciudad de Cartago, en el Estado del Cauca. De esta modo se apoyarían las fuerzas conservadoras caucanas a las órdenes del general Julio Arboleda, y seguidamente, esa división contramarcharía hacia la ciudad de Medellín, que estaba amenazada por los rebeldes de las poblaciones mencionadas. En el mes de enero de 1861, se encontraba lista la tercera división que debía partir desde Manizales hacia Cartago, con órdenes exclusivas del gobernador del Estado, Rafael María Giraldo. La misión era restablecer el poder conservador que había sido arrebatado por Mosquera. Así, las milicias antioqueñas pasaban de una actitud defensiva a una ofensiva con respecto a su enemigo caucano. El triunfo de Manizales le había dado muchos bríos a las tropas antioqueñas al percibirse éstas como unas tropas mesiánicas en la Confederación. Ese mesianismo común a todo ejército triunfante, se ratificará más adelante, toda vez que el gobernador Giraldo siempre manifestaba en sus discursos y proclamas, la decisión de entregar su vida por la causa del gobierno, al contar con tropas organizadas y disciplinadas. Para el día 6 de febrero, el comandante general de la tercera división, Braulio Henao, remitió un informe280 al gobernador del Estado sobre las operaciones que debían realizar las milicias de Antioquia en el Cauca. En ese informe, Henao explicaba los percances sufridos por la tercera división y la derrota de las fuerzas del gobierno en el Cauca, por parte del general Mosquera. La columna enviada al Cauca por Henao estaba al mando del coronel Braulio Pérez Pagola, quien obraría en ese Estado en combinación con el teniente coronel Francisco de P Madriñan con sus milicias caucanas. Este coronel resultó derrotado en Cartago por las tropas de Mosquera, el 25 de enero de 1861 y el resto de sus hombres pasó a las filas de la tercera división. 279

Pérez, Felipe. Op. Cit. Pp. 386 – 426

Por ese revés que sufrió la tercera columna del coronel Madriñan en Cartago, los mandos oficiales de la tercera división vieron que era necio seguir en el plan de incursión al Estado del Cauca, siendo al parecer, más sensato devolverse hacia el interior del Estado de Antioquia, a sabiendas de los peligros de revolución latentes allí. Sin embargo, decía Henao, el patriotismo y entusiasmo de los soldados no los dejó regresar y prosiguieron su marcha hacia el Cauca. Estas milicias ya reforzadas con los restos de la tercera columna de Madriñan, sostuvieron encuentros bélicos de poca trascendencia con los rebeldes en cercanías al río la Vieja. En medio de esos encuentros, el general Henao recibió una nota del gobernador Giraldo, en la cual le informaba de una amenaza seria de invasión del Estado por el sur, a ordenes del jefe rebelde Miguel Alzate. Henao, seguidamente, le exponía a Giraldo las prioridades del deber diciéndole que “las razones que expusisteis en esa nota para creer conveniente la contramarcha de la división, en mi concepto son fundadas; y al gobierno en la presente emergencia le conviene más conservar el Estado de Antioquia, que dejarlo caer en poder de los rebeldes por libertar el Cauca, en donde ningunos recursos pueden extraerse ya, a causa de su actual aniquilamiento. Decidí, pues, volar con la División a defender el Estado y rechazar la agresión”281. El general Henao salió a hacerle frente a los rebeldes de Miguel Alzate que se movilizaban en cercanías de Manizales, en la población de Neira: Al saber éstos de la presencia de las milicias antioqueñas, salieron huyendo rápidamente con lo que el orden público quedó de nuevo restablecido en las fronteras del Estado. 4.8. Levantamiento rebelde armado en Barbosa (febrero de 1861) El mes de febrero fue de tensión social y militar. La ciudad de Medellín se vio a fines de ese mes en peligro de ser atacada por las tropas rebeldes procedentes de varias poblaciones sublevadas, especialmente de Sopetrán y Amalfi, apoyadas por la población de Ríonegro282, que tenía una fuerte elite comercial de Véase informe en el Boletín Oficial de Antioquia. Medellín, 19 de febrero de 1861. No 15. Ibíd. P. 1 282 las poblaciones de Amalfi, Sopetrán y Ríonegro tuvieron la característica de ser focos liberales en la provincia y posterior Estado de Antioquia. Luis Javier Ortiz al analizar los fenómenos electorales del período federal dice que “para el año de 1854 los únicos fortines liberales que se mantenían en las provincias de Antioquia eran el Occidente y el de Rionegro. El primero quedaría cada vez más limitado con el traslado de Santa Rosa, de la provincia de Antioquia a la de Medellín, pocas semanas antes de la revolución de José María Melo en abril de 1854. En menor medida podría afirmarse que los liberales eran fuertes en Ríonegro debido a que se encontraban muy vigilados por los conservadores de Marinilla y Medellín. Su situación no era pues de ninguna manera favorable. Los conservadores por el contrario eran fuertes en las zonas restantes de Antioquia con ligeras oposiciones en el nordeste, especialmente en Amalfi y Zaragoza”. También dice Ortiz que para la elección de gobernador en 1856, las localidades con dominio 280 281

tierras y minas con marcada militancia y simpatías liberales. Dicho ataque se efectuó pero fue rechazado por las tropas de la tercera división que al saber del mismo, salieron rápidamente de Manizales y llegaron a Medellín el día 24 del febrero. El Secretario de Gobierno de Antioquia, Remigio Martínez, le enviaba un informe283 al prefecto del Departamento del Centro, manifestándole la alteración del orden público en ese departamento y, más exactamente, en cercanías de la ciudad de Medellín. En dicho informe, Martínez daba cuenta de la reunión sostenida por algunos promotores de la rebelión como Camilo Antonio Echeverri y Clemente Jaramillo en la población de Barbosa en día 24 de febrero, la cual, con proclama en mano, se pronunciaron contra el gobierno. El 25, salieron de la liberal Barbosa alrededor de 200 hombres rebeldes con dirección a la ciudad de Medellín; las autoridades locales ya se habían enterado de esta marcha y el 26 en las horas de la tarde se encontraba la ciudad en posición defensiva. Martínez informaba que se echó mano de una compañía de Marinilla para que colaborara en esa operación de defensa militar de la capital del Estado. Ese mismo día, llegaba a Medellín parte de la tercera división a órdenes del coronel Braulio Pérez Pagola. Cuando se enteraron los rebeldes de la llegada de éste, emprendieron la huida hacia las poblaciones de Ríonegro y Barbosa, respectivamente. En ese informe, Martínez decía que el comandante Gabriel Naranjo persiguió a los rebeldes hasta Ríonegro logrando capturar sólo algunos de ellos, pues la mayoría habían escapado, empleándose en la persecución poco más de 100 hombres. En esa operación se logró dar captura a uno de los jefes rebeldes, el señor Clemente Jaramillo, el día 1º de marzo. Así, los presuntos ataques de los rebeldes no lograron surtir un efecto positivo en su intento por tomarse la capital del Estado, la que se encontraba bien custodiada. De todos modos, la situación de orden público en el Estado de Antioquia era de alarma, al verificarse los intentos fallidos de los rebeldes comandados por Echeverri y Jaramillo. Mientras tanto, en los Departamentos de Santa Rosa, Sopetrán y Amalfi, comenzaba a sentirse por sus elites conservadoras, los serios peligros de los movimientos rebeldes en esas poblaciones del nordeste antioqueño. Ya “a mediados de marzo Ballesteros estaba en armas en Zaragoza. Según la opinión de Zaragoza, la guerra estaba liberal fueron: Amalfi, Zaragoza, Salamina, Neira, Remedios, entre otras; y, para mostrar el dominio liberal en Sopetrán, dice Ortiz citando el periódico El Pueblo sobre las elecciones de 1856 para Alcalde y Vocales: “Bajo el imperio de la fuerza que el prefecto del circuito señor Abraham García trajo de Medellín, hombres armados para ahogar la libertad de los ciudadanos liberales, que forman la mayoría de los habitantes del distrito, y hacen triunfar a todo trance las candidaturas conservadoras”. Tomado de: Ortiz Mesa, Luis Javier. Aspectos Políticos del Federalismo en Antioquia 1850 – 1880. Medellín. Universidad Nacional de Colombia seccional Medellín, 1985. Pp. 53 y 57

marcada por claros rasgos raciales. Los negros de Ballesteros de Zaragoza, Zea y Anorí, aunque en posesión de armas de fuego, no eran contendores para las milicias del altiplano, sin embargo los blancos temían una guerra a muerte”284. Estos aspectos socio – raciales estuvieron siempre presentes en el desarrollo de la guerra, pues los conservadores antioqueños se representaban a sí mismos como blancos puestos en vilo por las turbas revolucionarias negras del Cauca y de las zonas bajas y aluviales de Antioquia, lo que constituía para ellos una amenaza peligrosa285. El gobierno estatal, teniendo en cuenta los brotes revolucionarios en algunas partes de la región, reunió la legislatura extraordinariamente por segunda vez el día 9 de marzo, para que diera cuenta de los acontecimientos de alteración del orden público, solicitara recursos pecuniarios, así como consejos y resoluciones acertadas para atender la crítica y alarmante situación en que se hallaba el Estado de Antioquia y la Confederación entera286. Además, el gobernador Rafael María Giraldo expidió un decreto el 16 de marzo, mediante el cual organizaba una columna de operaciones para la conservación del orden general y particular en el Estado y seguridad por la frontera de Nare287, un puerto aldeano sobre el río Magdalena, en su parte media. En el artículo segundo se decía que la columna estaría compuesta de los batallones Oriente y Sopetrán, encargándose del mando al coronel de las milicias, Braulio Pérez Pagola, quien obraría específicamente sobre Nare en caso necesario. Una vez hechas las deliberaciones en la Legislatura, ésta expediría una ley288 sobre Arbitrios y Orden Público, el 19 de marzo de 1861. Allí se ordenaba el embargo de los bienes muebles e inmuebles de los presuntos responsables del trastorno público. Tales bienes se pondrían en depósito bajo la administración del tesoro público hasta que se verificaran la cuantía total de los perjuicios pecuniarios que cualquier presunto reo hubiera cometido contra el Estado. Así, la administración pública echaba mano de la ley para aplicarla con todo rigor y lograr obtener más fondos para el sostenimiento de la guerra. Véase informe en el Boletín Oficial de Antioquia. Medellín, 3 de marzo de 1861. No 16. P. 1 Brew, Roger. Op cit. P. 155 285 Véase el debate de la esponsión de Manizales por los conservadores Demetrio Viana y Marceliano Vélez, y el peligro de revolución de “las masas negras”. 286 Moreno, Abraham. Op. Cit. P. 26 287 La historiadora Amparo Murillo definía esta zona del Magdalena Medio donde se encontraba el puerto de Nare, “como área geográfica sin otro interés económico que el de ser una zona de tráfico fluvial y tránsito comercial que no tuvo pueblos de cierto dinamismo, sólo sitios de embarque y desembarque de mercancías que pueden ser definidos como bodegas – puerto sin muchas pretensiones. De ellos partían caminos de herradura hacia pueblos y ciudades de la región montañera. En el caso de Antioquia, exisdían dos sitios sobre el Magdalena: Nare y San Bartolomé, los caminos que a ellos llegaban unían los importantes centros mineros permitiendo el transporte y comercialización del oro de esta provincia, además la obtención de mercancías importadas. Tomado de: Murillo, Amparo. Historia y Cultura de la región del Magdalena Medio. Plan Nacional de rehabilitación (PNR), Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura) y la Universidad de Antioquia. Departamento de Historia. Medellín, 1991. Pp. 3 – 4 288 Véase decreto en el Boletín Oficial. Medellín, 23 de marzo de 1861. No 20. 283 284

Antes de proseguir con el relato sobre la incursión de los ejércitos antioqueños en el Estado del Cauca, es preciso dar un panorama general de la guerra en otros puntos de la geografía nacional. Desde la esponsión de Manizales, ocurrida el 29 de agosto de !860 hasta la culminación del período presidencial de Mariano Ospina Rodríguez, el 1° de abril de 1861, destacaremos los acontecimientos más significativos para seguir los diversos ritmos de la guerra. Por lo que concierne a la costa atlántica, el general Juan José Nieto debió controlar la arremetida de los ejércitos conservadores que buscaban destronarlo de la gobernación del Estado de Bolívar y del dominio que ejercía sobre el de Magdalena. Es así como el 10 de julio de 1860, fue ocupada la ciudad de Santa Marta (Estado del Magdalena) por el Intendente Nacional de aquel Estado, Antonio Miramón y el inspector de la fuerza pública, el comandante José de Jesús Vieco, quienes eran agentes del gobierno general289. Nieto y sus fuerzas respondieron nueve días después enviando a Santa Marta el “Batallón Glorioso”, al mando del coronel Manuel Cabeza, en busca de la “regeneración” de aquel Estado con 4 bongos de guerra, 1 escucha y muchos fusiles. A esa expedición se unieron gentes de Riohacha, Barranquilla y algunos emigrados de Santa Marta290. El 24 de agosto, el ejército de Nieto (División Unida) defendió durante siete días la capital del Estado de Bolívar (Cartagena), la cual no pudo ser tomada por las fuerzas conservadoras que comandaba el general Julio Arboleda y un tal Vieco291. Estando el Estado del Magdalena bajo el control de los conservadores, Nieto buscó derrocar aquel gobierno saliendo de Cartagena hacia Ciénaga el 23 de septiembre, con una fuerza militar comandada por los coroneles Fernando Sánchez y Rafael González, llegando éste a su destino el día 29 del mismo mes; un día después (30), Nieto instaló una Junta de Guerra para abrir operaciones militares sobre Santa Marta; Dicha junta estaba compuesta por el Jefe Superior del Estado del Magdalena, Francisco Labarcés, el Secretario Pedro A. Lara, los coroneles Rafael González y Fernando Sánchez, Gabriel Vega y el general Nieto292. Seguidamente, el 1° de noviembre, José María Baraya fue nombrado en Ciénaga, Jefe del Estado Mayor General del Ejército Unido en operaciones sobre Santa Marta293. Entre los días 6 y 7 de noviembre, las tropas conservadoras de Julio Arboleda y Vieco atacaron el Fuerte de San Pedro en Ciénaga en donde las tropas nietistas comandadas por Fernando Sánchez, Riascos y Nieto, Juan José. Op. Cit. P. 82 Ibíd. P. 82 291 Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 488 292 Nieto, Juan José. Op. Cit. P. 88 293 Ibíd. P. 489 289 290

Camporodríguez, lograron repeler dichos ejércitos. Dice Pérez, que Arboleda dirigió el ataque con más de 400 hombres acompañado de su comandante Madero; dicho combate tuvo una duración aproximada de siete horas, y en él, las tropas de Nieto estaban integradas por gentes procedentes en su mayoría de Ciénaga; el parte de la batalla dio como resultados: 50 muertos y 80 heridos conservadores, el comandante Madero resultó herido, hubo 100 prisioneros, entre ellos 16 oficiales, y la incautación de 200 fusiles a las tropas conservadoras294. El 11 de diciembre, las tropas de Nieto batieron en la población del Banco a las tropas conservadoras del general Julio Arboleda, por lo que el presidente Ospina envió una fuerza del ejército nacional al mando del general Edmigio Briceño con el fin de atacar el Estado de Bolívar siguiendo la ruta de Chiriguaná y Ocaña hasta desembocar en el río Magdalena; las tropas de Nieto, que las comandaba el coronel José María Mendoza Llanos, y las de Briceño, tuvieron un encuentro de armas en el Banco saliendo derrotadas estas últimas295. Dos días después, 13 de diciembre, y una vez hechas las proposiciones de paz por parte del general Julio Arboleda a Labarcés, fue tomada la plaza de Santa Marta por el ejército de Nieto o ejército “Regenerador”, como éste lo denominó, el cual estaba comandado por el mismo Nieto, Manuel González Carazo y el capitán Manuel Laza Grau. Después de 21 días de combate, desalojaron estos a Arboleda y su ejército, teniendo este último que huir. Una vez controlados los Estados Costeños nuevamente por el caudillo y general Nieto, éste, con base en el Pacto Transitorio de Unión del 10 de septiembre de 1860, se declaró en Barranquilla presidente de la Confederación Granadina el 25 de enero de 1861, siendo su gobierno efímero, ya que duró sólo 35 días296. En cualquier caso, a pesar de las disputas de zonas de la costa, entre ambos bandos, lo liberales se fueron consolidando bajo la dirección de Nieto. Entre tanto, en el sur de la Confederación Granadina, los ejércitos mosqueristas tomaban el control del alto Magdalena, al sur del Estado de Cundinamarca comprendiendo los territorios de las antiguas provincias de Neiva y Mariquita. Ya se dijo anteriormente que con la batalla de Segovia, donde las tropas de Mosquera derrotaron a las de Joaquín París, todo el camino quedaba allanado para que el caudillo caucano junto con el general José Hilario López, controlaran el alto Magdalena para poderse tomar la capital de la Confederación por el sur del Estado de Cundinamarca. Dice Felipe Pérez que con el triunfo de Mosquera sobre París, y la adhesión del general López, Juan M. González, Rafael Mendoza y el coronel Cobaleda a su causa, las gentes del futuro estado del Tolima se pronunciaron a favor de Mosquera contra el gobierno de Ospina el 7 de Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 492 Fals Borda. Orlando. Op. Cit. P. 141B 296 Ibíd. P. 157A. 294 295

diciembre de 1860, con lo que esos territorios del sur del Estado de Cundinamarca secundaron a Mosquera en su campaña para tomarse a Bogotá. El 15 de diciembre, Patrocinio Cuéllar y se proclamó en Ibagué contra la “tiranía” y el “despotismo” de Ospina297. Hasta ese instante, Felipe Pérez afirmaba que el desastre en número de tropas del gobierno general ascendía a unos 6.800 hombres repartidos 4.000 en Santander, 1.600 en Manizales (ejército desmovilizado) y 1.200 en Segovia. Aunque debe recordarse, que el ejército antioqueño (tercera división) una vez suspendida la aprobación de la esponsión de Manizales prosiguió su campaña militar tanto dentro del Estado, como contra el Estado del Cauca. Así mismo, el 18 de diciembre, Olimpo García, atacó una cuadrilla conservadora organizada y dirigida por Rafael Zorillo en Ambalema, controlando de este modo el río Magadalena en su parte alta, es decir, en la antigua provincia de Mariquita298. Al comenzar el año de 1861, especulaba Felipe Pérez al calculaban en 10 mil, los hombres muertos hasta ese momento en toda la república, y una pérdida para el tesoro nacional de 20 millones de pesos299. Pero si se miran los datos de Álvaro Tirado Mejía, en su libro, la exageración de Pérez, parece exorbitante300. Con el control del alto Magdalena por las tropas de Mosquera, éstas situaron su cuartel general provisional en Piedras (hoy día municipio del Departamento del Tolima) en las sabanas de Mariquita, y estando allí el general Mosquera, hizo proposiciones de paz al presidente Ospina. Le manifestó que debía celebrarse un armisticio entre los dos bandos con base en la constitución de 1858, en el cual Mosquera reconocería a Ospina como presidente pero no así su autoridad, ni al congreso sobre los Esdados Unidos de la Nueva Granada, es decir, sobre la nueva liga o gobierno provisorio resultante del Pacto Transitorio de Unión de 1860, y por último, quería Mosquera una negociación que diera por finalizada la guerra civil, pero donde Ospina tomara la iniciativa de ella301. Estas propuestas fueron rechazadas por el gobierno general, continuando así la guerra. Ospina envió la sexta división del ejército nacional, comandada por el gobernador de Cundinamarca Pedro Gutiérrez Lee, a maniobrar por Honda y Ambalema en busca de Mosquera. Dice Felipe Pérez, que cuando llegaron los ejércitos de Gutiérrez Lee a tomar por sorpresa a Mosquera, éste ya se había movido de su cuartel general tendiéndole una trampa a aquellos. De este modo, en “La Barrigona”, Mosquera batió las tropas conservadoras de Gutiérrez Lee, ofreciéndoles allí mismo un armisticio, que se

Ibíd. Pp. 464 – 465 Ibíd. P. 533 299 Ibíd. P. 535 300 Álvaro Tirado Mejía. Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia. Colección de Autores antioqueños. Medellín, 1995. 301 Ibíd. Pp. 559 – 560 297 298

celebró el 3 de marzo de 1861 en la quebrada de Chaguaní, cerca de la población de Guaduas (Estado de Cundinamarca) en el cual Mosquera estipulaba lo siguiente302:

1. Que se reuniera el Congreso de la república para que nombrara un designado de confianza para ambos bandos, con el fin de ejercer la presidencia de la república. 2. Ese mismo Congreso debía expedir un acto legislativo mandando elegir Senadores y Representantes de los Estados, de acuerdo a la ley electoral de 1856303. El Armisticio de Chaguaní tampoco fue aprobado por el presidente Ospina quedando en completa evidencia, que si bien hubo negociaciones de paz y cese de hostilidades en el transcurso de la guerra, estos no fueron aprobados por el gobierno, toda vez que las propuestas de los bandos en conflicto eran irreconciliables por las posiciones ya expuestas a lo largo de este trabajo: La esponsión de Manizales y el armisticio de Chaguaní, fueron prueba de ello.

El 1° de abril de 1861 terminaba el período presidencial de Ospina en medio de la guerra civil y “sin un sucesor elegido democráticamente” – decía Pérez – , ya que el Congreso que se debió reunir el 1° de febrero de ese año no lo hizo por falta del quorum requerido, por lo que no se llevó a cabo la elección presidencial que se tenía prevista. De esta forma, el gobierno general nombró al Procurador General de la Nación, Bartolomé Calvo304, para que se encargara de la presidencia hasta que el Congreso eligiera democráticamente el sucesor de Ospina. Calvo era un conservador de la elite cartagenera, que actuaría dentro de los lineamientos ospinistas de su partido.

Entre los meses de febrero y abril de 1861 se presentaron serios combates en el Estado de Boyacá. El 14 de febrero las tropas del general Santos Gutiérrez batieron a las tropas conservadoras del presidente del Estado de Boyacá, David Torres305, teniendo éste que salir huyendo junto con sus empleados306. Entre el 1° Los comisionados encargados para las conferencias de Chaguaní fueron: Por el gobierno Carlos Holguín y por el ejército mosquerista, Andrés Cerón, Secretario de Gobierno de Mosquera en el Cauca. 303 Ibíd. P. 561 304 Felipe Pérez decía que el Procurador Calvo no era conocido en el ámbito nacional, faltándole a este el prestigio de “nacionalización”. A Calvo sólo se le conocía en la costa atlántica y en Bogotá. (Ibíd. P. 579) 305 David Torres fue presidente de la Asamblea Constituyente del Estado de Boyacá en el año de 1857, siendo diputado por Santa Rosa, y posteriormente, presidente del Estado de Boyacá. (Constitución Política para el Estado de Boyacá dada en Tunja a 19 de 302

y el 7 de abril se produjo la batalla de “la gran semana”, en la cual las tropas liberales del general Santos Gutiérrez defendieron la plaza de Tunja del ataque conservador durante siete días. Las tropas conservadoras contaban con el apoyo de tropas santandereanas comandadas por Leonardo Canal y algunas procedentes de Cundinamarca, las cuales cayeron en manos de Santos Gutiérrez, reportándose el siguiente parte: 400 muertos y 300 heridos, más una gran cantidad de armamento incautado a los conservadores. Con esta batalla – dice Pérez – quedó controlado el Estado de Boyacá, que era un fortín conservador, por las tropas liberales de Santos Gutiérrez, siendo éste Estado decisivo para que las tropas de Mosquera y Gutiérrez se reunieran posteriormente y así tomar juntos la capital307. El 25 de abril, se presentó la batalla en el campo de Subachoque, en cercanías de Bogotá, o campo “Amalia” como lo denominó el general Mosquera en honor a su hija. Allí, las tropas de Mosquera y el general José Hilario López derrotaron a las tropas conservadoras de Pedro Gutiérrez Lee, Francisco de Paula Diago, Mateo Viana y Moreno, quienes contaban con 4.325 hombres; el parte fue el siguiente: Por las tropas mosqueristas, 125 muertos entre oficiales y de tropa, 105 prisioneros y 244 heridos; mientras que las tropas conservadoras tuvieron aproximadamente 2.000 hombres fuera de combate entre muertos, heridos y prisioneros, cayendo muertos los principales jefes conservadores, Gutiérrez Lee, Diago, Viana y Moreno308. Con este panorama, los ejércitos liberales controlaban gran parte del territorio granadino, tanto en la costa como en el Estado de Boyacá, el centro y sur de la república, siendo los Estados de Santander, Cundinamarca y Antioquia los únicos puntos en donde dominaban los conservadores. Con esto, la toma de la capital era inminente por parte de Mosquera, viéndose en serios aprietos el gobierno general.

4.9. Primera incursión del ejército liberal nietista al Estado de Antioquia El 1º de abril, al culminar el período presidencial de Mariano Ospina Rodríguez (1857 – 1861), tomaba posesión interinamente el nuevo presidente de la Confederación Granadina, Bartolomé Calvo, con lo cual el panorama de la república no cambiaría mucho; a esto se sumaba el que no se realizaron las elecciones presidenciales por motivos de guerra civil. El mes de abril no presentó alteraciones sustanciales en el devenir de la guerra, por el contrario, ésta se recrudecería aún más dado que los movimientos liberales rebeldes del norte y nordeste del Estado de Antioquia, comenzarían a delinear su objetivo: la penetración octubre de 1857 en: Folletos Misceláneos. Volumen 192. Colección Patrimonio Documental. Biblioteca U. DE. A.) Ibíd. P. 593 Ibíd. P. 598 308 Ibíd. P. 600 306 307

hacia el centro del Estado hasta llegar a la capital, Medellín. Para ello, estos rebeldes tendrían que sortear problemas y lugares claves, y esa incursión no sería tarea fácil. El señor prefecto del Departamento de Amalfí y comandante de la columna de operaciones sobre esa región, el conservador Baltasar Botero Uribe309 envió una comunicación oficial a la Secretaria de Gobierno el 1º de abril, manifestando el inminente ataque de los rebeldes en la población de Zaragoza y sitios aledaños. Esto decía Botero Uribe: Hay temores fundados, en mi concepto, de una invasión por Zaragoza y San Bartolomé; por lo menos los enemigos del gobierno tratan de llamar la atención del gobierno del Estado, bien para impedir así que auxilie la capital de la confederación, bien para favorecer una invasión por el sur u oriente. Lo cierto es: Que tenemos al frente un enemigo respetable para nosotros que no tenemos la suficiente fuerza, armas y municiones para estar desprevenidos, y yo considero como urgente que todo ciudadano esté sobre las armas. Es un hecho: O ese enemigo nos ataca o tenemos que atacarlo. En todo evento yo pongo a disposición de ustedes los inútiles servicios que había ofrecido, y que yo creo debo prestar: Una vez que ya hay enemigo al frente yo no puedo permanecer impasible siendo como soy un defensor de la legitimidad310. El 8 de abril, el gobernador Giraldo expidió un decreto “sobre incomunicación absoluta del interior del Estado con los pueblos en que esté turbado el orden público”311. Este decreto hacía énfasis en la prohibición del libre movimiento de todas las personas del Estado que desearan dirigirse a las zonas en donde se llevaban a cabo operaciones militares contra los rebeldes; para acceder a esos lugares era necesario tener un pasaporte autorizado del poder ejecutivo. Así, las personas que infringieran la norma serían consideradas como sospechosas de auxiliar a los rebeldes, además de pagar una multa de cien Botero Uribe nació en Carolina en el año de 1838, criándose en el Departamento de Amalfí. Realizó sus estudios bajo la dirección de Pedro Antonio Escobar en el Colegio del Estado. Se desempeñó como abogado y luego como magistrado. Trabajó en el Ferrocarril de Antioquia y se dedicó con empeño a trabajar por la Instrucción Pública. Fue además, Prefecto, Secretario de Gobierno en las administraciones de Berrío y Recaredo de Villa, gobernador de Antioquia, magistrado de la Corte Suprema. Escribió para los periódicos “El Heraldo”, “La Justicia”, “Las Novedades”, redactó “El Progreso” en 1893, fundando posteriormente “El Correo de Antioquia”. Tomado de: Ospina, Joaquín. Op. Cit. Tomo I. Pp. 319 – 320 310 Boletín Oficial de Antioquia. Medellín, 24 de abril de 1861. No 26. P. 2 311 Véase decreto en el Boletín Oficial de Antioquia. No 24. 309

pesos. Paralelamente, el gobierno estatal seguía tomando medidas para enfrentar a los rebeldes volviendo al estado anterior de alarma, como ocurrió cuando se aproximaba la guerra al Estado con los combates de Manizales. El 6 de abril, se sancionó un decreto “organizando y reglamentando provisionalmente los cuerpos de policía del Estado”. El decreto constaba de 20 artículos y apuntaba a tener un aumento considerable de esta fuerza de seguridad que sería de gran apoyo, en caso de un ataque de las tropas rebeldes a la capital del Estado. El artículo 6º consideraba “accidentalmente, y cuando así lo demande el buen servicio público, podrá ponerse cada cuerpo de policía de los que por el presente decreto se organizan, bajo las órdenes de algunos de los oficiales de la guardia municipal que esté en servicio, o se llame a él, según las circunstancias”312. Esta era una modalidad que utilizaba el gobierno estatal para garantizar la seguridad pública a la población de la capital del Estado. Las tropas rebeldes que penetraron por Zaragoza y el nordeste estaban dirigidas por el gobernador del Estado de Bolívar, el general Juan José Nieto, y comandadas por Ramón Santodomingo Vila, Liborio Mejía, Enrique Lara y Juan N. Ballesteros, quienes al parecer encontraron un gran apoyo en sus pobladores, que vivían en zonas fronterizas entre Antioquia y Bolívar, muchos de los cuales no se sentían pertenecientes a la cultura antioqueña313. El trato peyorativo racial que recibían esas gentes de parte de los conservadores antioqueños, fue el acicate del cual se valieron para apoyar al líder liberal costeño quien no dudó en aprovecharse de esa situación para sumarla a la causa mosquerista. El 8 de abril, informaba el comandante de armas encargado de pacificar las poblaciones del nordeste y de repeler las incursiones costeñas, Pedro Justo Berrío314, al Secretario de Gobierno sobre las operaciones militares que llevarían al triunfo de las tropas del gobierno en el distrito de Anorí. El parte era del siguiente tenor:

Véase decreto en el Boletín Oficial de Antioquia. No 24. Sobre este aspecto, ver lo expuesto por María Teresa Uribe en la página 84 de este estudio. 314 Pedro Justo Berrío nació en Santa Rosa de Osos y fue bautizado el 29 de mayo de 1827, ya que su fecha de nacimiento se desconoce. Sus padres fueron Lorenzo Berrío y Juliana Rojas y su hermano, Venancio. Berrío realizó sus estudios secundarios en el Seminario de la ciudad de Antioquia que regía el obispo Juan de la Cruz Gómez Plata. En 1851, Berrío recibe el diploma de doctor en jurisprudencia en la ciudad de Bogotá. Dice Joaquín Ospina que Berrío se desempeñó en asuntos forenses en Santa Rosa, así como también en operaciones legislativas tanto en la provincia de Antioquia como en la Cámara de Representantes y en el Tribunal Superior de Antioquia. Después de la guerra civil de 1860 – 1862, Berrío acaudilla una revolución conservadora en Antioquia derrocando el gobierno liberal de Pascual Bravo en la batalla del Casacajo, de ahí en adelante, este se encarga de la jefatura del Estado de Antioquia a partir del 10 de enero de 1864 y, el 18 de abril del mismo año, Manuel Murillo, reconoce el nuevo gobierno conservador de Berrío, quien el cual estuvo al frente de la presidencia del Estado hasta el 7 de agosto de 1873. Su muerte se produjo el 14 de febrero de 1875. Tomado de: Ospina, Joaquín. Op. Cit. Tomo I. Pp. 280 – 282. Véase tesis de Villegas, Luis Javier. La trama de un poder. La administración de Pedro Justo Berrío 1864 – 1873. Universidad Nacional de Colombia (seccional Medellín). Facultad de Ciencias Humanas. Medellín, 1994 312 313

Ayer a las 9 del día salimos de Amalfi y caminando toda la noche, hemos llegado al amanecer y nos a atacado el enemigo, casi a la entrada del lugar, en un punto muy ventajoso para él. Siendo malas y pocas nuestras armas, porque el armamento bueno lo tiene la fuerza que mandamos por la Gómez, tuvimos que asustar al enemigo con una carga de lanza, que hubiera hecho un gran degüello, si esa gente fuera de pelea; pero salieron corriendo vergonzosamente. La tropa del enemigo se componía de 40 negros de Zaragoza y Zea, de 7 oficiales y de muchos individuos de aquí, que pelearon un poco mejor que los negros; su armamento era exquisito, cuarenta fusiles muy buenos y nuevos, de los cuales pudimos tomar dos solamente, por la carrera tan veloz: Nosotros teníamos ochenta hombres, muy buena gente, pero solamente con 25 chopos, escopetas malas y unas lanzas. Hicimos prisionebos a un joven Montoya y a tres negros; perdimos un sargento primero, llamado José Manuel Saldarriaga, y ello fuera de la pérdida de un soldado, probablemente han tenido algunos heridos: El enemigo quedó completamente disperso, se persigue con actividad y creemos que se recogerán algunas armas muy pronto. No tenemos para que recomendarle el valor de algún oficial o soldado, porque todos han combatido valerosamente315. Berrío informaba además, por datos recogidos de los pobladores de Anorí, que el señor Cipriano Rodríguez se había ido del lugar al saber la llegada de las tropas del gobierno. A Rodríguez se le atribuía la promoción de la revolución en los distritos de Zaragoza, Zea y Anorí. Cuatro días después, Pedro Justo Berrío manifestaba al gobierno estatal, el parte de tranquilidad que se respiraba en Anorí y las poblaciones vecinas, toda vez que muchos de los rebeldes huyeron al no poder hacer frente a las tropas del gobierno. La compañía de Berrío estaba compuesta de unas 250 plazas, y esperaba seguir recuperando más armamento, pues la confianza era tal en sus tropas y en las gentes del lugar que aseguraba la imposibilidad de un nuevo levantamiento armado después del revés sufrido por los rebeldes, pues a éstos les sería difícil conseguir soldados en estos lugares, al no tener las gentes de allí seguridad en ellos. Otra cosa bien distinta aseguraban los rebeldes de esa campaña, ocurriría con los movimientos de tropa que se ejecutaban en el nordeste y los que se suscitarían en el sur. Por informes oficiales de los 315

Alcance al Boletín Oficial de Antioquia. Medellín, 9 de abril de 1861. No 24.

rebeldes, se le ordenaba al general Miguel Alzate obrar militarmente sobre el Estado de Antioquia por la frontera sur, vía Manizales y Caramanta, para dar apoyo a las “tropas federalistas” que obraban por otros puntos del Estado. En esa comunicación enviada a Alzate por el Secretario de Guerra del gobierno nacional provisorio316, José María Rojas Garrido, se le informaba que el comandante Liborio Mejía estaba listo con el armamento suficiente en San Bartolomé aguardando al comandante Ballesteros con una compañía de Zaragoza. Además, aseguraba la comunicación que Liborio Mejía “ocuparía a Santa Rosa de Osos para facilitar la incorporación en el ejército de los federalistas de Ríonegro; que el espíritu público estaba muy reanimado por todos esos pueblos; que tenían comunicaciones del general en jefe de los ejércitos unidos de Magdalena y Bolívar, en que le participaba con fecha de 11 de marzo la remisión, por la vía de Zaragoza, con el comandante Lalinde de 300 fusiles y otros elementos de guerra más para la campaña calculando el tener muy pronto mil hombres bien armados, que considera suficientes para la toma de Medellín, y para llamar la atención y poner en una posición muy seria a las fuerzas de Enao...”317. De esa manera se desarrollaban las operaciones en el nordeste y conociéndose éstas como las primeras invasiones costeñas al Estado de Antioquia. Se modificaba entonces la geografía de la guerra para el Estado, la cual se había iniciado en el sur (Manizales) en el mes de agosto de 1860, y nueve meses después, el tronar de los cañones se sentiría en el norte y nordeste, en límites con el Estado de Bolívar. El mes de abril concluyó con las primeras escaramuzas presentadas en San Bartolo, donde las tropas del Estado rechazaron el 30 a tropas rebeldes de vanguardia comandadas por el general Ramón Santodomingo Vila. Desde ese momento se iniciaría un encuentro entre ambos ejércitos, el cual sólo se logró definir seis días después. Mientras esto ocurría, sucedió un hecho de suma importancia para la Confederación Granadina, la creación del Estado Soberano del Tolima mediante decreto de 12 de abril de 1861, dado en el campamento del Raizal. Allí Mosquera “tomó para sí el gobierno directo de la Nueva Granada, y le impuso las leyes electorales del Cauca, que el mismo Mosquera había hecho expedir”318. 4.10. Escaramuzas en el Alto de San Bartolo319.

316

Recuérdese que con el Pacto Transitorio de Unión, Mosquera organizó su gobierno provisorio con los Estados ligados a él.

Actos Oficiales del Gobierno Provisorio de los Estados Unidos de Colombia, recopilados conforme a lo dispuesto por el decreto de 7 de abril de 1862. Imprenta de Echeverría Hermanos. Bogotá, 1862. Pp. 108 – 109

317

Guerra, J. J. Op. Cit. P. 248 Este alto está ubicado a pocos kilómetros de la población de Yolombó, en donde nace precisamente el río San Bartolomé que va a desembocar a las aguas del río Magdalena.

318 319

El encuentro entre las tropas rebeldes procedentes de la costa y las tropas antioqueñas, tuvo lugar en el alto de San Bartolo, en el nordeste del Estado de Antioquia, entre las poblaciones de Yolombó y Cancán el día 6 de mayo de 1861. Según el parte del encuentro, que al parecer fue más una escaramuza, ya que los muertos fueron pocos, la batalla tuvo una corta duración. El comandante de la división expedicionaria, Eliseo Arbeláez, daba un parte del encuentro satisfactorio por el arrojo que tuvo la tercera compañía de Marinilla, la cual logró derrotar a los rebeldes en un terreno faldudo y nebuloso, obteniendo armamento tan valioso como una pieza de artillería. La persecución de los rebeldes fue infructuosa ya que la neblina impedía realizar mejor esa labor. Además de los muertos del bando rebelde, también cayeron varios prisioneros y fueron tomados muchos fusiles y una gran cantidad de chopos. Las tropas del Estado lamentaron la muerte de varios de sus oficiales. La División de operaciones sobre el Norte, fue la encargada de repeler estas continuas incursiones de las tropas rebeldes provenientes de la costa. El parte320 del encuentro lo dieron los oficiales triunfantes en San Bartolo, el Sargento Mayor Abraham García, y los comandantes Eliseo Arbeláez y Ricardo Villa. Al contrario de lo que pudiera pensarse, las tropas rebeldes estaban integradas por un número significativo de antioqueños procedentes del interior y no de las tierras cálidas. Tal como lo manifestaban Villa y García en su parte, diciendo que “casi todas las fuerzas enemigas se componían de individuos vecinos de Ríonegro”. Debe recordarse que Ríonegro, para ese entonces, era un fortín liberal, mientras que su vecina Marinilla era conservadora. De esta forma se podría decir que ambas poblaciones se enfrentaron fuera de sus propias jurisdicciones peleando rionegreros en las tropas rebeldes, y marinillos, en las tropas del Estado de Antioquia, en los campos de San Bartolo. Un pequeño aparte sobre lo que fue este corto encuentro expresaba la alegría de las tropas vencedoras y la valentía de algunos antioqueños: El arrojo de algunos soldados fue tal que pasaron parte de la fuerza enemiga, quedando de esa manera expuesto a los fuegos de los nuestros: Otros pelearon cuerpo a cuerpo con los soldados enemigos, y otros se sirvieron de los tornillos pedreros para herir a los contrarios. Como diez minutos después de empezado el ataque, nuestros soldados conducían en triunfo el cañón con todos sus adherentes y pertrechos. Sólo dos tiros pudieron hacerse con él, sin que causara daño alguno321.

320 321

Ver parte del encuentro en el Alcance al Boletín Oficial de Antioquia. Medellín, 11 de mayo de 1861. No 28 Ibíd.

A esta altura de la guerra, las tropas del Estado de Antioquia mantenían la defensa del territorio repeliendo los ataques de los rebeldes tanto en el sur como en el norte del Estado. Según un informe del prefecto del Departamento de Amalfi, Salvador Aguilar, las únicas zonas donde había dominio rebelde eran Zaragoza, Remedios y Nechí. Además decía que el gobernador del Estado de Bolívar, Juan José Nieto, se encontraba disputando el poder del Estado del Magdalena, y por esa razón, los rebeldes se encontraban distraídos para atacar nuevamente al Estado de Antioquia. Nieto ordenó a los rebeldes de Zaragoza que bajo ningún motivo se soltaran los prisioneros de allí hasta esperar la suerte sufrida por los comandantes Liborio Mejía y Ramón Santodomingo Vila. Un mes después, las tropas de estos comandantes rebeldes intentarían una nueva incursión llegando a la población de Carolina del Príncipe, en donde se desataría un combate con las tropas de la 3ª división antioqueña al mando del general Braulio Henao. 4.11. Batalla de Carolina El 16 de junio de 1861 tuvo lugar la referida batalla en la población de Carolina del Príncipe, ubicada en el norte del Estado de Antioquia, donde las tropas de la tercera división a órdenes del coronel Braulio Henao derrotaron las tropas rebeldes comandadas por Ramón Santodomingo Vila. El combate tuvo una duración aproximada de seis horas y cayeron prisioneros todos los de la cúpula militar rebelde. Según opinión de Jorge Ospina Londoño “la lucha fue brava y tenaz. Las fuerzas conservadoras al mando del coronel Braulio Henao, desplegaron una actividad asombrosa, pero el número superior de combatientes por parte de estos, fue el determinante del triunfo. En el campo de batalla Bravo, Londoño, Uribe y demás compañeros, estimulaban la tropa con su coraje tan puesto a prueba y con su infatigable actividad y entusiasmo”322, siendo estos últimos, hombres pertenecientes a la elite liberal antioqueña. Una vez derrotadas las tropas rebeldes por los ejércitos antioqueños, se llevó a cabo una capitulación entre ambos bandos. Por supuesto, las propuestas de Santodomingo Vila que estaban contenidas en cinco puntos fueron rechazadas en su gran mayoría por el coronel Henao ya que su condición de vencido no le daba garantía de exigir prebendas de las tropas del gobierno. Vale recordar cuales fueron los puntos que no le fueron aceptados al comandante rebelde:

322

Ospina Londoño, Jorge. Op. Cit. P. 86

1º. El señor general Henao nos reconoce en nuestro carácter de soldados de los Estados Unidos de la Nueva Granada, bajo la suprema dirección del general Mosquera. 2º. Por consiguiente, somos reconocidos como beligerantes en guerra civil contra el gobierno de Antioquia como defensor del gobierno general de la Confederación. 3º. El general Mosquera por una parte, o más bien, el gobierno de los Estados Unidos, y el gobierno de Antioquia podrán rescatar sus prisioneros mutuamente, mediante el compromiso de evacuar, el territorio del Estado en que fueren prisioneros, por un número de días, meses y años convencional, según su importancia323. Era obvio que dichas propuestas no fueran materia de negociación de parte del gobierno estatal y nacional, teniendo como precedente la esponsión de Manizales, en donde el gobierno se negaba a toda posible negociación con los rebeldes. Sin embargo, aquí se logró hacer una capitulación que favorecía, por el carácter de triunfadores, al Estado de Antioquia. El gobierno nacional no aceptaba que se estaba librando una guerra civil, y por tal motivo no podía reconocer como beligerante a ningún rebelde. Así, los puntos de la capitulación se hicieron conocer por parte de los comandantes de ambas tropas, firmándose la misma en el cuartel general de “la Granja”, jurisdicción de Carolina del Príncipe, el día 16 de junio de 1861. Esta fue la capitulación: Braulio Henao y Ramón Santodomingo Vila, jefes de las fuerzas enemigas que han permanecido la una en Carolina en calidad de sitiada y en calidad de sitiadora la otra, en los alrededores del mismo pueblo, después de una detenida discusión en que se han tenido en cuenta consideraciones muy importantes, han acordado la siguiente capitulación: 1ª. El señor Santodomingo entregará el parque que tiene, en el estado en que se haya actualmente. 2ª. El jefe de las fuerzas sitiadoras garantiza la libertad de los individuos del ejército, excepto el jefe principal, el jefe del Estado Mayor General, los Jefes de División y los señores Wenceslao Uribe Piedrahita, Enrique Lara, José Muñoz, Dr. Nicomedes Ceballos, Dr. Juan C. Llano, Pascual Bravo, Nazario Lalinde, Teniente Coronel Fuentes, Dr. Juan Salvador Ruiz, José Froilán Gómez, José María Rodríguez Roldan, Alejandro y José Manuel Márquez.

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Boletín Oficial de Antioquia. Medellín, 16 de julio de 1861. No 38. P. 2

3ª. Las fuerzas que hayan invadido al Estado por la vía de Nare, se retirarán por orden que les dará hoy mismo el señor Santodomingo, y no serán inquietadas en su retirada. 4ª. Se nombrará una comisión de dos individuos para que hoy mismo reciba el parque, por inventario. En la Granja a 16 de junio de 1861. Braulio Henao y Ramón Santodomingo Vila324. Cuando los conservadores triunfaron allí, hubo gran júbilo, ya que aseguraban la paz parcial para la región, pues veían en los ejércitos costeños una seria amenaza y un peligro latente de poner en peligro la riqueza de la región. Este fue el parte de la batalla de Carolina que hizo el gobernador del Estado, Rafael María Giraldo, a la Legislatura, en un tono bastante efusivo: Tengo, pues, la honra de participaros en primer lugar, que la temeraria cuanto inicua invasión que por el norte del Estado se consumó en el mes marzo último, por orden del titulado director de la guerra y auxiliada por algunos seides del mandarin de la costa que insensatos pensaron pisar con una planta impura el sagrado suelo de Antioquia; ha terminado, no de una manera célebremente ridícula, como el menos insensato levantamiento de los señores Clemente Jaramillo y Camilo Antonio Echeverri, pero sí de un modo tan completo y ejemplar, que casi todos sus jefes principales se encuentran hoy en la cárcel pública de la capital, como una prueba patente del cumplimiento exacto del pronóstico que habían hecho, así como los primeros, de entrar a esta ciudad sin disparar un solo tiro. Apenas podrá darse un triunfo tan glorioso y completo como el obtenido el 16 de junio en los memorables campos de Carolina bajo la dirección del ilustre y afortunado ciudadano general Braulio Henao, comandante en jefe de la división que con su heroico valor ha dado nuevos días de gloria al rico y poderoso Estado de Antioquia en la gloriosa campaña que terminó el día 16. Bendigamos, pues, a la providencia divina por el singular beneficio que nos ha otorgado librándonos de los horrores que ya habían comenzado a sentirse en los pueblos que momentáneamente ocupaban los invasores325 En esta batalla murió el jefe del batallón Marinilla u Oriente, el teniente coronel Eliseo Arbeláez y su deceso tuvo un gran impacto en los dirigentes del Estado. En su memoria se expidieron varios actos por Alcance al Boletín Oficial de Antioquia. Medellín, 15 de junio de 1861. No 32. Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Gobierno. Informe que el gobernador del Estado de Antioquia presenta a la legislatura en sus sesiones extraordinarias de junio de 1861. Libro 2327. Documento 2. Medellín, 25 de junio de 1861. Folio 78.

324 325

parte de la Legislatura y se publicaron diferentes escritos en la prensa local y en el Boletín Oficial. Los dirigentes políticos conservadores lloraron la muerte de este oficial, decretándose que la guardia municipal llevara luto por tres días. Además, el gobernador del Estado decretó el cambio de nombre del batallón

Oriente por el de Arbeláez en memoria del coronel caído en Carolina. El balance general que dio el gobierno del Estado de Antioquia de los prisioneros rebeldes en Carolina fue de 42, entre los cuales se contaban, como ya se dijo, la cúpula militar encabeza por Santodomingo Vila, 17 tenientes coroneles, 4 alférez segundos y 21 soldados. El total de muertos se desconoce. Transcurrido un mes, continuaban los homenajes para con los oficiales de la tercera división que habían vencido en los campos de Carolina. En una nota anónima publicada el 17 de junio de 1861 en el Boletín Oficial de Andioquia, salió a luz un verso dedicado al Sargento Mayor Eusebio Gómez, quien estuvo entre los vencedores:

Como un león del África tostada Veloz corriste hacia el combate fiero, Y al solo brillo de tu noble acero, Huyó cobarde la falange osada. ¡Victoria! Grita, la legión mimada, Voz que tu labio profirió primero, Y el círculo de bravos todo entero Honor tributan a tu cortante espada. Que repitan las bellas de tu suelo Ese mágico nombre de “victoria”, Victoria entonen, bendiciendo al cielo Y que el recuerdo de tu inmensa gloria Nunca el olvido cubra con su velo, Y que lo cante la imparcial historia. De esta forma se podría decir que las tropas del Estado de Antioquia se encontraban en una racha victoriosa triunfando en las Guacas y Manizales, repeliendo los ataques en Medellín y derrotando las

incursiones en el nobte y nordeste del Estado. La tercera división continuaría su ofensiva incursionando en el Estado del Cauca, y uniéndose allí, a los ejércitos confederados para derrocar el gobierno de Mosquera y restablecer el orden público. Es del caso anotar que estratégicamente Antioquia no era la pieza principal del ajedrez de la guerra y que la toma de Bogotá era el centro de interés de Mosquera. De tal modo que se puede suponer que las fuerzas que penetraron a Antioquia debieron ser pocas y limitadas, pues ya se había hablado anteriormente de los movimientos de Mosquera después de la no – aprobación de la esponsión de Manizales, y del control que este estaba haciendo sobre el alto Magdalena, cuando derrotó a las tropas gubernamentales de Joaquín París en Segovia. Con la batalla de Subachoque o Campo Amalia, las tropas del general Mosquera lograron una avanzada importante hacia la capital, por el nordeste. El 3 de mayo de 1861 se reunieron las tropas de Mosquera (ejército del sur) y las del general Santos Gutiérrez (ejército del norte) las cuales se denominaron en adelante “Ejército Unido”, el cual abrió operaciones militares sobre la capital por los puntos de Funza, Cuatro Esquinas, Puente Grande, Facatativá y Subachoque, localizados en la frontera occidental de Bogotá, y Usaquén en la parte nordeste de la misma, en una clara estrategia de acordonamiento de los diferentes puntos fronterizos de la capital326. Es de anotar, que los alrededores de Bogotá estaban plagados de guerrillas conservadoras que acentuaron este tipo de guerra irregular, especialmente en el momento previo y posterior de la toma de la capital; además, el gobierno las utilizaba como una forma eficaz de defensa. Así, los días 19 y 25 de mayo de 1861, las guerrillas conservadoras de Lorenzo Vargas y Juan N. Lozano, batían tropas mosqueristas por el sur de la capital, y remitían estos a Bogotá una gran cantidad de prisioneros que la convertían en una inmensa cárcel atestada de liberales327. Los conservadores fincaban sus esperanzas de triunfo en las guerrillas del Tolima y el posible apoyo de las fuerzas santandereanas de Leonardo Canal; y los ejércitos de Antioquia, lo hacían con su incursión sobre el Cauca, más el general Mosquera se mostraba infranqueable en su avanzada sobre la capital, recibiendo armamento de Honda, el que a su vez procedía de la costa atlántica328. Así mismo, las disposiciones legales en ese momento decisivo de la guerra no se hicieron esperar, y fue cuando el 4 de junio de 1861, el Procurador Bartolomé Calvo, que era presidente interino, amplió el decreto de amnistía329 a todos los soldados que optaran por pasarse a las filas de los ejércitos conservadores o confederados330; de la misma manera, el general Mosquera, días antes (6 de Pérez, Felipe. Op. Cit. P. 615 Ibíd. P. 614 328 Ibíd. P. 626 329 Dicho decreto de amnistía es del 3 de mayo de 1861. 330 Ibíd. P. 620 326 327

mayo), expidió una amnistía a todos los que abandonaran los ejércitos del gobierno conservador reconociéndoles los grados militares y los empréstitos que estos hubieran pagado al gobierno de Ospina y Calvo, siempre y cuando los prestamistas se acogieran a la amnistía331. De esta forma, los bandos en contienda instaban a los soldados a que se pasaran al bando contrario mediante las prerrogativas de una amnistía. Sobre la toma de la capital de la república, es interesante tener en cuenta la siguiente cronología sobre los movimientos previos del general Mosquera. El 27 de junio, Mosquera se encontraba situado en Zipaquirá con una guarnición y apoyado por gentes procedentes de Tunja, Funza y Canoas332. El 28 de junio, los hermanos Mariano y Pastor Ospina huían hacia Antioquia por la vía de la Mesa en una acción muy arriesgada ya que ese territorio estaba controlado por los ejércitos mosqueristas333; llegaron a la población de Tequendama el día 30. Decía Quijano Otero en su obra ya citada, que no le auguraba un buen viaje a los Ospina, pues el 1° de julio fueron hechos prisioneros ambos en La Mesa (Estado de Cundinamarca) por una columna de las fuerzas mosqueristas. También afirmaba Quijano Otero, además, que la casa en donde se encontraban refugiados los Ospina, fue atacada y sometida a rendición334. Para el día 4 de julio, Mosquera se movió de Zipaquirá a Usaquén en donde organizó un campamento militar y luego se dirigió a las 5:30 PM a la localidad de Suba; mientras que el gobierno de Ospina esperaba ansiosamente armas y refuerzos del norte (Sandander)335. El 5 del mismo mes, Mosquera entró en Chapinero aproximándose cada vez más a la capital. Quijano Otero, quien fue uno de los cronistas conservadores de la guerra, decía que la toma de la capital era inminente en ese instante por la apatía generalizada de las gentes de Bogotá con respecto al gobierno de Ospina336. El 7 de julio, las guerrillas de Juan Lozano baten un resticio de tropas liberales de Mariquita. Ese mismo día, el general Mosquera proponía una capitulación al gobierno sobre la base del reconocimiento que a estos se les hiciera como beligerantes en guerra civil, y una reunión de plenipotenciarios de los Estados de la Confederación para la reconstrucción del país337. Seguidamente, los prisioneros Mariano y Pastor Ospina, fueron trasladados de La Mesa a Chapinero y allí fueron puestos en capilla para ser fusilados. Esto no se logró por mediación de los ministros plenipotenciarios extranjeros e

Ibíd. P. 612 Quijano Otero, José María. Op. Cit. P. 7 333 Ibíd. P. 9 334 Ibíd. Pp. 10 – 11 335 Ibíd. P. 11 336 Ibíd. P. 12 337 Ibíd. P. 12 331 332

individuos de altos poderes políticos y religiosos que rogaron a Mosquera no ejecutar al expresidente; sin embargo, Mosquera confinó a Mariano Ospina a una cárcel en Cartagena338. Así, las tropas rebeldes federales al mando de Mosquera conseguían el triunfo más importante, la toma de la capital de la Confederación Granadina. El 18 de julio, Mosquera se tomó a Bogotá derrotando las tropas de la Confederación, con lo que el gobierno federal se implantaría inmediatamente, y con ello, una legislación en contra de los conservadores, la iglesia y la forma de gobierno implantada por Mariano Ospina Rodríguez y el partido conservador. José María Quijano Otero presenta una descripción bien trémula y fatídica para los conservadores de los sucesos del 18 de julio, quien, como soldado de las tropas del gobierno, se lamentaba de la triste derrota de éste a manos de Mosquera. Así narraba Quijano Otero este acontecimiento, lamentable para él: Me quedé, pues, con 20 hombres para defender aquel punto. Veíamos el fuego cada vez más cerca y notábamos que al paso que se acercaba por las cruces se disimulaba por San Diego. En San Victorino veíamos un movimiento que no podíamos explicarnos. Desde el principio hasta el fin de la batalla se notó la falta de un buen jefe, pues o no se disponía nada, o todas las órdenes que daban eran contradictorias. Cuando nos encontrábamos sin saber lo que deberíamos hacer llegó Manuel allá a darme orden para que me retirara a San Victorino. No quise hacerlo sin reunirme antes con los que estaban en el reducto de Samuel y con los que había hecho ir a la estanzuela a quienes mandé llamar inmediatamente. Mientras estos llegaban, vinieron a reunirse los de la segunda escuadra y algunos de la primera, que habían ido a las Cruces por orden de Posada; los metieron bestialmente sufriendo los fuegos de amigos y enemigos, y de allí fue herido el sargento Mogollón. Cuando llegaron ya era tarde, pues habían tomado una parte de la ciudad, y sufriendo balas sin poderlas contestar, regresaron a nuestro campamento. Al fin llegamos a la plaza de San Victorino, pero un momento antes de que llegáramos oímos un repique que anunció que la plaza estaba tomada; involuntariamente se me saltaron las lágrimas; sí, lloré de rabia, de indignación, de vergüenza; pero el repique era nada en comparación de lo que veíamos en la plazuela. Allí estaban los restos de la caballería remudando caballos; los generales y jefes, sin tomar disposición ninguna, y ni un sólo batallón: Nuestro ejército quedaba reducido a los pocos hombres que había allí. ¡ah! La derrota era completa339.

Ibíd. P. 18. Este mismo autor decía que los hermanos Ospina para evitar su fusilamiento enviaron una carta al general Herrán pidiéndole la presencia del obispo de Bogotá para que mediara ante Mosquera. 339 Quijano Otero, José María. Op. Cit. P. 24 338

Una vez tomada la capital, en el mes de julio el general Mosquera puso en funcionamiento su maquinaria legislativa contra los vencidos, es decir, los conservadores y la iglesia, y expidió varios decretos sobre: Tuición de Cultos, creación del Distrito federal y expulsión de los jesuitas. Estos decretos serán descritos más adelante cuando se toque el tema de la iglesia y su papel en la guerra civil. Hay que decir además, que esta era la primera guerra civil, de las que habían sucedido hasta ese momento, en donde la capital de la república había sido tomada por los rebeldes, lo que significaba, al menos por el momento, el triunfo de la revolución liberal. 4.12. Operaciones militares de la tercera división en el Estado del Cauca Después del triunfo obtenido por las tropas antioqueñas en la frontera norte del Estado y de la significativa victoria en Carolina, éstas siguieron su marcha hacia el Estado del Cauca, campaña que por demás estaba pendiente para ser realizada por la tercera división a pesar de los peligros que representaba para el Estado de Antioquia el tener por fuera de su jurisdicción dicha división, pues requería sus servicios para su territorio y para someter las tropas rebeldes que incursionaban por el norte y nordeste. En esa correría, el general Braulio Henao ocupó la ciudad de Cartago – cercana a la frontera entre los Estados de Antioquia y Cauca, y además, una ciudad colonial en el camino de Anserma a Cali y Popayán – el 7 de agosto de 1861, de donde huyeron precipitadamente los rebeldes que se encontraban allí. Henao hizo una proclama a los habitantes de esa población exhortándolos a tomar las armas y defender el Estado del Cauca y la Confederación Granadina, de los rebeldes mosqueristas. En uno de sus apartes, decía Henao: “¡CAUCANOS! Hoy he ocupado esta plaza al frente de un poderoso ejército lleno de decisión y de entusiasmo. El enemigo abandonándola en precipitada fuga, ha perdido la llave de sus operaciones, por conservar unos pocos días más en su efímera dominación. Puedo aseguraros que la libertad del Cauca será un hecho, si me prestáis activa y decidida cooperación empuñando las armas y poniendo al servicio de la santa causa de la legitimidad todos vuestros recursos. ¡CAUCANOS! Sí queréis ser libres A LAS ARMAS, A LAS ARMAS, un ejército de hermanos os aguarda con los brazos abiertos para compartir con vosotros las glorias de los que luchan por su patria y por sus jefes”340.

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No era extraño que el discurso de los conservadores antioqueños estuviera salpicado de alegorías a la divina providencia y a la santa causa de la legitimidad para justificar sus acciones. Rafael María Giraldo lo expresaba continuamente en sus discursos y proclamas diciendo que la campaña militar de Antioquia era una guerra santa. Por eso, Henao estaba acorde con las ideas de Giraldo. Frases y oraciones como: “El estado de Antioquia el que más visiblemente ha sido favorecido por la providencia, tal es la misión providencial que cumple la valiente y fiel Antioquia, iniciar y apoyab con todas sus fuerzas hasta su completa realización [...]” y, “[...] primero que consentir en que la lealtad de Antioquia sea mancillada con la infame defección, precisamente en los momentos más solemnes en que haciéndose un esfuerzo supremo de patriotismo, pueda ella, con gran probabilidad, salvando los sacrosantos principios de la moral y de la justicia, heridos hoy de muerte por la salvaje revolución”341. Así, se hacía siempre una alusión a la religión y a la libertad, ya que política y religión constituían una trama vital, y además era propio de individuos como Giraldo que se habían formado en una mentalidad conservadora y católica muy arraigada como la del oriente antioqueño. Además, este discurso daba la idea de un enfrentamiento entre la civilización y la barbarie, como lo expresara el argentino Domingo Faustino Sarmiento en su Obra Facundo342, como también un enfrentamiento entre “la justicia” y “la injusticia”, y sobre todo, entre “lo sagrado” y “lo profano” para descalificar al adversario y afirmar lo suyo como bueno. Este discurso a todas luces terminaba dándole un carácter maniqueo a la contienda, pues sólo se comprobaba lo propio, con lo bueno y lo del adversario, con lo malo. En esa campaña, los ejércitos confederados del Estado del Cauca estaban comandados por el también caudillo, el general Julio Arboleda343, quien se encontraba en la parte sur del Estado combatiendo las tropas rebeldes de Mosquera situadas en Popayán. Arboleda ya sabía que las tropas de la tercera división antioqueña se encontraban en el norte del Estado del Cauca, y por ello, al llegar a la ciudad de Cali en los primeros días de agosto, pronunció una proclama a sus habitantes, llenándolos de ánimo para pelear y salvar “la libertad”. A esto se refería el caudillo: Véase informe que el gobernador Rafael María Giraldo presenta a la legislatura el 12 de agosto de 1861 en: Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Gobierno. Libro 2327. Doc. 2. Folio 107. 342 Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo. Ediciones Selectas. Buenos Aires., 1947 343 Nació el 9 de junio de 1817 en Popayán y fue descendiente de una familia de alta clase social. Arboleda recibió su educación en Inglaterra e Italia. En 1840 se inicia en la vida pública como soldado, periodista y parlamentario. Se sublevó contra el gobierno del general José Hilario López en el año de 1851, luchó al lado de los ejércitos ministeriales contra el general José María Melo en 1854 y, en la guerra de 1860 a 1862 defendió el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez. Julio Arboleda se destacó como escritor de ensayos políticos “Al Congreso Granadino”, “Escenas democráticas”, “Estoy en la cárcel”; también en la poesía con “Te quiero”, “A Beatriz”, “Después de siete años” y “Me ausento”. Fue asesinado el 12 de noviembre de 1862 en la montaña de Berruecos. Tomado de: Ospina, Joaquín. Op. Cit. Pp. 152 – 153 341

La unión es la fuerza: Por grande que sea en un pueblo el número de los opresores, no puede ser jamás igual al de los oprimidos: Únanse estos bajo un solo estandarte y un solo jefe, y su triunfo es inevitable. No son esclavos sino los que se obstinan en serlo. ¡Venid, pues habitantes del Valle! ¡Venid! Unios a vuestros amigos para que merezcáis también el título de libertadores con que los saludan las poblaciones agradecidas, y para que un golpe más acabe con la tiranía y con los tiranos que han asolado vuestro bello y rico territorio, y han pretendido reduciros a una condición más degradante aun que la del esclavo344 . Sonaba un poco contradictorio que después de varios años, Arboleda apelara a la libertad de los oprimidos cuando por lo menos diez años antes, él mismo luchó contra el gobierno del general José Hilario López para oponerse a la libertad de sus esclavos. Aquí, las cosas cambiaban, y se trataba ahora de una lucha de caudillos (Arboleda y Mosquera) por controlar un Estado arduamente disputado por estos, a los que se sumaba el general José María Obando. Además, no sólo estaba en disputa el control de un territorio, sino también, la confrontación entre dos maneras diferentes de organización estatal y formación de nación: La liberal que permitiera una amplia autonomía regional, y la conservadora, que la contrarrestara y diera más poder al ejecutivo, aunque el conservatismo antioqueño no respaldó esta posición, finalmente. Mientras Mosquera organizaba un nuevo gobierno en Bogotá, el Estado del Cauca era ya el centro de las operaciones de la tercera división antioqueña, al proseguir el general Braulio Henao la campaña pacificadora contra las tropas rebeldes mosqueristas. Con la salida de tropas caucanas para Bogotá, el Estado del Cauca quedó debilitado, lo que favoreció a las fuerzas antioqueñas. El 15 de agosto, en el Alto de la Honda cerca de las poblaciones de Roldanillo y Zarzal, se presentó un combate entre las tropas de la 3ª división comandadas por el general Henao y las tropas rebeldes dirigidas por el general Eliseo Payán y el comandante antioqueño Miguel Alzate. El encuentro tuvo una duración aproximada de dos horas, las tropas de Henao triunfaron sobre las rebeldes de Payán i dejaron una gran cantidad de prisioneros. Según los datos del jefe del Estado Mayor General de la tercera división, José María Caballero, cayeron en sus manos 300 prisioneros rebeldes y 40 caballerías. Muchos de esos prisioneros, decía Caballero, optaron voluntariamente por servir a las filas del gobierno. Además, “fueron tomadas en el campo de batalla más de 300 armas de fuego, 214 lanzas, 3000 piedras de chispa, 5 docenas de cuchillos, 2 banderas, 14 cargas 344

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de pertrecho, 20 cartucheras, una arroba de plomo, 8 toldos, 4 resmas de papel, 7 bultos de vestuarios, 2 de mercancía varias, 1 hacha, 1 bombo y una carga de sal”345. Todo parecía indicar que la tercera división antioqueña estaba funcionando todo a las mil maravillas, pues hasta ese momento las tropas rebeldes no habían podido derrotarla, tal vez debido a que contaba con hombres de larga trayectoria militar como el general Henao y el coronel Braulio Pérez Pagola. Tropas numerosas y un armamento rudimentario pero apreciable. En esta batalla, el general Payán, logró huir sin podérsele dar captura por parte de las tropas antioqueñas. Las victorias obtenidas por las tropas del gobierno en el Estado del Cauca, crearon un ambiente de regocijo general que hizo que el general Julio Arboleda enviara el 19 de agosto al Secretario de Gobierno del Estado de Antioquia, Remigio Martínez, una solicitud para que los tropas del Cauca y Antioquia se unieran en operaciones conjuntas para obrar sobre los rebeldes mosqueristas. Un día después de la victoria mencionada, arribaron a la localidad de Buga las tropas de la tercera división, en persecución de Payán, quien se dirigió a la ciudad de Cali. En dicha población fueron recibidos los antioqueños con gran jolgorio y entusiasmo. Era tal el triunfalismo de estos, que uno de sus jefes escribió: La libertad del Cauca está ya conseguida. Los restos de la fuerza de Payan han huido en dirección a Cali; Julio Arboleda ha obtenido un triunfo completo en Popayán el 10 de los corrientes (agosto), cogiendo los principales cabecillas y más de 600 prisioneros. Estamos ya de acuerdo y obraremos en combinación, aunque ya no se podrá resistir a ninguno de los dos ejércitos. Mañana saldremos de aquí, y dentro de ocho días estará ya concluido todo346. En esa persecución al general Payán, las tropas de Henao, con 2.000 hombres aproximadamente, llegaron a la ciudad de Cali el día 24 de agosto y dispersaron a los rebeldes que habían huido por la vía de Buenaventura. El general Payán logró esquivar a Henao constantemente. Sergio Arboleda, comandante del Estado Mayor General del Ejército del sur, decía que Henao era responsable de la huida de Payán por la lentitud en sus operaciones y por proteger a los soldados antioqueños. Así comentaba Sergio Arboleda, la campaña de Henao en el Estado del Cauca:

“Comunicación oficial de José María Caballero al Secretario de Gobierno del Estado de Antioquia desde Buga el 19 de agosto de 1861” en: Alcance al Boletín Oficial de Antioquia. No 47. 346 “Comunicación oficial de José María Caballero al Secretario de Gobierno del Estado de Antioquia desde Buga el 19 de agosto de 1861” en: Alcance al Boletín Oficial de Antioquia. Medellín, 30 de agosto de 1861. No 47 345

El general Henao persiguió al enemigo con suma lentitud; lo dejó retirarse de Cali y no lo atacó en Hojas en donde había seguridad de destruirlo por el estado de terror y de desorden en que se hallaba toda su tropa y él mismo: La vida de un antioqueño, decía el general Henao, es muy preciosa, y aunque es seguro el triunfo, también lo es que morirán algunos de mis soldados347. Estas divisiones en el mando del ejército nacional y las diferencias entre jefes, incidían notablemente en la moral de los soldados, lo que los pudo llevar, a una posterior indisciplina con errores tácticos en movimientos militares y batallas. Entre tanto, el mes de agosto finalizó con una solicitud de parte del general Braulio Henao a su homólogo del Cauca, Julio Arboleda, en la que le expresaba la necesidad de unir los dos ejércitos que se encontraban en campaña en el Estado del Cauca, para derrotar las tropas rebeldes, y así, ponerse en marcha para recuperar la capital de la Confederación Granadina que se encontraba en manos del general Mosquera. El día 31 de agosto, el general Henao escribía desde Guadualito a Arboleda expresándole que él debería ser el comandante general del “Ejército Unido”. El general Julio Arboleda le contestó afirmativamente el mismo día, con las siguientes palabras: “Las circunstancias exigen que haya un jefe y puesto que así lo queréis vos y vuestros dignos y valientes jefes y oficiales, yo me resignaré a aceptar las arduas obligaciones que mis compañeros me imponen, si en ambas divisiones se cree como creo yo, que para la organización del ejército puedan adoptarse como bases las que tengo el honor de someter a vuestro examen y aprobación”348. Esas bases contenían diez puntos que hablaban de la jerarquía militar, la composición de las divisiones y los objetivos que debía cumplir el citado ejército, compuesto ahora por las tropas de Antioquia y Cauca. Paralelamente, en el Estado de Antioquia se daba a conocer el decreto del 21 de agosto por el cual el gobernador del Estado de Bolívar, Juan José Nieto, “declara la guerra al gobierno del Estado de Antioquia, se establece en él un gobierno civil para los pueblos que se vayan ocupando y para los que vayan proclamando su libertad, bajo el sistema federativo; y se nombra gobernador provisorio al señor Andrés Villareal”349. Este decreto obedecía a la nueva forma federal implantada a partir del 18 de julio, cuando la revolución liberal y federal mosquerista tomó la capital de la Confederación. Ya los ejércitos del nuevo Andrade González, Gerardo. Op. Cit. P. 46 Boletín Oficial de Antioquia. Medellín, 27 de septiembre de 1861. No 49. 349 Moreno, Abraham. Op. Cit P. 28 347 348

gobierno provisorio de los Estados Unidos de la Nueva Granada que actuaban sobre el Estado de Antioquia, todavía en calidad de rebeldes para el gobierno conservador de Rafael María Giraldo, se denominaban

División Restauradora de Antioquia. Con lo anterior, el Estado de Antioquia reforzó su cúpula militar nombrando, mediante decreto del 23 de agosto de 1861, como coronel de las milicias del Estado, al señor Pedro Justo Berrío, quien se encargó del mando militar en los departamentos de Santa Rosa y Amalfi. Su nombramiento obedecía explícitamente a las victorias obtenidas en Anorí y en la frontera norte y nordeste, repeliendo a los rebeldes comandados por Santodomingo Vila. En los primeros días del mes de septiembre, recibió noticias el gobernador Giraldo sobre un levantamiento armado en la ciudad de Antioquia (Departamento de Occidente) llevado a cabo por Atanasio Carvajal. Según la crónica de Abraham Moreno, Giraldo salió inmediatamente por la vía de San Pedro, pasando por Sopetrán, Sacaojal y Sucre, y recogiendo hombres con quienes poder dispersar a Carvajal y sus hombres de la ciudad de Antioquia. Allí llegó después de muchos esfuerzos, logrando dispersar a los levantados en armas. Una vez cumplida su misión, “voló” a la ciudad de Medellín a restablecer el orden y detener algunos rebeldes que se habían escapado de la cárcel, entre ellos, el jefe rebelde Ramón Santodomingo Vila. Por esos mismos días, llegaba al Estado de Antioquia el general Pedro Alcántara Herrán, procedente de la costa. Entró por Nare con el fin de llevar a cabo unas conferencias de paz con el gobierno antioqueño. Una comisión de dos personas fue al encuentro de Herrán, quien fue recibido en la población del Peñol por las autoridades respectivas. Herrán había solicitado conferenciar con el gobernador Giraldo, con quien se reunió en dicha población tratando los temas pertinentes para lograr la paz para el Estado de Antioquia. Según Estanislao Gómez Barrientos, lo que se proponía Herrán era “ofrecer a Antioquia su mediación pacífica para obtener del caudillo de la revolución triunfante una paz honrosa, toda vez que según el general Herrán lo vislumbraba, ya sería inútil y muy costosa la resistencia que el Estado de Antioquia, sin otro aliado seguro y eficaz, siguiera haciendo”350. Un periódico conservador de la ciudad de Medellín, “El Pendón de la Justicia”, escribía sobre la visita inesperada y sorpresiva del general Herrán al Estado manifestando las dobles intenciones de éste al tratar de favorecer a su familiar, Mosquera, y preguntándose, “¿A qué venía él a Antioquia?”. Allí se referían a Herrán como el prohombre de la patria cuyo honor se veía vejado por favorecer la causa de la revolución. Esto decía el articulista anónimo del general Herrán: 350

Gómez Barrientos, Estanislao. Op. Cit. P. 514

El primer sentimiento que esta nueva produjo en el ánimo de los patriotas antioqueños, fue doloroso; porque veían a un viejo lidiador de la ley y del derecho, a un antiguo presidente de la república, a un ciudadano a quien la patria condecoró con brillantes manifestaciones de amor y gratitud, convertido en negociador de paz con los traidores, paz que de todos modos, habría sido siempre bochornosa para el honor de nuestras armas, y una falta inolvidable a nuestros deberes como ciudadanos. Veían a un veterano de la independencia sirviendo de agente oficioso del verdugo que hoy sienta su planta ensangrentada bajo el mismo dosel donde brillaron la virtud de Ospina y la lealtad de Calvo351. Las proposiciones de paz del general Mosquera, eran acordes con el control que tenía de gran parte de la Confederación Granadina, pues Los Estados de Bolívar, Magdalena, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y parte del territorio del Estado del Cauca, eran del dominio de los mosqueristas; mientras que los conservadores, ya derrocados en la capital, sólo controlaban en parte el Estado de Santander con Leonardo Canal, el Estado de Antioquia con Rafael María Giraldo y la tercera división, y la parte sur del Estado del Cauca con Julio Arboleda, pues la parte norte estaba en disputa entre los ejércitos de la tercera división y las tropas mosqueristas de Eliseo Payán. Lo cierto del caso fue que Giraldo no aceptó la marcha hacia el interior del Estado del general Herrán y lo obligó a salir de Antioquia, ya que percibió sus propuestas como perjudiciales para su causa, demostrándole que el Estado de Antioquia mantenía una posición de defensa frente a cualquier enemigo armado o de carácter diplomático, como en este caso. 4.13. Congreso de plenipotenciarios: Pacto de Unión y Transitorio entre los Estados federales (septiembre de 1861) La consolidación del gobierno provisorio de los Estados Unidos de la Nueva Granada era cada vez más evidente por las victorias militares conseguidas en otras partes de la geografía nacional, excepto en Cauca y Antioquia. Ante esta situación, el presidente provisorio Tomás Cipriano de Mosquera decidió convocar un Congreso de plenipotenciarios que representaron cada uno de los Estados integrantes del nuevo orden político, con el fin de precisar y ampliar el Pacto Transitorio de Unión celebrado en Cartagena el 10 de septiembre de 1860 entre el Cauca y Bolívar. A dicho congreso, celebrado en la ciudad de Bogotá no asistieron los Estados de Antioquia y Panamá, los que todavía luchaban por conservar la demolida Confederación Granadina, sobre todo Antioquia que seguía combatiendo las tropas rebeldes. Al cabo de diez 351

El Pendón de la Justicia. Medellín, 24 de septiembre de 1861. No 3. P. 3

días de conferencias, los representantes de los Estados Soberanos de Bolívar (Antonio González Carazo), Boyacá (Santos Acosta), Cauca (Manuel de Jesús Quijano), Cundinamarca (Francisco Javier Zaldúa), Magdalena (Manuel Abello), Santander (Januario Salgar) y Tolima (Antonio Mendoza) convinieron en acordar un nuevo “Pacto de Unión” el 10 de septiembre de 1861. Este tuvo como principal propósito, delinear una constitución interina para el gobierno provisorio hasta que se convocara a una convención nacional constituyente que reemplazara la anterior forma de gobierno interina acordada por Mosquera y Nieto, y produjera la constitución política del nuevo gobierno federal y liberal. El Pacto de Unión constaba de 46 artículos, delineaba la nueva forma de gobierno federal implantada por Mosquera y reemplazaba el nombre de la antigua Confederación Granadina por la de los “Estados Unidos de Colombia”. El artículo 1º decía: Los Estados Soberanos e independientes de Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Santander y Tolima se unen, ligan y confederan para siempre, y forman una nación libre, soberana e independiente que se denominará ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA352. El Pacto de Unión también aludía en el artículo 16 al carácter democrático de los Estados Unidos de Colombia, cuyos principios estaban basados en el Estado republicano, federal, electivo, alternativo y

responsable con sus tres ramas gubernamentales. Además, tales Estados delegaban en el gobierno general la facultad para organizar una convención constituyente en los términos del pacto. En situación de guerra, el gobierno contaría con un ejército voluntario, pero en caso de ser insuficiente, los Estados tendrían el deber de suministrar al gobierno general los hombres requeridos de acuerdo con la población de cada uno de ellos. Con respecto a los Estados de Antioquia y Panamá, el Pacto de Unión era enfático al afirmar que éstos serían incluidos en el presente acuerdo “siempre que acepten el presente Pacto por medio de sus gobiernos o de plenipotenciarios nombrados por ellos al efecto; o por convenios o estipulaciones especiales que ajusten y firmen con el gobierno de la Unión, para lo cual se acreditarán por éste ministros plenipotenciarios que les ofrezcan la paz y la Unión colombiana”353. El Pacto de Unión, además de afianzar una liga de varios Estados de la Confederación contra el gobierno conservador de Mariano Ospina, buscaba desatender y desligitimar las leyes ospinistas de 1859 que en opinión de los liberales, reformaron sustancialmente la constitución política de 1858. Pombo, Manuel Antonio y Guerra, José Joaquín. Constituciones de Colombia. Tomo IV. Biblioteca Banco Popular. Bogotá, 1986. P. 94 353 Ibíd. P. 101 352

El mismo día de la firma del Pacto de Unión en Bogotá, donde se conformaba la nueva liga federal, se aprobó otro denominado “Pacto Transitorio”. Dicho pacto le reconocía los plenos poderes al presidente interino Tomás Cipriano de Mosquera y avalaba las disposiciones legales que, hasta ese momento, el gobierno provisorio había expedido, siendo las más importantes, el decreto por el cual se creaba el Estado Soberano del Tolima y los relativos a la iglesia como los de Tuición de Cultos, Expulsión de los Jesuitas y Desamortización de Bienes de Manos Muertas. Dado que la Iglesia apoyó al gobierno de Ospina y al partido conservador en la guerra, los nuevos gobernantes, le aplicaron drásticas medidas, lo que a su vez permitiría mejorar las condiciones del fisco dentro de los lineamientos que se estaban dando en el resto de América Latina354. 4.14. Segunda incursión del ejército liberal nietista al Estado de Antioquia (octubre de 1861) Mientras Mosquera trataba de controlar las fuerzas regulares y las guerrillas cercanas a la capital355, en Antioquia se repelían las incursiones del Estado de Bolívar. La nueva oleada liberal procedente de aquel Estado atacó los puntos de dominio que tenían los conservadores antioqueños sobre algunas poblaciones como Zaragoza y Nare, para penetrar nuevamente al Estado de Antioquia. La División Restauradora de Antioquia, nombre que tenían los ejércitos federales dirigidos por Juan José Nieto en esta región, utilizó estos dos pueblos como corredores estratégicos para incursionar, a través del río Nechí, al centro del Estado, es decir, a las subregiones del norte, nordeste y oriente. Las tropas federales que incursionaron por Zaragoza entre septiembre y octubre de 1861 estaban comandadas por los Coroneles Antonio González Carazo, José María Mendoza Llanos y Riascos, mientras que la división que operó por la vía del Nare estaba a órdenes del coronel Samudio. La reiterada ofensiva militar de Nieto estaba dictaminaba por el decreto del 21 de agosto anterior (ya mencionado) que estipulaba la declaratoria de guerra sobre el Estado de Antioquia. Así, con ese nuevo panorama de guerra en la región, las tropas del Estado 354 Ver: Villegas, Jorge. Enfrentamiento Iglesia – Estado, 1819 – 1887. Centro de Investigaciones Económicas (CIE). Universidad de Antioquia, Medellín, 1977. 355 Una de las guerrillas que más ocasionaron problemas al gobierno de Mosquera, fue la de Guasca. El Historiador Luis Javier Ortíz, apoyándose en José María Qujano Otero, dice que el texto de Quijano Otero “es en buena medida un tratado acerca de cómo esta guerrilla puso en jaque al gobierno provisional de Mosquera desde noviembre de 1861 hasta septiembre de 1862 en Bogotá y sus alrededores. Nunca antes Mosquera había tenido tantas dificultades para derrotar y someter a un grupo armado irregular, como ocurrió con la guerrilla de Guasca. La misma, era casi un ejército y estableció sus bases en la Sabana con importantes tácticas de guerrilla, contactos y apoyos entre las gentes, aún entre las clases más adineradas; con un simbolismo que asociaba desde las tradiciones católicas más significativas hasta el robo de la corona de laurel del Libertador, extraída de la antigua Casa de Bolívar. Tomado de. Ortíz Mesa, Luis Javier. Antioquia en las guerras civiles del siglo XIX. Op. Cit.

recompusieron sus puntos de operaciones y nombraron para tal efecto a militares de experiencia reconocida. El presidente provisorio de los Estados Unidos de Colombia llamaba la atención al general Nieto para que no operara por Zaragoza y más bien marchara con sus tropas por el Nare, trayendo armamento y controlando el río Magdalena con el fin de actuar más contundentemente sobre Antioquia. El Secretario de Guerra del gobierno provisorio, José María Rojas Garrido, notificaba el día 19 de septiembre al general Nieto, las órdenes de Mosquera en estos términos: El poder ejecutivo os previene, que por ningún caso las operaciones militares se abran sobre Antioquia por Zaragoza, Ayapel, ni ningún otro punto limítrofe con el Estado de Bolívar, pues por allá no hay ningún remoto riesgo de que Antioquia invada. Así es que las fuerzas deben venir al Nare, no siendo de la aprobación del gobierno, bajo ningún concepto, el que se hicieran marchar las que están en Ocaña de auxilio al Estado de Santander, o alguna otra, hacia Antioquia por esos lados, porque en tal caso han debido mandarse por Nare, como se ha prevenido356. La prevención de Mosquera a Nieto llegaba demasiado darde, toda vez que ese mismo día se trabó un combate, precisamente por la frontera norte con el Estado de Bolívar, en el paraje de Chamuscados357 y el alto de Tinajitas, cerca de la población de Anorí, entre las tropas del Estado de Antioquia (División del Norte) y las tropas federalistas (División Restaeradora de Antioquia). La División del Norte era dirigida por el Comandante en Jefe, el coronel Pedro Justo Berrío, y comandada directamente por el teniente coronel Cosme Marulanda358, mientras que la División Resdauradora operaba bajo las órdenes del coronel Antonio González Carazo. Según el parte de la batalla359, los encargados de efectuar el ataque a las tropas federales eran el teniente coronel Joaquín Espinosa y el comandante Juan B Barrientos quienes dirigían las compañías de Campamento y Angostura y el batallón Valdivia. Las tropas de Antioquia obtuvieron el triunfo a pesar de contar con poco armamento, y repelieron una vez más las incursiones costeñas. Los biógrafos dieron cuenta del éxito de esos encuentros debido al papel destacado del coronel Pedro Justo Berrío, quien después se dirigió a otros frentes en la población de Santodomingo.

Actos Oficiales. Op. Cit P. 115 Cercano de la población de Anorí, entre los 1.000 y 1.500 metros sobre el nivel del mar. 358 Decreto del 12 de octubre de 1861 por el cual se forma la División del Norte en: Boletín Oficial de Antioquia. No 54 359 Alcance al Boletín Oficial de Antioquia. Medellín, 21 de octubre de 1861. No 53 356 357

El gobernador Giraldo hizo marchar efectivamente para Santodomingo, en el nordeste del Estado de Antioquia, al coronel Cosme Marulanda y al comandante Ignacio Zuluaga, con el fin de repeler los ataques de la llamada División Restauradora y “el 2 de noviembre se trabó una lucha desigual en el alto del Tambo (cerca de Yolombó) entre las fuerzas invasoras y las nuestras, y estas tuvieron que ceder al número, no sin haber hecho heroicos esfuerzos y costosos sacrificios, como el del valiente comandante Zuluaga, que quedó muerto en el campo”360. De tal manera que aquí fueron derrotadas las tropas de Marulanda y Zuluaga por de las tropas liberales. Cinco días después de este encuentro, el 7 de noviembre, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército antioqueño, Abraham García, informaba al Secretario de Gobierno del Estado sobre la nueva reorganización de las tropas a su mando, que se encontraban en operaciones en el norte y nordeste del territorio antioqueño contra las tropas del ejército liberal. Para entonces, el gobierno de Giraldo contaba con un nuevo Estado Mayor General a órdenes del coronel Faustino Estrada, una División del Norte dirigida por el coronel Pedro Justo Berrío y una División del Sur a la cabeza del teniente coronel Cosme Marulanda (ver anexo 2). Mientras tanto, la tercera división continuó auxiliando a las tropas confederadas desde el Cauca, enviando tropas al territorio antioqueño en caso de emergencias. Entre tanto proseguía la lucha de ambos ejércitos cerca de la localidad de Santodomingo, en donde el 14 de noviembre se trabaron combates considerables en el sitio de Playas y posteriormente en el Rumazón. Abraham Moreno, sargento mayor de la División del Norte daba el siguiente parte: En Playas hubo un encuentro de las avanzadas, con reciproca sorpresa, recio y terrible. Murieron y fueron heridos varios de los nuestros, y cayeron prisioneros el comandante del batallón Medellín, coronel Baltasar Botero U., el coronel Cesáreo Gómez y otros que fueron enviados a las bóvedas de Bocachica, de recuerdo imperecedero. Siguiose un reñido combate que duró hasta la noche, en el cual qeedaron nuestras fuerzas dueñas del campo y las enemigas parapetadas en las afueras de Santodomingo361. En Playas fueron derrotadas algunas tropas antioqueñas, pero cuando Moreno se refiere a la dominación del campo de batalla por las tropas del Estado, apunta al encuentro de Rumazón, ese mismo día 360

Moreno, Abraham. Op. Cit. P. 29

y en otro espacio diferente a Playas, pero cercano de Santodomingo. En Rumazón, las tropas antioqueñas estuvieron amparadas por algunas de la tercera división a órdenes del teniente coronel Marceliano Vélez y de Cosme Marulanda. El encuentro tuvo una duración aproximada de tres horas y en él participó también el comandante en jefe de la División del Norte, Pedro Justo Berrío. Así daba el parte de la batalla de Rumazón, el Teniente Coronel Abraham García: Los valerosos y entusiastas hijos de Antioquia añadieron una página inmortal al pueblo de sus afectos, peleando con admirable denuedo contra la turba de esclavos del señor Tomás C de Mosquera, que en el memorable combate del 14, pretendió insensatamente subyugar el hermoso asilo de la libertad y medir sus armas con republicanos que tienen conciencia de su dignidad y de su honor. No podía ser de otro modo: El ejército de bravos que lucha por conservar la integridad y las glorias de Antioquia, está compuesto por una juventud brillante y decidida, de honrados padres de familia y ricos propietarios; al paso que los enemigos, con muy raras excepciones, no son sino hombres desnaturalizados y traídos a los combates como meros instrumentos de desolación y de muerte362. Este pequeño fragmento demuestra una vez más el tono peyorativo que tenían los conservadores antioqueños para con los negros del Cauca o de la costa. García alude al reclutamiento de las tropas antioqueñas dejando la sensación de que ellos lo hacían de forma pacífica y voluntaria, pero esta sensación parece alejada de la realidad. Roger Brew nos muestra que el reclutamiento en Antioquia se hizo de forma forzada afectando la producción agrícola. En los análisis hechos por Roger Brew sobre la economía regional antioqueña en el período de la guerra civil, se refiere a uno que afectó sumamente la productividad, el reclutamiento. La economía granadina descansaba en gran parte sobre la productividad agrícola que necesitaba la constante mano de obra campesina. Con la guerra civil, era de esperarse que los batallones fueran organizados con hombres jóvenes provenientes del campo específicamente, ya que el reclutamiento se hacía en la mayoría de los casos en forma forzada. Brew decía al respecto que: El aspecto que causaba las peores perturbaciones en el mercado en los tiempos de guerra era el reclutamiento. Debido a que no había una amplia reserva de pobres urbanos para llenar las filas del ejército, el servicio militar era una carga para el campesino. La carga se distribuía bastante igualitariamente entre los

361 362

Ibíd. P. 30 Alcance al Boletín Oficial de Antioquia. Medellín, 23 de noviembre de 1861. No 57

municipios según su población, aunque los trabajadores migrantes tenían más posibilidad que cualquier otro de ser clasificados como vagos y metidos dentro de la cuota local363. El reclutamiento afectaba la agricultura al escasear la mano de obra en el campo; y en muchos casos llevaba a gentes pobres a huir y abandonar los campos deambulando por los montes a la espera de no ser capturados para la milicia en forma abrupta y forzada. Al respecto, apuntaba Brew: La especialización agrícola interna de la región hacía el fenómeno más agudo. Los campesinos no estaban dispuestos a llevar sus productos al mercado cuando arriesgaban ser capturados para el servicio. [...] la importancia del reclutamiento no residía tanto en el número de reclutas como en la fama que tenía entre la población. Sólo bastaba con que un hombre fuera cogido para que otro huyera del pueblo a esconderse en las montañas. En este aspecto Antioquia sufrió menos que el Cauca o el Quindío donde los campesinos abandonaron completamente sus campos y la producción agrícola se vino abajo364. De la misma manera el Secretario de Hacienda del Estado, Luis María Restrepo, en un informe a la legislatura365, afirmaba la crisis que desataba el reclutamiento sobre la agricultura poniendo la economía del Estado en continua quiebra y pánico sobre la población más vulnerable. Restrepo sostenía que “la reclusión que ha tenido necesidad de ordenar el gobierno con tanta frecuencia, para mantener el orden en el interior y poner a cubierto el Estado contra las frecuentes invasiones que se han intentado para adueñarse de este suelo tan codiciado para los revoltosos, ha mantenido en constante zozobra a los agricultores. Estos han abandonado sus labores para no ser reclutados, internándose en los bosques resueltos a perecer de hambre y de desnudez, antes que servir en el ejército, porque tal es la aversión que tienen a la guerra. Muchos están hoy en el Estado del Cauca luchando con el denuedo peculiar de los hijos de Antioquia, y otros hacen parte de las diferentes guarniciones mandadas organizar en los departamentos”366. Estas eran las palabras de un empleado oficial preocupado por las rentas del Estado que veía con preocupación el hecho de tener que ser reclutados los campesinos para pelear por el gobierno de una manera forzada, lo que ocasionaba que éstos se fugaran hacia las montañas, sin atender a los deberes “patrios”. Pero lo cierto, al parecer, era que muchos campesinos de la región peleaban sin la decidida convicción, demostrando que el Ibíd. P. 159 Ibíd. P. 159 – 162 365 “Informe que el Secretario de Hacienda presenta al señor Gobernador del Estado” en: Boletín Oficial de Antioquia. No 53. Medellín, 21 de octubre de 1861. 366 Boletín Oficial de Antioquia. Medellín, 21 de octubre de 1861. No 53 363 364

reclutamiento en Antioquia estuvo regido por el carácter forzado, pululando las deserciones. De esta manera, el discurso de Abraham García obedecía más a su ánimo regionalista vanagloriado por un triunfo militar que a la realidad misma del reclutamiento. García alude a un problema fundamental sobre la visión que tenía “el supuesto blanco, conservador antioqueño”, del otro. Es clara la estigmatización y el tono racista con que se refiere al caucano, pues García lo que hace es representar la mentalidad conservadora de los grupos dirigentes antioqueños, excluyente y forjada a la luz del proyecto antioqueño, referido por María Teresa Uribe. García trataba a sus adversarios con calificativos como los de “turba de negros”, “hombres desnaturalizados”, “reclutados a la fuerza”, que servían de instrumentos de “desolación” y “muerte”, mostrando al ejército liberal como un verdadero “Apocalipsis”; mientras que a sus hombres los representaba como una “juventud brillante”, de “hombres libres” y “padres de familia honrados y ricos” que estaban amparados de todo mal y peligro por la divina providencia. Era, el “bien” contra el “mal”. Dos meses después, parte de las tropas de la tercera división comandadas por el coronel Braulio Henao, auxiliaban a las demás tropas antioqueñas que se encontraban en campaña en la frontera norte, dirigidas por el coronel Pedro Justo Berrío en la población de Santodomingo. Allí se registró un nuevo combate, el 14 de enero de 1862, entre las tropas del Estado comandadas por Henao, y las liberales de la costa a órdenes de Antonio González Carazo, quien salió nuevamente derrotado. El combate tuvo una duración aproximada de once horas hasta que las tropas de González Carazo se rindieron. El plan se ejecutó admirablemente con la mayor exactitud, y a las cuatro y media de la mañana del 14 nosotros (las tropas gobiernistas) estábamos en posesión de las fortísimas posiciones y de los innumerables atrincheramientos y reductos del enemigo que estableció su línea de batalla en más de media legua de extensión. A las cinco ya el enemigo se había concentrado todo en el lugar a virtud de la vigorosa carga que por todas partes se le dio, y se atrincheró en las casas; pero, con la impetuosidad de antioqueños, las manzanas del pueblo fueron formándosele con gran rapidez, de tal manera que a las once del día los invasores estaban reducidos sólo a las casas de balcones de la plaza, de las cuales hicieron un fuego vivísimo sobre nuestros soldados y resistieron hasta las tres de la tarde, en que el ciudadano general les intimó rendición absoluta. Después de una larga conferencia, el enemigo se entregó a discreción. Ya tenía fuera de combate más de 130 hombres entre muertos y heridos y más de 400 prisioneros, estaba

circunvalado por nuestro ejército, y era preciso que se resignara ante la situación y se sometiera a la generosidad de los antioqueños, obteniendo las garantías que la humanidad y la civilización aconsejan”367. Efectivamente, el comandante de las tropas costeñas, González Carazo, se rindió en el campo de Santodomingo llevándose a cabo una capitulación entre los dos ejércitos, similar a la anterior, efectuada meses atrás en Carolina, en donde las tropas derrotadas tendrían que entregar su parque militar a las tropas gubernamentales y esperar un indulto. El jefe del Estado Mayor General del ejército antioqueño, Abraham García, informaba los puntos de la capitulación en Santodomingo: El señor Braulio Henao, comandante en jefe de las fuerzas del Estado y el señor Antonio González Carazo, comandante general de la división restauradora, deseosos de evitar el inútil derramamiento de sangre que tendría lugar continuando la batalla de hoy, han convenido en lo siguiente: 1º. El expresado señor Antonio González Carazo, se entrega prisionero junto con la fuerza de su mando que actualmente tiene en este lugar, como también entregará todos los elementos de guerra que existan en su parque; 2º. El señor comandante en jefe del ejército del Estado de Antioquia excitará al poder ejecutivo para que solicite de la legislatura un indulto en favor de los individuos de tropa y de los oficiales subalternos; 3º. A los individuos prisioneros se les garantiza la vida; y es entendido que su condición de prisioneros se refiere únicamente a las autoridades del Estado de Antioquia; 4º. La entrega de los elementos de guerra se hará inmediatamente que se firme este convenio e igualmente la de los indivisos que deben quedar en calidad de prisioneros. En fe de lo cual firman dos de un mismo tenor, uno para cada una de las partes contratantes, en Santodomingo a 14 de enero de 1862. Braulio Henao y Antonio González Carazo368. Con esta batalla quedaban pacificadas momentáneamente las subregiones del norte y nordeste del Estado de Antioquia, que vivieron durante cuatro meses las arremetidas bélicas de las tropas de Juan José Nieto. Estas, hasta ese momento, habían sido incapaces de tomar puntos claves del Estado de Antioquia. Se 367

El Pendón de la Justicia. Medellín, 26 de enero de 1862. No 11. P. 2

podría decir que la gobernación de Giraldo fue eficiente en controlar las continuas revoluciones armadas dentro del Estado y sus fronteras. Giraldo terminó su período de gobierno y fue sustituido por Marceliano Vélez, quien mantuvo los mismos bríos y resoluciones draconianas que caracterizaron a su antecesor. 4.15. Marceliano Vélez asume la gobernación del Estado y la dirección de los ejércitos antioqueños Rafael María Giraldo concluía su mandato al frente de la gobernación del Estado de Antioquia después de seis años, en los cuales la paz y la guerra estuvieron presentes en la región. Una vez dejó la gobernación, Giraldo se enrola con los ejércitos antioqueños de la tercera división en la campaña del Cauca junto con el coronel Braulio Henao. El 22 de enero de 1862, tomaba posesión de la gobernación el también conservador Marceliano Vélez ante el Consejo de Estado. En la contienda eleccionaria, Vélez obtuvo el triunfo de la gobernación frente al liberal Sinforosio Hernández. Los secretarios del despacho ejecutivo fueron: De Gobierno, el doctor Remigio Martínez y de Hacienda, Luis María Restrepo. Así, el partido conservador continuó rigiendo los destinos del Estado de Antioquia y su política no difirió de la administración Giraldo. Marceliano Vélez sería también drástico frente a la alteración del orden público haciendo uso de las leyes – y de las armas – para castigar a los rebeldes, así lo manifestaba en su discurso de posesión: ¡Antioqueños! Para llenar los deberes que me habéis impuesto confiándome la primera magistratura del Estado, necesito de vuestra leal y espontánea cooperación. Un pueblo que obra de acuerdo con su gobernante, que lo rodea de prestigio y lo apoya, puede dominar fácilmente las situaciones más difíciles y complicadas. Pero si no obstante mi imparcialidad y lo patriótico de mis fines, hubiere alguna fracción del pueblo antioqueño, un círculo o partido político que pretendiera entrabar la marcha del gobierno, que sepa desde ahora que tengo la energía bastante y la resolución necesaria para obligarlo a llenar los deberes que la constituyan y las leyes, la necesidad pública y la conveniencia general le imponen369. Una vez asumido el cargo de gobernador, Marceliano Vélez comenzó a sancionar varios decretos, y en uno de ellos, el del 13 septiembre de 1862, nombró algunos prefectos370 de departamento y dio un

Ibíd. P. 3 Aparicio Montoya, Edgar Antonio. Op. Cit. P. 116 370 Por el Departamento de Oriente al señor Benicio Ramírez y por el de Occidente al señor Toribio Velásquez. (Boletín Oficial de Antioquia. Medellín, 21 de febrero de 1862. No 64). 368 369

cambio al gabinete ejecutivo del Estado. Además de lo puramente administrativo, Vélez expidió otros decretos ordenando la recolección de vestuarios para la guerra que estuvieran en posesión de aquellas personas ausentes de la guerra, bien por motivos de licenciamiento o por deserción, y también ordenaba la recolección y presentación de los toldos (carpas de campaña militar) que se hallaran en poder de los particulares. En los meses de febrero y marzo, el poder ejecutivo del Estado sancionó otros decretos que tocaban con lo puramente militar, como por ejemplo el del 19 de marzo por el cual se organizaba la plana mayor del batallón “Medellín” del ejército de reserva. El mismo se organizó el día 22 de febrero y estaría compuesto por los guardias municipales de la ciudad de Medellín y de los distritos y corregimientos del norte del Departamento del Centro; este batallón estaría a órdenes del sargento mayor, Salvador Vélez. De otro lado, el 14 de febrero se expidió un decreto sobre bagajes y auxilios militares en comisión con el fin de

prevenir los hurtos por parte de los soldados a los particulares. Este decreto prevenía los robos en que pudieran incurrir las tropas frente a los particulares, al no tener éstos los elementos necesarios para afrontar la guerra. El artículo 2º decía que era “un deber de las autoridades políticas dar a los militares en comisión los bagajes y demás objetos necesarios, para que puedan cumplir las comisiones a que estén destinados [...]”371. El decreto venía precedido por otro, en el cual el presidente del Estado ordenaba cesar las expropiaciones a los particulares “sin previo convenio con el interesado”. Es decir, las pertenencias que más tomaban los soldados a los propietarios eran básicamente caballerías y ganado. Así, lo que aparecía en este panorama de guerra era la inminente falta o limitaciones de recursos, para auxiliar a las tropas. Con la falta de recursos económicos, el Estado de Antioquia triunfante en su frente interior y en algunas zonas del Cauca, se encontraba bloqueado en sus fronteras del norte y nordeste por las tropas del gobierno mosquerista, lo que le impedía el libre comercio, sobre todo de oro. Además de lo anterior, la escasez de víveres y la disminución del numerario en la Hacienda Pública fueron constantes a lo largo de la guerra. De ahí que no fueran gratuitas las continuas exigencias del gobernador Giraldo a la Legislatura para exigir contribuciones directas a los grupos sociales más acomodados con el fin de paliar la crisis económica y poder abastecer las tropas. Este aspecto económico de la guerra lo analiza Roger Brew, quien menciona que el Estado de Antioquia al entrar en la guerra civil de 1860 se encontraba experimentando los efectos de una crisis económica producto de los altos precios que se manejaban en el comercio monopólico regional. “La 371

Alcance al Boletín Oficial de Antioquia. No 63. Medellín, 14 de febrero de 1862.

guerra de 1860 llegó en una época en la que la producción agrícola era bastante alta y la rata de incrementos en los precios estaba deteniéndose, cuando los empresarios mineros aún en retiro y cuando los grandes comerciantes de Medellín estaban aún experimentando los efectos de una crisis”372. El trastorno era generalizado y los efectos del bloqueo económico al Estado de Antioquia hacían que los alimentos escasearan y por ende, que los precios, producto de la especulación, se incrementaran. Brew se refiere al bloqueo económico de dos años (1860 – 1862) al cual estuvo sometido el Estado de Antioquia por los ejércitos de Mosquera, lo que afectó el comercio interno por la confiscación de las mercancías procedentes del exterior. Así, es posible explicar la renuencia de los comerciantes o, gentes pudientes de Medellín a las políticas del gobierno con respecto a los impuestos de guerra o las contribuciones directas. Brew decía que “Eugenio María Uribe afirmaba haber perdido 300.000 pesos durante la guerra, en comercio perdido y prestamos forzosos”373. Otro factor que ahondaba aún más la crisis económica era la falta de una infraestructura vial y de un buen sistema de comunicaciones. Brew hace mención del lamentable estado de los caminos en el Estado de Antioquia, que perjudicaba al comercio. Este no fue sólo un mal regional sino nacional. Los caminos y las vías de comunicación en el siglo XIX fueron muy irregulares y ocasionaron bajas sensibles del comercio interno en la Nueva Granada. Con la guerra civil se afectó el comercio y ello produjo la escasez de numerario que a su vez imposibilitó a algunos de los habitantes pudientes, poder pagar las contribuciones decretadas por el gobierno estatal. Sí no había dinero para las contribuciones, era de esperarse la disminución de las rentas del Estado, como lo decía el Secretario de Hacienda, siendo una parte de esas rentas destinadas al supuesto mejoramiento de los caminos. Por ello, Brew afirmaba: “[...] el comercio a mayor distancia dentro de Antioquia o con otros Estados sufrió. Los caminos eran un medio arduo de comunicación en los tiempos mejores, pero entre 1860 y 1864 el sistema mediante el cual se les sostenía se vino abajo. Los impuestos de guerra empobrecieron a los vecinos, se abolió el servicio personal subsidiario, pero el impuesto directo a menudo no alcanzó a producir mucho para las arcas municipales”374. Seguidamente, en los primeros días del mes de marzo de 1862, llegaba al Estado de Antioquia el “Ejército del Norte”, procedente del Estado de Santander, comandado por el general conservador Leonardo Canal, quien venía de operar en la costa atlántica. Canal llegó por la vía del río Magdalena, desde la costa Brew, Roger. Op Cit. P. 159 Ibíd. P. 163 374 Ibíd. P. 162 372 373

hacia la ciudad de Manizales. Desde allí, Canal envió una comunicación al gobernador Vélez, dándole las gracias por el recibimiento y auxilio que le había prestado a sus tropas, las cuales ayudarían a restablecer el gobierno confederado combatiendo a las tropas de Mosquera. Marceliano Vélez exhortó a las tropas de Canal, mediante una proclama, expresándoles las más sinceras felicitaciones por las campañas que habían realizado, hasta ese momento, en los Estados de Santander y Boyacá contra los ejércitos liberales375: ¡Soldados! habéis llegado a un pueblo donde no hay un sólo corazón que no tenga simpatías por vosotros, ni un sólo ciudadano que no admire vuestras hazañas y la pericia y constancia de vuestro ilustre jefe. Cuatro mil antioqueños que están en armas contra la dictadura, aguardan impacientes la hora de abrazaros y de marchar a los combates, teniendo por compañeros a los héroes de Tompa y Boyacá376. Con la llegada de dicho ejército al territorio antioqueño, el gobierno ejecutivo se vio en la imperiosa necesidad de decretar el 14 de abril de 1862 un empréstito forzoso hasta por $200.000 con la finalidad de atender a los gastos del ejército y ayudar a las tropas del gobierno provenientes de Santander. El gobernador Vélez era pragmático y manifestaba las razones por las cuales había que gravar a los habitantes del Estado. Sus consideraciones se resumían en tres puntos: El alto costo de sostenimiento del ejército antioqueño en la guerra, la necesidad de auxiliar al Ejército del Norte y así defender la causa de la legitimidad sostenida también por Antioquia, y la inyección de grandes sumas de dinero en equipos y movilización de tropas que le representaran el triunfo a los ejércitos conservadores sobre los liberales de

Canal ya se había pronunciado en Pamplona, Estado de Santander, el 30 de agosto de 1861, exhortando al ejército conservador del norte para que luchara contra las tropas mosqueristas. El 2 de noviembre de 1861, una columna compuesta de 1.200 hombres y comandada por José María Vargas Calvo, bate tropas liberales que comandaba Joaquín Reyes en "Hato Jurado", Estado de Boyacá. El 19 de noviembre de 1861, se tuvo noticia de una batalla de Silo en donde salió triunfante Leonardo Canal sobre destacamentos liberales. Así mismo, el conservador Genaro Moya se declara en Moniquirá, en el ejercicio del poder ejecutivo del Estado de Boyacá. Moya junto con Canal, marcharon a Tunja para tomársela con una fuerza bastante considerable. Para el 17 de febrero de 1862, hubo un intenso movimiento militar desde Santander, pasando por Boyacá, para tomarse la capital de la república con una fuerza de 4.000 hombres aproximadamente, a órdenes de Leonardo Canal. Este se toma a Tunja y reúne una fuerza de 4.000 hombres compuesta por las tropas de Ucros, Marcelo Barrero y las guerrillas conservadoras de Guasca. El 24 de febrero de 1862, se presenta un combate entre las tropas de Mosquera y las de Leonardo Canal en el Puente de Boyacá, saliendo victorioso Canal. Mosquera dio orden para que Bogotá resistiera 3 o 4 días, mientras él reunía una fuerza considerable con las del “Tuso” Gutiérrez. Al día siguiente, Canal entra a la capital, por Chapinero, con una fuerza de 3.500 hombres aproximadamente, intentando tomarse el cuartel genebal de San Agustín que lo custodiaban unos 1.200 hombres. Ese ataque duró dos días, pero no se pudo someter el cuartel. Se intentó un acuerdo, pero Mosquera ya venía tras el cuartel, esperándose un nuevo encuentro entre ambas fuerzas. El 27, Mosquera entra nuevamende a Bogotá y controla la situación. Ya Canal se había marchado sin cumplir su objetivo. El 8 de marzo, se confirmaba para ese momento el control de las fuerzas conservadoras de Leonardo Canal sobre el Estado de Santander, quien a su vez ya se encontraba atravesando el río Magdalena. Para el 11 de marzo, se confirmaba el movimiento de Canal sobre el río Magdalena en la parte media del Estado de Antioquia y Lérida en el Estado del Tolima, para esperar a los antioqueños y armar una fuerza para tomarse la capital. Mosquera perseguía a Canal. El 12, se confirmaba la noticia de la ocupación de Lérida (Tolima) por las tropas de Canal. Los conservadobes decían que eran unos 2.000 hombres, mientras que los liberales sólo atinaban a decir que sólo eran 400 hombres. Tomado de: Quijano Otero, José María. Op. Cit. Pp. 43 – 97 376 Alcance al Boletín Oficial de Antioquia. No 67. Medellín, 24 de marzo de 1862. 375

Mosquera. En este decreto se plasmaba la crisis económica por la que pasaba el Estado de Antioquia, para acometer la campaña contra Mosquera e impedir que volviera a invadir o a incursionar en el Estado por las fronteras del norte y nordeste. La alarma por nuevas incursiones era constante en el Estado, y es por ello, que desde Amalfí se organizó, el 28 de marzo, la plana mayor del batallón “Nordeste” compuesto por dos compañías a órdenes del sargento mayor, Jesús María Ruiz. 3.16. Operaciones de la tercera división antioqueña en el Estado del Cauca: Combate de “Las Hojas” y “El Cabuyal”: Marzo – abril de 1862 Una vez el general Braulio Henao obtuvo el triunfo en la batalla de Santodomingo rechazando la incursión de las fuerzas de Juan José Nieto y de su comandante González Carazo, Henao regresó a proseguir la campaña militar con el Ejército Unido en el Estado del Cauca. Dicho ejército lo conformaban las tropas antioqueñas de la tercera división y una parte de las caucanas dirigidas por los generales Julio Arboleda y Joaquín María Córdova. Se podría decir que los antioqueños en el Estado del Cauca fueron vistos, en la mayoría de los casos, como amigos desinteresados que venían a auxiliar al Estado del Cauca, más, como se verá, algunos caucanos como el comandante del Estado Mayor General del Ejército del Sur, Sergio Arboleda, vieron en los antioqueños un continuo estorbo para la beena marcha de las operaciones, una soberbia patente expresada por parte de ellos, y una indisciplina militar frecuente. En su diario de operaciones del ejército del sur, Sergio Arboleda apuntaba algunos inconvenientes de indisciplina de los antioqueños cuando se encontraban en la localidad de Silvia, en diciembre de 1861. Esto decía: En los primeros días de diciembre el ejército de Antioquia se sublevó en Silvia y se marchó, estacionándose en Caloto a cuya población causó males gravísimos por su absoluta indisciplina. Tomó muchos de los víveres que venían del valle para el ejército y parte se repartió en la tropa y parte fue públicamente vendido. De Caloto siguió para Antioquia, causando por todas partes mal, y robando bestias. Los batallones Caloto y Cauca que estaban en Silvia, tuvieron que venirse a Popayán. Abandonada Silvia, quedó toda la cordillera y aún el camino del Valle, a disposición de los enemigos y se levantaron partidas por Paniquitá, el Cofre, Caldono, Pescador, de manera que ya no hubo seguridad ni aún para la correspondencia377.

377

González, Gerardo Andrade. Op. Cit. P. 63

Era frecuente que las circunstancias y las necesidades de las tropas, hicieron que los individuos asumieran actividades propias de la condición humana como las que describe Sergio Arboleda en su diario, el robo, la indisciplina y la soberbia. Cuatro meses después, Sergio Arboleda apuntaba en su diario la soberbia de los antioqueños que no respetaban a los pobladores caucanos, quienes siempre les habían brindado su hospitalidad, pero abusaron de ella, apropiándose indebidamente de sus pertenencias: [...] el ejército de Antioquia parte en el Palmar y parte en Cerrogordo. Este ejército no vino llamado por el comandante en jefe, sino por la espontánea voluntad del gobierno de Antioquia. El orgullo y fatuidad que dominaba a esa gente, eran sobremanera insultantes; sin embargo, gracias al buen sentido del pueblo caucano, todo el mundo se propuso ser moderado con ellos, corresponderles con agasajos y tratarlos como hermanos. Aunque el gobierno de aquel Estado había provisto de fondos a sus tropas, de Cartago a Cali los jefes de ellas exigieron de las autoridades y tomaron 12.600 fuertes, único fondo con que contábamos para el ejército del Cauca. Aunque les fueron entregados 1.200 caballos y mulas que se perdieron definitivamente, no por eso dejaron de tomar todas las bestias que encontraron en el tránsito378. Sergio Arboleda se refería de ese modo a los antioqueños, y apuntaba anécdotas molestas de éstos en las tierras caucanas, como las señaladas anteriormente, y además, se refería a lo sucedido el día 9 de marzo de 1862 en la población de Buga, cuando las señoras de allí colocaron en la cabeza de los soldados antioqueños coronas de guirnaldas como expresión de congratulación y agradecimiento, más estos, en forma burlona las pusieron en la cabezas y patas de las mulas. El ejército antioqueño apoyó a sus copartidarios caucanos, saqueó e hizo desplantes a los pobladores de esa región e intervino en batallas, unas favorables y otras que culminaron en derrotas. Una de las campañas adversas del coronel Braulio Henao en el Estado del Cauca fue la derrota sufrida el día 25 de marzo en “Las Hojas”, a manos del general Eliseo Payán. Henao siempre estuvo a la caza de Payán quien huyó, pero luego organizaría sus fuerzas, y viniendo de Buenaventura, logró propinarle una derrota a una parte de las tropas del ejército que estaba a órdenes de Henao. La prensa oficial de Antioquia no dio importancia al hecho, registrándolo sólo unos días después de la captura del coronel antioqueño. Sergio Arboleda presenta una pequeña descripción de lo que fue ese encuentro en las Hojas:

378

Ibíd. P. 120

Día 27 de Marzo: Se recibió una comunicación del general Henao en que anunciaba que había llegado a la Venta del Dagua sobre el camino de Juntas; que tenía el enemigo al frente en Hojas, es decir, en una altura escarpada a mano izquierda del camino real, del cual la separa una cabaña sin bosque, y que había resuelto cortarle por una trocha que al efecto, estaba haciendo abrir por una quebrada que bajaba de atrás del campo enemigo, por su flanco derecho. Dicho general no marchó con la rapidez ni por la vía que se esperaba, sino por el Quilichao, pueblo enemigo donde pernoctó, y se detuvo tres o cuatro días en Cali, antes de emprender su marcha sobre Payán. El gobierno había adelantado una columna de caucanos a órdenes del coronel Mosquera para entretener al enemigo; pero parece que el coronel Mosquera no creyó conveniente entretenerlo mucho [...]379. Sólo tres días después del combate en Hojas, Sergio Arboleda da cuenta en su diario de operaciones de la derrota de Henao y su consiguiente captura por Payán, quien dirigía un ejército de aproximadamente trescientos hombres. El 28 de marzo anotaba Arboleda, contrario a lo expuesto por Henao, que éste: […] Marchó por la trocha con casi toda la fuerza, en la madrugada del 25, llevando a retaguardia de su columna 200 o 300 caucanos, y dejó a los coroneles Giraldo y Caballero en el campamento con una pequeña fuerza para entretener al enemigo. La cañada por donde iba la trocha, era montuosa, profunda y escarpada, y para salir de ella al campo de Payán, que estaba en la parte limpia de la loma, era necesario trepar agarrándose de los bejucos con gran dificultad. Apenas se ocultó nuestra retaguardia en el bosque, cuando se oyó tocar generala en el campo enemigo y poco después rompió éste sus fuegos sobre nuestra retaguardia, y todos los demás del ejército fueron hechos prisioneros, pues se hallaban dispersos, regados dentro de la selva, sin saber uno de otros ni poderse entender. Hubo muchos muertos de nuestra parte, especialmente, caucanos, y muy pocos heridos, porque el enemigo mató a todos lo que lo fueron y a muchos de los prisioneros caucanos, y sólo se salvaron los pocos heridos antioqueños por intercesión de Alzate y de otros paisanos suyos380. Esa batalla se libró en medio de una selva, con ataque de generala, gran dispersión del ejército conservador, y dio como resultado su derrota, muchos muertos y hasta intercesiones de Alzate para que se

379 380

Ibíd. Pp. 129 – 130 Ibíd. Pp. 130 – 131

respetara los heridos antioqueños. Se pensaba pues en la guerra, del exterminio a la compasión, a pesar de que se tenía en mente por ambos bandos, la derrota total del adversario. Diecisiete días después, el 11 de abril, se libró otra batalla entre las fuerzas que quedaron a órdenes del coronel Rafael María Giraldo, quien no participó del combate de Hojas, junto con las tropas del coronel Joaquín María Córdova, contra las tropas mosqueristas de los generales Eliseo Payán y Miguel Alzate, en los altos de San Antonio, Cabuyal y los Cristales, ubicados en los alrededores de la ciudad de Cali. Payán y Alzate comandaban un ejército de aproximadamente 2.200 hombres entre artilleros, infantes y jinetes quienes quedaron derrotados por las fuerzas del Ejército Unido, resultando una gran cantidad de prisioneros. “Los demás jefes, oficiales y soldados, cayeron en nuestro poder con banderas y estandartes. El señor general Henao y nuestros compañeros de armas, que estaban en cadenas, fueron rescatados. No ha habido jamás victoria más completa”381, era el decir de un oficial del Estado Mayor General del Ejército Unido, Joaquín E. Paz. Las cosas cambiaron en pocos días, a tal punto en la batalla del Cabuyal se logró rescatar al general Braulio Henao y fueron hechos prisioneros los generales Payán y Alzate. El plan de batalla estaba pensado con antelación: El coronel Joaquín María Córdova con su División y la primera columna del ejército de Antioquia, ocuparían el cerro de los Cristales para atacar a las cinco de la mañana a Payán. Mientras tanto, las tropas del coronel Giraldo marcharían por otro flanco del cerro para encontrarse con las de Córdova y así rodear las tropas enemigas. Es decir, el Ejército Unido logró rodear a las tropas de Payán dándole un asalto del cual era imposible salir. Por ello, Payán y Alzate se rindieron. Así relataba Joaquín E. Paz la rendición de las tropas liberales: Algunos de los enemigos al ver la violencia con que se les atacaba, se descolgaron sobre la Chanca; vos lo notasteis y enviasteis dos escuadrones a que impidiesen su fuga como lo hicieron, ocupadas las posiciones enemigas por las tropas de los coroneles Córdova, Giraldo y Gutiérrez, que en concierto admirable apoyaron los esfuerzos del resto del ejército; y coronado el cerro del Cabuyal en el tiempo estrictamente necesario, para subirlo a paso redoblado, Payán y Alzate pidiendo protección al ilustre general Henao y a sus compañeros prisioneros en Hojas, y se rindió el numeroso ejército enemigo con sus jefes, entregando las armas al vencedor. Ninguno de los enemigos fue siquiera molestado. Nuestros soldados 381

Moreno, Abraham. Op. Cit. P. 39

generosos, se ocuparon en recoger indistintamente a los heridos de una y otra parte, gritando: Ya no hay enemigo, todos somos hermanos382. La relación de muertos y heridos producto del encuentro fue, según la opinión conservadora, así: del ejército de Antioquia murieron un total de 11 entre jefes, oficiales y tropa, y 18 heridos; mientras que el ejército del Cauca llevó la peor parte aportando un total de 154 muertos y 102 heridos383. No se tienen datos de los muertos en el bando mosquerista ya que la prensa oficial no los publicaba. Así, con esta batalla, según la opinión oficial conservadora, se sofocaba la rebelión federal. Después de este enfrentamiento del Ejército Unido contra las tropas del general Mosquera en el Estado del Cauca, que lo dejó victorioso, el caudillo caucano volvió a utilizar sus tácticas de guerra a través del diálogo y la concertación. Para ello, Mosquera le hizo proposiciones de paz a Marceliano Vélez en las cuales el gobierno de Antioquia debería reconocer la revolución triunfante y el Pacto de Unión. Vélez no aceptó las propuestas de Mosquera, como no las aceptó Giraldo en su momento, mas el gobernador le envió una contrapropuesta al presidente provisorio, condicionándolo a un posible arreglo de paz. Los puntos de la contrapropuesta de Vélez eran los siguientes: 1º. Que el doctor Pedro Fernández Madrid, por su imparcialidad, se encargara del poder ejecutivo. 2º. Que al general Mosquera se le entregara una fuerte guarnición compuesta de soldados antioqueños o de los cuerpos que él indicara. 3º. Que se convoque una convención constituyente para reorganizar el país, debiendo hacerse la elección por una de las leyes nacionales existentes, a juicio del doctor Madrid. 4º. Que cada bando político decida de la suerte de los Estados y se conserve el territorio que ocupa, mientras se expide la nueva constitución y el voto popular decide de la suerte de los Estados y de escoger los magistrados que deben regirlos. 5º. Que los generales Mosquera y Julio Arboleda, el doctor Canal y todos los que han estado involucrados en esta lucha, incluido él, salieran del territorio granadino, para que el pueblo, al reorganizar el gobierno, tuviera la absoluta libertad sin la presión de interesadas influencias384. 382

Ibíd. P. 41 la relación de muertos y heridos en: Alcance al Boletín Oficial de Antioquia. No 70. 8 de mayo de 1862. Aparicio, Edgar. Op. Cit. Pp. 116 – 117

383 Véase 384

Estas propuestas, si bien, le concedían al general Mosquera una guarnición militar, desconocían el Pacto de Unión, pues la nueva elección presidencial debería darse por “una de las leyes nacionales existentes” desconociendo que Mosquera quería precisamente cambiar la constitución de 1858 reformada en 1859. Definitivamente, los arreglos o acuerdos de paz que se trataron de dar en el transcurso de la guerra no llegaron a feliz término, pues las partes siempre obedecieron a sus intereses, buscando imponer a toda costa sus proyectos políticos al otro bando. La esponsión de Manizales, la capitulación de Carolina y el pacto de Chaguaní, mostraban la manera como liberales y conservadores imponían un acuerdo de paz basados en la derrota de un ejército y no en la paridad de condiciones que permitieran un posible arreglo pacífico. De allí que, Marceliano Vélez dijera basado en su contrapropuesta dirigida al general Mosquera que “sólo una paz que descansa bajo esta o semejantes bases trabajaría yo, porque eso sería paz estable y no una tregua funesta como lo quiere Mosquera”385. Algo similar, pero desde su propia óptica pensaba el bando mosquerista. Los triunfos del ejército unido en la campaña del Cauca, no dejaban que por ningún motivo los conservadores desfallecieran de su intento por recuperar el poder político, llegando con dicho cuerpo militar a la capital de la república, que era el objetivo central. De ahí que las posibilidades de una tregua en esos momentos era impensable para los conservadores, que en otras palabras, se traducía en la rendición militar: La mentalidad ortodoxa y de no concesión, y el reciente triunfo del Cabuyal, daban las últimas esperanzas de victoria a los conservadores y a su ejército confederado. El general Leonardo Canal lo ratificaba de la siguiente manera en una proclama dirigida a las fuerzas bajo su mando en la ciudad de Manizales, el 5 de mayo de 1862: ¡Soldados! Grandes sucesos acaban de tener lugar en la república. Nuestros amigos del sur alcanzan una espléndida victoria, a las órdenes del inevitable general Julio Arboleda, i los del centro y norte de la confederación continúan lidiando con incansable afán por nuestra santa causa en Antioquia, sus altos y dignos mandatarios, apoyados por una inmensa mayoría de buenos ciudadanos, se colocan a la altura de la situación, y desplegando una energía saludable y patriótica, levantan por todas partes fuerzas formidables, y aprestan con grande interés y actividad toda clase de recursos para la guerra. Entre tanto, el dictador, convencido de su impotencia para sostener su efímero poder, nos ofrece lo que él llama la paz, a condición 385

Ibíd. P. 111

de que le rindamos nuestras armas y convengamos en el quebrantamiento de la ley; y, llevando adelante sus delirios utópicos, convoca una Convención de todos los pueblos de la antigua Colombia para la ciudad de Cartagena; dando orden, al mismo tiempo, a sus tenientes para que invadan de nuevo el Estado del Cauca. Estos hechos se han sucedido en los momentos en que celebramos los aniversarios de Tompa, Subachoque y Cruz verde; y tan feliz coincidencia ha venido a fortificar las grandes esperanzas que todos los patriotas han concebido, sobre el pronto término de esta desesperante y desastrosa guerra. Bajo tales auspicios vamos a dar principio a una nueva campaña, que deberá ser la última, porque infaliblemente dará por resultado, el sometimiento de la rebelión y el triunfo completo de la ley; que es todo lo que constituye el grandioso objeto de vuestra noble ambición386. A pesar del triunfalismo conservador expresado por Canal, Mosquera siguió ampliando su influencia nacional y dio razones por las cuales se expedía el decreto de Pacto de Unión, afirmando que una vez denegadas las propuestas de paz por parte del gobierno antioqueño, y siendo éste rebelde al Pacto de Unión, quedaba como un Estado independiente (suelto) sin poderlo ser y decretaba: 1º. Los Estados de la extinguida Confederación Granadina que antes del 18 de julio de 1861, no se habían adherido a la nueva entidad nacional, desde ese día quedaron de hecho, incorporados a ella, y tienen obligación de obedecer al gobierno de los Estados Unidos de Colombia. 2º. Hágase uso de la fuerza pública para someter al Estado de Antioquia a la obediencia del gobierno nacional. 3º. El Estado de Antioquia y los individuos que hagan con él causa común en la guerra contra el gobierno nacional, son responsables de los daños y perjuicios que hagan ocasionar y que ocasionen a los demás Estados y a los defensores del gobierno.

Alcance al Boletín Oficia de Antioquia. Medellín, 8 de mayo de 1862. No 70. Las batallas de Tompa, Subachoque y Cruzverde reprecentaban para la causa conservadora un aliciente para seguir la lucha y poder recuperar el poder en manos del general Mosquera, sobre todo Cruzverde, en donde murió el general José María Obando el 29 de abril de 1861 cuando se disponía a reunirse con el general Mosquera en el campo de Subachoque y así tomar juntos la capital de la república. Mosquera le indicó a Obando que para reunirse, este debía seguir el camino de la Vega, pero este lo hizo por Barroblanco a Chinga, luego Bojacá y de ahí a Tres Esquinas. De allí siguió Obando hacia el Rosal o Cruzverde el 29 de abril y acompañado de los coroneles Patrocinio Cuellar, Francisco Troncoso, Aníbal Mosquera y el capitán Daniel Aldana entre otros fue víctima de una emboscada por las tropas conservadoras , siendo Obando muerto de once lanzazos pbopinados por Ambrosio Hernández. (Lemos Guzmán, Antonio José. Op Cit. Pp. 750 – 752)

386

El Secretario de Guerra y Marina comunicará este decreto al Gobernador del Estado de Antioquia. Dado en Bogotá, a 21 de junio de 1862. T. C. De Mosquera387. Este decreto era la manifestación liberal, por la cual sometían a los rebeldes conservadores a un nuevo gobierno que ya había eliminado la constitución política reformada de 1859. Si los conservadores en su momento aplicaron medidas extremas a los levantados en armas, ahora los liberales contestarían de la misma forma, es decir, sometiéndolos también por las vías de hecho a sus políticas federalistas. De ahí que fuera tan importante en el transcurrir de la guerra, una legislación que amparara las medidas de excepción expedidas por el gobierno con el fin de impedir, por medio de la ley, un levantamiento armado. Lo anterior quería decir, que los liberales obrarían también como sus adversarios políticos, manifestando actitudes de hecho criticadas a los conservadores, con lo que al parecer, no se imponía la doctrina política, sino más bien, los intereses partidistas y los resentimientos para con sus adversarios. El decreto de Mosquera era la prueba más clara de respuesta con la misma moneda. Con razón, años antes, un importante escritor liberal, José María Samper, concluía en sus Apuntamientos para la Historia de la Nueva Granada que: “[...] Los partidos tienen a veces aberraciones incomprensibles. Ellos son por lo común apasionados, consultan con más frecuencia su orgullo que su propio interés”388. 4.17. Tercera incursión del ejército liberal nietista al Estado de Antioquia (julio – agosto de 1862) Con la nueva declaratoria de guerra al Estado de Antioquia, prácticamente un año después del decreto de Juan José Nieto, la amenaza de una nueva incursión rebelde por la frontera norte y nordeste del Estado, era inminente. Los distritos de Zaragoza, Remedios y Zea, eran los más afectados por su cercanía al Estado de Bolívar y por la mayoritaria aceptación de los pobladores de allí a la causa federal de Nieto y Mosquera. Un periódico local de la época registraba la adhesión que tenían aquellas gentes hacia el caudillo de la costa, en un artículo denominado “Otra vez en Zaragoza el C. general Juan José Nieto”. En dicho artículo le daban la bienvenida a Nieto y lo alentaban para combatir a las huestes antioqueñas: Tenemos que registrar con suma complacencia la muy grata sorpresa que nos ha dado este eminente ciudadano. Cuando todos lo creíamos en vía para Cartagena para ir a desempeñar la augusta 387

Boletín Oficial de Antioquia. Medellín, 18 de agosto de 1862. No 81. P. 3

misión que le asignaba el decreto que fijó el día y lugar para la instalación de la convención, le vemos de repente presentase en nuestro campamento con motivo a la noticia que de él le fuera trasmitida de que nuestros enemigos intentaban un ataque sobre este punto, y no sólo viene a participar del peligro, sino que con maravillosa inspiración, adivina cuanto pudiéramos apetecer, y nos provee de un nuevo refuerzo para la 1ª División de vanguardia, un cuadro de jefes y oficiales que ciñeron los laureles del triunfo obtenido sobre Julio Arboleda en Santa Marta, más armamento, municiones, vestuario, víveres, dinero, una magnífica artillería, en una palabra, el ciudadano general Nieto, con sus solícitos y oportunos cuidados, tiene conquistada una página brillante en los anales de la historia de los pueblos que jamás olvidarán su ilustre nombre y sus importantísimos servicios. Desde que fue avistado el vapor de guerra “General López”, que lo ha conducido a esta ciudad, toda la población entró en movimiento y el mayor contento y animación se pintaba en todos los semblantes. Las fuerzas sutiles y la guarnición le preparaban los honores de ordenanza que el C. general Nieto ha rehusado, como de costumbre. Ahora, que vengan los esbirros de Henao, que venga el estratégico Canal, que venga todo el poder de la vieja y decrépita Confederación, para que de un solo pero tremendo golpe, quede castigada tanta iniquidad, tanta osadía389. Esta demostración de simpatía por Nieto por parte de la opinión pública de Zaragoza pudiera parecer paradójica pero era sensata, ya que Zaragoza estaba ubicada en la jurisdicción administrativa del Estado de Antioquia pero culturalmente pertenecía al ethos costeño. Estas gentes de tierra caliente no pertenecían a la cultura antioqueña y su naturaleza socio – cultural iba más con el estilo de vida costeño. El mismo periódico en una nota contestataria a la proclama del comandante del batallón de reserva de Santa Rosa, Juan B. Barrientos, le decía que cuando quisiera, él y sus tropas, podían venir a atacar la población de Zaragoza porque allí los “negros bozales” estarían prestos a recibirlo. Ballesteros por el contrario, en su proclama, insistía en la gloria de Antioquia que siempre triunfó sobre los rebeldes de Nieto en San Bartolo, Carolina, Tinajitas, Rumazón y Santodomingo. Así se expresaba: ¡Ciudadanos! ¡Otra vez más los negros bozales de la costa, han pisoteado el suelo sagrado de la valerosa Antioquia! ¡Otra vez más los esbirros del carcelero del dictador se han atrevido a manchar con su planta impura el suelo de los libres! Han olvidado, sin duda, que en esta tierra existen todavía, los que en 388

Samper, José María. Apuntamientos para la Historia de la Nueva Granada. Editorial Incunables. Bogotá, 1984. P. 410

Carolina y Santodomingo hicieron morder el polvo a sus más aguerridos soldados y a sus más afamados capitanes. Que vengan otra vez, a traernos elementos de guerra que nos faltan para humillar la cerviz del orgulloso dictador, como la humillamos en Manizales y brindarnos las alegrías de los triunfos de los vencedores390. Seguidamente, el mismo periódico, le contestaba a Barrientos de esta forma un tanto “profana” para los conservadores de la época: ¡Bravo!! Don Juan Bautista. ¿Quién con eso no se mueve? Ya los negros bozales de la costa se deben dar por aplastados. Ese “¡venid!! ¡venid!!” semejante al llamamiento que los predicadores de los pueblos hacen a los santos varones, en los sermones del desentendimiento, nos ha parecido sublime – conmovedor – debe haber llegado hasta lo más recóndito del corazón de vuestros peones. No hay duda, nuestro Don Juan es un genio. Aunque de lo muy grande a lo muy vulgar y pequeño se le puede aplicar aquella exclamación con que el santo pontífice manifestó su alegría al recibir la noticia del triunfo que Don Juan de Austria había obtenido sobre los sarrasenos en la batalla de Lepanto. Dijo, pues, “Fue un hombre enviado de Dios, que se llamaba Juan”. A la carga amigo Barrientos, vea que Dios lo tiene destinado para algo. No pierda la ocasión de que alguno de esos curas palurdos le aplique a usted el texto del evangelio citado, aunque usted es una garrapata, comparado con el de Austria, y el cura un chinche comparado con el Papa. Véngase391. Estos calificativos atizaban la hoguera de la guerra, de la “guerra de la pluma” a la guerra directa, preliminares de un nuevo encuentro bélico en el nordeste entre las tropas antioqueñas y las liberales nietistas (División Restauradora de Antioquia). De ahí que el historiador Álvaro Tirado Mejía, sostuviera la tesis de guerra racial adoptada por los antioqueños y plasmada en todos los intentos de “invasión” que tuvo la región en la guerra civil, tanto por los negros peinilleros costeños de Nieto como por los negros zurriagos caucanos de Mosquera. Tirado Mejía dice que “a partir de la entrada de las divisiones caucanas en Antioquia, durante la guerra de 1860, la pugna partidista se trocó en racial con manifestaciones regionales. Mosquera entró con la soldadesca caucana compuesta por gran parte de negros, y ésta, como cualquier otra tropa en las mismas circunstancias, se portó como ejército invasor. A partir de entonces, pesaron más las consideraciones de los blancos de Antioquia contra los negros del Cauca, que otras razones de tipo La Antorcha de Zaragoza. Zaragoza, 29 de junio de 1862. No 1. P. 4 Ibíd. P. 2 391 Ibíd. Pp. 2 – 3 389 390

doctrinal. En el habla popular de los viejos de Antioquia la referencia transmitida no era contra los liberales sino contra los negros del Cauca”392. Sobre este aspecto, agrega Luis Javier Ortíz que los antioqueños tenían un imaginario de prevención y exclusión frente a los caucanos y su liberalismo, ya que ese liberalismo contrariaba el ideario conservador antioqueño forjado a través del proyecto “fundacional” y regulador de la sociedad, por medio de la familia y la iglesia: Evidentemente, la mirada de los dirigentes conservadores antioqueños sobre el liberalismo como doctrina, escuela y práctica, que logró introyectarse en buena parte de la población, estaba referida especialmente al liberalismo caucano. Este fue percibido como destructor de la convivencia ciudadana, como expresión plebeya de la vida en sociedad; como imposición del dominio social por parte de grupos étnicos inaceptables, sobre todo de negros y mulatos de bajas extracciones sociales; como corruptor de las costumbres y enemigo de la Iglesia católica; como un movimiento que no defendía y más bien atacaba las instituciones tradicionales, la propiedad privada, la familia y la religión de los antepasados antioqueños393. Ya desde el mes de junio de 1862, se presagiaba una intentona revolucionaria en las localidades del nordeste por las tropas de Juan José Nieto, quien actuaba una vez más para someter el Estado de Antioquia al Pacto de Unión del nuevo gobierno federal. El gobierno de Marceliano Vélez preparó una tropa considerable en caso de una posible avanzada de Nieto, con lo que, el 28 de junio de 1862, emprendía la marcha hacia el nordeste antioqueño un ejército compuesto de 19 oficiales y 82 soldados, al mando del sargento mayor Miguel Celedón. Las personas que componían la tropa procedían de diferentes partes del Estado de Antioquia; en ella no había ninguna persona de Zaragoza, y sólo había una de la población de Remedios, mas, las tres cuartas partes eran personas solteras y las restantes casadas394. Esta tropa se uniría, en caso tal, con la división del norte, al mando del coronel Pedro Justo Berrío. Así las cosas, las proclamas y voces de apoyo al ejército antioqueño no se hicieron esperar, y desde la población de Salamina, ubicada en el sur del Estado de Antioquia, en el departamento de Aranzazu, el coronel efectivo de la división del sur del ejército de reserva, Cosme Marulanda, lanzaba una proclama a sus soldados y a los habitantes del Estado entero, el 16 de junio de 1862. Marulanda hacía un llamado vehemente para que se defendiera una vez más el territorio antioqueño de las tropas invasoras de Nieto y pedía que las gentes se comprometieran patrióticamente a tomar las armas. En uno de los apartes de la proclama, Marulanda Álvaro Tirado Mejía. Op. Cit. Pp. 51 – 52 Ortiz Mesa, Luis Javier. Antioquia en las guerras civiles del siglo XIX. Op. Cit. 394 Véase lista de dicho ejército en: Boletín Oficial de Antioquia. No 76. Medellín, 8 de julio de 1862. Pp. 1 – 3 392 393

expresaba la rabia que sentía al saber de la incursión de Nieto en Zaragoza, diciendo que se le daría a éste y a sus tropas una nueva lección. Así se expresaba: ¡Compañeros! Os he dicho que una nueva necesidad de la patria nos llama. Sí señores: Es preciso que sepáis que, nuestros constantes enemigos, no cesan de acecharnos y como lobos hambrientos quisieran devorar su presa y alimentarse con nuestros despojos... ¡¡Desgraciados!! Aún todavía quieren que el león les muestre sus garras, y cual tristes pajas rodar por espacio sin fin!... Sí, señores: Tenemos noticias de que por cuarta vez esos constantes enemigos del reposo público aún quieren e intentan acometernos para ver si nuestras fuerzas se hallan agotadas uncirnos a su ominoso carro. Lo repito, ¡desgraciados! Por mil y mil veces más tendrán que experimentar lo que valen nuestras armas empuñadas por hombres de vuestro temple y de vuestro corazón. Por una vez más conocerán cuanto valen los hijos de la invicta Antioquia animados del fuego del amor patrio, de la gloria y de la libertad395. Un mes después, el 25 de julio, se publicó una nota no oficial en el Boletín Oficial dando cuenta someramente de la situación en el nordeste antioqueño, especialmente en Zaragoza, donde gozaban de gran aceptación las tropas de Nieto. En un aparte, se puede constatar la posición de algunos conservadores, en contra de Nieto, a quien se referían de manera peyorativa: “Nieto, que se cuidará bien de venir a Antioquia, tocó en Zaragoza, donde desembarcó unos pocos, y desde allí nos anuncia su llegada con la proclama de costumbre. ¡Bien lo deseamos! Una partida de los rebeldes de Zaragoza sorprendió el distrito de Zea llevándose unos cuantos vecinos conservadores. Tenemos en el norte fuerzas muy superiores a las pocas que Nieto pueda reunir en la costa, y deseamos su venida porque estamos seguros de poder dar al jefe del 4º ejército una tercera lección sin grandes sacrificios”396. La situación bélica que se presentaba en Zaragoza y poblaciones aledañas, llevó al gobernador Vélez a expedir un decreto, en el que prohibía la comunicación con los distritos de Zea, Remedios y Zaragoza, so pena de ser castigada cualquier persona que infringiera la norma con el delito de espionaje, ya que la movilización de las gentes, tanto dentro como fuera del Estado, estaba siendo controlada a partir de la promulgación del decreto del 8 de abril de 1861 (ya citado) que prohibía la comunicación con cualquier punto donde estuviera turbado el orden público. También decretó indultos para aquellos que estuvieran en armas contra el Estado, siempre y cuando se presentaran con el fusil que tuviera en uso. En todo caso, las 395

Boletín Oficial de Antioquia. Medellín, 9 de agosto de 1862. No 79. P. 3

operaciones militares de los ejércitos antioqueños sobre los nietistas en el nordeste, hacían pensar que la situación estaba controlada. El teniente coronel Camilo Berreneche y el comandante Joaquín Espinosa, quienes estaban encargados de controlar las arremetidas de las tropas de Nieto, llegaron cada uno hasta los puntos de “Dos bocas” en cercanías a la localidad de Remedios, el primero, y el segundo, hasta el sitio de “Fragua”, por los lados de Amalfi. En los informes que daban estos dos oficiales desde Anorí, el 2 de agosto de 1862, comentaban que las tropas a su mando repelieron a las nietistas sin perseguirlos hasta Zaragoza, ya que el clima de esa población era muy malsano y “demasiado mortífero”, además, por ello, no querían abrir un ataque directo en ese sitio. Por su parte, los zaragozanos se mofaban de las tropas antioqueñas y comentaban irónicamente su incapacidad para penetrar en esa población minera: Los restos de la usurpación, con todo el poderío y recursos que decantan, amagan pero no pegan, manteniéndose en sus posesiones, sin atreverse a venir a este lugar, en donde los federalistas antioqueños, asociados a sus hermanos de Bolívar y el Magdalena, les preparan una buena función, caso de que ataquen; y si no atacan, también, luego que llegue el caso de invasión. Agréguese a esto que el Supremo Director de la Guerra, con un poderoso ejército, abre ya sus operaciones sobre este Estado y el del Cauca. Lo que más nos alarma son las marchas y contramarchas forzadas que maravillosamente verifica la fuerza destinada a atacarnos, y más aún nos preocupa, el que tal fuerza tenga por jefes a los intrépidos y valiendes guerreros de la época “BARRENECHE Y ESPINOSA”397. Era tal la fuerza autonómica de Zaragoza con respecto al Estado de Antioquia, que el prefecto del Departamento del Norte, por medio de un decreto del 15 de agosto de 1862, se adhería a los Estados Unidos de la Nueva Granada, quedando esta jurisdicción en posesión del gobierno mosquerista. Al parecer, a los gobernantes del Estado de Antioquia les preocupaba la situación de Zaragoza para que las tropas de Nieto no penetraran al interior del territorio antioqueño. A esta altura de la guerra, los conservadores antioqueños trataban de mantener una ilusión de triunfo ante la opinión, manifestando a través de la prensa, en especial, del Boletín Oficial, que sus tropas seguían consiguiendo triunfos. Una muestra de esta batalla informativa la daban los liberales zaragozanos en un artículo denominado “El descaro de los godos”, quienes afirmaban que los conservadores antioqueños estaban en continuo plan de desinformar a la opinión pública declarando los supuestos triunfos de sus tropas y manifestando en un tono irónico cuan mentirosos eran estos: 396

Boletín Oficial de Antioquia. Medellín, 25 de julio de 1862. No 78. P. 3

Creyendo los gobernantes de este Estado que no se tiene conocimiento pleno de los acontecimientos que tienen cumplimiento en el Cauca, inspirándose fugases consuelos, y engañando a los incautos que aún les acompañan y rodean, publican con incansable tesón partes fabulosos y singulares de triunfos sin par, alcanzados sobre las huestes invencibles de Colombia, -¡Empeño común e insensato!: Quién creerá hoy en sus confortables mentiras? Las han usado tanto aun que ya hasta sus amigos las archivan. ¡Pobres godos! Están desesperados, sensible perspectiva vislumbran, compadezcámonos... su ciega ambición y su locura les trae amargas desventuras. Es mucho tener que descender maldecidos del pueblo y perder su santa religiosa, moral y benéfica usurpación! Los angelitos cuentan la victoria: Ora del bloqeeo que acaba con Cartagena; ora de Herrán que llegó a la Conchinchina con sus 10.000 yankes; ora de su digno Betancourt que llega a las entrañas de los bosques de la Guajira; ora de la derrota dada a López el 1º de julio; ora de la que, no se dice quien las da, por noticias del campo fue completa, cogiéndole 1.000 números redondos prisioneros, 300 reces, 400! mulas, y muriendo 600!, y en fin, de haber recibido 3.000 fusiles, 4.000 vestidos, ya no estarán desnudos, y 2.000.000 de tiros; ¡Jesús! ahora sí nos quemaron: Vaya, unos godos y sus triunfos de 300, 400, 600, 1.000, 3.000, 4.000 y 2.000.000... ! ¡Total 2.009.300 mentiras. Insensatos, ¿os creerán?398. Concluyendo esta tercera incursión de las tropas costeñas, se puede decir que las tropas antioqueñas rechazaron las incursiones de Nieto, y éste, una vez más, no lograría penetrar al interior del Estado de Antioquia, fracasado su objetivo de tomarse a Medellín. Los antioqueños terminaron defendiendo su frontera norte y nordeste, pero la culminación de la guerra no se decidiría en el territorio antioqueño sino fuera de sus fronteras. La tercera división que se encontraba en campaña en el Estado del Cauca terminó sus últimos días de gloria, cuando las huestes mosqueristas del general Santos Gutiérrez, el “tuso”, como se le decía, llegó al Cauca con un ejército de veteranos, más profesionales, y tal vez, mejor armados y entrenados, y dieron al traste con el ejército conservador antioqueño. Éste, contó en esa campaña con un destacado militar como Braulio Henao, terminando sus días de gloria, junto con el exgobernador Rafael María Giraldo, en la memorable batalla de Santa Bárbara de Cartago. 4.18. Batalla del Alto de Santa Bárbara de Cartago (Estado del Cauca, septiembre de 1862)

397

La Antorcha de Zaragoza. Zaragoza, 29 de julio de 1862. No 1. P. 4

Esta batalla tuvo lugar el día 18 de septiembre de 1862 en el alto de Santa Bárbara, cerca a la ciudad de Cartago; y en ella cayó derrotado el ejército antioqueño con sus principales comandantes, Braulio Henao y Rafael María Giraldo; éste último, murió en la batalla, en la cual obtuvieron el triunfo las fuerzas mosqueristas a órdenes del general Santos Gutiérrez399. Del general Santos Gutiérrez se sabía que venía por los lados del Quindío con una fuerza aproximada de 600 hombres al promediar el mes de junio, y del general Mosquera, se sabía que se dirigía hacía el Estado del Cauca a auxiliar las fuerzas de Gutiérrez, conduciendo un ejército de 2.100 hombres aproximadamente, para someter al Ejército Unido que operaba en dicho Estado. Llegado el mes de septiembre, las tropas de Santos Gutiérrez se ubicaron en los alrededores de Cartago, esperando con cautela la llegada de las tropas del general Henao y de Giraldo. Según Gutiérrez, el día 7 de septiembre, Giraldo ocupó las posiciones que podían serle ventajosas; el 8 y 9 del mismo mes, llegaron varias divisiones de su ejército para preparar el campo con antelación al inminente combate, colocando sus tropas en “forma de anfiteatro desde el Alto de Santa Bárbara hasta el Cerro – Gordo”. La anticipación con que se tomó el campo el general Gutiérrez pudo haber sido una de las claves de la victoria obtenida por éste, toda vez que pudo preparar una estrategia y una táctica de guerra de trincheras sorprendiendo al enemigo. Para el día 16, Gutiérrez recibía comunicaciones del comandante de armas de Zarzal, según las cuales Henao se encontraba aproximadamente a 16 kilómetros del campo de Cartago; un día después, éste ya se situaba a unos 7 u 8 kilómetros, en una población llamada Zaragoza, en cercanías al campamento de Gutiérrez. Todo estaba dado para entrar en combate: Las tropas liberales se encontraban en mejor posición aguardando a Henao, quien marchaba apresurado y desorganizadamente pues “ninguno de sus cuerpos se hallaba completo o debidamente organizado: Mucha gente de todos ellos estaba rezagada, y gran parte de emigrados y muchísimos particulares sin colocación estaban confundidos con la tropa. La primera división de 600 a 700, de gente muy buena, venía muy atrasada con los prisioneros, y más atrás todavía la caballería caucana de 400 hombres”400. La Antorcha de Zaragoza. Zaragoza, 16 de agosto de 1862. No 3. P. 4 Gutiérrez nació en el Cocuy (Boyacá) el 24 de octubre de 1820. Hizo estudios de ciencias políticas y se graduó de abogado en el año de 1839. En 1851 comenzó su carrera militar al lado del partido liberal. Combatió en 1854 la dictadura del general José María Melo en Pamplona, Tierra Azul y Bogotá. En la guerra del 60, se le ve combatiendo el gobierno de Ospina y apoyando al general Mosquera en las batallas de Concepción, Hormezaque, Tunja, Subachoque y Santa Bárbara de Cartago. Gutiérrez fue Juez de la provincia de Tunja, Diputado por Boyacá y Tundama; asistió a las Asambleas de Boyacá, Santander y Cundinamarca; fue Senador y Representante al Congreso de la república, y miembro de la Convención Nacional de Ríonegro en 1863. Fue presidente de la república en el período de 1868 a 1870. Murió el 16 de febrero de 1872 en Bogotá. Tomado de: Ospina, Joaquín. Op. Cit. Pp. 288 – 289 400 Andrade González, Gerardo. Op. Cit. P. 197 398 399

La batalla tuvo una duración aproximada de siete horas. Comenzó desde las once de la mañana y concluyó hacia las seis de la tarde. Se desarrolló en un terreno bastante pantanoso y enmalezado, “…y a su centro forman una ligera quiebra paralela al camino y más allá del terreno se alza formando un collado cubierto de malezas, pero por todas partes accesibles, en el flanco de este collado había levantado Gutiérrez sobre una línea recta paralela al camino, tres pedazos de trinchera, tras las cuales acampaban sus cuerpos; pero ni a su retaguardia ni a su flanco izquierdo había parapeto de ninguna especie ni otro objeto que cubriera su campo excepto las malezas”401 . Un parte402 lo dio Santos Gutiérrez, general en jefe del tercer ejército de los Estados Unidos de la Nueva Granada, dos días después del encuentro: El 18 a las nueve y media de la mañana, se presentó el enemigo fuerte de 3.500 hombres, al frente de nuestras posiciones. Colocaron tres piezas de artillería sobre una pequeña colina opuesta a nuestro centro, e hicieron desfilar el ejército para el ataque. A las once y media rompieron los fuegos sobre el frente y ala derecha. Hice salir un pequeño escuadrón, que puse a órdenes de mí ayudante Cárdenas, a quien por sus méritos ascendí a Sargento Mayor, y algunas guerrillas para que los provocasen y atrajesen a nuestras trincheras; pero justicia sea hecha al valor: Nuestros adversarios han lidiado con bravura: Ellos se lanzaron sobre nuestras partidas avanzadas, y luego, con grande intrepidez, sobre las trincheras del frente y ala derecha, empeñando un recio combate, en el que después de causarles grandes pérdidas, tuvieron que retirarse a su campamento. La artillería, dirigida por Cornelio Borda, anunciaba el ataque, y un tercer tiro era la señal de “a la carga”. Un segundo ataque, más brusco que el primero, se dirigió sobre el ala derecha, cuya defensa no podían comprender desde el punto en que se encontraban; pero reforzado oportunamente el batallón de Carabobo por alguna gente del 5º, los rechazó nuevamente, y perdieron toda esperanza de penetrar por ese lado. Durante media hora se suspendieron los fuegos. El enemigo se preparaba para cargarnos por el ala izquierda, que era el punto lo más abierto de nuestro campamento. Avisé al Coronel Wilches que había llegado su turno, y que el enemigo embestiría vigorosamente el ala izquierda. A pocos minutos el cañón anunció el ataque, y una nube de enemigos se desprendió del monte sobre las trincheras de la 1ª División. Al principio se les rechazó; pero alentados por el número y entusiasmados por ver a su cabeza a lo más conspicuo del ejército, Giraldo, Henao y Silva, desalojaron parte de nuestra fuerza de la

Ibíd. P. 197 El parte de la batalla de Santa Bárbara se puede ver en: La Crónica Oficial. Medellín, 7 de noviembre de 1862. No 1. Abraham Moreno Biografía de Doctor Rafael María Giraldo en memoria de su centenario. Actos Oficiales del Gobierno Provisorio de los Estados Unidos de Colombia. Pp. 133 - 135. Estanislao Gómez Barrientos Don Mariano Ospina y su época. Pp. 527 401 402

trinchera del píe de la falda, y se lanzaron sobre la 2ª, en donde se trabó un combate a bayoneta, lanza y machete. Muchos penetraron dentro de la trinchera, y hubo un momento de suprema confusión en que la 1ª División arrollada por una fuerza muy superior, se defendía con la constancia de los héroes de Hormezaque; pero al fin hubiera sucumbido si la mitad del batallón 4º Santander no hubiera ocurrido a reforzarla y desalojar a bayoneta al enemigo, recuperando todas las posiciones perdidas. El campo quedó cubierto de cadáveres, el batallón 2º de los Andes diezmado y herido sus dos oficiales, los Sargentos Mayores Chávez y Darío Mantilla. Giraldo murió al píe de la segunda trinchera, y Juan Nepomuceno Silva (Coronel) como cincuenta varas de nuestro campamento. Henao estuvo prisionero por algunos momentos; pero pudieron rescatarlo, aunque herido, según el dicho de un valiente oficial, y hacernos algunos prisioneros, que a nuestra vez muy pronto rescatamos. Otra parte del batallón 4º cargó por el frente y puso al enemigo en el más completo desorden. Convencido este de la dificultad de tomar nuestras posiciones, y acobardado por la pérdida de sus jefes Giraldo, Silva y Córdova, pues se ha encontrado un cadáver que muchos aseguran es el de este jefe, se desconcertó completamente, y una parte tomó el camino de Manizales. Inmediatamente dispuse una carga general, irresistible ya para el adversario en la situación que se encontraba, así es que a pocos instantes, la artillería había caído en poder del batallón 6º “Federación”, y el enemigo huía en la más completa derrota, sin pensar en rechazarse en parte alguna, por el pánico que le dominaba. Armas, caballos, equipajes, todo lo abandonaban en su fuga, y el camino de Manizales presentaba el aspecto más desgarrador, cubierto de heridos, fugitivos, bestias abandonadas en el fango, baúles y toda clase de efectos botados en el tránsito. Del grande ejército de Antioquia no llegarán al Estado 100 hombres organizados. La noche y la fatiga del ejército impidieron cojer a todos los derrotados403. Como puede observarse, múltiples aspectos son referidos por Santos Gutiérrez: el peso de la artillería fue decisivo; la guerra de guerrillas que acompañó las fuerzas regulares y dio lugar a traslados permanentes; los tipos de armamento que se conjugaron desigualmente, pues se hizo uso armas tan pesadas como los cañones, hasta las más livianas como las lanzas y machetes; la composición de las tropas liberales reveló la existencia de fuerzas de centro oriente y del sur; así, la tragedia tuvo una presencia brutal en los combates. La muerte del ex gobernador de Antioquia, líder de la avanzada guerrera antioqueña, causó gran desconcierto en sus coterráneos y copartidarios, quienes no creían que los comandantes principales de la tercera división caerían de forma tan estrepitosa en el Cauca, cuando hasta ese momento, a excepción del 403

Crónica Oficial. Medellín, 7 de noviembre de 1862. No 1. Año 1. P. 3

combate de Hojas, dicha división no había tenido reveses serios. Giraldo, al momento de su muerte, contaba con 54 años de edad, era un hombre maduro para la milicia. De esta forma, Giraldo cumplió lo dicho en sus proclamas y discursos, donde manifestó que entregaría su vida por la causa del gobierno legítimo. Según el parte de Santos Gutiérrez, el balance de la batalla del alto de Santa Bárbara fue así: 58 oficiales prisioneros entre sargentos mayores, capitanes, tenientes primeros y segundos y alférez primeros y segundos; 5 oficiales y 90 de tropa heridos, y 154 muertos entre los que se contaban los oficiales Rafael María Giraldo y Juan Nepomuceno Silva. El balance de muertos, heridos y prisioneros de su ejército no aparece en dicho parte. El balance que hacía José María Quijano Otero, once días después de la batalla, por varias cartas que habían llegado a la capital, señalaba que si bien eran exagerados los datos de sus opositores, la derrota había sido considerable. Quijano Otero sólo atinó a decir: “Cuatrocientos muertos, entre ellos Giraldo, cuyo cadáver se encontró al otro lado de las trincheras de Gutiérrez; mil trescientos prisioneros de tropa, y cuatrocientos entre jefes y oficiales; suma total de prisioneros, mil setecientos; que López había llegado el 19 a Cartago y Mosquera el 20. Indudablemente estos detalles tienen que ser muy exagerados, pero también es indudable que el descalabro sufrido por Henao es de consideración”404. El jefe del Estado Mayor General del Ejército del Sur, Sergio Arboleda, quien fue tan crítico con los antioqueños por su indisciplina y por los desmanes cometidos a lo largo de su estadía en el Estado del Cauca, sostuvo que la derrota de Henao y Giraldo se debió a los errores del primero al precipitarse a atacar sin detenerse a analizar la táctica de combate. Arboleda sostenía en su diario de operaciones que [...] apenas llegaron allí (el campo de Santa Bárbara) los primeros cuerpos, el general Henao sin reconocer el terreno, sin esperar la tropa que venía a retaguardia, ordenó cargar sobre la primera trinchera como a las once y media de la mañana. Más tarde, cuando el Coronel Borda pudo montar sus cañones, arrojó algunas bombas dentro de la primera trinchera que fue entonces tomada en una carga dada de frente que mandaron en persona Giraldo y Córdoba, este con unos pocos lanceros e infantes caucanos y aquél con los antioqueños. Giraldo murió allí y Córdoba fue herido gravemente en la pierna. No se aprovechó esta victoria: La tropa de Antioquia, perdió a su jefe, se ocupó en su botín y se introdujo de tal modo el desorden que nadie mandaba, ni nadie obedecía. Los enemigos de la segunda trinchera, salieron entonces por su retaguardia y vinieron por entre las malezas a caer sobre los vencedores que no opusieron sino resistencias 404

Quijano Otero, José María. Op. Cit P. 155

individuales”405. De ahí que él resumiera la causa de la derrota diciendo que “jamás se dio batalla más imprudentemente comprometida, ni más torpemente dirigida, ni de la cual pendiera más directamente la salvación de una república entera”406. Sergio Arboleda una vez terminada la batalla, denunció los estragos y excesos de las tropas triunfadoras hacia los derrotados, afirmando que muchos ciudadanos notables de la región que no habían participado en la revolución fueron tratados como prisioneros de guerra y con extrema crueldad poniendo en prisión personas “sanas con las más enfermas”, y a “las delicadas con las más vulgares”. Además, terminaba pintando un cuadro bastante desolador de los campos de Valle del Cauca una vez concluida la guerra. Esto decía: “Es imposible imaginar el estado de alarma y horror en que se vio por entonces todo el Valle del Cauca. Campos arrasados, casas solitarias, cuando no saqueadas o incendiadas; las lágrimas en los ojos de las mujeres y de los ancianos, y el espanto pintado en todos los semblantes. De Popayán a Palmira no se veía en toda la comarca y por donde quiera sino pavesas y escombros”407. Y, como si lo anterior fuera poco, el descalabro conservador se acentuó con la muerte del caudillo caucano, el general Julio Arboleda en la montaña de Berruecos (cerca de Pasto) el 12 de noviembre de 1862. Arboleda “luego de intentar la recuperación de Popayán, que abandonó al saber el resultado de la acción de Santa Bárbara, intentó regresar al sur siendo asesinado por Rafael López, un campesino cuyo padre había sido fusilado por el jefe conservador”408. Con la batalla del Alto de Santa Bárbara de Cartago se concluía prácticamente la guerra civil que tuvo una duración aproximada de tres años y siete meses para la Confederación Granadina, y de dos años y un mes para el Estado de Antioquia. Al quedar batida la tercera división de Antioquia en el Cauca, a Mosquera sólo le quedaba ingresar con sus ejércitos al territorio antioqueño encontrando el campo despejado y esperando una rendición formal de ese gobierno, cosa que se hizo por medio de un convenio entre los gobiernos de los Estados Unidos de la Nueva Granada, y el hasta entonces, Estado de Antioquia. 4.19. Convenio de la Aldea de María (Manizales, octubre de 1862)

Andrade González, Gerardo. Op. Cit. P. 198 Ibíd. P. 199 407 Ibíd. P. 200 408 Valencia Llano, Alonso. Op. Cit. P. 104 405 406

La derrota de los antioqueños en Cartago y la consiguiente muerte de Rafael María Giraldo, alma y nervio de la resistencia conservadora, logró impactar desfavorablemente en las pocas fuerzas antioqueñas que pudieron huir hacia Manizales. Así, el 10 de octubre, desde Santa Rosa de Cabal, el general Mosquera por medio de su Secretario de Guerra y Marina, el señor Andrés Cerón, intimó a rendición al gobernador Vélez para que no se prosiguiera “el derramamiento de sangre” en la república, pues era evidente que las fuerzas de Antioquia estaban diezmadas y su resistencia era inútil. La misiva decía lo siguiente: El deseo de evitar efusión de sangre, el convencimiento que debéis tener de que hoy es inútil por vuestra parte toda resistencia por el triunfo definitivo de las armas de los Estados Unidos de Colombia y la esterilidad de todo sacrificio que queráis hacer a favor del régimen caído el 18 de julio del año pasado, obligan al ciudadano presidente de Colombia, Supremo Director de la Guerra, a dirigiros por mi conducto esta carta oficial, que tiene por objeto intimaros la rendición por la fuerza de que disponéis en Manizales, pues numerosos como son los ejércitos con que cuenta el Supremo Director de la Guerra para someter a los que en ese Estado aún permanecen en armas contra la soberanía de los Estados, es evidente que las armas colombianas saldrán triunfantes de cualquier combate que queráis librar; y que vos seréis el único responsable de las desgracias y calamidades que sobrevengan a Antioquia409. El gobernador Marceliano Vélez se encontró en una encrucijada y evaluó la posibilidad de continuar con la guerra o rendirse. Optó por lo segundo, debido a la falta de hombres y armas y vio imposible la continuación de una guerra que desde Cartago estaba perdida. Por eso, le contestó al general Mosquera, desde la ciudad de Manizales el día 11 de octubre, y le ofreció entregar pacíficamente el Estado de Antioquia. Dos días después, el 13 de octubre, acordaron un convenio en la aldea de María en inmediaciones de Manizales entre el general Mosquera y su comisionado, el señor Julián Trujillo y el gobernador del Estado de Antioquia, Marceliano Vélez y su correspondiente comisionado, el señor Ricardo Villa, por el cual, el gobierno de Antioquia se rendía y se sometía al gobierno de los Estados Unidos de Colombia. El convenio constaba de cinco puntos, y en él, además de Antioquia entregar las armas al gobierno de Mosquera, se garantizaba la vida de aquellos comprometidos en la guerra por parte del gobierno provisorio. Estos fueron los puntos acordados:

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Actos Oficiales. Op. Cit. P. 138

Artículo 1º. El gobernador del Estado de Andioquia somete pacíficamente el Estado al gobierno de los Estados Unidos de Colombia; y en consecuencia le pone a su deposición todas las armas, municiones y demás elementos de guerra que ha tenido a su cargo en todo el Estado. Artículo 2º. El presidente de los Estados Unidos, por su parte garantiza la vida y la libertad a todos los individuos que han estado en armas en el Estado, y a todos los que han ayudado a sostener en él la guerra, dando pasaporte para el extranjero a los que lo soliciten. [...] es necesario que continúen los sometidos al gobierno de la Unión y cumplan con todos los deberes a que están obligados todos los colombianos. Artículo 3º. Los individuos vecinos de otros Estados comprendidos en las garantías del artículo 2º que no soliciten del gobierno de la Unión, pasaporte para el extranjero, no podrán salir del Estado de Antioquia, sin permiso expreso del presidente de la Unión. Artículo 4ª. Todos los individuos que por haber servido a la causa de los Estados Unidos de Colombia se hallen presos en el Estado de Antioquia, serán puestos inmediatamente en libertad; y así mismo se pondrán en libertad a los vecinos del Estado que se mantengan presos por orden del gobierno de la Unión. Artículo 5º. El presidente de los Estados Unidos de Colombia no internará al territorio del Estado de Antioquia, sino las fuerzas que estime necesarias para conservar el orden en él. El presente Convenio será ratificado por el señor gobernador del Estado de Antioquia, dentro de veinticuatro horas, después de firmado y presentado en dicho término al Supremo Director de la guerra con igual objeto. En fe de lo cual, firmamos los comisionados dos ejemplares de un mismo tenor. Julián Trujillo y Ricardo Villa y, aprobado por T. C. De Mosquera y Marceliano Vélez en la Aldea de María a 13 de octubre de 1862410. El convenio se presentaba “benigno” para los antioqueños al menos en lo relacionado con la libertad de los prisioneros de guerra de ambos bandos y la autorización de pasaportes para los que desearan salir del país por no estar de acuerdo con el nuevo gobierno. Mosquera decía en una alocución, dos días después de la toma de la capital, el 20 de julio de 1861, que “los vencedores no juzgan a los vencidos”411 y por ello, al parecer, no ejecutó acciones demasiado drásticas con los antioqueños. Sin Crónica Oficial. Medellín, 13 de noviembre de 1862. No 2. P. 6 Esta afirmación del general Mosquera esta inserta en la alocución a los granadinos desde el cuartel general de Manizales el 14 de octubre de 1862, con motivo de la celebración del Pacto de María. Tomado de: Crónica Oficial. Medellín, 13 de noviembre de

410 411

embargo, las medidas tomadas contra la Iglesia y las contribuciones forzosas fueron los aspectos que más resintieron a la clase dirigente antioqueña. Tales acciones, fueron denominadas “actos de tiranía”, una vez instaurado el gobierno de Mosquera en el Estado de Antioquia. Así, una vez firmado el convenio de María, el general Mosquera le ofreció a Marceliano Vélez que continuara al frente de la gobernación del Estado de Antioquia, pero este, en un acto de lealtad con el partido conservador y siendo un antagonista directo de Mosquera, veía improcedente aceptar la propuesta del presidente provisorio. Ante ello manifestó lo siguiente: [...] La convicción profunda con que he hecho la guerra al gobierno de los Estados Unidos de Colombia, mis comprometimientos políticos en favor de la causa que abrazó el Estado, y la repugnancia que naturalmente sentiría al dar cumplimiento a las órdenes y decretos emanados de un gobierno que he combatido por convencimiento y deber, son otros tantos motivos que me impiden continuar ejerciendo el destino a que me llamaron los habitantes del Estado de Antioquia en horas de peligro412. El 14 de octubre, Mosquera publicó una alocución a los antioqueños manifestándoles la terminación de la guerra y el triunfo necesario que obtenía la república entera al instaurar un régimen federal. Además, decía que había agotado todos los esfuerzos por conseguir una paz con Antioquia por las vías del diálogo pero que ese esfuerzo no se había logrado, por lo que sólo las vías de hecho pudieron darle la “libertad” a los habitantes de ese Estado. Y con respecto a la negativa de Marceliano Vélez para aceptar la gobernación del Estado, el presidente provisorio afirmó lo siguiente: ¡Antioqueños! No queriendo el gobernador Vélez continuar ejerciendo la magistratura a que lo llamasteis, por razones que no me toca calificar, debo admitir los hechos como se presentan; y cumpliendo con el mandato popular, marchar a la capital del Estado a instalar de nuevo el gobierno de él, nombrando un gobernador provisorio mientras el voto popular designa al magistrado, que deba regir los destinos de Antioquia. El poder legislativo será convocado por mí, para que provea a las necesidades del Estado413.

1862. No 2 412 Aparicio, Edgar. Op. Cit. P. 120 413 Crónica Oficial. Medellín, 13 de noviembre de 1862. No 2. P. 5

Tras el cargo de la gobernación del Estado venía el general Antonio González Carazo, perteneciente a los ejércitos de la costa, a quien el mismo general Mosquera había nombrado como prefecto del Departamento del Centro, ejerciendo la gobernación del Estado provisionalmente, en momentos en que se produjo la segunda incursión por Santodomingo. González Carazo fue desautorizado por Mosquera por medio de un decreto dado en Ríonegro el 1º de noviembre de 1862. A la negativa de Vélez por la gobernación, Mosquera se autonombró gobernador interino, por decreto del 14 de octubre de 1862, mientras se elegía popularmente un nuevo gobernador. Esta disposición ejecutiva acababa con la pretensión que tenía González Carazo de estar al frente de la primera magistratura antioqueña. Posiblemente, el motivo para no darle la gobernación a éste, debió ser que las operaciones de los ejércitos de la costa fueron poco efectivas para la causa federal al no poder derribar al gobierno de Antioquia; además, parecía ser cierta, la desobediencia de Nieto a Mosquera al ejecutar la tercera incursión por Zaragoza, creando un malestar en el presidente provisorio.

4.

LA POST GUERRA EN EL ESTADO SOBERANO DE ANTIOQUIA

5.1. Gobernación del general Tomás Cipriano de Mosquera en el Esdado Soberano de Antioquia (octubre de 1862) La instauración de un nuevo sistema político en el Estado de Antioquia implicó, como era de esperarse, cambios sustanciales en el aparato gubernamental de ese territorio. El cambio de un régimen confederado al estilo conservador de Mariano Ospina Rodríguez por uno de corte liberal federalista más autónomo y soberano, fue lo más significativo. La denominación “Estado Soberano de Antioquia”, tenía su razón de ser en el Pacto de Unión de septiembre de 1861, en el cual los Estados que se acogieron a él se nombraron soberanos e independientes. Pero, la forma en que se tomó el gobierno el general Mosquera – de hecho – hacía pensar a los conservadores que la descentralización era puramente nominal, lo mismo que el sistema federal, toda vez que el caudillo del Cauca lo único que deseaba, según sus opositores, era el poder presidencial a nombre de una bandera política (federal) siendo él también excluyente con el partido conservador y con la iglesia. Su lucha con esas dos instituciones le valdría al gobierno liberal un efímero poder político en la región antioqueña en donde los gobiernos de Antonio Mendoza (16 de diciembre de

1862 a 15 de abril de 1863) y Pascual Bravo (20 de abril de 1863 a 4 de enero de 1864) no le servirían de mucho a Mosquera para cimentar las bases de gobiernos liberales en Antioquia. Los cambios que se presentaron inicialmente estaban reducidos a la parte administrativa, como era lógico, pero también a la organización de los ejércitos tanto de la república como de la jurisdicción antioqueña. Se legislaría sobre ese aspecto creando los nuevos ejércitos del “Gobierno de la Unión”. En lo judicial se nombrarían nuevos magistrados del Tribunal Superior del Estado, y lo más importante, se convocaría una Legislatura Constituyente del Estado y una Convención Nacional que, mediante un proceso democrático, plasmara la nueva carta constitucional, y se reuniera en la ciudad de Ríonegro para comienzos del año 1863. De esa manera, el régimen federal de Tomás Cipriano de Mosquera parecía ser una realidad en Antioquia, cosa que se creía imposible en una tierra predominantemente conservadora en lo político, pero después de un año y tres meses de gobierno liberal, allí se consolidaría un federalismo conservador414. Debe tenerse muy presente, no obstante lo expuesto, que los grupos dirigentes antioqueños eran partidarios de una federación que dejara a las regiones casi a su propio arbitrio y que se respetara sus tradiciones y principios católicos. Ello daría estabilidad, ya que en un ambiente de paz e independencia casi absoluta, el desarrollo económico marcharía bien, y de paso, aquellos grupos que detentaban un importante poder económico, mejorarían aún más sus capitales y rentas. Así las cosas, para los dirigentes antioqueños, la federación aseguraba región, religión y riqueza. En los primeros días de noviembre de 1862, una vez se había hecho cargo de la gobernación del Estado, interinamente, el general

Mosquera, comenzaron a expedirse una serie de decretos de

nombramientos y ordenadores para la marcha del gobierno. El 1º de noviembre de 1862, Mosquera nombró por decreto los primeros magistrados del Tribunal Superior del Estado Soberano de Antioquia, los señores Emiliano Restrepo E., Laureano García y Joaquín Márquez, mientras que como Procurador General del Estado asumió el señor Nicolás F Villa. Mencionaba el decreto415, que los anteriores jueces habían abandonado sus puestos, y por ello, debían responder. También, en lo militar, se encargó al general José María Chaparro, de los ejércitos del Estado, como “Comandante en Jefe de la Segunda División del primer ejército encargado del mando de todas las fuerzas de este que se hallan actualmente en el Estado de Antioquia”416. En cuanto a

Sobre el federalismo conservador, este concepto es trabajado por Roger Brew en su tesis Aspectos políticos de Antioquia. Op. Cit. Pp. 146 – 147 y; Luis Javier Ortíz en su texto de Antioquia en las guerras civiles del siglo XIX. Op. Cit. 415 Crónica Oficial. Medellín, 7 de noviembre de 1862. No 1. P. 1 416 Actos Oficiales. Op. Cit. P. 154 414

los decretos ordenadores, los más significativos fueron: Uno por el cual se distribuyó un empréstito a los habitantes pudientes del Estado por una suma de $1’120.000 como respuesta a su participación en la guerra del lado conservador, y el decreto por el cual se mandaba reorganizar el Estado Soberano de Antioquia. Veamos en que consistía cada uno: El decreto del 10 de noviembre de 1862, que distribuía un

empréstito a los habitantes pudientes del Estado de Antioquia lo motivaba el que el gobierno de Antioquia debía responder por los gastos ocasionados en la pasada guerra a los Estados del Cauca, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena, Santander y Tolima, y por tal, Antioquia pagaría una suma igual a los consumos o gastos hechos por estos Estados, siendo “responsables los habitantes por lo que hacían sus respectivos mandatarios”. La única forma para no aplicar dicho decreto sería que los habitantes pudientes pagaran una suma de $620.000, que entraría en el tesoro general de guerra, y que las demás villas, pueblos y ciudades contribuyeran con una suma de $500.000, todo ello en forma voluntaria. Este decreto fue derogado posteriormente por otro del 2 de diciembre del mismo año, según el cual sólo las personas pudientes se responsabilizarían de las deudas ante la nación, clasificándose éstas en unas listas especiales de contribución directa417. El Decreto fundamental para reorganizar el Estado soberano de Antioquia (13 de noviembre de 1862) constaba de cuatro títulos que incluían la nueva división territorial (Artículo 1º), el funcionamiento del nuevo régimen municipal y político y la organización judicial. La división territorial se modificaba y ya no eran ocho los departamentos que conformaban el Estado, sino once, denominándose de ahora en adelante municipios, con lo cual los liberales buscaban mejorar sus apoyos partidistas y electorales, y debilitar a los conservadores. La reorganización territorial tenía una estrategia política clara. Los nuevos municipios estaban integrados por Villas y Aldeas así: 1. Municipio de Medellín con capital en Medellín y compuesto por: Envigado, San Sebastián, Itagüí, Caldas, Eliconia, Belén, Aná, San Cristóbal, Hato Viejo y la Estrella. Sobre los empréstitos y contribuciones forzosas que aplicó el nuevo gobierno liberal a la clase dirigente conservadora, dice Luis Javier Ortíz, que esta reaccionó posteriormente contra Pascual Bravo, ya que este sucesor de Mosquera en la gobernación de Antioquia “llevó a cabo medidas radicales contra los conservadores y el clero en el corto tiempo de abril a diciembre de 1863, y esto generó fuertes disposiciones, lo que unido a la gran crisis económica de 1860 – 1864 y a los escasos recursos en armas del gobierno, concluyó con una guerra local impulsada por los conservadores de Antioquia entre diciembre de 1863 y enero de 1864”. Seguidamente, sigue anotando Luis Javier Ortíz que “Mosquera, Antonio Mendoza y finalmente Pascual Bravo fueron los gobernantes del Estado en un período de grandes conmociones internas, crisic económicas y empréstitos forzosos – especialmente a los más pudientes – y reacciones clericales y conservadoras a las medidas de Tuición de Cultos y desamortización de bienes de Manos Muertas”. Tomado de: Ortiz Mesa, Luis Javier. Aspectos Políticos del federalismo en Antioquia 1850 – 1880. Universidad Nacional de Colombia (Seccional Medellín). Medellín, 1985. Pp. 63 y 88

417

2. Municipio de Titiribí con capital en Titiribí y compuesto por: Amagá, Concordia, Fredonia, Andes, Jericó, Bolívar y Nueva Caramanta. 3. Municipio de Barbosa con capital en Barbosa y compuesto por: Girardota, Copacabana, Santo Domingo, Don Matías, San Pedro y la Concepción. 4. El de Ríonegro con capital en Ríonegro y compuesto por: Sabaletas, Guarne, El Retiro, Santa Bárbara, Marinilla, El Carmen y San Vicente. 5. El del Peñol con capital en el Peñol y compuesto por: Nare, San Bartolomé, Santuario, Vahos (Granada hoy día), Canoas, Cocorná, Guatapé y San Carlos. 6. El de Sonsón con capital en Sonsón y compuesto por: Abejorral, Arma y Aguadas. 7. El de Salamina con capital en Salamina y compuesto por: Pácora, Aranzazu, Neira, Manizales y Filadelfia. 8. El de Amalfi con capital en Amalfi y compuesto por: Cancán, Remedios, Nechí, Yolombó, Cáceres, Zaragoza, Anorí, Cruces y Zea. 9. El de Santa Rosa con capital en Santan Rosa y compuesto por: Angostura, Carolina, Higuerón, Yarumal, Campamento, Entrerríos y San Andrés. 10. El de Sopetrán con capital en Sopetrán y compuesto por: Córdoba, San Jerónimo, Quebradaseca, Sucre, Belmira, Ebéjico y Liborina. 11. El de Antioquia con capital en Antioquia y compuesto por: Anzá, Buriticá, Cañasgordas, Ituango, Sabanalarga, Urrao, Frontino, Dabeiba y Abriaquí418. Cinco días antes, el 8 de noviembre de 1862, el gobernador Mosquera decretaba la supresión de dos Departamentos que tenían una alta cuota electoral conservadora como lo era el de Oriente, el cual se anexionaba al de Ríonegro, y el de Sopetrán, que pasaba a jurisdicción del de Occidente. Este decreto buscaba minar la influencia de algunos círculos electorales conservadores como Marinilla y El Carmen, agregándolos a un círculo liberal como el de Ríonegro, pero esta reorganización momentánea quedaba derogada por el decreto de reorganización del Estado del 13 de noviembre. Según los conservadores, el general Mosquera entraba pisando duro imponiendo medidas draconianas y severas a los habitantes de Antioquia, pero sobre todo, a los grupos dirigentes económicos y al clero antioqueño que sufrió los decretos de Tuición y Desamortización de Bienes de Manos Muertas. Como es evidente, todo cambio político por las vías de hecho terminaba imponiendo medidas drásticas para con los que defendieron el régimen anterior, en 418

Crónica Oficial. Medellín, 18 de noviembre de 1862. No 3. P. 1

este caso, los conservadores antioqueños, quienes lucharon por la Confederación Granadina presidida por Ospina hasta el último instante, sufriendo los rigores del cambio político en Antioquia. Ya un liberal de la época como Salvador Camacho Roldán, que conocía la forma de actuar de Mosquera y disentía de algunas de sus posiciones, lo decía: “Veíamos claro ya el error cometido en 1860 de aceptar como jefe de un partido de ideas pacíficas a un caudillo inquieto, que aunque dotado de grandes talentos y deseo verdadero del progreso del país, prefería con frecuencia el empleo de la fuerza al de la libertad y la razón”419. Seguidamente, el Secretario del Interior del Estado Soberano, el tolimense José María Rojas Garrido, mediante una circular dirigida al prefecto del Departamento del Centro el día 3 de noviembre, antes de la nueva división territorial del Estado, ordenaba el sometimiento al nuevo gobierno de todos aquellos que participaron en contra suya. Dicha diligencia debía hacerse por medio de un documento o formulario especifico en donde se declaraba el sometimiento al reciente gobierno estatal. La circular remitida desde la ciudad de Ríonegro decía al prefecto, lo siguiente: [...] disponga usted que en todos los Distritos de su Departamento, se publique inmediatamente un bando, haciendo saber que todos los individuos que hayan tenido comprometimientos políticos contra el gobierno de los Estados Unidos de Colombia, y no se hayan sometido antes y los que siendo empleados públicos hayan abandonado sus destinos, tienen obligación de presentarse a la autoridad política del respectivo Distrito, y prometer, bajo juramento que reconocen y se someten al gobierno de los Estados Unidos de Colombia, al cual no hostilizarán directa o indirectamente, debiendo firmar la diligencia del caso. Los que dentro de sesenta y dos horas desde la publicación del bando, no cumplan con este deber, serán reputados enemigos del gobierno y remitidos presos a esta ciudad420. La tensión que se vivía en el Estado y la prevención de las nuevas autoridades con respecto a posibles levantamientos conservadores, llevaron al prefecto del Departamento del Centro, señor Cenón Trujillo, a decretar el 4 de noviembre la recolección de armas pertenecientes al Estado y a la Confederación. Para ello, se dio un término perentorio de cuarenta y ocho horas, y si en ese período no se entregaban las armas a los Alcaldes y Corregidores, por las personas que las poseían, se les impondría una multa de cincuenta pesos y se les consideraría como hostiles al gobierno de los Estados Unidos de Colombia. De esa manera, el gobierno de Mosquera trataba de mantener controlados a sus opositores. 419

Camacho Roldán, Salvador. Memorias. Editorial Bedout. Bogotá, 1923. P. 284

Transcurridos algunos días del mes de noviembre, mientras se estaba reorganizando el Estado Soberano de Antioquia, el Gobierno de los Estados Unidos de Colombia, decretó la instalación de la Convención Nacional en la ciudad de Ríonegro, el día 1º de enero de 1863. Para ello se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: Primero, que no se tenía lista la infraestructura necesaria en la ciudad de Ibagué para albergar la convención en donde se había previsto instalarla en un principio; segundo, que era urgente instalarla a más tardar el 1º de enero de 1863, y tercero, “que por otra parte, la ciudad Ríonegro ofrece la ventaja de estar cerca del teatro de las operaciones militares, de donde no puede separarse el gobierno, para asistir el presidente a la instalación de la Convención Nacional”421. Por tal motivo, el presidente Mosquera ordenaba el pronto viaje a Ríonegro de los diputados de toda la república para que se hicieran presentes en la instalación de la convención nacional. El día 2 de diciembre de 1862, el gobierno de la Unión decretó la organización del Ejército de los Estados Unidos de Colombia. Este decreto estaba motivado la necesidad de darle una forma regular a la organización del cuerpo militar de la república y a cada una de las milicias organizadas en los diferentes Estados. También consideraba el gobierno el deber de presentarle a la próxima Convención Nacional, un estado del ejército existente y su número de componentes, ya que era indispensable evitar todo tipo de “embarazos” con los Estados soberanos pues estos no estaban prestando obediencia a los artículos 27, 28 y 34 del Pacto de Unión, referidos a la organización de las milicias. El decreto contenía nueve capítulos y setenta y cuatro artículos que precisaban la organización, el armamento, la movilidad, la jerarquía militar y mando, la jurisdicción del ejército y la fuerza pública nacional. Los artículos que precisaban las bases fundamentales de la organización de la fuerza pública y del ejército, así como del mando, señalaban lo siguiente: Artículo 1º. La fuerza pública de la Unión se compone de la Guardia colombiana, organizada conforme a los principios adoptados por los Estados Unidos y al decreto de 10 de abril de 1862, y de la milicia nacional organizada por los Estados conforme a sus leyes. Artículo 2º. El Ejército de los Estados Unidos se compone de Divisiones, Legiones y Brigadas, ya independientes ya compuestas conformes a las necesidades que ocurran.

420 421

Crónica Oficial. Medellín, 7 de noviembre de 1862. No 1. P. 2 Decreto del 16 de noviembre de 1862 en: Crónica Oficial. Medellín, 19 de noviembre de 1862. No 4

Artículo 3º. Es privativo de los Estados la organización de la milicia nacional en ellos, y establecer el píe y fuerza de sus cuerpos para cuando sean llamados al servicio nacional. Artículo 25. La fuerza pública del ejército de los Estados Unidos se compone de los contingentes de todos los Estados. El contingente ordinario de cada Estado será el uno por ciento de su población, y mientras se arregla el censo general de los Estados Unidos, servirán de norma los censos levantados en la Confederación Granadina. Artículo 49. El presidente de los Estados Unidos es el jefe nato del ejército y armada nacional, y los presidentes de los Estados lo son de la fuerza pública organizada en sus respectivos Estados y con arreglo a las leyes. Cuando el gobierno nacional resuelva poner en píe de guerra todo el ejército de los Estados Unidos, con arreglo al Pacto de Unión y la Constitución, corresponde al presidente la elección de generalísimo o general en jefe. Tendrá el primer tratamiento si el ejército debe obrar en toda la nación y el segundo si las operaciones fueren parciales en uno o más Estados422. Estos decretos, regidos por el Pacto de Unión del año 1861, eran interinos hasta que la nueva Convención Nacional aprobara la nueva carta constitucional. Pero se podría decir que la carta constitucional nacida de la Convención Nacional Constituyente de 1863, estaba basada en el Pacto de Unión y Transitorio que representaba los lineamientos políticos elaborados por Tomás Cipriano de Mosquera. Así mismo, por decreto del 17 de noviembre de 1862, se ordenaba la elección para los diputados a la Legislatura Constituyente del Estado Soberano de Antioquia, la cual estaría compuesta por treinta miembros. Los Diputados saldrían por votación de las juntas eleccionarias de las villas y aldeas del Estado, sin pasar de un número específico en cada municipio, así: Medellín con cuatro Diputados, Tititribí con tres, Barbosa con tres, Ríonegro con cuatro, El Peñol con uno, Sonsón con dos, Salamina con tres, Amalfí dos, Santa Rosa con tres, Sopetrán con dos y Antioquia con tres. En ese mismo decreto, también especificó de la elección de miembros a la Convención Nacional para el Estado de Antioquia. El artículo 24 decía que la elección debía hacerse con las mismas listas utilizadas para la elección de diputados a la Legislatura del Estado, en las mismas ciudades, villas y aldeas, el mismo día, y ante las mismas juntas y comisiones, es decir, que ambas se realizarían simultáneamente. Seguidamente, se convocó la instalación de la Legislatura Constituyente del Estado para el día 1º de diciembre de 1862, una vez estuviera reunida la mayoría 422

Crónica Oficial. Medellín, 7 de diciembre de 1862. No 8. Pp. 33 – 36

necesaria requerida para el quorum. Todo ello obedecía a la reorganización del Estado Soberano de Antioquia por medio de un sistema representativo y democrático basado en elecciones que trataban de abarcar el territorio existente, teniendo cada una de las secciones (Municipios), un representante en la Legislatura estatal. Como era de esperarse, serían los liberales los que controlarían dichas elecciones, ya que las máximas figuras conservadoras, Marceliano Vélez, Pedro Justo Berrío y Rafael María Giraldo – muerto este último – salieron derrotados en la guerra civil y sin ninguna posibilidad de participar en el gobierno que ellos decididamente habían combatido. El rechazo de Vélez a continuar como gobernador del Estado bajo las órdenes de Mosquera, fue el ejemplo más claro de un representante de la dirigencia política conservadora antioqueña que no dio su aceptación y renunciaba a todo cargo bajo el nuevo régimen. Días más tarde, el 6 de diciembre, el general Mosquera (Gobernador del Estado y presidente provisorio de la república) pronunció una alocución a la Legislatura Constituyente del Estado, para que obrara de acuerdo con los principios del sistema federal. En un aparte decía: Puedo deciros con satisfacción que la libertad y el derecho se han salvado. Ahora toca a vosotros fecundar el triunfo en el suelo de Antioquia por medio de instituciones liberales. En la “Crónica Oficial” habéis visto el decreto fundamental que expedí para darle origen al gobierno propio de los pueblos, descentralizando el ejercicio del poder conforme a los dogmas de la democracia. Confío en que vosotros, profesando la misma doctrina, la consagréis en la constitución del Estado423. En la misma alocución, Mosquera proponía la construcción de un camino hacia el Atrato para favorecer y fomentar el comercio de la región antioqueña, y así, ésta tuviera una salida al Atlántico con un puerto propio. Este proyecto debía hacerse mancomunadamente con el gobierno del Estado del Cauca, logrando así la tan anhelada prosperidad para la región. También, el general Mosquera dejó percibir en su alocución la necesidad de utilizar la fuerza para conseguir recursos pecuniarios. Esto se debía a que la economía de la región había sido seriamente afectada por la guerra civil, y medidas de las contribuciones directas que se habían adoptado para conseguir recursos, no estaban dando los resultados esperados. Por ello, manifestaba:

423

“Mensaje del Gobernador del Estado a la legislatura Constituyente” en: Crónica Oficial de Antioquia. No 10. P. 43

Los gastos de la guerra, hicieron indispensable exigir un empréstito en el Estado; y procurando que fuera lo menos gravoso posible, promoví varios arreglos con los interesados; pero desgraciadamente no han dado el buen suceso que se esperaba. El gobierno ha tenido todas las consideraciones que las circunstancias permiten dispensar en este asunto; más es de temerse que el empréstito no se consiga sin algunas medidas coercitifas que sea preciso ejecutar en el último extremo424. Una vez instalada la Legislatura del Estado, ésta comenzó a expedir las leyes que daban cumplimiento a los requerimientos de la nueva organización estatal, los cuales estaban determinados por el Pacto de Unión. La ley del 9 de diciembre organizando provisionalmente el Estado Soberano de Antioquia, hacia énfasis en la pertenencia de Antioquia a los Estados Unidos de Colombia conforme a lo dispuesto en el Pacto de Unión. Decía además, que las leyes y disposiciones legales emitidas hasta ese momento en el Estado, se mantendrían vigentes de acuerdo a los cambios políticos que se habían presentado desde el 14 de octubre de 1862, cuando el presidente provisorio tomó posesión interina de la gobernación del Estado. Es decir, la Legislatura del Estado se encargaría provisionalmente, hasta que la Convención Nacional expidiera la nueva constitución, de regir legalmente todos los asuntos del Estado haciendo nuevos nombramientos o remociones de los cargos públicos, pues ella sería la encargada de elegir como nuevo gobernador al señor Antonio Mendoza, el cual se posesionó del cargo el 16 de diciembre. El general Mosquera, en una nota enviada a la Legislatura, aducía algunos inconvenientes para seguir al frente de la gobernación y manifestaba que: “Aún cuando sean muchos mis deseos por la prosperidad de Antioquia, esto no es bastante para que me resuelva a encargarme del poder ejecutivo del Estado, porque realmente no tengo tiempo ni aún para todos los negocios nacionales que están a mi cargo”425. Uno de los primeros actos legislativos que tuvo la administración de Antonio Mendoza fue precisamente el referido a la defensa del Estado, por eso, la legislatura expidió un decreto el 18 de diciembre sobre adquisición de armas. Allí se ordenaba a los empleados políticos y militares, en los cuales estaba la responsabilidad del parque militar del Estado, presentar un estado de cuentas del mismo con el fin de recuperar el mayor número de armas pertenecientes al gobierno. Sí por esa vía no se lograba tal propósito, dichos empleados serían responsables de las pérdidas; en tal caso se autorizó a la Legislatura un empréstito426 voluntario, “con el objeto de comprar por cuenta del Estado las armas y demás elementos Ibíd. P. 43 Crónica Oficial. Medellín, 11 de diciembre de 1862. No 10. P. 48 426 “Contrato en virtud del cual una persona física o jurídica participa en la financiación de una empresa u organismo público a 424 425

necesarios para su defensa”. Lo anterior traducía un ambiente de tensa calma en donde el gobierno liberal esperaba, por las disposiciones expedidas, una reacción bélica de los conservadores. De allí, el afán de controlar el parque militar y darle una organización efectiva tanto a los ejércitos nacionales como a los regionales. Pero más allá de los cambios administrativos en el Estado Soberano de Antioquia, el impacto que tuvo en este territorio el nuevo gobierno, fue la llamada “persecución religiosa”427, una vez entronizado el gobierno liberal. El sometimiento del clero al gobierno de Mosquera fue un serio problema: Muchos se sometieron, pero otros como el Arzobispo Domingo Antonio Riaño, tendrían que lamentar las consecuencias de no aceptar los decretos de Tuición de Cultos. Así, el gobierno de Mosquera en su lucha contra la iglesia y los conservadores, que eran mayoría en el Estado, dejó sentadas las bases para el establecimiento de un gobierno (el de Pascual Bravo) que se debatiría entre impulsar el proyecto liberal mosquerista y soportar la presión conservadora y clerical, y un posible levantamiento contra aquél. Estos aspectos serán descritos a continuación.

5.

EL GOBIERNO FEDERAL Y LA IGLESIA CATÓLICA

Con el triunfo de los liberales en la guerra civil, la polarización política entre estos y los conservadores se radicalizaría aún más, a partir de las medidas tomadas por el gobierno federal contra la iglesia católica. El enfrentamiento entre los liberales por un lado, y los conservadores y la Iglesia por el otro, tenía unos precedentes claros desde principios de la década del 50, y aún antes428. Esta institución religiosa cambio de una rentabilidad fija y periódica y con la promesa de serle devuelto el importe de esta participación al cabo de un período de tiempo”. Para el pago de este empréstito el gobierno hipotecó los bienes y rentas del Estado abonando un interés anual no superior al 18 %. 427 Esta denominación la utilizaban los historiadores conservadores como Estanislao Gómez Barrientos, Abraham Moreno y José María Quijano Otero, entre otros ya citados en este estudio. 428 El Historiador Jorge Villegas anota que los enfrentamientos Iglesia – Estado provienen desde el momento mismo de la

fue una especie de socio del partido conservador con el cual tuvo una estrecha relación, aún mayor, desde que en el gobierno liberal del general José Hilario López (1849 – 1853) la Iglesia se le aplicaron medidas reformadoras. Con dichas medidas se separó la Iglesia y el Estado, es decir, el poder eclesiástico y el civil, y se plasmaron también en varias leyes como la de expulsión de los Jesuitas (21 de mayo de 1850),

comunidades religiosas (9 de mayo del 51), desafuero eclesiástico (14 de mayo del 51) – los Arzobispos, obispos y clérigos podían ser juzgados por el derecho civil –, y la ley del 27 de mayo del mismo año

reformatoria del patronato eclesiástico, que daba autorización a los cabildos parroquiales para el nombramiento de los sacerdotes en las parroquias. La Iglesia vio esas medidas como atentatorias contra sus fueros, los cuales, en su opinión, sólo debían atenerse a los mandatos de la divina providencia y de la Santa Sede, más no a las leyes terrenales (civiles). Los conservadores, vale recordar, perdieron las elecciones presidenciales para el período 1849 – 1853 e inmediatamente, en la guerra civil de 1851, no pudieron derrocar el gobierno liberal del general López. En ese momento, se vivía un cambio político trascendental que se ha denominado como de “reformas liberales”429, por lo que los intereses de ambas instituciones (partido conservador e iglesia), excluidas por el gobierno liberal, tendrían una razón común para luchar asociadas contra él. Los historiadores Carlos Arboleda y Gloria Mercedes Arango en su texto La Constitución de Ríonegro

y el Syllabus como dos símbolos de nación y dos banderas de guerra, presentan de una forma sucinta y clara, las posiciones que tomaron tanto la Iglesia y el partido conservador como el partido liberal, para enfrentarse con propuestas ideológicas precisas que buscaban la reorganización tanto política como social de la Nueva Granada, lo que los llevó a una inminente polarización política: Los conflictos entre la Iglesia y el Estado colombianos se agudizaron con las reformas introducidas a partir del medio siglo y la ruptura del patronato en 1853. Esta radicalización de los dos poderes alineó la Iglesia con el partido conservador y dejó sin legitimidad al liberalismo. Desde su propia perspectiva, los independencia, los cuales estaban asociados al patronato eclesiástico, es decir, al control del gobierno sobre la Iglesia y, a la libre circulación de los bienes de propiedad raíz (amortizados) que no podían ser enajenados. Estos dos factores – anota Villegas – son la génesis del conflicto entre las dos instituciones, pues, “en torno a la vigencia del patronato, dentro de las nuevas circunstancias de independencia de España, se presentarán los enfrentamientos entre iglesia y Estado, desde los primeros días de la nueva república”, es decir, en un enfrentamiento que tocaba aspectos políticos, económico, sociales; grosso modo, de orden cultural. Tomado de: Villegas, Jorge. Enfrentamiento Iglesia – Estado, 1819 – 1887. Centro de Investigaciones Económicas (CIE). Universidad de Antioquia. Medellín, 1977. P. 4 A. Véase también los argumentos de Fernán González en su artículo sobre la guerra de los supremos. 429 Tirado Mejía, Álvaro. El Estado y la política en el siglo XIX en: La Nueva Historia de Colombia. Volumen II. Editorial Planeta. Bogotá, 1989

liberales se consideraron proponentes de una reforma que no se había realizado en la Iglesia colombiana, tanto en las costumbres del clero como en la apertura hacia la modernidad. De una parte, denunciaban al clero por sus abusivos comportamientos y de otra, buscaban cambiar la tradicional manera de pensar de los colombianos abriendo paso a la modernidad, mediante la adopción de la libertad de conciencia y de cultos, la separación de la Iglesia y el Estado, la pluralidad religiosa y la tolerancia. Globalmente, el liberalismo aparecía como reformador y el conservatismo como defensor de la tradición. Para el primero, la Constitución de l863 marcó su rumbo y para el segundo, el Syllabus fue su carta de navegación. Puede decirse que se constituyeron en dos símbolos de nación y en dos banderas de guerra. Dos símbolos de nación porque después de las guerras de independencia sólo se presentaron en el país dos propuestas de construcción de nación: la liberal y la católica. En diferentes períodos, las dos propuestas han tratado de conformar la nación pero no lo han logrado por la recurrencia a prácticas como la exclusión, el autoritarismo o la intolerancia sin la convocatoria ni la participación de amplios sectores de la población430. Eran dos propuestas de sociedad las que se enfrentaban en una época de iniciales transformaciones, en todos los órdenes. El historiador Fernán González afirma que la Iglesia católica no se pudo adecuar a esa época de cambios, y más bien, se aferró a la tradición colonial: Muchas de las luchas políticas y religiosas del siglo pasado (XIX) en Colombia, se debieron al enfrentamiento entre dos concepciones del mundo, entre dos maneras de concebir la sociedad, lo que repercutió lógicamente en dos modos de concebir la misión de la Iglesia. El mensaje cristiano se había encarnado en el marco de una sociedad estática con la cual llegó a identificarse casi totalmente confundiendo lo sustancial del mensaje con la envoltura socio cultural donde se había concretizado. La Iglesia colombiana no comprendió que estaba naciendo una sociedad y se aferró al orden social existente, sin comprender que su situación era insostenible a la larga. En una sociedad que tendía a ser pluralista, siguió sosteniendo la obligación del Estado a profesar públicamente y defender el culto católico; a considerarlo como la única religión posible, a impartir obligatoriamente a todos la instrucción en la fe católica431.

Arboleda, Carlos y, Arango, Gloria Mercedes. La Constitución de Ríonegro y el Syllabuss como dos símbolos de nación y dos banderas de guerra. Informe presentado al CINDEC. Universidad Nacional de Colombia (Seccional Medellín). Medellín, 2001. Texto

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inédito. González, Fernán. Partidos Políticos y Poder Eclesiástico. Reseña Histórica 1810 – 1930. CINEP. Bogotá, 1977. P. 12

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De esta forma, la exclusión, el autoritarismo y la intolerancia fue lo característico de estos dos bandos en conflicto a lo largo del siglo XIX, lo que serviría de precedente para entender el papel del gobierno liberal de Mosquera frente a la Iglesia católica aliada del partido conservador de Mariano Ospina Rodríguez. La tendencia de los Estados liberales latinoamericanos consistió en avanzar hacia procesos modernizadores que incluían procesos de secularización que afectarían a la Iglesia católica. En el caso colombiano, no cabe duda que las discrepancias ideológicas entre la iglesia y los gobiernos liberales fueron aspectos claves que coadyuvaron a diferenciar mejor los antagonismos de los bandos en guerra. Estos antecedentes pueden mostrar mejor por qué el gobierno de Mosquera actuó contra una institución tan poderosa como la iglesia en la región antioqueña. A este respecto, el historiador Jorge Orlando Melo, presenta algunos antecedentes de unión entre los conservadores y los curas en Antioquia para conseguir una mejor cauda electoral. Esto dice Melo: [...] en Medellín y el oriente el clero era cada vez más conservador. Ya en 1851, la rebelión contra el gobierno de López estuvo en buena parte impulsada y encabezada por sacerdotes como Juan Manuel Lobo Guerrero de Belén, José Cosme Zuleta y los futuros obispos Manuel Canuto Restrepo y José Joaquín Isaza, esta orientación política del clero se confirmaría, por supuesto, después de la revolución de Mosquera, tras un breve período de aguda división interna acerca del juramento de obediencia a la constitución de 1863: Desde entonces la identidad entre la iglesia y el conservatismo no se podrían en duda en Antioquia432. La Historiadora Gloria Mercedes Arango afirma que en Antioquia era tan firme el peso de la Iglesia católica en la sociedad, que era imposible el establecimiento de una ética laica y secularizadora entre los antioqueños: “al menos en Antioquia no podía esperarse que la propuesta liberal de una sociedad secularizada tuviera posibilidades de éxito. La sustitución de una ética religiosa por una ética laica y de ahí la pugna por el aparato educativo, el matrimonio y los cementerios, materializaciones de concepciones sobre el aquí y ahora y el imaginario trascendente vivido como parte integral de la vida”433.

Melo, Jorge Orlando. Progreso y guerras civiles entre 1829 y 1851 en: Historia de Antioquia. Suramericana de Seguros. Medellín, 1988. P. 113 433 Arango, Gloria Mercedes. La Mentalidad Religiosa en Antioquia. Prácticas y Discursos 1828 – 1885. Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín). Medellín, 1993. P. 19 432

Desde la reacción de los conservadores y la iglesia en la revolución de 1851 ante las reformas de medio siglo, para afirmar su catolicismo y su región (“Dios y Federación” fueron sus consignas), el Estado de Antioquia contaba con una mayoría conservadora que al perder el poder en la región con el triunfo de Mosquera en 1860 – 62, ambos fortalecerían aún más sus alianzas para recuperarlo. Así, las medidas tomadas por el gobierno de Mosquera contra la iglesia, fueron una expresión clara de la guerra y del duelo entre bandos definidos434. La primera medida adoptada por el caudillo caucano contra ésta, tuvo lugar dos días después de haberse tomado, con sus ejércitos, la capital de la república. El decreto del 20 de Julio de 1861 “Sobre Tuición de Cultos”435 decía: Artículo 1º. El poder ejecutivo de la Unión ejercerá en lo sucesivo el derecho de “Tuición” respecto a todos los cultos que haya en el territorio que se ha puesto bajo su administración. Artículo 2º. En consecuencia, ningún Ministro superior podrá ejercer sus funciones, sea cuál fuere el culto a que pertenezca, sin el pase o autorización del encargado del poder ejecutivo, o de los presidentes o gobernadores de los Estados en sus respectivos casos. Artículo 3º. Los contraventores a este decreto serán tratados como usurpadores de las prerrogativas de la Unión Granadina, y en consecuencia extrañados del territorio436. Este decreto fue muy mal recibido por la Iglesia católica, pues su jerarquía consideraba que el gobierno de Mosquera no tenía las facultades para intervenir en los asuntos internos de la Iglesia, ni en los derechos consagrados por la Santa Sede. Mosquera normatizó un asunto que venía debatiéndose desde décadas anteriores: someter la Iglesia católica a las leyes civiles, cosa que nunca aceptó la institución religiosa. El sólo hecho de que un ministro religioso de alta jerarquía (arzobispo u obispo) tuviera que diligenciar un permiso ante las autoridades civiles y no ante las eclesiásticas para ejercer sus funciones, fue Luis Javier Ortíz entiende la guerra como un duelo así: “Ante todo, entiendo la guerra como una lucha (polemos), un duelo, del latín duellum (Grocio lo descompone en dos vocablos, due, cuerpo, y lue, disolución) en una escala más amplia; es un acto de fuerza (el medio) para imponer nuestra voluntad al adversario (objetivo). Si el objetivo es ofensivo se trata de desarmar al adversario y si es defensivo, se trata de no ser desarmado y de no dejarse desarmar. En: Guerra y religión, dos formas de construcción y destrucción de nación en la Colombia de la segunda mitad del siglo XIX. (Borrador de trabajo).Conferencia pronunciada el 19 de septiembre del 2.001 dentro del Ciclo “Nuevas investigaciones de Historia Colombiana. Área curricular de Historia. Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Septiembre 5 a octubre 3 de 2.001. Biblioteca Pública Piloto de Medellín. 435 La circular aclaratoria del decreto de Tuición del 29 de julio de 1861 define la Tuición como: “[...] que para entrar en el ejercicio de sus funciones cualquier Ministro público, necesita el pase de la autoridad correspondiente, es decir, que la autoridad pública debe saber cuál es el Ministro que va ha ejercer funciones en una iglesia o corporación conforme a sus constituciones y estatutos, para reconocerle personería, y que ningún poder extraño pueda intervenir en la posesión, manejo e inversión de las rentas y bienes que los granadinos han consagrado al mantenimiento de su culto”. Tomado de. Crónica Oficial. Medellín. 29 de noviembre de 1862. No. 6. P. 26 436 Crónica Oficial. Medellín. 29 de noviembre de 1862. No 6. P. 1 434

visto por ésta última como un atentado de parte del gobierno, un abuso de poder y un mensaje desafortunado para los fieles. Las razones que tuvo el gobierno liberal para adoptar ese decreto estaban basadas en el constante temor hacia el poder político y social de la Iglesia, dos de cuyos principales mecanismos de control social fueron el púlpito y el confesionario, pues desde allí los curas exhortaban a los fieles a combatir la ideas materialistas, ateas, masónicas y heréticas que estaban representadas, según la iglesia, en la ideología liberal. La circular aclaratoria del decreto de Tuición es explícita al justificar la medida sobre el argumento del peligro de la guerra y la intervención manifiesta de los curas en política: Después de la lamentable intervención que han tomado en la presente guerra civil algunos ministros del culto, queriendo identificar las cuestiones políticas con los asuntos religiosos, es indispensable que la autoridad pública conozca las cualidades personales de los ministros que sean nombrados para el ejercicio de funciones eclesiásticas, y que pueda negar el pase al nombramiento de aquellos individuos que, abusando de su ministerio, puedan alterar el orden constitucional y legal437. La reacción contra este decreto no se hizo esperar por parte de los obispos y sus clérigos, y pronto salieron publicados una serie de artículos y escritos en periódicos y hojas sueltas, en los cuales denunciaban ante los fieles, los “atropellos” del gobierno del general Mosquera contra la Iglesia en una clara muestra de desobediencia civil. El primero en protestar contra el decreto de Tuición fue el obispo de Antioquia, Monseñor Domingo Antonio Riaño en una pastoral del 8 de septiembre de 1861, en la cual decía: [...] conoceréis claramente por todos los fundamentos expuestos que con el decreto de Tuición y su circular aclaratoria, la misión divina de los ministros del culto católico se convierte en misión humana: Quedareis persuadidos de que son contrarios a la religión e iglesia católica, que la misión del señor sicut misit me pater ego mitto vos queda desaparecida, que los preceptos divinos docete, predicate, pasce y los demás quedan desobedecidos y vilipendiados. En virtud, pues, de los fundamentos tomados del derecho divino y de las disposiciones de la santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como pastor de esta grei que se nos ha encomendado, PROTESTAMOS EL DECRETO Y CIRCULAR MENCIONADOS, y como sucesor de los santos apóstoles decimos con ellos non possumus: No podemos, ni debemos obedecer semejantes disposiciones. Debemos obedecer a Dios y no a los hombres que se oponen a los mandatos de Dios y a los

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Crónica Oficial. Medellín. 29 de noviembre de 1862. No 6. P. 26

de la iglesia, y nos sujetamos a la pena de destierro a semejanza de los discípulos de Jesucristo juez eterno438. La pastoral de Riaño encerraba el desacato que éste haría al gobierno del general Mosquera, pues su fuero, decía él, provenía de Dios y no del Hombre, es decir, siguiendo a Gloria Mercedes Arango, “la potestad espiritual provenía del poder divino y su ejercicio no podía depender del poder temporal. Sí parte del clero se sometía con el juramento a las autoridades civiles y otra parte no se sometía, habría un cisma en la Iglesia de Antioquia”439. La defensa que hacía el obispo y sus clérigos de sus derechos ante el gobierno del general Mosquera, los llevó a atacar a ese mismo gobierno en una forma agresiva, por medio de la palabra y la resistencia activa, lo que se tornaría en una guerra verbal incidente en la guerra que se desarrollaba. Es así como el 28 de agosto de 1861, dos curas, uno de Don Matías, Mariano Sánchez, y otro de Itagüí, José Ignacio Montoya, y un sacristán mayor de Medellín, José María Gómez Ángel, publicaron juntos un folleto en la capital del Estado denominado “La Tuición”. En dicho escrito atacaban el citado decreto invalidándolo, ya que no estaba mediatizado por un concordato entre la Santa Sede y el gobierno de los Estados Unidos de Colombia. Además, la publicación hacía un llamado enérgico a los fieles para que defendieran la religión católica desobedeciendo las leyes terrenales, porque según los sacerdotes citados, las únicas leyes a las cuales se debía prestar obediencia eran a las de la divina providencia, y las de Jesucristo. Eran explícitos en mostrar que el gobierno liberal quería destruir la institución, en lo cual era secundado por “lobos revestidos de ovejas”. Así se expresaban: [...] las preocupaciones políticas, la fuerza de las pasiones de partido obran tan poderosamente, que parecieran han quitado a la razón aún el sentido común, para dejarnos presenciar el espectáculo desconsolador que nos ofrecen personas que se dicen ser católicas, apostólicas, romanas, simpatizando con el gobierno de Bogotá, que persigue, ultraja y pretende destruir la iglesia católica, apostólica y romana440.

Monseñor Domingo Antonio Riaño. Pastoral por la gracia de Dios y de la santa sede apostólica obispo de Antioquia. Antioquia, 8 de septiembre de 1861 en: Folletos Misceláneos. Volumen 91. Colección Patrimonio Documental. U. DE. A. Pp. 18 – 19. 439 Arango, Gloria Mercedes. Op. Cit. P. 52 440 Mariano A. Sánchez, José Ignacio Montoya y José María Gómez Ángel. La Tuición. Imprenta de la Sociedad. Medellín, agosto 28 de 1861 en: Folletos Misceláneos. Volumen 228. Colección Patrimonio Documental. U. DE. A. 438

El mismo escrito señalaba la libertad e independencia que debía regir a la Iglesia, lo que no se lograría con el gobierno de Mosquera y su decreto de Tuición, por tanto, la Iglesia tendría que reclamar y defender sus derechos. También se hacía alusión a un castigo divino que caería sobre la república por las consecuencias que había producido la guerra civil, siendo la “cólera divina” un resultado inevitable. De ahí que el llamado que hacían estos sacerdotes a sus fieles era el de no tener ambivalencias y medianías con el enemigo común representado por Mosquera y su gobierno. Esto sostenían: Es necesario que todos lo fieles sepan, que si los menores de los sacerdotes antioqueños tienen el valor suficiente para desafiar el rayo de la negra nube que amenaza la iglesia antioqueña, los demás sacerdotes no están menos dispuestos a darles sublimes ejemplos de abnegación, de valor y de virtud. En la desecha tempestad que nos amenaza, no queda más recurso, que asegurar la libertad eterna uniéndose cordialmente a la iglesia y acompañándola en su suerte: No hay medio, Dios o belial, Jesucristo o Mosquera441. Sobre lo anterior, uno de los defensores de la Iglesia católica, Juan Pablo Restrepo en su texto La

Iglesia y el Estado en Colombia, comenta que el decreto de Tuición era una medida improcedente del gobierno de Mosquera, al existir una incompatibilidad evidente – para él – entre federación y prohibición a los sacerdotes de ejercer su ministerio, es decir, que Restrepo hacía un ejercicio conveniente para los conservadores y la Iglesia, buscando diferenciar la federación como un asunto político, y la Tuición, como uno enteramente religioso. Por eso Restrepo señalaba que el decreto de Tuición de Cultos no obedecía al origen de la palabra que significaba “protección”, sino más bien, a “una persecución” a la Iglesia por parte del gobierno. Esto señalaba Restrepo: [...] Es inconcebible el derecho de Tuición en el Estado de separación e independencia entre las dos potestades. Tuición significa protección y nadie protege sino a aquellos con quienes lo ligan relaciones y compromisos más o menos solemnes. Protección y separación son términos absolutamente incompatibles. Pero lo más curioso, a la vez que lo más grave, es que lo que el decreto llama Tuición, lejos de ser protección, como lo indica el significado de la palabra, es persecución442.

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Ibíd.

Para el gobierno, era claro que se ejercería la Tuición sobre todo culto, o sea, su protección, sólo que entendida como inspección y para el caso de la católica, con mayor énfasis, al tratarse de la casi hegemónica en el país. Un mes exactamente después, el 28 de septiembre de 1861, escribía desde Bogotá un sacerdote de mucha importancia en las lides políticas de la Nueva Granada, quien siempre había sido un defensor de la iglesia y contrario de las ideas de la escuela liberal, Manuel Canuto Restrepo. Este prelado manifestaba por medio de una carta al general Mosquera los disgustos que causaban a la Iglesia las medidas que había adoptado contra ella. Restrepo decía desconocer el Pacto de Unión celebrado el 10 de septiembre de 1860 por el gobierno provisorio federal, toda vez que para él sólo existía un pacto común entre los granadinos determinado por la constitución política de 1858. Ateniéndose a esa constitución, Restrepo decía que el capítulo 50 daba el derecho a los granadinos de profesar, tanto en público como en privado, la religión que se quisiera, pero que “la religión católica es la única y exclusiva que existe hoy en la república, y como vos le habéis declarado la guerra persiguiendo a sus ministros, se sigue que, vuestras garantías religiosas no son más que una mentira disfrazada, una farsa inmoral y un cuento ridículo para divertir al pueblo que se duerme estúpidamente; mientras que vos veláis. No puede haber religión sin culto, no puede haber culto sin ministros; y sí vos desterráis y encadenáis a los ministros del culto católico, ¿Cómo podrá el pueblo granadino profesar la religión que quiere [...]”443. Seguidamente, en forma irónica, Restrepo patentizaba con sus palabras la ruptura entre iglesia y Estado argumentando que si bien el decreto de Tuición exceptuaba de determinados cargos a los sacerdotes como el de ser jueces, militares y alcaldes, estos caerían en una posición social de mendicidad. Así reiteraba el prelado su desacuerdo contra Mosquera diciéndole: Sí, es verdad y yo lo juro, Señor, que todas esas promesas y garantías en vuestra boca son una mentira. Los sacerdotes católicos, sí por un castigo de Dios llegarais vos, señor, a extender un dominio completo en toda la Nación; carecerían de garantías y de seguridad, que vos reserváis para los sectarios de Mahoma, para los apóstoles de Lutero y para todos los ministros de todas las herejías; pero para los ministros católicos, para los apóstoles adheridos a la santa sede romana, no habría más garantías, que las de escoger entre la apostasía y el destierro. Es verdad que ellos no serían soldados, pero serían presos; no irían a la cárcel; no serían alcaldes, jueces, ni jurados, pero serían limosneros y mendigos444.

Restrepo, Juan Pablo. La Iglesia y el Estado en Colombia. Tomo II. Bogotá. Banco Popular, 1987. Pp. 380 – 381 “Carta de Manuel Canuto Restrepo a Tomás Cipriano De Mosquera” en: El Pendón de la Justicia. Medellín, 21 de octubre de 1861. No 6. 444 Ibíd. 442 443

Después del tan comentado decreto de Tuición de cultos, y de las expresiones agresivas y descalificadoras de los prelados para con sus mentores, y de las exigencias para que clérigos y obispos obtuvieran sus respectivos PASES para ejercer funciones, el gobierno del general Mosquera expidió el 26 de julio de 1861, otro decreto por el cual se expulsaba la Compañía de Jesús del territorio de los Estados Unidos de Colombia: Art. 1°. La Compañía de Jesús, que no ha podido establecer sin la ley de incorporación será disuelta por la autoridad y ocupados los bienes que ha adquirido sin tener personería. Art. 2°. Como medida de alta policía se le hará salir del país inmediatamente, extrañando a sus miembros como infractores de la ley y enemigos del gobierno de los Estados Unidos445. El tono de la disposición era contundente y no tenía contemplación alguna con los religiosos que tuvieron que salir de la república, aportando con ello un elemento más a la discordia entre la iglesia y el Estado. El gobierno de Mosquera sostenía que los jesuitas participaron activamente en la guerra civil como alimentadores de las pasiones en favor de los oficialistas, utilizando los púlpitos fogosamente como “que en la presente guerra civil han tomado parte los padres jesuitas exhortando a los soldados del partido centralista a sostener el poder de los usurpadores [...] repartiéndoles medallas para persuadirlos de que con ellas se salvarían defiendo al gobierno general”446. Los padres jesuitas ya habían sido materia de controversia entre la Iglesia y el Estado. Después de haber sido expulsados a finales del siglo XVIII, el gobierno conservador del general Pedro Alcántara Herrán (1841 – 1845) los trajo nuevamente a la Nueva Granada en 1844 por iniciativa de Mariano Ospina Rodríguez, quien veía en la Compañía de Jesús una orden religiosa tutora para la juventud, al garantizar una educación con altos principios morales, religiosos y utilitaristas prácticos opuestos a las tendencias secularizadoras de la escuela liberal que propugnaba por una educación laica, con base en los textos de Bentham y Tracy. El considerando 7° del decreto de expulsión decía que “la compañía o sociedad tenía tendencias contrarias a la paz pública”, lo que la hacía ver como una institución peligrosa para la sociedad, pues ésta 445

Restrepo, Juan Pablo. Op Cit. P. 207

propagaría ideas contrarias a las del gobierno del general Mosquera, ya que su principal defensor, Mariano Ospina Rodríguez, había sido atacado por éste. Los demás considerandos de la disposición aducían que los jesuitas, como comunidad religiosa, no estaban acatando los mandatos de la ley del 14 de mayo de 1855 sobre “Comunidades Religiosas”, según los cuales estos habían llegado a la Nueva Granada constituidos como sociedad, pero sin acatar la norma que los regulaba como tal. De esta manera, se podría afirmar que fueron varias las causas que llevaron a Mosquera a expulsar la Compañía de Jesús: los jesuitas eran contrarios a las ideas del gobierno mosquerista y aliados del partido conservador; al tener propiedades y ser una sociedad ya constituida con anterioridad al decreto del 14 de mayo de 1855447, no se regulaban por éste o no lo obedecían; en estas condiciones el gobierno del general Mosquera no controlaría esta comunidad en su carácter jurídico; y finalmente, la influencia social de esa comunidad era ya conocida de antes.

Pero si la Tuición y la expulsión de los jesuitas afectaron radicalmente a la Iglesia Católica, otra de las medidas que la impactó definitivamente fue sin duda alguna, el decreto del 9 de septiembre de 1861, sobre Desamortización448 de Bienes de Manos Muertas. Esta disposición buscaba liberalizar los bienes inmuebles (propiedad raíz), semovientes y censos a interés que se encontraban en posesión de determinadas corporaciones que tenían prohibido enajenar (transmitir o vender la propiedad) los bienes raíces que constituían su dotación permanente, denominándose estas entidades como de Manos Muertas. El decreto era el producto de las políticas económicas de la secularización, el fortalecimiento del Estado liberal y del libre cambio en donde la propiedad raíz, sobre todo de la iglesia, pasaría en buena parte a poder del Estado quien la remataría a los particulares para así obtener recursos. “La iglesia poseía un inmenso poder económico para el gran número de propiedades urbanas y rurales. Las disposiciones coloniales favorecían a la adquisición de bienes sobre todo inmuebles para la iglesia y las entidades religiosas, pero ponían muchas trabas para su enajenación. Se calcula, posiblemente con alguna exageración, que en 1861, el año de la desamortización, la iglesia poseía una tercera parte de los bienes inmuebles del país”449. Aunque lo dicho Citado en: Guerra, José Joaquín. Op. Cit. P. 249 El artículo 2° de dicha ley decía: “Las respectivas Iglesias y las congregaciones de cualquiera comunión que sean, serán incorporadas por una ley que les dé carácter y personería para manejar sus rentas muebles e inmuebles, siempre que guarden las reglas establecidas por la ley para adquirir, o que hayan sido adquiridas legalmente, en cuya posesión se mantiene a las que hoy existen, con absoluta independencia de todo poder extraño y con personería conforme a sus constituciones y estatus. Tomado de: Restrepo, Juan Pablo. Op. Cit. P. 51 448 Acción legal encaminada a liberar y entregar a contratación general las propiedades inmuebles acumuladas en poder de entidades incapacitadas para enajenar sus bienes. 449 Tirado Mejía, Álvaro. El Estado y la política en el siglo XIX en: La Nueva Historia de Colombia. Volumen II. Editorial Planeta. Bogotá, 1989. P. 168 446 447

por Tirado es exagerado, estos bienes estaban sujetos a perpetuidad entre sus mismos poseedores. Con la presente medida, el Estado, una vez moría el poseedor o caducaba la entidad de uno de estos inmuebles, éste pasaba a tomar posesión del mismo. El artículo 6º del decreto decía: “Que la Nación tiene derecho de suceder en la posesión de los bienes a las corporaciones que dejen de existir, y que por tanto, es a ella a quien corresponde cuidar y conservar los valores destinados a los objetos de utilidad y pública beneficencia, como también al culto de cualquiera denominación, en virtud de las prerrogativas del patronato universal y dominio inminente [...]”450. Las razones que manifestaba el poder ejecutivo para decretar esa medida estaban dirigidas a golpear el poder económico de la Iglesia por su participación en la guerra, por ser una institución incidente y obstaculizadora de las reformas liberales, y además, porque con la desamortización se tratarían de aliviar las rentas del Estado que habían quedado tan golpeadas después de la guerra civil, y cuyo fisco era todavía débil y famélico. Entre las razones más aducidas se afirmaba que era necesario eliminar los obstáculos para el libre movimiento y circulación de gran parte de la propiedad raíz de la nación; que las corporaciones, congregaciones y sociedades denominadas de Manos Muertas no podían poseer a perpetuidad bienes inmuebles ya que estaban en contra del artículo 13 del Pacto de Unión, el cual decía que “los bienes, derechos y acciones, las rentas y contribuciones que pertenecieron por cualquier título al gobierno de la extinguida Confederación Granadina, y últimamente al de los Estados Unidos de la Nueva Granada, corresponde desde esta fecha en adelante al gobierno de los Estados Unidos de Colombia”451; que muchas corporaciones habían quedado en quiebra por el hecho de haber “dado en venta a censo las propiedades inmuebles, con perjuicio de las mismas instituciones”, y que representaba una garantía para la nación el hecho de desamortizar los bienes inmuebles para ser reconocido el valor por el Estado, ya que sería este el responsable de respetar la posesión, dando confianza y fe de que dichas propiedades seguirían produciendo una rentabilidad segura. Por tal motivo, el gobierno decretaba: Artículo 1º. Todas las propiedades rústicas y urbanas, derechos y acciones, capitales de censos, usufructos, servidumbres u otros bienes, que tienen o administran como propietarios o que pertenezcan a las corporaciones civiles o eclesiásticas y establecimientos de educación, beneficencia o caridad, en el territorio de los Estados Unidos, se adjudican en propiedad a la Nación por el valor

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Crónica Oficial. Medellín, 1º de diciembre de 1862. No 7. P. 2 Pombo y Guerra. Op. Cit. P. 97

correspondiente a la renta neta que en la actualidad producen o pagan, calculada como rédito al 6 por 100 anual; y reconociéndose en renta sobre el tesoro, al 6 por 100, Artículo 2º. Bajo el nombre de corporaciones se comprenden todas las comunidades religiosas de uno u otro sexo, cofradías y archicofradías, patronatos, capellanías, congregaciones, hermandades, parroquias, cabildos, municipalidades, hospitales, y en general, todo establecimiento y fundación que tenga el carácter de duración perpetua e indefinida. Artículo 3º. Tanto las fincas rústicas como las urbanas que se hallen arrendadas directamente por las corporaciones, continuarán en poder de los arrendatarios hasta la conclusión del año en curso de sus arrendamientos; y los inquilinos se entenderán con los agentes de la Junta del Crédito Nacional, a cuya caja de amortización deben entrar los productos de dichas fincas y de los bienes muebles y semovientes anexos a ellas. Artículo 4º. Sólo se exceptúan de la adjudicación que queda prevenida, los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto del culto o del instituto, como los templos, casas de reunión episcopales y municipales, colegios, hospitales, hospicios, mercados, cárceles, penitenciarías, casas de corrección y las habitaciones en que residan los religiosos y monjas; y por razón de oficio, los que sirvan al objeto de la institución, como las casas de los párrocos, de los magistrados, y localidades de las oficinas públicas. Se exceptúan también, de las propiedades pertenecientes a las municipalidades, los edificios, ejidos y terrenos destinados exclusivamente al servicio público de las poblaciones a que pertenezcan452. Así, el decreto atacaba directamente las propiedades eclesiásticas y civiles que producían rentas pingues tanto de particulares individuales como de corporaciones, fueran éstas rurales o urbanas. Según Fernando Díaz Díaz, los bienes raíces desamortizados “comprendían haciendas de extensión variable, así como edificios, casas y tiendas. Sin embargo, las medidas de desamortización concedían mayor importancia a las propiedades raíces ubicadas en ciudades y campos”453. Claro que Díaz Díaz afirma que en el momento de la desamortización, en la sola ciudad de Bogotá, se remataron en su gran mayoría: casas, tiendas, almacenes, edificios y solares avaluados en $ 1’590. 166454, lo que podría indicar que los dineros recaudados por concepto de la desamortización, provenían, en gran parte, de las propiedades urbanas. Se 452

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Decreto de Desamortización de Bienes de Manos Muertas en: Crónica Oficial. Medellín, 1º de diciembre de 1862. No 7. Pp. 1 –

Díaz Díaz, Fernando. Estado, Iglesia y desamortización en: Manual de Historia de Colombia. Tomo II. Procultura S. A. Instituto Colombiano de Cultura, 1984. P. 448 454 Ibíd. P. 458 453

estima que el valor total de los bienes desamortizados fue de 12 millones de pesos, siendo los Estados de Cundinamarca, Cauca y Boyacá los que más contribuyeron al tesoro nacional; y los Estados del Magdalena, Bolívar y Antioquia los que menos dinero recaudaron por concepto de desamortización455. De esta forma, y según los datos de Díaz Díaz, el Estado de Antioquia siendo un fortín católico, no pudo representar unas buenas cuantías económicas para el gobierno, ya que la desamortización se cumplió allí de manera irregular: Sorprende que siendo el Estado de Antioquia uno de los más importantes en lo que a religiosidad se refiere, haya ocupado un lugar relativamente secundario por concepto de rentas desamortizadas. Tal parece que la oposición a las medidas de desamortización adquirió en territorio antioqueño caracteres más efectivos que en otros lugares del país, lo que impidió que en este Estado el proceso se cumpliera bajo cierta normalidad. La oposición no fue sólo del clero antioqueño, sino que contó decididamente con la colaboración de los funcionarios encargados de cumplir las normas sobre el particular, quienes en forma ostensible las entorpecieron por todos los medios a su alcance456. El hecho de que la desamortización no fuera efectiva en el Estado de Antioquia por la oposición que hubo allí a esa medida, y a todas aquellas que atentaran contra los intereses de la Iglesia católica, no quiere decir que esa sea la única razón que explique el hecho. Vemos que los datos de Díaz Díaz muestra una eficiencia en los recaudos en los Estados de Cundinamarca, Cauca y Boyacá quienes fueron más efectivos en aportes a la desamortización, pues estos Estados eran de tradición hacendataria, mientras que el Estado de Antioquia no. Esta especulación hay que tenerla en cuenta, así no tengamos para este estudio datos empíricos que los corroboren, pero sí se tiene una tradición histórica que demuestra que tanto el altiplano como el Estado del Cauca se caracterizaron por poseer economías con base en la propiedad raíz extensa, como la agricultura, la ganadería y la minería, mientras que el Estado de Antioquía, por el contrario, basó su economía en la mediana y pequeña propiedad, y sobre todo, en el comercio. De esta forma, la desamortización no fue tan dramática en el Estado de Antioquia como en otros Estados de la Confederación Granadina, siendo al parecer éste, un problema más del orden cultural y social que económico en la región. Por ello, en la región antioqueña existió un peso tan fuerte de la Iglesia católica sobre la población en general, y una tradición política conservadora, en donde los liberales no agotaron esfuerzos en denunciar ante la opinión pública, la alianza entre la iglesia y partido conservador. Lo anterior se manifiesta en una 455

Ibíd. P. 457

carta enviada por el presidente provisorio, Tomás Cipriano de Mosquera, a su santidad Pío IX, el 15 de enero de 1862 desde Facatativá, en la cual, además de informarle sobre la desobediencia de los decretos de Tuición y desamortización por parte de los prelados católicos, justificaba las medidas adoptadas. Esto decía un aparte de la misiva: El gobierno de Colombia no pretende, ni sus actuales magistrados, que somos católicos, podemos desear otra cosa sino que se conserve la unidad de la iglesia sin intervención del Poder público; pero al mismo tiempo exigimos que los mismos eclesiásticos no se mezclen en la cosa pública, porque es desnaturalizar una institución divina haciéndola depender del triunfo de un partido político, que no quiere sino el pretexto de llamarse defensor de la religión, para apoderarse del gobierno y tener por instrumento a los obispos y sacerdotes, con lo cual no sucederá otra cosa que escandalizar al mundo y hacer de la institución divina un elemento de gobierno457. La carta de Mosquera a Pío IX tenía el tono del respeto por el máximo jerarca de la iglesia católica, pero la firmeza en los principios que lo guiaban a tomar las determinaciones que afectaron esa institución. En ella argumentaba las razones por las cuales era imprescindible el decreto de Tuición en una nación que no tenía colegios suficientes y calificados para formar idóneamente a los exponentes del evangelio, lo que implicaba una desmoralización de los sacerdotes, quienes se mezclaban en política sin autoridad moral, y además, algunos de ellos vivían amancebados. Esto decía el caudillo caucano: Con mucho sentimiento tengo que decir a vuestra santidad que un número crecido de curas vive amancebado escandalosamente; por lo cual no pueden predicar la moral [...] por lo cual, usando del decreto que me corresponde como Supremo Magistrado de esta Nación, he dictado el decreto de Tuición para proteger a los colombianos en el libre ejercicio de su culto, y no permitir que se hagan cargo de las iglesias episcopales y parroquiales aquellos individuos que se mezclan en la política para perturbar la paz pública, ni los que, por su conducta escandalosa, ofenden la sana moral [...]458.

Ibíd. P. 458 “Carta Autógrafa. T. C. de Mosquera, presidente de los Estados Unidos de Colombia, a su santidad Pío IX” en: Crónica Oficial. Medellín, 24 de noviembre de 1862. No 5. P. 22 458 Ibíd. 456 457

Inmediatamente Mosquera aludía a la justificación del decreto de desamortización de bienes de manos muertas diciendo que “la piedad de los católicos de esta Nación había dedicado al culto grandes riquezas, y desde que la autoridad pública no ha intervenido en su conservación han desaparecido gran parte de las propiedades, enajenándose indebidamente; y, con pocas excepciones, los obispos han contribuido, con una condescendencia vituperable, a que estos bienes se dilapiden. Por tanto, fue necesario disponer que todos aquellos bienes se desamortizaran, para que entren en el comercio nacional, consolidándose su valor en el Tesoro Nacional, a fin de que los réditos sean religiosamente aplicados al objeto para que fueron donados”459. Como se había expresado anteriormente, la desamortización de bienes de manos muertas buscaba la liberalización de la propiedad raíz, para que entrando ésta en el mercado, las ganancias pasaran a aliviar el déficit fiscal de la nación. La intención puesta en práctica, buscaba hacer una especie de reforma agraria que “democratizara” la propiedad raíz. Pero según la opinión del economista e historiador, Luis Ospina Vásquez, la supuesta ganancia que obtuvo el Estado no fue tan significativa con dicha medida. Esto afirmaba: La desamortización de los bienes eclesiásticos y otros (de universidades y otras instituciones y entidades), que tuvo un éxito moderado desde el punto de vista fiscal, cambió ligeramente la forma del latifundismo en los pocos sitios donde los bienes de manos muertas representaban una extensión considerable, pero en general, aunque alguien la calificó recientemente de “medida salvadora de la industria colombiana”, fue de importancia muy secundaria por los aspectos económicos y sociales, y no afectó en forma sensible la influencia de la iglesia, como no la afectaron las medidas “anti – clericales” que se juzgó conveniente tomar en ciertos momentos, y que fueron la primera causa de la agitación que vivió el país durante este período460. Es del caso afirmar, como lo señala Tirado y Díaz Díaz, que allí se produjo un tránsito del latifundio y otros bienes clericales, al latifundio y apropiación de otros bienes por parte de laicos, algunos de ellos, incluso conservadores que los compraron a través de testaferros, para evitar la excomunión que la Iglesia haría sobre quienes remataron y compraron sus haberes.

Ibíd. Ospina Vásquez, Luis. Industria y Protección en Colombia 1810 – 1930. Medellín. Biblioteca colombiana de Ciencias Sociales. FAES, 1987. Pp. 264 – 265 459 460

El 5 de noviembre de 1861, el gobierno expidió dos decretos que presagiaban una pugna aún más enconada entre la iglesia y el Estado. Los decretos se referían a la ejecución de los de Tuición y desamortización, y extinción de las comunidades religiosas del distrito federal y del Estado de Boyacá. El primer decreto se debía a la desobediencia que el prelado y jerarca de la iglesia en el distrito federal había hecho de los decretos de Tuición y Desamortización, es decir, de los del 20 de julio y 9 de septiembre de 1861 respectivamente, que ponía “riesgo la paz y la tranquilidad de la república” y exacerbaba “las pasiones populares”. Por ello, el poder ejecutivo al ver que el Arzobispo de Bogotá, Antonio Herrán, contravenía las mencionadas disposiciones legales, decretó: Articulo 1º. Redúzcase a prisión al señor Arzobispo, hasta tanto que el poder ejecutivo de la Unión determine el lugar a que deba ser confinado, o su expulsión del territorio de la república. Artículo 2º. El Jefe Municipal del Distrito federal se apoderará y pondrá en perfecta seguridad el archivo de la Curia Eclesiástica, y todos los documentos, papeles y libros que tengan conexión con el Arzobispado. Artículo 3º. Durante la prisión del Señor Arzobispo, se le mantendrá en un local decente y con todas las comodidades compatibles con la situación, evitando que esté en comunicación con individuos hostiles al gobierno de la Unión colombiana461. El segundo decreto ordenaba la extinción de las comunidades religiosas por la resistencia que éstas hacían al decreto de desamortización, aduciendo que lo desobedecerían hasta que no recibieran una orden de la Santa Sede. También, el gobierno de Mosquera justificaba la medida toda vez que estas comunidades, al resistir el decreto entraban en una “rebelión contra el gobierno de la Unión”, lo que era visto por los liberales como un peligro de trastorno del orden público. Así rezaba la disposición: Artículo 1º. Se extinguen en el Distrito Federal y en el Estado de Boyacá todos los conventos, monasterios o casas de religiosos de uno u otro sexo. Artículo 2º. En los demás Estados en que los individuos de las comunidades religiosas resistan o entorpezcan de cualquiera manera el decreto sobre desamortización de bienes de manos muertas, se extinguirán igualmente dichas comunidades, a juicio del poder ejecutivo nacional.

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Boletín Oficial de Antioquia. Medellín, 20 de diciembre de 1861. No 59.

Artículo 6º. Los miembros de las comunidades religiosas de uno u otro sexo que obedezcan los decretos sobre “Tuición” y “Desamortización de bienes de manos muertas”, del 20 de julio y 9 de septiembre últimos, podrán continuar viviendo en comunidad, y con derecho a la renta viajera que les asigna el decreto expresado sobre “Desamortización de bienes de manos muertas”462. Así, por la resistencia y desobediencia de la iglesia al gobierno, la situación se hacía cada vez más tensa entre las dos potestades. Por tal motivo, esa desobediencia fue castigada por el gobierno con la pena del destierro, cosa que tuvo que afrontar el representante de la Santa Sede, señor Miecislao Ledochowski y posteriormente el arzobispo Antonio Herrán. Se volvía a repetir de cierto modo la historia, cuando en la administración del general José Hilario López se adoptaron medidas que pasaron también por el destierro de los jesuitas y el del arzobispo de Bogotá (Manuel José Mosquera), y por otras medidas contra la iglesia. Así, era de esperarse y como fue la costumbre, se utilizó un lenguaje cargado de resentimiento e intolerancia por ambos bandos. Un escrito publicado por A. M. D. A. M. el 2 de septiembre de 1861, reflejaba el pensamiento conservador y de apoyo a la causa religiosa. El escrito atacaba directamente el decreto de Tuición argumentado que los representantes de la iglesia, empezando por el apóstol San Pablo, nunca requirieron de un pase o permiso para evangelizar. El escrito terminaba fustigando al gobierno de Mosquera, el cual se había propuesto hacer una “persecución desenfrenada a la iglesia católica” y señalaba al presidente provisorio como Ecce Homo, es decir, “Eh aquí el hombre”, culpable de todos los males del país. En algunos apartes se hacía referencia a las tres últimas revoluciones que afectaron al país, en donde estuvo el partido liberal como protagonista principal. Esto decía: A todos interesa de la manera más viva, pues los principios, la experiencia y los hechos de 1849, 1854 y 1861, han demostrado hasta la saciedad, que el partido larebil, ya tome por cabeza a Manuel Murillo Toro, enarbolando el pendón de la demagogia, o ya corra como huérfano prodigo, a buscar el apoyo y protección del espandón Mosquera, siempre lleva por objeto primordial la destrucción del catolicismo y el completo aniquilamiento del orden social en la Nueva Granada. ¿Conocéis su bandera? Vedla: Por un lado ¡IMPIEDAD! Por el otro, ¡ROBOS, VIOLENCIAS Y CADALSOS!463. Más adelante, este anónimo exhortaba al combate: Ibíd. A. M. D. A. M. Sobre persecución a la iglesia. 2 de septiembre de 1861 en: Folletos Misceláneos. Volumen 138. Colección de Patrimonio Documental. U. DE. A. 462 463

Nosotros sabemos que en tiempos de epidemias todo el mundo es enfermo, y soldado en tiempos de revolución, sabemos que lo mismo debe hacerse en las tristes épocas de enfermedades morales como en cuestiones religiosas: Es entonces que todos los católicos tenemos el santo deber de correr a la arena, empeñar el combate y luchar con denuedo hasta vencer o morir464. José Joaquín Guerra hacía alusión también a otras medidas de persecución a la iglesia, y entre ellas, contaba con un decreto expedido en Medellín el 18 de noviembre de 1862, por el cual el gobierno se reservaba la provisión de capellanes de las “iglesias abandonadas por causa de esa misma persecución”. Ese decreto estipulaba también, en el artículo séptimo, la prohibición de publicación bulas pontificias sin la autorización del gobierno, quien las vigilaba por medio de un pase, ya que se corría el peligro de que estuvieran en contra de la soberanía nacional. Lo que no expuso Guerra, con referencia al mismo decreto, era que en los tres primeros artículos se hacían exenciones a los ministros de la iglesia, tales como: cargas municipales, servicio de jurados, contribuciones personales de lo percibido por limosnas y derechos eclesiásticos, y servicio militar. Lo anterior tenía la finalidad de prevenir la intervención de los representantes de la iglesia en asuntos y “negocios políticos directa e indirectamente”. De esta manera, las relaciones iglesia – Estado llegaban a un punto culminante en donde, como se ha descrito, cada una de las partes argumentaba sus razones para actuar hacia el contrario de la forma recia, dura y excluyente. El Gobierno de Mosquera utilizó las leyes para someter a esa institución a su obediencia, evitando su posible interferencia en el gobierno federal. Pero, dicho gobierno lo único que hizo fue “cavar su propia tumba” – sí se permite el término – ya que la iglesia al verse excluida de los negocios oficiales, sobre todo en materia de educación, buscó de nuevo la alianza con el partido conservador para derrocar el gobierno federal en el Estado de Antioquia. La polarización se acentuó cada vez más entre la iglesia y el gobierno liberal representado por Mosquera. Ya las reformas liberales en el gobierno de José Hilario López habían dejado una huella imborrable en la Iglesia católica, la cual identificó al partido liberal en cada momento como su enemigo. Los textos citados hasta el momento muestran sólo una pequeña parte de esta confrontación entre la potestad civil y la eclesiástica, que dejó para la posteridad la iniciación de otras guerras civiles, entre ellas, la acontecida en los años 1876 – 1877, en la cual el problema central fue orden

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Ibíd.

religioso, y que había quedado iniciado con la constitución de 1863, representación del ideario liberal – radical. Transcurrido el mes de noviembre de 1862, en la ciudad de Medellín, la Crónica Oficial, periódico del gobierno del Estado Soberano de Antioquia, publicaba un escrito anónimo el día 16, en donde se manifestaba el odio, la intolerancia y el encono de algún liberal para con la iglesia católica. En dicho escrito titulado El clero prostituye la religión y conspira contra la iglesia, se argumentaba por qué esta institución era la encargada de alimentar las pasiones políticas en contra del gobierno federal, utilizando los templos con el único fin de exacerbar la intolerancia y el odio, lo que produciría la guerra inminente: Los clérigos, como los demás hombres, están sujetos a influencias de las pasiones; y unos por ignorancia, otros por debilidad y varios por corrupción, cometen faltas que ofenden a la moral y las buenas costumbres. Nadie ignora la crónica poco evangélica con que festejan a nuestra sociedad algunos de los pretendidos ministros del altar. Y ¿Qué se ha hecho para evitar siquiera los escándalos cometidos por delincuentes encubiertos con el ropaje del sacerdote? ¿Quién castiga a esos falsos apóstoles, que en vez de cumplir los mandatos divinos, se entregan a discusiones acaloradas de política, a ambiciones de toda especie y sustituyen su carácter de mansedumbre con las pasiones más desenfrenadas?465. En el mismo artículo se defendía la ejecución de los decretos de Tuición y de desamortización de bienes de manos muertas, y se hacía una exposición histórica según la cual, la iglesia siempre había estado en contra de revoluciones como la de independencia cuando el libertador Bolívar fue excomulgado “por el edicto de 3 de diciembre de 1814, con todos los que lo auxiliaron, declarándolos herejes e impíos”. En fin, el escrito era crítico contra la iglesia, y al ser publicado en el periódico oficial, al parecer, se pretendía por parte del gobierno mosquerista incrementar las tensiones también las pasiones entre la población. Unos párrafos bastan para apreciar el talante y tono del escrito referido a la exaltación de las pasiones por parte de la iglesia: El encargado de apacentar la grei ha visto con placer la transformación de sus ovejas en lobos – aún ha hecho más: A sacerdotes eminentemente morales, los ha reprendido, porque no se ha prestado a contribuir a la propaganda incendiaria de protestas de rebeldía en que el manso maestro de la caridad 465

Crónica Oficial. Medellín, 29 de noviembre de 1862. No 6. P. 27

cristiana ha lanzado al clero. Y este, ocupado en negocios mundanos, ha abandonado la instrucción del pueblo, que lleva al corazón la fe de la religión y las dulces esperanzas que nacen de la práctica de la virtud. Ha descuidado enteramente la educación moral que inspira a las clases inferiores la conciencia del deber. La religión que ha predicado no es el catolicismo, es el fanatismo; es el odio contra nuestros semejantes; la guerra contra el gobierno que se oponga a su dominación; el servilismo hacia sus miras proditorias y las del partido que sostiene; la intolerancia más salvaje; la envidia a los que sean superiores a sus reprobadas intenciones; y últimamente, las ideas más extravagantes acerca de la divinidad, que ellos describen, no como la omnipotencia que rige al universo, sino como un ser susceptible de fluctuar al impulso de las caprichosas y vacilantes exigencias del hombre466. Seguidamente, se aludía directamente a la falta ética en el ejercicio religioso, y el deber que tenían los sacerdotes de aplicar los sacramentos sin distinción de color político, porque, al parecer, estos eran llevados por la pasión y el odio hacia el contrario: Y ¿Cómo pueden calificarse los actos de los clérigos de Antioquia en estos últimos días? Negar la absolución a los penitentes, porque sus opiniones eran liberales: No celebrar el matrimonio de un joven, porque su padre había redimido censos; hacer cosa igual con otro, cuyo progenitor no pagara diezmos, ¿No es el colmo del ultraje, audazmente arrojado a la frente de una asociación? Pero no es esto todo: Ellos han abusado del sigilo del confesionario para propalar ideas antipatrióticas y disociadoras y para sorprender la credulidad de las mujeres queriendo convencerlas, de que contrariar las opiniones heréticas de sus maridos, es un deber: Sí, el deber de sostener la discordia doméstica, el deber de esos clérigos que leen en el decálogo: “ODIAR”, en vez de “AMAR”467. El escrito terminaba con una sentencia del autor, en la que culpaba a los clérigos de que de presentarse una próxima guerra civil en la república, esta sería obra y arte suya porque, alimentaban “las pasiones” y dejaban todo servido en “bandeja de plata” para “el desenfreno de los odios” entre los partidos políticos: Los acontecimientos que se han cumplido y que han dado por resultado el establecimiento de los Estados Unidos de Colombia, y con él la fundación de la verdadera libertad, prometen que muy pronto reinará 466

Ibíd.

la paz en toda la extensión de la república. Sí algunas chispas de incendio revolucionario volvieran a aparecer, (que no lo tememos, porque el pueblo ha comprendido ya sus intereses) los clérigos rebeldes serán los responsables de sus resultados; porque son los únicos que concitan hoy el odio contra el gobierno, los que provocan la guerra, los que se oponen a la voluntad popular, los que difunden sentimientos de rencor y de intolerancia, los que quieren usurpar las prerrogativas de la potestad civil; en una palabra, los clérigos rebeldes son los únicos enemigos de la religión y los antagonistas declarados de la tranquilidad pública468. Como se puede apreciar, este texto revela el antagonismo vivido en esa época entre el gobierno y la oposición clerical. Ya el gobierno del Estado Soberano de Antioquia estaba acondicionándose a las nuevas políticas del sistema federal, con los nombramientos del nuevo gabinete ejecutivo del Estado y la convocatoria de la Legislatura estatal y nacional. Las medidas que, por ese entonces, se llamaron de “persecución a la iglesia” comenzaron a regir en el Estado, en el cual, los sacerdotes se tenían que someterse al nuevo gobierno, mediante documento firmado, en que declaraban su obediencia al Estado Soberano de Antioquia y al decreto de Tuición. Fue allí, precisamente, cuando el obispo de Antioquia, monseñor Domingo Antonio Riaño, tuvo que salir confinado hacia el Estado del Cauca, a orillas del pacífico, por desobedecer esos mandatos legales. La descripción del sometimiento y confinamiento del obispo de Antioquia, Domingo Antonio Riaño fue traída a cuento por Estanislao Gómez Barrientos, quien en una exposición bastante parcializada en favor de la iglesia, trató de dejar expuesto un estado de confrontación entre buenos y malos. En este caso, los buenos serían la iglesia y los conservadores ultrajados por la guerra, y los malos, los liberales encabezados por Mosquera y su séquito de “perseguidores”. Decía Gómez Barrientos que el 28 de noviembre de 1862 se celebró en la casa del presidente en la ciudad de Medellín, una conferencia entre éste y el obispo, a quien se le había hecho venir desde la ciudad de Antioquia para que se sometiera a los decretos de Tuición y desamortización. La conferencia entre Riaño y Mosquera fue representada como – decía Gómez B – “del salvador en el pretorio de Pilatos o ante Anás”. Riaño venía acompañado de varios presbíteros y se vio sometido a la presión de tener que aceptar o no aceptar los mencionados decretos. Debe recordarse que el mismo obispo Riaño ya había publicado una pastoral el día 18 de septiembre de 1861, en la que manifiesta

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Ibíd. Ibíd.

enérgicamente su no – sometimiento a los decretos contra la iglesia469; pues bien, el obispo tuvo que afrontar las consecuencias que él mismo presagiaba sí desobedecía tales disposiciones legales. Así, la conferencia tuvo el siguiente desarrollo, durante el cual el general Mosquera era quien ordenaba. Este es el relato de Gómez Barrientos: “Estoy resuelto a emplear la fuerza para hacer respetar los decretos. Si el padre obispo no presta el juramento de obediencia será confinado en Izquandé, los clérigos que no se sometan serán también desterrados”. Todas sus palabras en tono imperioso y airado. Y la barra liberal acogía todas las palabras del general con estrepitosos aplausos. - “Padre obispo”, le dijo para concluir el acto: ¿Se somete o no se somete?” - Señor, le respondió el prelado, es necesario que el Papa intervenga en esto: La cuestión no puede resolverse en tan corto tiempo. - ¿Se somete o no se somete?, Volvió a preguntarle. - Y el señor obispo contestó: Señor tengo que atender a mi conciencia. - Poco me importa, dijo el general, lo que me interesa es la mía. - Señor, necesito algún término para arreglar mis cosas, mi familia... Y con voz semi irónica y retumbante le replicó: - No hay término: O se somete, o se va a la cárcel para seguir mañana para Izquandé (lugar malsano en la costa pacífica). Como el señor obispo no se prestó al sometimiento, el general exclamó: Capitán Arboleda, lleve al señor a la cárcel. Terminó la escena y se separaron los dos sin más despedidas470. Esta escena, como la llama Gómez Barrientos, y como la construyó a su manera, daba a entender el enfrentamiento existente, y la representación conservadora que se formó sobre Mosquera: impositivo, cruel y diabólico. Como Riaño, en todo caso, hubo muchos sacerdotes que se tuvieron que someter a los decretos, a fin de no acarrear las penas de confinamiento y destierro impuestas por el gobierno general. José Joaquín Guerra alude al decreto del 9 de diciembre de 1862 en donde se ordenaba enfáticamente el sometimiento a las medidas:

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Riaño, Domingo Antonio. Monseñor. Op. Cit Gómez Barrientos, Estanislao. Op. Cit. Pp. 560 - 561

Artículo 1º. Los presidentes, Gobernadores o jefes superiores de los Estados y el Jefe Municipal del Distrito Federal, procederán inmediatamente a exigir a los eclesiásticos que se encuentren en el territorio de su mando, el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos de Colombia, y el sometimiento a los decretos de tuición y desamortización de bienes de manos muertas, y demás disposiciones que dimanen del poder ejecutivo nacional. Artículo 2º. Los eclesiásticos que se denieguen a hacer las declaratorias de que trata el artículo anterior, serán confinados a los lugares que determine el poder ejecutivo, o extrañados del territorio de la Unión471. Antes de promulgado este decreto, varios sacerdotes ya se habían sometido al gobierno federal mediante un documento, jurando obediencia ante el presidente de los Estados Unidos de Colombia o, en su defecto, ante la autoridad respectiva. Definitivamente, los sacerdotes sometidos al gobierno y a sus decretos, lo hicieron por fuerza, conveniencia, y en algunos casos, por convicción, aunque la gran mayoría de ellos estaban contra el gobierno de Mosquera. Este es un ejemplo del sometimiento de algunos sacerdotes al gobierno: Ciudadano Presidente de los Estados Unidos de Colombia y Gobernador del Estado Soberano de Antioquia. Francisco de P. Benítez, cura propio de Medellín, ante vos con el debido respeto hago presente: Que reconozco el gobierno que tan dignamente ejercéis, y me creo en el deber de prestaros obediencia, y muy especialmente a los decretos que habéis expedido sobre Tuición y Desamortización de bienes de manos muertas, esperando de vuestra ilustración que protegeréis a todos los católicos, y particularmente a todos mis feligreses en el ejercicio de la Santa Religión en la que habéis tenido la dicha de nacer. Deseo que mi espontáneo sometimiento al gobierno contribuya en alguna manera a cimentar la paz que es la que tenemos deber de predicar a los ministros de Jesucristo. Medellín, 18 de noviembre de 1862472.

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Guerra, J. J. Pp. 253 - 254

Al tiempo, el gobierno hacía énfasis en la no-intervención de los sacerdotes en cuestiones políticas; por ello algunos formaron declaraciones del siguiente estilo: Al señor Secretario de lo Interior y de gobierno del Estado Soberano de Antioquia. José María Gómez Ángel, Presbítero, ante usted por mi palabra de honor y de sacerdote protesto: 1º. Que reconozco al gobierno de los Estados Unidos de Colombia y me someto a sus decretos y disposiciones, y muy particularmente a los decretos de “Tuición y desamortización de bienes de manos muertas”. 2º. Que directa ni indirectamente hostilizaré a dicho gobierno ni a las autoridades establecidas. 3º. Que me ocuparé en las funciones de mi ministerio, absteniéndome de compromisos políticos. En fe de lo cual firmo este memorial en Medellín a 3 de diciembre de 1862. José M. Gómez Ángel473. Como se puede apreciar, el sometimiento se hacía en una especie de formato con unas respuestas predeterminadas o que eran impuestas por el gobierno federal. Este sometimiento, como se ha reiterado en este trabajo, obedecía a un peligro latente que presagiaba el gobierno, de una posible intervención de la Iglesia con el partido conservador para derrocar al gobierno recientemente establecido. Por ello, el decreto de Tuición era explícito al expresar la PROTECCIÓN que haría el gobierno a los fieles de las influencias de los sacerdotes con tendencias fanáticas y sin ninguna competencia religiosa, quienes los cuales pervertirían la sociedad, llamándola al resentimiento y a la guerra para derrocar a “los infieles liberales” que se encontraban en el poder. Estas fueron las razones expuestas por los liberales en sus medios escritos, en los que atizaban también la “tea de la discordia”. Por eso, la confrontación política – religiosa dejó cimentadas las bases para posteriores guerras civiles, y creó, una polarización aún más acentuada entre los bandos liberal y conservador.

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Crónica Oficial. Medellín, 8 de diciembre de 1862. No 9. P. 38

CONCLUSIONES Después de haber descrito gran parte de los sucesos y acontecimientos de la guerra civil de 1860 – 1862 tanto en el ámbito regional como en buena parte de lo nacional, y de mostrar cómo fue la participación del Estado de Antioquia en dicha contienda, las conclusiones que se pueden sacar, de manera general, teniendo presente la documentación y propósitos establecidos, son las siguientes: Lo primero que hay que decir con respecto a esta guerra es que fue una lucha entre fuerzas políticas, liberales y conservadoras, por el control del Estado central. Esto a primera vista suena obvio, pero es la realidad: se trató de una lucha de los poderes regionales liberales contra el gobierno central buscando a toda costa hacer prevalecer la constitución federal de 1858 que le daba autonomía a los diferentes Estados de la Confederación Granadina. Esa fue la lucha de los Estados liberales de la Confederación que vieron que con las leyes ospinistas reformatorias de 1859 se violaba la constitución nacional, pues se veía resquebrajada la autonomía regional. Fue efectivamente una lucha entre caudillos civiles y militares de ambos partidos políticos, pues un Manuel Murillo en Santander, un Juan José Nieto en Bolívar y un Tomás Cipriano de Mosquera en Cauca fueron la respuesta armada a lo que ellos consideraban como una intervención tanto militar y política del gobierno de Mariano Ospina Rodríguez a sus respectivos Estados. Esto es lo que en el presente trabajo es considerado como las causas generales de detonación de la guerra. Efectivamente se debe decir que la presidencia de Mariano Ospina Rodríguez no fue la más tranquila, pues desde el año de 1857 cuando se levantó en armas el Estado del Magdalena, se iniciaron una serie de revueltas dentro de varios Estados de la Confederación como los de Santander y Bolívar, presentándose lo que aquí se ha denominado como disensos dentro de cada uno de ellos por el control del poder político entre liberales y conservadores. Fue evidentemente el control de las Legislaturas Estatales por parte de estos grupos políticos el motivo de disenso que los llevó en la mayoría de los casos a enfrentarse mutuamente. Se adujo en varios casos que los procesos electorales fueron manipulados, y en otros, que la perpetuación del poder de determinado partido era la causa para un enfrentamiento al presentarse la exclusión política del contrario. Era la lucha entre los Estados por la defensa de un federalismo con 473

Ibíd. P. 39

limitaciones, como lo sostenía el partido conservador, y la defensa de un federalismo sin restricciones tanto en materia política como económica que era lo que propugnaba el partido liberal. De esta forma, la guerra civil de 1860 – 1862 fue una guerra por el orden institucional, ya que tanto en los Estados del Magdalena, Bolívar, Cauca y hasta en Antioquia se debatió sobre qué tipo de instituciones gubernamentales debían regir los destinos de cada uno de los Estados Granadinos. Ese debate estuvo regido por la defensa de la constitución federal de 1858, o por las reformas hechas a esa constitución por Mariano Ospina Rodríguez en 1859, creándose aquí también no sólo una guerra por el orden institucional sino además una guerra por el orden constitucional, toda vez que fue precisamente la lucha por la constitución de 1858 la que trajo consigo un enfrentamiento entre los partidos liberal y conservador a lo largo de tres años. Esa defensa de la constitución se vio plasmada en los debates de opinión pública entre liberales y conservadores, lo que se tomó como bandera de guerra. Pero cabe decir aquí que también la documentación consultada para este trabajo mostró los intereses particulares que tuvieron los diferentes caudillos regionales por imponer la soberanía de las regiones sobre el Estado Central. Ese debate sí que fue constante, la lucha por la soberanía de los Estados, ya que según el decir de los caudillos que se levantaron contra el gobierno conservador de Ospina, era que la constitución de 1858 daba las garantías y autonomía suficientes a los Estados de la Confederación, pero que “la sed de poder excluyente” del partido conservador – según los liberales – era socavar esa autonomía que se había ganado en el terreno legal y que ahora querían ganarla en el terreno de la manipulación electoral. Por ello no es gratuito que a lo largo de la guerra se presenten dos pactos de unión entre los Estados rebeldes al gobierno en el transcurso de un año, y que sea el segundo pacto de unión (1861) el que refrende la defensa de la autonomía de los Estados convirtiéndolos en soberanos. Las leyes reformatorias de 1859 fueron consideradas por el partido liberal mosquerista como una prueba flagrante del intervencionismo que pretendía el gobierno de Ospina tanto en materia política (elecciones), en materia militar (intendentes de hacienda), en materia judicial (omnipotencia para la corte suprema de justicia) y en materia económica (control de las aduanas). Pero si bien en el año de 1859 esos primeros Estados de la Confederación Granadina se levantan contra ella por las reformas hechas a la constitución, ocasionando unos disensos dentro de cada Estado entre las fuerzas políticas liberales y conservadoras, pues se debe decir que el Estado de Antioquia no irá a la guerra civil por un disenso evidente entre esas fuerzas políticas como aconteció con los Estados de Magdalena, Bolívar y Santander. El Estado de Antioquia que venía siendo gobernado por el conservador Rafael María Giraldo, decide intervenir en la guerra civil sólo un año después (1860), movido por las

directrices del gobierno central que impuso, mediante un decreto, la declaratoria de guerra sobre los Estados que subvirtieran el orden público. Giraldo convencido de que el orden de las instituciones estaba siendo resquebrajado en el ámbito nacional, decide exhortar a la Legislatura Estatal para que le de herramientas legales y así intervenir en la guerra defendiendo el gobierno conservador. De esta forma, la llamada neutralidad de Antioquia produciría, sí se quiere, el disenso entre las fuerzas políticas, no en el terreno militar sino en el terreno de la palabra, de la opinión pública, que dejaba todo listo para el posterior enfrentamiento militar. Es decir, en Antioquia es la guerra civil nacional la que lleva a un disenso al interior del Estado, y no el disenso y oposición entre fuerzas políticas y militares la que ocasiona la guerra. Por eso se sostiene aquí, que en el Estado de Antioquia no existía una lucha por el poder político o una rebelión, toda vez que las reformas de 1859 no fueron motivo de disenso en el Estado para llevarlo a la guerra civil, pues eran los conservadores con una amplia tradición en la región los que detentaban el poder. Antioquia entra a participar en la guerra civil porque la ley así lo ordenaba, y sobre todo, porque la elite política conservadora y progresista que no era muy amante de la guerra, ya que eso repercutía desfavorablemente sobre la economía, más bien terminó apoyando la idea de Giraldo de intervenir en la guerra defendiendo el gobierno nacional. Pero además se debe agregar que existía en la mentalidad de la elite antioqueña, una idea de peligro y miedo frente a la “turba” de negros de otras regiones como las del Cauca y la costa al imponerse Mosquera con sus ejércitos sobre el suelo de Antioquia. Ese miedo también se vio reflejado en los debates sobre la esponsión de Manizales por parte de los conservadores y en las descripciones sobre las “invasiones” de los ejércitos de Nieto al territorio antioqueño cuando se referían a los negros “peinilleros” de la costa, en una muestra más de despotismo y exclusión de los conservadores “blancos” de Antioquia frente a los negros liberales. De ahí que los conservadores optaron por la guerra para evitar que la oleada liberal se tomara el poder en Antioquia y con ello su inminente entronización, derrocando y derrotando al partido conservador el cual venía siendo regido por Rafael María Giraldo desde hacía casi cinco años. Así, en Antioquia fueron menos frecuentes los disensos dentro del Estado, lo que ocasionó que hubiese más bien un consenso entre la elite política de la región, y eso se vio reflejado en el momento en que el Estado entra a participar en la guerra civil, en donde la opinión de unos cuantos liberales no evitó que la elite toda decidiera entrar en guerra. Otra de las conclusiones que se puede sacar es la proliferación de legislación que produjo el gobierno conservador de Ospina para frenar la oleada rebelde. Esa legislación se vio plasmada sobre todo en decretos sobre orden público en donde se penalizaba a los transgresores del mismo. La legislación penal no gustó

mucho a Mosquera porque éste creía que sostenía una guerra civil y que como tal se le debía tratar como a un beligerante en guerra de acuerdo al derecho de gentes. Pero como se dijo en este trabajo, el derecho de gentes era interpretado por los bandos en conflicto de acuerdo a sus intereses y sí Mosquera se consideraba un beligerante, pues fácilmente el gobierno lo consideraría como un rebelde y trastornador del orden público, con lo que se tipificaba en él un delito contra el gobierno. Por eso Mosquera crea mediante el último Pacto de Unión una alianza entre Estados para que el gobierno lo reconociera como beligerante al haber una paridad de fuerzas y unos ejércitos constituidos, pero el gobierno conservador ateniéndose al programa de gobierno de “orden sin despotismo” y “libertad sin desenfreno” argumetando un respeto irrestricto por las leyes, decide que Mosquera y sus Estados aliados no serían beligerantes en guerra, sino simples transgresores de la ley y que por tal motivo debían ser juzgados. Esa legislación también llevó a que los acuerdos de paz que se pudieran lograr en el transcurso de la guerra como la esponsión de Manizáles y el pacto de Chaguaní fueran insuficientes toda vez que el gobierno no autorizó o desacató esos intentos de resolución de la guerra a través del diálogo. Las propuestas de paz de parte de los bandos en conflicto fueron siempre inaceptables para el gobierno, porque precisamente, la legislación sobre orden público así lo ordenaba, lo que creó esto al gobierno un respeto a la ley que no le dejaba a éste otra salida que la de someter a los rebeldes por medio de ella o por medio de las armas. También es bien diciente el papel que tomó el Estado de Antioquia frente a la guerra al mandar sus huestes al Estado del Cauca para “libertarlo” del poder de Mosquera. Esto fue considerado en este trabajo como un claro ejemplo de mesianismo de parte de los antioqueños al sacar sus ejércitos fuera de sus fronteras. La tercera división antioqueña por lo visto a través de las fuentes tuvo un “éxito” desmesurado, pues en la gobernación de Giraldo, en medio de la guerra (1860 – 1862), éste ejército consiguió impedir que tanto los ejércitos de Nieto como los de Mosquera penetraran al Estado y derrocaran el gobierno. Desde ese aspecto, la tercera división cumplió con una buena labor defensiva en su territorio, pero cuando decidió enviar sus hombres al Estado del Cauca fue la debacle total para los antioqueños, ya que en la estrategia de guerra nacional, esta se decidiría en otros puntos de la Confederación y no en el Estado de Antioquia. La toma de la capital era más importante para el caudillo Mosquera que la toma de Medellín, pues en la primera se encontraba la sede del gobierno nacional, mientras que la segunda sólo representaba, hasta ese momento, un bastión del partido conservador y un aliado firme de Ospina. La esponsión de Manizales reflejó la jugada maestra de Mosquera, ya que al caer una parte de sus ejércitos derrotados allí, decidió plantear una esponsión o un cese al fuego temporal para reorganizar sus tropas y tomarse el alto Magdalena y así

llegar a Bogotá. Una vez Mosquera se toma la capital el 18 de julio de 1861, debió someter los Estados rebeldes a su gobierno que aún se encontraban en armas como Antioquia, Santander y Boyacá; por eso decide someterlos por las armas para llegar por último a Antioquia librando una batalla en Santa Bárbara de Cartago no al interior de ese Estado fronteras sino en el del Cauca. Al perder esa batalla, en donde murió Rafael María Giraldo a manos de las tropas mosqueristas del general Santos Gutiérrez, ello se constituyó en la debacle de Antioquia al. La tercera división regresó diezmada a Antioquia y se vió condicionada a capitular frente a los ejércitos de Mosquera en la Aldea de María. Con esto se consolidaba el poder de Mosquera tanto en lo nacional como en lo regional, pues él se autoproclamó gobernador del Estado de Antioquia. El gobierno de Mosquera en Antioquia fue draconiano (autoritario) porque aplicó medidas severas a la clase dirigente (pudientes o elite económica y política conservadora) mediante empréstitos forzosos para reorganizar la fuerza militar y someter bajo juramento a la población antioqueña al nuevo gobierno provisorio. Esas medidas draconianas del general Mosquera se pueden considerar como paradójicas en lo que tiene que ver con lo expuesto por éste caudillo teniendo en cuenta que siempre estuvo en contra de las medidas “severas” que el gobierno conservador aplicó a los Estados de la Confederación Granadina con las leyes de intervencionismo de 1859. Tanto los liberales radicales como Felipe Pérez y el mismo general Mosquera sostenían que el gobierno conservador de Ospina era irrestricto con la ley y un firme defensor de ella y que por esa defensa desmedida se convertía Ospina en un “tutor” de la república con aires de autoritario. Pero esas mismas intenciones autoritarias caracterizaron al general Mosquera, quien una vez se toma el poder en Bogotá decide aplicar medidas contra la Iglesia católica, las cuales fueron denominadas por los conservadores como de “persecución” a dicha institución. A lo largo de este trabajo siempre se dijo que el gobierno de Ospina tuvo una entrega exclusiva al poder de las leyes pareciendo esta actitud de gobierno como de abusiva y autoritaria frente a los opositores liberales, pero esa misma actitud adoptó el general Mosquera quien también abusó de la ley para someter tanto a los conservadores como a la Iglesia católica al gobierno provisorio en la confederación y en el Estado de Antioquia una vez se proclamó gobernador. Con lo anterior hay que decir que los bandos en guerra (gobierno central y rebeldes mosqueristas) hicieron del discurso de la tiranía una arma de desligitimación moral del contrario. Tanto los unos como los otros, una vez instaurados en el poder, legislaron contra su opositor para someterlo o por la vía legal o por la armada. Dicha legislación debía considerar todos los aspectos que de una u otra forma pudieran servir para someter al partido contrario u opositor por medio de las elecciones, del poder militar y del económico, ya que el poder político se ganaba por medio de las armas.

De esta forma, con las medidas del gobierno mosquerista contra la Iglesia y los conservadores, éstos tendrían una razón de peso para trabajar unidos contra aquél una vez terminada la guerra civil en los años de 1863 y 1864. La severidad en la política de los gobiernos liberales de Mosquera y Pascual Bravo en el Estado de Antioquia produjo una reacción de parte de los conservadores y la Iglesia, lo que produciría una inminente rebelión conservadora que derrocaría el gobierno liberal. En este estudio se afirmó que la región antioqueña siempre tuvo una tradición de gobiernos conservadores y fue más el peso que tuvo el catolicismo sobre la gente, unido al poder de influencia de los conservadores que el poder de las armas y las medidas draconianas de los gobiernos liberales. Así, se impuso la mayoría del pueblo católico conservador en Antioquia el cual apoyó posteriormente a Pedro Justo Berrío para derrocar al gobierno liberal de Pascual Bravo. Se podría decir que las medidas draconianas de los liberales fueron contraproducentes para ellos mismos, toda vez que se devolvieron en su contra. Se podría especular un poco diciendo que sí Marceliano Vélez hubiera aceptado la gobernación del Estado como se lo propuso Mosquera en el Pacto de María, la elite política conservadora y la Iglesia no le hubieran apostado a la caída del gobierno provisorio. Pero hay que recordar que años más tarde, en el régimen conservador de Pedro Justo Berrío, el señor Marceliano Vélez no contaría con el apoyo decidido de la fracción del partido conservador representada en los berriístas. Lo cierto es que los decretos de Tuición de Cultos y de Desamortización de Bienes de Manos Muertas tocaron de lleno a la Iglesia y, el poder de influjo sobre la población que ella tenía, fue el arma que utilizaron los conservadores para derrocar a los liberales. El sometimiento forzado de los sacerdotes al gobierno de Mosquera y el destierro del obispo de Antioquia, Domingo Antonio Riaño, fueron medidas que los antioqueños en general no aceptarían, pues no sólo se estaba atacando políticamente a una región, sino también, que se le estaba atacando una tradición cultural católica y conservadora que no le apostaba a los juegos de las “utopías” liberales.

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Documentos de Archivo Archivo Histórico de Antioquia. Fondo gobernación de Antioquia: - Informes del Gobernador. 1860 - 1861. - Informe del Secretario de Gobierno 1859 Prensa El Occidente (Medellín) 1860 Constitucional de Antioquia (Medellín) 1859 y 1860 Boletín Oficial de Antioquia (Medellín) 1861 y 1862 Crónica Oficial (Medellín) 1862 El Pendón de la Justicia (Medellín) 1862 La Antorcha de Zaragoza (Zaragoza) 1862

ANEXO No 1 JERARQUÍA MILITAR DE LA TERCERA DIVISIÓN General en jefe de la tercera división: Braulio Henao Cobonel, 2° jefe de la división: Braulio P. Pagola Jefe del Estado Mayor General de la división: José María Caballero Capitán adjunto al Estado Mayor General: Juan C. Jaramillo Sargento Mayor y tesorero de la división: Marceliano Vélez Tenientes Coroneles: Francisco Londoño, Ramón Jaramillo, Julián Molina, Vicente Duque, Francisco A. Jaramillo, Fermín Villegas, Felipe Montoya. Sargentos Mayores: Ildefonso Sánchez, Rafael Jaramillo, Camilo Vélez, Paz Betancourt, Gentil Quintero, Tiberio Quintero, Eleuterio Henao, José María Gutiérrez, Juan B. Gutiérrez, Juan M. Llano, Abel Sanz, Ramón Rubiano. Capitanes: Elías Bueno, E. Del Valle, Blas Chavarriaga, Lisandro Ochoa, Adolfo Vélez Macías, Manuel María Sánchez, Martín Gómez, Santos Álvarez, Juan Francisco Gómez, Luis María Giraldo, Pedro Arango J., Pedro N. Upegui, Francisco Granados, Rafael Robledo, Victoriano Arango, Federico Alzate, José María Trujillo, Vicente Rivas, José María Giraldo, Gabriel Serna, Quirico Orozco, Pedro A. Delgado, Cruz Restrepo, Ignacio Gordillo, Saturnino Portocarrero, Vicente Rico, Eufracio Lorza, Ramón A. de la Peña, Alejandro Henao, Antonio M. Henao, Feliciano Valencia, Juan M. Londoño. Tenientes primeros: Estanislao Navas, Manuel Sanz, Eulogio Vélez, Francisco A. Gómez, Indalecio Henao, Francisco Arango, Eduardo Espinosa, Juan Francisco Botero, Eleuterio Trujillo, Macario Garcés, León Orozco, Luis Hernández, Claudio García, Ano A. Gómez, Manuel M. González, Juan Sanz, Valentín Rengifo, Marcos Morales, Elías Enríquez, José Velásquez, José M, Mejía, Santiago Grajales, Baltasar Ramos, Nepomuceno Rodríguez, Manuel Ramírez, Manual A. Ospina, Julián Bernal. Tenientes segundos: Nicolás Caicedo, Manuel Ramírez, Bernardino Aranzazu, Martín Castillo, Gabriel Ocampo, Pedro B. Valle, Faustino Gordillo, Manuel Bonilla, Jesús M. Montoya, Fabricio Tobar, Félix Rivas, Rafael Álvarez, Salustiano Botero, Aureliano Henao, Juan de J. Ángel. Alféreces primeros: Francisco Alcortua, Mariano Ortiz, Francisco Campuzano, Antonio Pedrosa, Manuel Gutiérrez, Pantaleón Escandón, Gabriel Espino, Félix Botero, Nepomuceno Rivera, Pompilio Izasa, José María Morales, Malaquías Arcila, Guillermo Jiménez, Juan de Dios Franco, Rafael Gutiérrez, Celestino García, Juvenal

Salazar, Manuel M. Galvez, Miguel Dávila, Gerardo A., Remigio Martínez, Joaquín H. Días, Francisco Londoño, Mariano Henao, Ricardo Gutiérrez, Joaquín Gutiérrez, Valentín Meza. Alféreces segundos: Leovigildo Ramírez, José M. Velásquez, Raimundo Velásquez, Silvestre Zapata, Victoriano Valle, Bernardino Madrid, Pedro Fernández, Rafaél Angel, Indalecio Flores, Julián Botero, Roque Gómez, Eduardo Vélez, Crisanto Velásquez, Roque López, Indalecio Henao, Epifanio Montes, Estanislao Granada, Ulpiano Rodríguez, Cirilo Varela, Apolino García, Roso Salazar, Ramón Arteaga, Marco A. Vélez, Bernardino Tascón, Juan de Dios Rojas, Braulio Rodríguez, Gregorio Martínez, Rafael Henao, Manuel M. Cadavid, José M. Cadavid, José M. Chavarriaga, Lorenzo Cárdenas, Jesús Carvajal, Juan de Dios Paz, Miguel Zúñiga, José Huzma, Ramón Pérez, Jesús M. Hurtado, Ezequiel Ramírez, Alejandro Villegas474. Total 164.

ANEXO No 2

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO Comandante en jefe: Coronel Faustino Estrada. Jefe del Estado Mayor General: Teniente Coronel Abraham García. Primer Ayudante General: Sargento Mayor Gregorio Gutiérrez G. Ayudante del Jefe del Ejército: Tenientes Enrique Botero, Manuel Villegas Botero y José María Patiño. Adjuntos al Estado Mayor: Tenientes Luis María Botero y Manuel M. Llano. Comisario General: Capitán Jesús Bárbaro Jaramillo. División del Norte Comandante en Jefe: Coronel Pedro Justo Berrío. Jefe del Estado Mayor General: Sargento Mayor Abraham Moreno. Ayudante del Jefe de la División: Sargentos Mayores Manuel Misas y Manuel de Peñaredonda.

474

Boletín Oficial de Antioquia. Medellín, 6 de junio de 1861. No 31

Adjuntos al Estado Mayor General: Capitanes Alberto Morales, Ricardo Calle i el Teniente Isidoro Morales. Comisario Ordenador: Sargento Mayor Víctor Molina. Id, Pagador: Capitán Alejandro Botero. Médico Cirujano: Sargento Mayor Pablo José Osorio. División del Sur Comandante en Jefe: Teniente Coronel Cocme Marulanda. Jefe del Estado Mayor General: Teniente Coronel José María Ramírez Vargas. Ayudante del Jefe de la División: Sargentos Mayores Rudesindo Jaramillo, Ricardo Giraldo, el Capitán Teodosio Ramírez y el Teniente Narciso Londoño. Adjuntos al Estado Mayor General: Capitanes Tomás Gómez, Joaquín Arbeláez y el Teniente Alejandro Gutiérrez. Comisario Ordenador: Sargento Mayor Bencio Ramírez. Id, Pagador: Teniente Luis María Botero. Médico Cirujano: Capitán Miguel Grillo. Capellanes del Ejército: Presbíteros Joaquín G. González y Carlos Mejía.475

475

Boletín Oficial de Antioquia. Medellín, 16 de noviembre de 1861. No 56

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